El presidente Vizcarra acaba de disolver el Congreso y de convocar a nuevas elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020. Lo ha hecho tras lo que consideró la segunda negación de confianza a un gabinete ministerial dentro de un mismo período presidencial, configurándose, según él y sus asesores jurídicos, la causal de disolución prevista por la Constitución.
Estamos muy lejos de lo ocurrido el 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Parlamento sin ampararse en ninguna norma, contando, en cambio, con la activa participación de las fuerzas armadas y del jefe de facto de los servicios de inteligencia, Vladimiro Montesinos. También de lo que sucede actualmente en Venezuela y en Nicaragua, donde la actuación antidemocrática de los gobernantes es patente. Incluso también de la situación boliviana, donde el presidente Evo Morales, no obstante haber perdido un referéndum que le cerró las puertas para un cuarto mandato, es candidato a una nueva reelección.
En el caso de la medida de Vizcarra, se está en una situación del tipo de la que se dio en Brasil, el 2016, cuando la entonces presidenta Dilma Roussef fue destituida por el Senado, bajo el cargo de haber cometido una infracción constitucional al maquillar cifras del presupuesto. También de la de Paraguay, en 2012, cuando el mandatario Fernando Lugo fue defenestrado por los legisladores, que lo hallaron responsable de una matanza ocurrida durante una operación policial.
Estos tres casos tienen en común el haber dado lugar a acusaciones de golpe de Estado, por un lado, y a justificaciones legales, por el otro. Es decir, se trata de diferencias respecto de la interpretación de la Constitución, en medio de enfrentamientos políticos. Claro está, los argumentos jurídicos son construidos en gran parte en función de las posiciones políticas, pero ello se da sobre la base de vacíos o ambigüedades de los textos que abren un espacio para ese tipo de juego.
De hecho, la OEA ha emitido un comunicado llamando a que sea el Tribunal Constitucional el que dirima la controversia peruana, desestimando así el argumento del golpe de Estado, esgrimido por la oposición.
La decisión de Vizcarra se ha dado en el contexto de una crisis política que se inició el 5 de junio de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski derrotó de manera ajustadísima a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de la elección presidencial.
La candidata de Fuerza Popular y sus huestes nunca aceptaron plenamente el resultado, considerando que se les había robado el triunfo. Dado que el partido fujimorista había obtenido unas semanas antes la mayoría absoluta en el Congreso, se podía presagiar que las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo no serían muy armoniosas. Efectivamente, así sucedió y continuó, incluso tras la renuncia de Kuczynski en marzo de 2018, y su reemplazo por quien, hasta entonces, había sido su primer vicepresidente, Martín Vizcarra.
Este propuso, hace poco más de dos meses, a modo de salida política, el recorte de su mandato y el del Congreso, y la celebración de elecciones generales el próximo año, en lugar del 2021.
La reacción de la mayoría fujimorista, con el apoyo de otras bancadas, fue darle largas al asunto, hasta que, finalmente, la semana pasada, archivó el proyecto. Más aún, puso también en marcha el procedimiento de designación de seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional, cuyo mandato expiró hace ya varios meses. El Gobierno y la minoría parlamentaria denunciaron el mecanismo utilizado para ese fin, que tildaron de poco transparente, a la par de considerarlo como una empresa de copamiento de la alta instancia con el fin fundamental, según sus dichos, de desmontar la lucha anticorrupción y de obtener la libertad de Keiko Fujimori, actualmente en prisión preventiva por el caso Lava Jato. Desde la izquierda y la derecha liberal las voces se multiplicaron, afirmando que lo que en el Perú venía ocurriendo no era una crisis política, sino «la arremetida de una mafia para asegurarse la impunidad», y exigieron al presidente disolver el Congreso.
El mandatario anunció entonces la presentación, con carácter de urgencia, de un proyecto de ley que establecía un nuevo sistema de designación de los tribunos a ser aplicado al proceso en ciernes, atando su propuesta a un pedido de voto de confianza al gabinete ministerial. Sin embargo, en la mañana del 30 de septiembre la mayoría congresal optó por elegir por lo menos a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional, lo suficiente, aparentemente, para cambiar una supuesta relación de fuerzas en la entidad, antes de aprobar, recién en la tarde, la propuesta gubernamental. Vizcarra interpretó que la confianza había sido denegada y, así, se sintió autorizado a disolver el Congreso. Los parlamentarios de la mayoría, desconociendo la medida, contratacaron, aprobando una moción de suspensión del presidente y designando, en su lugar, a la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz. [1]
No obstante, hasta ahora, por lo menos, el poder efectivo lo tiene Martín Vizcarra, quien, se encuentra, al momento de escribir estas líneas, en proceso de formación del nuevo gabinete ministerial.
Mientras tanto, parece inminente una nueva tormenta por las anunciadas revelaciones, desde Brasil, sobre las identidades de muchos más receptores de fondos ilícitos de Odebrecht. Ya es un dicho común que, con la política peruana, es imposible aburrirse.
[1] N. de R.: En la noche del día lunes 1.º de octubre, Aráoz anunció su renuncia irrevocable a la vicepresidencia y también declinó asumir el encargo que le confirió el disuelto Congreso en la víspera para reemplazar a Martín Vizcarra como jefe de Estado, con el fin de que se convoque a «elecciones generales en el más breve plazo».
