Concluidos los dos primeros meses de 2020 damos un vistazo al contexto nacional e internacional de Ecuador.
Dos acontecimientos destacan en la actual política exterior ecuatoriana. Por un lado, en aras de restablecer y afianzar las relaciones con Estados Unidos, el presidente Lenin Moreno se reunió con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, el 12 de febrero, tras 18 años del último evento entre presidentes de ambos países. Y precisamente días antes, Ivonne Baki se acreditó como embajadora de Ecuador en Estados Unidos; quien había ocupado el mismo cargo en 1998, además de otros de relevancia en el país, y desde hace varios años ostenta su buena relación personal con Trump.
Ecuador apoyará la candidatura de Luis Almagro para su continuidad como secretario general de la OEA, quien es respaldado también por Estados Unidos y Colombia, entre otros países. Esto, a pesar de la candidatura de la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, excanciller del gobierno de Moreno en 2017-2018 y luego presidenta de la Asamblea General de la ONU, cuya candidatura a la secretaría general de la OEA fue presentada por Antigua y Barbuda. Espinosa era allegada del expresidente Correa y se vio envuelta en el caso Assange en 2017, dado que durante sus funciones se nacionalizó al fundador de Wikileaks, por entonces asilado en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador fue sede de diez reuniones patrocinadas por la OEA durante 2019, según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, y el propio secretario Almagro visitó el país a finales del pasado octubre. Todo ello muestra una clara mejora en la relación entre Ecuador y el organismo.
En el panorama interno destaca el anuncio de recuperación de la economía, realizado por el Banco Central el 17 de enero, que prevé un crecimiento del PIB de 0,7% en relación al de 2019, e indicó que se actualizaron las proyecciones considerando las pérdidas (USD 701,6 millones) y daños (USD 120,1 millones) resultantes de los once días de paro nacional en octubre pasado. El documento indica que «estas pérdidas significaron un impacto negativo de 0,13 % en la previsión del PIB a precios constantes para 2019». En la misma línea, el riesgo país superó los 1000 puntos y sigue en ascenso; entre las principales razones para ello se identifica la caída del precio del petróleo desde inicios de febrero por el brote de coronavirus en China, principal país importador. Para el 4 de febrero, el precio WTI era de USD 49,61 por barril y los ingresos estimados en el presupuesto general del Estado ecuatoriano dependen de que el barril no baje de USD 51,30. Así las cosas, la inversión estatal disminuye y el déficit fiscal aumenta por las dificultades para obtener más ingresos, por la desconfianza de los inversionistas y también para reducir subsidios, lo que resulta en que el gasto público se mantendrá (se estima que alcanzará una tasa de -2,2 %). Se considera que una medida paliativa —poco efectiva— que podría implementarse si la situación no cambia sería la emisión de bonos.
Otro aspecto relevante en el análisis es que en marzo de 2019 el Fondo Monetario Internacional aprobó un acuerdo de servicio ampliado de USD 4.200 millones en favor de Ecuador hasta 2021. La tercera revisión del programa económico fue en noviembre del 2019 y en diciembre se aprobaron los dos desembolsos pendientes, cuyo monto asciende a USD 498 millones, contando con el efecto de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria que encamina la recaudación de unos $ 540 millones más durante 2020. Desde el 11 de febrero del 2020 un equipo técnico del FMI revisa en Quito el cumplimiento de las metas. Esto implica que Ecuador mantendrá su estrecha relación con el FMI al menos durante 2020. El siguiente será año electoral: dependerá de ese resultado y del plan del nuevo gobierno la permanencia o no de este programa del FMI.
Rupturas e incertidumbre
En mayo de 2019 se estableció un acuerdo legislativo de gobernabilidad entre CREO, el partido oficialista Alianza País, la Bancada de Integración Nacional (BIN) y el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI). Sin embargo, hace pocos días, CREO anunció su salida del acuerdo después de que la recomendación de la Comisión de Fiscalización de llevar adelante el juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral no pasara a debate en el pleno de la Asamblea. Asambleístas del bloque de CREO presentaron una acción penal contra de esta funcionaria, por el supuesto delito de tráfico de influencias. Con la salida de CREO del acuerdo se dificulta la aprobación de proyectos en la Asamblea, pues el bloque representa 18 votos. Adicionalmente, en otra instancia, el Partido Socialcristiano (PSC) publicó que presentará su propio candidato para las elecciones, descartando la formación de alianzas. Desde hace varios meses, Jaime Nebot, líder del partido y exalcalde de Guayaquil, figura como el posible candidato, aunque no hay confirmación al respecto.
Otro de los asuntos relevantes en la agenda política ecuatoriana es la migración venezolana. El 25 de julio de 2019 se expidió el decreto 826, que establece una amnistía migratoria para ciudadanos venezolanos y dispuso la implementación de un proceso de regularización por motivos humanitarios a través de un censo de ciudadanos venezolanos y el otorgamiento de una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias, conforme el cumplimiento de ciertos requisitos como poseer un pasaporte y certificado de antecedentes apostillado. El proceso de regularización finalizará el 31 de marzo y será necesario analizar en su momento esta situación, más aún luego de un crimen en Quito, en el mes de febrero, a manos de un ciudadano venezolano, que despertó reacciones negativas en la sociedad ecuatoriana y determinó el incremento de los controles migratorios en las calles.
Por último, pero no menos importante, el caso Sobornos se estancó. Este proceso penal refiere a investigaciones iniciadas en mayo 2019 por delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos entre funcionarios públicos del movimiento Alianza País y multinacionales, entre ellas Odebrecht, entre 2013 y 2014, presuntamente para financiar la campaña electoral del 2013. Hay 21 personas procesadas, incluido el expresidente Rafael Correa, quien tiene orden de prisión preventiva. El lunes 10 de febrero se iniciaron las audiencias de juicio del caso; sin embargo, al tercer día se suspendieron indefinidamente por la notificación de una acción de recusación contra los magistrados del tribunal presentada por el abogado de Correa. Poco después, la solicitud de recusación fue negada y las audiencias se reanudarán en los próximos días.
Varios son los pendientes que le esperan a Ecuador durante el 2020, en medio de un restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, casos de corrupción en la mira, las recetas del FMI, el fenómeno migratorio y un año preelectoral sacudido por rupturas e incertidumbre.
