El principal dirigente de uno de los gremios más poderosos de la Argentina es investigado judicialmente por maniobras sospechosas en el manejo de fondos de la obra social gremial. En respuesta, convocó a una marcha en contra de las reformas económicas de Mauricio Macri, con apoyo del sector peronista que quiere a Cristina Kirchner de vuelta en el poder.
El miércoles 21 de febrero el presidente del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Hugo Moyano, logró paralizar por un puñado de horas la ciudad de Buenos Aires con una movilización. No logró el apoyo de otros sindicatos fuertes que componen la Central General de Trabajadores de Argentina, aunque sí sumó adhesiones sociales como la del Movimiento Barrios de Pie y otros gremios enfrentados al gobierno de Mauricio Macri que promueven el reagrupamiento del peronismo detrás de la figura de la expresidenta Cristina Kirchner, mirando hacia las elecciones presidenciales del próximo año.
Entre esos apoyos que granjeó Moyano destaca el de los funcionarios bancarios que están discutiendo por estos días los aumentos salariales de 2018 y haciendo paros de hasta 48 horas. También el de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que pelean con la gobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal, las subas paritarias de este año y que, antes de sentarse en la mesa de negociación, ya amenazaron con que no empezará el ciclo lectivo de este 2018.
El sindicato de camioneros creció de forma importante al compás de la gestión del ex presidente Néstor Kirchner y fue favorecido por el traspaso de afiliados que pertenecían a otros gremios. En cambio, con la expresidenta Cristina Kirchner la relación no fue tan cercana; mientras dirigió la CGT, Moyano organizó varias marchas en contra de las políticas de aquella administración. Sin embargo, las alianzas se han venido recomponiendo.
Moyano está siendo investigado por supuesto lavado de dinero, ya que su patrimonio declarado no corresponde con sus ingresos declarados, por supuestos desvíos de dinero de la obra social del gremio de camioneros (hoy en quiebra), y por su eventual vinculación con la empresa postal OCA, de la que se investiga si su dueño es un testaferro del mismo Moyano. El dirigente anunció que denunciará al gobierno de Mauricio Macri ante la Organización Internacional del Trabajo por persecución política. Ante esa institución también se presentará sin el respaldo de otros sindicatos.
Las diputadas nacionales Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Paula Olivetto denunciaron a Moyano ante la justicia por recientes amenazas, luego de que estas presentaran ampliaciones a las investigaciones en las causas abiertas en la justicia contra el sindicalista. Estas legisladoras son tres pilares fundamentales de Cambiemos, la fuerza política gobernante.
Desde el Gobierno se informó que la movilización del miércoles 21 de febrero le costó al país unos 4.800 millones de pesos argentinos (aproximadamente 240 millones de dólares), el equivalente al pago de 3 millones de asignaciones universales por hijo (AUH). También se desestima la persecución política. Lo cierto es que, si bien esta movilización se realizó en momentos en que la imagen de los sindicalistas está por el piso debido a muchos casos de corrupción y al encarcelamiento de dirigentes gremiales de diversos sectores; el tema económico crece como preocupación en los hogares argentinos, ya que la inflación desde que comenzó este año está por encima de todas las proyecciones oficiales que se habían efectuado. Sin duda, el rumbo futuro de la economía será el eje sobre el que se irán armando y desarmando las futuras alianzas políticas argentinas.
Alejandra Gallo | @alegalloinfo
Periodista. Escribe para el diario El Cronista y trabaja en los programas Le doy mi palabra y Esta Semana, de Radio Mitre, de Buenos Aires
