El Perú está en medio de un entrampamiento político. El enfrentamiento constante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sumado al descontento popular pintan un preocupante escenario de incertidumbre en que la línea entre lo popular y lo populista es cada vez más difusa.
Desde 2016, año en que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ganó la presidencia de la República a través del partido político de sus mismas iniciales —Peruanos Por el Kambio (sí, con k)—, el Perú viene atravesando una ya frecuente crisis política. No ha pasado desapercibida al ojo internacional la renuncia del presidente en marzo de 2018 tras hacerse públicos videos y grabaciones de negociaciones entre su abogado, un ministro y congresistas de oposición, supuestamente para la compra de votos a cambio de obras públicas.
Ya en ese momento se configuraba un escenario político complejo. Se hacían oír voces desde la sociedad que clamaban «que se vayan todos» y constitucionalmente se habilitaba la posibilidad de que renunciara toda la fórmula presidencial (presidente y vicepresidentes) y el presidente del Congreso convocara a nuevas elecciones generales. No obstante, Martín Vizcarra, vicepresidente de la República, decidió no respaldar esa postura y asumió como nuevo mandatario del Perú para dar continuidad al periodo que culminaría en el 2021, año en que además se celebrará el bicentenario de la Independencia de la República.
Desde entonces, lejos de generarse un espacio de diálogo y consenso, han continuado los enfrentamientos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. El punto más álgido de este conflicto se generó después de que, en su discurso por Fiestas Patrias el 28 de julio de 2019, el presidente Vizcarra propuso una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020 —una propuesta que, según encuestas, tiene el apoyo de alrededor de tres cuartas partes de la población—. Justificó su propuesta en el descontento ciudadano, con el constante clamor por cerrar el Congreso. Inició con ello una nueva fase de la crisis que ha dividido al país entre aquellos que lo respaldan y aquellos que se oponen desde todas las tribunas: políticos, académicos, empresarios, etc.
Martín Vizcarra ganó mucha popularidad desde que, al asumir la presidencia, tomó la batuta en la lucha contra la corrupción, a través de medidas controversiales incluidas en el paquete de reformas constitucionales que presentó al Congreso para su debate y aprobación. Estas medidas tocaban fibras sensibles del tejido normativo regulador del sistema político peruano, por ejemplo, la modificación de los impedimentos para ser candidato o del proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
Ahora bien, es cierto que los proyectos de ley de reforma constitucional presentados por el Ejecutivo no fueron aprobados en su totalidad y a la letra por el Congreso dominado por el fujimorismo, pero ¿acaso debían serlo obligatoriamente? Ningún poder del Estado puede imponerse frente a otro. Y también es cierto que la clase política del Perú está siendo duramente cuestionada, especialmente los congresistas, a quienes —con mucha razón— la ciudadanía les ha perdido confianza y clama que se cierre el Congreso.
¿Pero acaso este clamor es democrático? Llegados a este punto, se puede vislumbrar que, de no aprobarse el proyecto de ley de adelanto de elecciones, el presidente Vizcarra podría plantear una cuestión de confianza. Sería la segunda vez en lo que va de este gobierno; si le fuera denegada por el Legislativo, esto facultaría al presidente para disolverlo, complaciendo de este modo a las mayorías, al pueblo.
¿El pueblo siempre tiene la razón? Cabe recordar que la democracia es más que la voluntad de las mayorías. Es un valor en el Estado constitucional al servicio de los derechos humanos; es un medio que tiene por fin la defensa de la dignidad humana. Es decir, la democracia sí es el consenso de las mayorías pero con respeto al disenso de las minorías, porque de esta forma un gobierno democrático garantiza los derechos fundamentales de todas las partes. Así lo señala acertadamente el Tribunal Constitucional peruano (exp. 0030-2005-PI/TC, 2006).
Como ciudadanos peruanos estamos cansados de la corrupción, sí; debemos luchar contra este lastre, sí. ¿Qué mejor si este trabajo se hace bajo el liderazgo del presidente de la República? No obstante, actuar de esta manera contra una de las instituciones que simbolizan la democracia, porque «el pueblo lo pide», tiene rasgos populistas, por obstruccionistas que se comporten muchos de sus integrantes.
El Estado constitucional de derecho se erige a través del contrato social que refleja la voluntad del pueblo y que se expresa, a su vez, a través del voto. El Estado delega su poder en instituciones. Este sistema no puede estar sujeto a un vaivén emocional; es un sinsentido, una desnaturalización.
Vivimos por primera vez en la historia republicana del Perú apenas 19 años consecutivos de vida democrática ininterrumpida. A pesar de este gran logro, no hemos terminado de comprender y valorar lo suficiente a la democracia y a sus instituciones. No olvidemos que la superioridad moral de la lucha contra la corrupción radica precisamente en preservar y defender los valores y principios democráticos. Amenazar al Congreso no nos devolverá la confianza en las personas que lo integran ni contribuye a esta lucha; muy por el contrario, debilita a la institución y con ello a nuestra aún joven democracia. Lo mismo, por cierto, aplica para los ataques desde el Congreso al presidente de la República o al Poder Judicial.
Las personas pasan, las instituciones quedan. Y aunque estas no siempre son populares, son necesarias para que la democracia se fortalezca más allá de las pasiones del momento político. Cualquier impulso de una crítica populista hacia alguna de estas instituciones debe tomar esto en cuenta.
