Cuando el 5 de abril las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito, hubo una gran indignación internacional por la violación de la inmunidad de una misión diplomática. Sin embargo, la historia previa, aunque mucho menos discutida, es picante. Mexico había concedido asilo político a Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano condenado dos veces por corrupción en el contexto del escándalo Odebrecht en su país. Este último había huido a la embajada mexicana para evadir la persecución penal. Lo curioso de la acción: su solicitud de asilo en México había sido fundamentada por Glas con referencia al «lawfare», una supuesta persecución jurídica. De esta manera, una narrativa central de la izquierda política en el continente latinoamericano se convirtió en el centro de la cobertura internacional.
Perpetradores se convierten en víctimas
La palabra «lawfare» se compone de «law» (ley) y «warefare» (guerra). El término describe originalmente el uso del sistema legal para dañar, deslegitimar o arruinar financieramente a un oponente a través de largos procesos legales. Ni obstante, la izquierda política en el continente latinoamericano ha dado un nuevo sentido a este término. A los activistas agrupados en el «Grupo de Puebla» les sirve como consigna para describir una supuesta «guerra judicial» injustificada por parte de los medios hegemónicos y la presuntamente justicia conservadora para dañar a proyectos políticos supuestamente «progresistas». Distintos líderes como el expresidente boliviano Evo Morales, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa o la exvicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ahora enfrentan condenas o investigaciones por corrupción, fraude electoral o represión de la prensa.
La narrativa de «lawfare» les sirve como excusa y justificación para enfrentar esta obvia pérdida de confianza política. Los perpetradores, que usaron sus cargos para enriquecimiento personal, se convierten así en víctimas, perseguidas injustamente por una justicia supuestamente politizada. Siempre según la consigna atribuida a Benito Juárez: «Para mis amigos, todo, para mis enemigos la ley.»
Narrativa bien orquestada
Es notable lo bien orquestado que está esta narrativa de «lawfare» dentro de las organizaciones transnacionales de izquierda como el Grupo de Puebla o también el Foro de São Paulo. En el sitio web del Grupo de Puebla, se publican regularmente comunicados que expresan solidaridad con camaradas afectados por el supuesto «lawfare». Además, se creó una organización subsidiaria del Grupo de Puebla llamada «Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia» (CLAJUD) dedicado a este tema. También se publicó un libro titulado «Guerras Jurídicas contra la democracia. El lawfare en América Latina».
Y no parece casualidad que Glas haya huido justamente a la embajada mexicana. Podía albergar esperanzas de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su canciller Alicia Bárcena, integrante central del Grupo de Puebla, no lo abandonaría. Después de la captura de Jorge Glas, el Grupo de Puebla trató de asegurar su impunidad exigiendo un salvoconducto para el para salir a México.
Las verdaderas víctimas del «lawfare»
Para las democracias inestables o los regímenes híbridos, tan comunes en el continente latinoamericano, la narrativa del «lawfare» socava aún más la confianza en el Estado de derecho y la clase política. De hecho, la corrupción se ha arraigado profundamente en los sistemas políticos de muchos países latinoamericanos, lo que conduce tanto a una politización de la justicia como a una judicialización de la política. Tanto la política como la justicia pierden independencia y credibilidad como resultado. La narrativa del «lawfare» es ejemplar para esta mezcla poco saludable de política y justicia, y agrava este ciclo aún más. Sin duda, muchos países latinoamericanos sufren de una justicia imperfecta y politizada. Sin embargo, las verdaderas víctimas del «lawfare» pierden un argumento poderoso debido al uso extensivo e injustificado de esta narrativa por parte de políticos convictos por corrupción como Jorge Glas.
No parece una tarea difícil obviar la selectividad brutal de la narrativa del «lawfare» pergonado por el Grupo de Puebla. Mientras este lo manipula para defender a los suyos contra toda evidencia, no levantan la voz para defender a los perseguidos, silenciados y encarcelados miembros de la oposición democrática en Cuba, Nicaragua o Venezuela. El silencio ensordecedor del Grupo de Puebla sobre la exclusión de María Corina Machado de las elecciones presidenciales en Venezuela habla por sí solo.
