El XXIV encuentro del Foro de San Pablo, realizado del 15 al 17 de julio pasado en La Habana, culminó con una declaración que incluyó un cerrado apoyo a los autoritarismos de Venezuela y Nicaragua, y a la aspiración antidemocrática de Evo Morales de perpetuarse indefinidamente en el poder.
Y entre críticas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Grupo de Lima, la declaración del reciente Foro de San Pablo planteó «convertir la defensa de la Celac en objetivo político prioritario a promover por todos nuestros partidos, movimientos sociales y populares, desde cada escuela, universidad o espacio de creación intelectual».
Para los países latinoamericanos que aspiran al desarrollo en democracia, la Celac no solamente es un organismo ineficaz y una poco acertada inversión de tiempo y recursos. Su real objetivo es que el bloque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) influya y condicione políticamente al resto de los países de la región con el expreso propósito de convertir la Celac en «única vocera de la región en los foros, organismos y organizaciones internacionales».
Vale la pena recordar que la creación de la Celac, en febrero de 2010, decía asentarse en el respeto irrestricto del Estado de derecho, la defensa de la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales como requisitos básicos para integrar el organismo.
Incluso el 3 de diciembre de 2011 la Celac adoptó, irónicamente en Caracas, la «Declaración especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional», suscrita también por Cuba, cuyo régimen político de partido único la viola expresamente. Sería ilusorio pensar que la Celac aplique su cláusula democrática a Venezuela, Nicaragua o Cuba, pues en los hechos son los países del ALBA los que manejan a su antojo este organismo.
El espíritu bolivariano de la Celac se intentó disimular apelando a la «unidad en la diversidad», como si la democracia y la república fueran lo mismo que la dictadura y la ausencia de Estado de derecho.
Por su parte, Rafael Correa, siendo presidente de Ecuador, afirmó en la II Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en La Habana, en enero de 2014, que la Celac debería sustituir a la OEA.
Por lo tanto, resulta contradictorio que los países del Grupo de Lima formen parte de un organismo como la Celac, que se define como «mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política», cuando Estados que lo integran reprimen a la oposición política, y que al mismo tiempo se propone suplantar a otro del cual forman parte y que cuenta con una institucionalidad superior, como es el caso de la OEA.
En consecuencia, los países de América Latina que integran el Grupo de Lima deberían abandonar la Celac, quitándole así la legitimidad a un organismo liderado por los autoritarismos y al mismo tiempo dejando en claro que convivir con las diferencias políticas tiene como límite no convalidar a gobiernos antidemocráticos.
Hasta el momento, la comunidad democrática regional no ha podido hacer mucho frente al colapso total del Estado de derecho y la criminal represión estatal en Venezuela y Nicaragua. Por lo tanto, frente a lo que se está viviendo en estos dos países, junto con la negación de las libertades en Cuba, más la erosión de la institucionalidad democrática en Bolivia, permanecer en este organismo filobolivariano llamado Celac es una falta de respeto para todos los activistas reprimidos en sus derechos humanos, los opositores políticos perseguidos y encarcelados, y muy especialmente para las víctimas del terrorismo de Estado.
Publicado en el diario La Nación, de Buenos Aires, el 21 de agosto de 2018.
