La negativa del gobierno mexicano a suscribir la condena del Grupo de Lima a Nicolás Maduro, la incapacidad de garantizar el abasto de combustibles y un centralismo que atenta contra los contrapesos democráticos marcan giros radicales en la política mexicana.
La presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en apenas unas cuantas semanas y desde su toma de protesta como titular del Ejecutivo, ha implementado un viraje radical en el desempeño de la administración pública mexicana.
Destaca en ese sentido la falta de planeación para implementar cambios y reformas comprometidos durante la campaña, atractivos en el discurso y sin duda necesarios —sobre todo en lo referente a la corrupción y a la austeridad del gobierno—, pero que al momento de llevarse a la práctica han resultado incompletos, opacos en cuanto a la rendición de cuentas y en ocasiones con consecuencias graves para la sociedad.
El actual desabasto de gasolina en la región centro del país, fruto del intento de combate al robo de combustible de los ductos, es un ejemplo claro de esa incapacidad que demuestra, además, una tendencia a la improvisación, que intenta suplir la generación de resultados con una retórica que no logra salir de la narrativa de la campaña presidencial; así, una idea valiosa pero sin estrategia ni técnica para llevarse a la práctica ha terminado por generar un problema mayor, sin miras a solucionarse en lo inmediato y que ya cobró la vida de más de 70 personas que perecieron a causa de la explosión de un ducto abierto, del que extraían combustible de manera ilegal.
La política exterior es asimismo otro de los flancos donde la presidencia de López Obrador ha dejado ver cambios profundos, que generan más dudas que certezas respecto al rol del Gobierno y su capacidad de asumirse como un actor internacional a favor de los derechos humanos, las libertades y el fortalecimiento de la influencia de México en la región.
Si bien durante la administración anterior la postura del país respecto de la dictadura en Venezuela fue enfática al condenar y señalar los abusos, arbitrariedades y actos de represión encabezados por Nicolás Maduro, López Obrador ha tomado una ruta opuesta que, aduciendo el principio de no intervención, se negó a suscribir el documento del Grupo de Lima que desconoce el nuevo e ilegal mandato de un gobierno cada vez más aislado, que ha sumido a su pueblo en la carestía, la violencia, la hiperinflación y el desabasto de medicinas y alimentos.
A la ambigüedad del argumento, que se escuda en razones más cercanas a la complicidad y a la negativa de asumir un papel preponderante en Latinoamérica, hay que añadir la cercanía de una fracción importante de Morena, el partido del presidente de México, y algunos de sus aliados, a espacios como el Foro de San Pablo, del que son asiduos participantes, así como al régimen castrista de La Habana, señalados no pocas ocasiones como ejemplares y modelos a seguir.
Resulta pues preocupante este cambio en el modo en que México y su gobierno conducen la política exterior, no solo por ambas situaciones sino además por la decisión del propio López Obrador de no participar en la edición 2019 del Foro de Davos, lo que refuerza una tendencia a restar protagonismo internacional a su gobierno, a volver a una visión nacionalista y cerrada de las relaciones con otras naciones, y a aislarse en su compromiso solidario con otros pueblos, como el venezolano, el nicaragüense o el cubano, que hoy son respaldados por una parte importante de la comunidad internacional frente a autoridades tiránicas y asesinas.
Destaca, además, otro giro clave del régimen lopezobradorista: un centralismo que busca reforzar la figura presidencial, y que se ha manifestado también en importantes reducciones presupuestales a organismos autónomos y otros contrapesos como la propia Cámara de Diputados, la autoridad electoral, las comisiones encargadas de conducir y evaluar la política energética o la política educativa, entre otros.
A ello se suma la reciente creación de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad que formaliza la militarización de las labores policiales a nivel nacional, atenta contra el federalismo y, a través de cambios constitucionales aprobados por Morena y el PRI en la Cámara de Diputados, contradice la promesa de sacar el ejército de las calles, uno de los principales ejes de la campaña del actual titular del Ejecutivo.
Esta tendencia a socavar contrapesos incluye asimismo la descalificación que hace el presidente de México de aquella prensa crítica con su gobierno, a la que en su cotidiana rueda de prensa matutina ha reprobado con motes que ridiculizan su labor, que cuestionan la veracidad de sus investigaciones y que denuestan el trabajo de reporteros y periodistas, fortaleciendo así una narrativa que polariza y se sirve de la búsqueda de enemigos para construir una retórica que contribuye a una muy populista tendencia a dividir la realidad entre buenos y malos.
A casi dos meses de que López Obrador asumió la presidencia de México, estos tres giros radicales en la política son una muestra de que la estrategia del nuevo gobierno está anclada en el centralismo, la cerrazón y el ataque a los contrapesos de la democracia: un camino que exige, ante todo, una alianza, una agenda y una organización que permita a la oposición frenar y revertir decisiones riesgosas.
