El día que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, en noviembre de 2024, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, telefoneó al mandatario electo para felicitarlo y hacerle una petición particular.
“(Tuvimos) una conversación interesante sobre su estrategia de pódcast, la bala que casi lo mata, la gente increíble que lo rodea, los efectos a veces dañinos de los fondos de ayuda estadounidenses, las ONG respaldadas por (George) Soros y nuestro compromiso compartido de abordar los desafíos que tenemos por delante”, escribió el mandatario en su cuenta personal X.
Durante su mandato, Bukele no ha vacilado al momento de acusar a la prensa independiente como parte de la oposición política que busca desestabilizar a su gobierno con financiamiento internacional.
Por eso fue uno de los primeros gobernantes en congratularse por el cierre de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID). De su financiamiento dependían al menos cuatro medios electrónicos salvadoreños.
Most governments don’t want USAID funds flowing into their countries because they understand where much of that money actually ends up.
While marketed as support for development, democracy, and human rights, the majority of these funds are funneled into opposition groups, NGOs… pic.twitter.com/bXpdK29zH5
— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 2, 2025
Bukele y la prensa
La luna de miel entre el periodismo y Nayib Bukele, que llegó al poder en junio de 2019, terminó pronto. Seis meses después, la pandemia fue el mejor termómetro para conocer el estilo de quien se presentó como un outsider de la política salvadoreña. En medio de la crisis sanitaria mundial, Bukele aprovechó para mostrar que su gobierno se caracterizaría por la opacidad de la gestión pública y el uso del ejército para controlar a la población.
Con Bukele en el poder, el trabajo periodístico pasó de enfrentar la amenaza de las pandillas y el crimen organizado a un aumento de la violencia política desde Presidencia. Esta retórica subió de tono cuando entró en vigor el estado de excepción. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, decretó la ley extraordinaria en marzo de 2022. Esto habilitó al ejército y la policía a efectuar capturas masivas en territorios bajo control de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Ambas organizaciones criminales subyugaban tanto comunidades marginales de la capital como zonas rurales mediante extorsión, secuestro, asesinatos, violencia sexual y desapariciones forzadas.
El último informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), con datos de entre septiembre y noviembre de 2024, totalizó 277 casos en los que el bloqueo y la restricción al ejercicio profesional fueron las categorías con más denuncias. Documenta además un aumento de 221% de denuncias respecto a las 86 del trimestre anterior. Como principales agresiones, la gremial más antigua de Centroamérica, registró restricciones al ejercicio periodístico, con 98 casos, y bloqueo de acceso a la información, con 92.
Una libertad amordazada
La libertad de expresión está garantizada por la Constitución salvadoreña. Pero, bajo un permanente estado de excepción ningún salvadoreño tiene derechos.
En este marco, las capturas arbitrarias sin investigación judicial previa colocaron a El Salvador entre los países con más encarcelados a nivel mundial. Organizaciones no gubernamentales como Socorro Jurídico Humanitario calculan que en 36 meses al menos 375 salvadoreños murieron bajo custodia del Estado. El 94% de dichas víctimas no era pandillero.
Los medios independientes, que investigan las historias detrás de estos casos, son el blanco favorito de Bukele. El presidente ataca y amenaza a los periodistas que no son afines a su gobierno. Especialmente por la cobertura sobre la seguridad pública y la violación a los derechos humanos. El mandatario criminaliza tanto el ejercicio periodístico como a los defensores sociales que rechazan la política punitiva en la que se basa la seguridad pública salvadoreña.
“El éxito en el combate a la delincuencia tiene un costo y ese precio lo estamos pagando todos”, opina el abogado Ricardo Vega, del ámbito privado. Agrega: “Te aseguro que si preguntas a las personas si prefieren vivir la libertad bajo una dictadura o vivir en democracia, pero bajo control de las pandillas, el salvadoreño sacrificará sus derechos sin dudarlo”.
