El recién electo presidente Luis Abinader enfrenta el desafío de terminar con la corrupción e implementar políticas transparentes en la República Dominicana.
La política anticorrupción se mantiene débil en la República Dominicana, de acuerdo al Bertelsmann Tranformation Index. El escándalo de Odebrecht en diciembre de 2016 le pegó duro a la clase política del país. En las recientes elecciones presidenciales, el candidato del Partido Revolucionario Moderno puso fin a dieciséis años de hegemonía del Partido de la Revolución Democrática en República Dominicana. Luis Abinader, quien había quedado en segundo lugar en las elecciones pasadas, superó al candidato oficialista, muestra del hartazgo de la ciudadanía por la corrupción e impunidad asociados al liderazgo de centroizquierda.
El BTI 2020 demuestra que para el periodo bajo análisis (febrero 2017 hasta enero 2019) para Republica Dominicana fue más de consolidación en lugar de lanzar nuevas prioridades políticas. En su séptimo año como presidente, Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), gozó de un fuerte apoyo popular y de total control de su partido, aunque a medida que las elecciones de 2020 se fueron acercando, este control fue decreciendo, en gran parte por divisiones internas.
En las elecciones de 2016, el PLD de Medina, coalicionado con su enemigo histórico -el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- ganó con un sólido margen contra el débil y novedoso Partido Revolucionario Moderno (PRM), habilitando así la renovación de su mandato presidencial por cuatro años más.
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Actualmente, y como medida preventiva en medio de la pandemia por Covid-19, las elecciones previstas para el 17 de mayo de 2020 se pospusieron para el 5 de julio. Medina ya no es elegible para una nueva elección y por el PLD se presentó el candidato Gonzalo Castillo. Las recientes elecciones contaron con la presencia de observadores internacionales y resultaron en una victoria que trajo el cambio de signo político que no se daba desde 2004: el empresario Luis Abinader del PRM, quien había quedado en segundo lugar en las elecciones pasadas, superó al candidato oficialista, muestra del hartazgo de la ciudadanía por la corrupción e impunidad asociados al liderazgo de centroizquierda.
Entre las propuestas de campaña del candidato ganador estuvieron la creación de empleos, la finalización de la informalidad laboral y el empoderamiento de la mujer.
Cabe destacar que durante el mes de febrero de este mismo año se dio la inédita suspensión de las elecciones municipales estipuladas para el día 16 de ese mes. A raíz de ese episodio se despertó una oleada de protestas que, con el lema “Es pa’ fuera que van”, exigieron durante varias semanas una explicación transparente respecto de lo sucedido con el sistema de voto automatizado instalado por la Junta Central Electoral.
El gobierno expresó su preocupación respecto a la demanda de la sociedad, y el presidente Medina instruyó a representantes del gobierno a reunirse con el Secretario General de la OEA, Luís Almagro, para ventilar este asunto y explorar vías de cómo proceder.
Fruto de tal reunión se decidió solicitar a la OEA una auditoria-investigación que arroje luz sobre lo acontecido. Además, se estimuló la participación de otros organismos de carácter internacional de modo que haya la mayor independencia y credibilidad en los resultados de la investigación sin la injerencia de actores políticos.
Finalmente, la OEA concluyó que lo que produjo el episodio fue causa de la “mala gestión” del equipo de informática de la Junta Electoral, a lo cual se agrega “no haber contado con herramientas para detectar o prevenir la falla y no haber podido mitigarse a tiempo”. Además, se aclara que “no se encontró evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude en los fallidos comicios”. En marzo, se volvieron a celebrar los mencionados comicios municipales, esta vez utilizando el voto manual.
En el BTI 2020, la gestión de la gobernanza fue la que registró más cambios positivos, particularmente en las características de coordinación de políticas y de cooperación regional.
Respecto a la primera de estas, la coalición fomentada por el oficialismo para enfrentar las elecciones de 2016 favoreció la coordinación de políticas y redujo los conflictos internos. No obstante, con el avecinamiento de las elecciones de 2020 fueron apareciendo nuevas escisiones internas al PLD que debilitaron su capacidad de coordinar políticas con otros partidos y también el control de Medina sobre el partido que lidera, lo cual terminó afectando indirectamente la coordinación de su administración, principalmente sobre la priorización estratégica de objetivos.
La política anticorrupción se mantiene débil (con apenas 3 puntos en el BTI 2020), en tanto, en este periodo de análisis, ha habido un aumento de la exposición de casos de corrupción, la mayoría por parte de instituciones estatales autónomas. El escándalo de Odebrecht en diciembre de 2016 le pegó duro a la clase política del país, ya que varios funcionarios y exfuncionarios se vieron implicados en la trama corrupta, demostrando la omnipresencia de esta problemática en los contratos públicos. La prensa y la opinión publica son los actores que más atención han prestado en torno a la exhibición de estos temas.
Ligado a esta cuestión, el indicador de libertad de expresión, dentro de la dimensión política, demuestra que ésta se respeta en términos generales pero que ha tenido un leve decline con respecto al BTI anterior. Hay aspectos puntuales que aun requieren mejorías; por ejemplo, la legislación sobre libertad de información está vigente (ley 200/04) pero se aplica selectivamente; además, el periodismo de investigación es poco común, pero de a poco se está abriendo paso en la vida política.
En torno a la cooperación regional ha habido avances significativos. El ministro de relaciones exteriores (y presidente del PRD), Miguel Vargas Maldonado, ha fomentado también la apertura de relaciones con China y, por primera vez en su historia, se dio la incorporación del país en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2019. Tal estrategia permitió la firma de tratados de libre comercio con la Comunidad del Caribe (CARICOM), Centro América, Costa Rica, El Salvador y los Estados Unidos de América, y un acuerdo comercial con Panamá.
Su relación con Haití es complicada, sobre todo debido a desacuerdos en temas de migración. El país ha sido criticado por la OEA y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su trato sobre la cuestión, especialmente desde la crisis de apatridia que estalló en 2013, consecuencia de la resolución del Tribunal Constitucional dominicano de despojar de su ciudadanía a miles de personas -incluyendo a hijos de inmigrantes haitianos nacidos en suelo dominicano-, lo cual no solo afecta su posibilidad de adquirir un empleo en el sector formal, sino que los excluye de los servicios de salud y la educación. Aquello desembocó en la retirada de Republica Dominicana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Inversamente, la dimensión del estado de la democracia ha declinado con respecto a la anterior medición, tendencia a la baja que se viene dando desde el BTI 2008. Los aspectos más afectados fueron el monopolio del uso de la fuerza y la aprobación de la democracia. El primero de estos está siendo afectado por el aumento del tráfico de drogas y del crimen organizado, particularmente preocupantes dado que se ha registrado la complicidad de la policía y los militares en estas actividades, situación que se da más frecuentemente en la frontera con Haití y en las zonas rurales del país.
Siguiendo la tendencia regional de una significativa reducción de la aprobación hacia el sistema democrático, Republica Dominicana registra actualmente sus resultados más bajos (7 puntos) en este indicador desde el comienzo de las mediciones del BTI en 2003.
No menor es el mediocre rendimiento que, durante el periodo bajo evaluación, el país demuestra en torno a la protección de los derechos civiles. “A menos que las personas se reúnan como grupo y protesten sistemáticamente, las autoridades no prestan atención a los ciudadanos sin poder” detalla el informe más reciente del BTI. Los grupos más afectados por las prácticas discriminatorias y violentas -que muchas veces están incluso institucionalizadas- son los inmigrantes haitianos, las mujeres y la comunidad LGBTQ. Los abusos policiales siguen siendo un problema presente en la realidad del país. La tasa de feminicidios es una de las más altas de la región. La despenalización del aborto, si bien apoyada por la administración de Medina para casos de violación, incesto o de peligro de la vida de la madre, aun dista de ser legal, dado su estancamiento en el Congreso a causa de la resistencia de las iglesias católica y Evangélica y otros, lo cual pone en peligro el derecho a la vida y salud de las mujeres.
La dimensión económica históricamente reflejó los resultados más fructuosos del país: a grandes rasgos, durante el último quinquenio, y bajo el PLD, República Dominicana fue el país con mayor crecimiento de toda América Latina.
Actualmente, presentó una calificación igual a la que obtuvo en el BTI de la edición previa. Si bien la economía ha mantenido un nivel de crecimiento casi constante desde la llegada al poder del PLD, y la pobreza ha disminuido enormemente (gracias al Programa Solidaridad), estos avances han perdido el empuje que solían tener. Los indicadores más apagados giran en torno a los derechos económicos y sociales.
Según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU en 2017 Republica Dominicana calificó con un alto nivel de desarrollo. “Sin embargo, el nivel de desarrollo del país no permite una libertad de elección adecuada para todos los residentes, la movilidad social es baja y existe una gran brecha en el desarrollo entre las zonas urbanas y rurales”, aclara el informe. Esto se debe en gran parte a las enormes inequidades geográficas, de genero y socioeconómicas enraizadas en el país.
Es necesaria la preservación del pensamiento estratégico a largo plazo, más aún bajo el tambaleante contexto de pandemia que se vive, para lograr sostener los avances logrados. También es indispensable la reforma de aspectos que afecten el acceso de todas las personas hacia sus derechos y que, por lo tanto, obstruya el desarrollo sostenible de la nación caribeña.
Esta nota se publica por gentileza de CADAL
