La agenda política del Perú ha estado marcada por las denuncias constitucionales al presidente Castillo, el pedido de impedimento para salir del país para la esposa del presidente y la liberación de su cuñada, contra quien recaía una prisión preventiva por la presunción de delitos en el ofrecimiento de obras públicas.
Exministros fugados, parientes no habidos, colaboradores eficaces, allanamiento a las viviendas y oficinas de un grupo de congresistas investigados por canjear sus votos a cambio de direccionar licitaciones. El ministro de Salud se suma a las renuncias por las denuncias de corrupción. Estos son algunos hechos de un capítulo más de la crisis permanente que vive el Perú.
Hay una evidente judicialización de la política, pero también hechos inéditos en el Gobierno, el Congreso y otras instituciones autónomas. A causa de ello, los entes públicos y organizaciones de la sociedad civil se preparan para recibir al grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos en el marco de la Carta Democrática, a pedido del presidente Castillo.
Crisis política del Perú
Desde el 2016, el Perú ha librado crisis políticas que no cesaron en ningún momento, incluso durante la pandemia. Las elecciones de 2021 no cumplieron con la función de canalizar la tensión. El voto estuvo muy fragmentado. Por primera vez, el apoyo a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta no superó el 27 %. La elección se realizó en un clima de alta polarización.
En ese contexto llegó Pedro Castillo al poder con Perú Libre, partido al que se afilió para ser candidato al final del plazo legal. Perú Libre obtuvo el 28 % de escaños y logró una coalición con otro partido que le permitió sumar el apoyo de otros 42 votos.
Han transcurrido quince meses de desgobierno, en los que pasaron cuatro gabinetes y más de 70 ministros de Estado. La bancada de Perú Libre pasó de 28 % a 12 %. El transfuguismo es un fenómeno cotidiano en la política peruana. Los congresistas se reagrupan durante el periodo, a tal punto que al inicio del periodo había 9 grupos parlamentarios y hoy son 13.
Polarización creciente
Si bien el presidente Castillo renunció al partido Perú Libre, su apoyo se ha incrementado en el Congreso. Aunque mantiene un equilibrio precario, ha logrado librar dos mociones de vacancia por permanente incapacidad moral y aprobar el voto de confianza de sus cuatro gabinetes.
La polarización existente se agudizó durante la campaña de la segunda vuelta electoral con denuncias de fraude que no llegaron a probarse. Muchos anuncios de campaña y de las primeras semanas de gobierno se diluyeron por la debilidad de un presidente sin experiencia, equipo y viabilidad de las propuestas. Los primeros cuestionamientos a las designaciones de los ministros se fundamentaron en la falta de idoneidad.
Meses más tarde, no solo la oposición sino la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Autoridad Nacional del Servicio Civil han advertido irregularidades en las decisiones y gestión del gobierno. Recientemente, la fiscal de la Nación ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso.
Denuncias y escenarios posibles
La denuncia imputa al presidente, así como a dos de sus exministros los delitos de organización criminal agravada y tráfico de influencias agravado, entre otros. Documenta diversos hechos que implican a su entorno familiar, así como a otros funcionarios y allegados. La denuncia fue materia de un pronunciamiento de la fiscal y su equipo, seguido de un respaldo institucional de la Junta de Fiscales Supremos.
La denuncia ha planteado nuevos escenarios que deberá resolver el Congreso en las próximas semanas. Para declararla procedente, el Congreso debe sortear el límite de la regla que establece solo cuatro causales para acusar al presidente durante su mandato. En efecto, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, la Constitución ha previsto una excesiva protección al presidente. Ello impide iniciar un juicio político aunque exista evidencia de la comisión de graves delitos. El otro escenario es el de la aprobación de una moción de vacancia por permanente incapacidad moral, que incluiría entre sus fundamentos los argumentos de la denuncia de la fiscal de la Nación. Sin embargo, es muy posible que no se cuente con los votos para destituir al presidente.
El Gobierno ha respondido con distintas acciones. Una de ellas ha tenido como protagonista a una ministra de Estado, quien ha denunciado a la fiscal. Otra más audaz ha sido la solicitud enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA) para activar la aplicación de la Carta Democrática a fin de preservar la institucionalidad democrática. En atención a ello, el Consejo Permanente de la OEA acordó enviar un grupo de alto nivel a fin de hacer un análisis de la situación.
Perú y la democracia imperfecta
En el contexto de la crisis permanente, el índice de democracia elaborado por The Economist Intelligence Unit califica a la democracia peruana como imperfecta. De acuerdo con el Barómetro de las Américas, el apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno ha sido el menor desde 2004. El Perú ocupa el antepenúltimo lugar respecto del apoyo a la democracia y el penúltimo lugar en cuanto a la satisfacción con el funcionamiento de la democracia. La corrupción es considerada el segundo problema más importante en el país, de manera consistente en los últimos años.
La aprobación del presidente es de 28 %, según el Instituto de Estudios Peruanos. A pesar de las denuncias, la desaprobación no ha crecido respecto de los meses anteriores. Se encuentra en 62 %, aunque en Lima es de 76 %.
Este apretado resumen de coyuntura, con un desenlace incierto, omite hechos y actores, pero revela que la crisis es profunda y compleja y requiere más de una mirada para comprenderla en su totalidad. Preservar la democracia es un reto que debemos asumir los peruanos buscando soluciones a los problemas estructurales dentro del marco constitucional.
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