La participación electoral de la ciudadanía en Chile, desde que se implementó el voto voluntario a partir del año 2012, no ha escapado al fenómeno de una drástica caída hacia la abstención, que se mantiene en casi un 50 % desde que se efectuó la inscripción automática.
Esta tendencia se mantuvo en las últimas elecciones, cuya primera vuelta se celebró el pasado 19 de noviembre. En tanto, para afrontar los avances que en Chile se han logrado las últimas décadas en cuanto a legitimidad y acceso al poder, se requiere todavía de una mayor participación democrática de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones políticas.
En este sentido, se consideró una sorpresa el resultado de la nueva coalición de izquierda en Chile, el Frente Amplio, que obtuvo un 20,27 % frente al 22 % del candidato oficialista Alejandro Guillier, a pesar de haberse posicionado más a la izquierda que el gobierno actual, enfatizando que tiene grandes diferencias con la posición oficialista en su concepción de gestión del Estado, que debería garantizar una mejor aplicación de los derechos sociales, especialmente en temas como el sistema de pensiones, la educación y la salud, para que sean gratuitas y de calidad, entre otros.
En segunda vuelta, gane Guillier o gane Piñera, será decisivo el apoyo de los votantes del Frente Amplio que, en forma inédita, obtuvo veinte diputados y un senador, se configuró como la tercera fuerza política del país y ha manifestado que no será parte del próximo gobierno sino oposición, como una nueva alternativa al clásico bipartidismo, que está en crisis de representación en Chile desde fines de los años noventa.
Esto también ha significado un giro en las posturas más conservadoras que se planteaban para la segunda vuelta electoral que se celebrará el 17 de diciembre, sobre todo para la derecha, que está representada por Sebastián Piñera. Este obtuvo un 36,6 % de los votos en la primera vuelta y tiene el apoyo del candidato José Antonio Kast, que obtuvo un 7,93% del electorado. Ambos han manifestado profundas discrepancias con el aumento de la gratuidad universitaria que hoy beneficia a alrededor de un 50% de estudiantes de menores ingresos. Para fomentar el crecimiento y volver a alcanzar un bienestar económico, la campaña de Piñera ha dado señales de apertura comercial y el diseño de políticas favorables a la inversión, las cuales deben equilibrarse con un crecimiento de la economía que sea más inclusivo y reduzca la desigualdad. No obstante, no ha definido con claridad cómo serán reasignados los fondos públicos destinados a programas sociales y ha indicado incluso que algunos podrían cerrarse.
En consecuencia, el país resolverá en segunda vuelta sobre seguir consolidando el Estado de derecho y la democracia, con un compromiso más sólido y renovado en favor de los derechos humanos, dotando al Estado de una mejor estructura institucional para defender lo que se ha ido conquistando a través de los gobiernos de la coalición de la Nueva Mayoría representados hoy por Michelle Bachelet. Logros que han tenido que ver con una reforma profunda al sistema de votación binominal, que impedía en la práctica la representatividad de minorías, colectivos y partidos independientes, una reforma tributaria, laboral y educacional, la unión civil entre personas del mismo sexo, la aprobación del aborto en tres casos especiales y el desarrollo de un extenso programa en materia de protección integral para los niños, niñas y adolescentes, entre otros.
Por otra parte, la vuelta de la democracia en Chile permitió un nuevo dinamismo en su inserción en el contexto internacional, a nivel bilateral con la celebración de alrededor de 26 acuerdos de libre comercio con 64 países y a nivel multilateral con una activa presencia en otras organizaciones internacionales, en el contexto de un regionalismo abierto. Esto se refleja, por ejemplo, en su membresía en el Grupo de Río, la OMC, APEC, OCDE, ALADI, UNASUR, CELAC, y además como miembro asociado del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Estas instancias le han permitido diversificar y generar amplios consensos en materia de política exterior, más allá de una estrategia económica de apertura comercial, que necesita de respuestas globales que superan la liberalización del comercio —sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de equilibrar y diversificar la matriz productiva, basada todavía en el crecimiento cíclico de la economía chilena, dependiente en gran medida de la producción del cobre, del que es cuarto productor mundial—. Chile también es miembro de la Alianza del Pacífico (AP), mecanismo de integración regional que en los últimos años registra el crecimiento más bajo de su economía, socio junto a Colombia, México y Perú. Estos países han impulsado en forma conjunta variadas iniciativas de integración en comercio, inversiones, cooperación y movimientos de personas pero necesitan alcanzar amplios acuerdos para impulsar la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, ya que la integración de América Latina se considera imprescindible para garantizar el progreso no solo del país, sino de toda la región.
En tanto los candidatos destacan el rol de Chile en distintos foros y organizaciones internacionales, no se ha profundizado ni debatido lo suficiente a nivel nacional sobre los avances del país en materia de política exterior que se reflejan en el proceso de modernización de algunos de los tratados internacionales bilaterales y multilaterales suscritos: ello favorece sin duda el crecimiento de la economía, pero Chile necesita dotarse de mejor infraestructura y establecer nuevos corredores bioceánicos que permitan aprovechar las potencialidades de mantener una buena relación con los países vecinos.
En este contexto, el consenso y la cooperación regional también pueden considerarse como elementos centrales de la gobernanza global, a la que Chile no puede abstraerse y que se vería favorecida por el diseño de políticas públicas más sólidas. El informe global Governance 2025: At a Critical Juncture, elaborado conjuntamente por el European Union Institute for Security Studies y el National Intelligence Council de Estados Unidos, plantea el concepto de gobernanza global, «que incluye todas las instituciones, regímenes, procesos, asociaciones y redes que contribuyen a la acción colectiva y resolución de problemas a nivel internacional». Esta definición incluye acuerdos formales e informales, así como el papel de los actores no estatales en contextos transnacionales, que permitan una mayor representatividad de los ciudadanos, que la toma de decisiones favorezca un sistema de pesos y contrapesos más transparente y eficaz, que supere el déficit democrático que en ocasiones adolecen los procesos de integración regional y las organizaciones internacionales.
A estos efectos, es destacable la relación de afinidad que ha tenido Chile con la Unión Europea (UE), junto a otros países de América Latina, ya que ambas regiones comparten un acervo cultural común, basado en valores como la paz, la seguridad, con economías abiertas y sociedades más inclusivas, además del respeto al derecho internacional, base de su política exterior y de seguridad común. Esto también se ha visto reforzado en la modernización que actualmente se lleva a cabo sobre el Acuerdo de Asociación con Chile (2002), a través del diálogo político, cooperación al desarrollo e intercambio productivo, que incluirá nuevos objetivos en materia de comercio, servicios e inversiones, en concordancia con la agenda sobre el cambio climático o los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. En consonancia con estos objetivos, la UE ha sido uno de los inversores principales de América Latina y coopera en el apoyo a múltiples iniciativas de la región con el fin de eliminar la pobreza. Para ello, la UE contribuye a través de una colaboración multisectorial con actores como empresas e industrias, ONG ambientalistas y comunidades indígenas, con tecnologías innovadoras e infraestructura verde soluciones para comunidades vulnerables, que ayuden a cambiar las políticas en América Latina hasta 2021, en tres áreas prioritarias: política social, gobernabilidad democrática y la igualdad de género.
En este escenario electoral chileno permanecen pendientes estos desafíos. A pesar de los avances en materia de relaciones exteriores, se ha marcado una diferencia de criterios en materia de integración y diálogo a nivel latinoamericano. Los lineamientos de la Nueva Mayoría y los del Frente Amplio han coincidido en el giro estratégico de la Alianza del Pacífico, que debería reforzar su mirada hacia América Latina, y han resaltado el rol de UNASUR o CELAC, reforzando sus posiciones de liderazgo en la región. Ello además coincide con lo planteado por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), que indica que el 77 % de los latinoamericanos está a favor de la integración económica en la región, por lo que hace falta una respuesta política más clara y precisa de los candidatos sobre el rol de Chile como actor global, para que siga participando activamente en los distintos procesos de integración latinoamericana y en temas convergentes como buena gobernanza, desarrollo sostenible, consumo y producción, inclusión social, cambios demográficos, salud pública, cambio climático, energías renovables y la explotación de recursos naturales, entre otros.
Ana María Moure
Abogada. Doctora en Derecho Europeo (Universidad de Alcalá, España y Universidad Tu Dresden, Alemania). Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile