La pasada jornada del domingo 1 de octubre todo el mundo miraba a España. Pero también dentro del país los españoles nos mirábamos unos a otros preguntándonos «¿de verdad está pasando esto?».
Fueron días, semanas y meses de especulaciones. Incluso años. Pero nadie en España se hubiera podido imaginar la jornada que se vivió este domingo 1 de octubre. O al menos nadie la hubiera querido creer. Después de todas las tensiones de las últimas semanas entre el gobierno central y la Generalitat, en lo que ya había pasado a convertirse en un intenso conflicto político, se llevó a cabo el segundo referéndum de independencia de Cataluña. «Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?» (¿Quieres que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?), decían las papeletas. Sin embargo, lo que sucedió dentro y fuera de los colegios electorales estuvo muy lejos de un proceso pacífico y transparente de libertad de expresión como corresponde en el ejercicio del voto.
Tanto la represión protagonizada por la Policía Nacional y la Guardia Civil [1] para afrontar la situación como el comportamiento de la Generalitat permitiendo este proceso plagado de irregularidades, en el que se podía votar varias veces, no estuvieron a la altura de la situación. Hasta pasadas las ocho y cuarto de la noche los españoles tuvimos que esperar a que el presidente del Gobierno saliera a explicarnos qué estaba pasando; explicarnos por qué habíamos llegado a esto, ya que no nos podíamos creer que lo que veíamos en las calles de Cataluña estuviera sucediendo en nuestro país. ¿Por qué había sangre, violencia, gritos y llantos en España? ¿Por qué se tuvo que recurrir a esta vía en pleno siglo XXI en nuestro país? Pero el presidente del Gobierno no respondió a las preguntas que todos los españoles se hacían, sino que se limitó a negar la crisis. «Hoy no ha habido ningún referéndum de autodeterminación en Cataluña», dijo. Y los españoles apagamos el televisor sin respuestas y con el corazón encogido.
Mientras tanto, desde Cataluña no dejaban de llegar imágenes de una misma persona votando varias veces o de niños introduciendo papeletas en la urna. La incredulidad no cesaba de aumentar. Según los datos ofrecidos por el Govern tras el cierre de la jornada electoral, se contabilizó un 100,88 % de votos, [2] una cifra que tampoco responde a las preguntas de los españoles y que pone de manifiesto la total irregularidad bajo la que se celebró este referéndum.
Cada una de las partes utilizó una metanarrativa para explicar los hechos y crear su propio contexto. Para el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el domingo no pasó nada; no había crisis en el país, ni conflicto, ni había tenido lugar ningún referéndum de independencia. El Estado de derecho seguía siendo fuerte y estable. Por su parte, para el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los resultados del referéndum (que para él sí se celebró) son totalmente vinculantes y por tanto conllevan a decisiones políticas. Así, Puigdemont anunció que en los próximos días proclamará la independencia de Cataluña. Ninguna de estas dos posturas respondía a la pregunta de los españoles.
Por otra parte, Albert Rivera, líder del partido Ciudadanos, se reunió el lunes 2 con el presidente Mariano Rajoy para hablar del tema catalán y le pidió aplicar el artículo 155 de la Constitución española para asumir las competencias del presidente de la Generalitat y convocar a elecciones autonómicas. [3] La aplicación de este artículo se vino contemplando todo este tiempo pero se esperaba poder llegar a un entendimiento por otras vías y no tener que hacer uso de él. Pero la pregunta es (sí, otra más): ¿quieren las partes implicadas llegar a un entendimiento?
Desde la perspectiva de la teoría crítica, ambos lados estarían creando su propia realidad y su propia versión de los hechos para defender una postura que estiman como única, rechazando completamente la posibilidad de que exista otra que también tenga validez. Así, tanto el Gobierno español como el de la Generalitat consideran su verdad como la única absoluta e intentan imponerla por todos los medios. Por tanto, ninguna de las dos partes implicadas en este conflicto quiere llegar a un consenso; lo único que desean ambas es imponer su verdad.
Y mientras unos niegan y otros aseguran, la interrogante de los españoles sigue sin ser respondida y días después todos nos seguimos preguntando: ¿qué está pasando?
[1] Abundan reseñas en la prensa. Véase, por ejemplo, El Periódico (4.10.2017). «La prensa internacional destaca la represión policial en el referéndum».
[2] Véanse ABC (2.10.2017). «Los “resultados” del referéndum ilegal suman el 100,88% de los votos», La Razón (2.10.2017). «El escrutinio imposible de la Generalitat: 100,88%», El Mundo (2.10.2017). «El Govern anuncia un 90% de “síes” entre las 2.262.424 papeletas contadas y asegura haber escrutado el 100,88% de los votos».
[3] Artículo 155 de la Constitución de España: «1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas».
Castellar Granados | @castegranados
Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación, Universidad Pontificia Comillas. Exbecaria de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo (2017)
