En memoria de Andrés Stambouli y Jesús Guevara Rivas,
demócratas de distintas generaciones
En Venezuela, el escenario político está dando súbitas señales de movimiento. Estas señales provienen esencialmente de concesiones que, desde el Estado, se presentan como reconocimiento a nuevos actores, e incluso de reconocimiento de viejos errores. El Estado ha cambiado el régimen de algunos detenidos notorios —como ejecutivos de la petrolera CITGO—, anunciado la reapertura de casos de violaciones de derechos humanos, iniciado una razzia interna sobre casos de corrupción, el aparente fin del estado de emergencia económica declarado en 2016 y, más significativamente, la entrada de cinco rectores (dos principales y tres suplentes) independientes al Partido Socialista dentro del directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), a lo que ha seguido el anuncio de un posible levantamiento más amplio de algunas restricciones y asimetrías electorales, algunas de las cuales son demandas históricas de la oposición.
Ha sido el ámbito electoral el que ha causado más respuestas desde los diversos factores partidarios de una apertura democrática en el país: desde el optimismo más franco, hasta la condena previa. Sin embargo, todo apunta a que la inercia derivada de la suma de represión y abstención se rompería este año, en el cual corresponden elecciones locales y regionales. Bajo el contexto polémico del ciclo electoral pasado, pero también con las diferencias abiertas acerca de los planteamientos tácticos sobre la participación dentro del liderazgo partidista opositor a diferente nivel, se hicieron también presentes sectores no recientemente vinculados a estas dinámicas: desde activistas, académicos, sindicalistas y empresariado, un colectivo de la sociedad civil —el Foro Cívico— promovió las candidaturas de técnicos, políticos y ciudadanos hacia el directorio electoral.
Sin embargo, pese a los cambios, persisten aún profundas asimetrías dentro de lo que sigue siendo un sistema autoritario. Ya las dimensiones de lo anunciado sobrepasan la rutina electoral acostumbrada, pudiendo mejorar sustancialmente las condiciones electorales frente al último ciclo electoral. Claro, no es borrón y cuenta nueva: depurar el registro electoral, rehabilitar a los partidos judicialmente intervenidos, auditar técnicamente al CNE, vigilar el despliegue de medios en las campañas, no corrigen los daños infligidos sobre las organizaciones políticas independientes: el exilio y las amenazas al liderazgo, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, la desarticulación de los partidos, la asimetría de movilización de recursos, el control oficial sobre los medios de comunicación, el uso agresivo de la política social para fines proselitistas, el dominio sobre el Poder Judicial permanecen aún como herramientas activas del Estado sobre la sociedad y los partidos.
Si eso fuera poco, mientras se reconoce una renovada autoridad a organizaciones sociales ante la duda de los partidos, se procede con una legislación agresiva sobre las actividades y el financiamiento de sociedades mercantiles, asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro, en el Registro Unificado de Organizaciones Sociales, sobre la base de un estado general de sospecha sobre sus funciones, despliegue y apoyos, en el marco de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo: providencias similares han sido usadas contra grupos de activismo social y de derechos humanos, y hoy se exige hacia toda asociación no estatal no solo el registro de sus ingresos, sino también el de sus beneficiarios, en una evidente asimetría frente al poder coercitivo y la opacidad estatal. Se trata de una medida claramente lesiva a la supervivencia de todo el sistema de promoción de la democracia y la autonomía social.
Así mismo, a inicios de mayo el Estado embargó, con el uso de fuerza militar, la sede del octogenario diario El Nacional, importante medio impreso tradicional que seguía funcionando, ostensiblemente para hacer cumplir un mandato judicial —en el que se condenaba al diario por referirse a unas denuncias a altos jerarcas del Estado y su partido—, a la vez que el Estado aceptaba la idea de una nueva ronda de negociaciones, mediadas internacionalmente, con los más importantes líderes de una oposición con elevadas demandas pero limitado apalancamiento.
Las voces más pesimistas insisten en que se trata nuevamente de ganar tiempo, de maniobras para relegitimarse ante las naciones occidentales, cuyas inversiones y reconocimiento podrían mejorar la condición absoluta del Estado. Otras voces, más optimistas, plantean que son los efectos de las sanciones personales y sectoriales de Occidente, así como el temor a la activación de expedientes en la Corte Penal Internacional o incluso el sacudimiento dentro de la fuerza armada venezolana por el farragoso triángulo de conflicto en la frontera colombo-venezolana con ese Estado, la disidencia de las FARC y efectivos venezolanos, como fenómenos que motivan al gobierno socialista a tomar estas medidas.
Lo único que parece claro es que las condiciones internas parecen lo suficientemente holgadas para el chavismo, dada la expansión autoritaria de los últimos años y la capacidad de resistir ante la extraordinaria coalición en su contra, como para dar estos pasos sin sacrificar su propia supervivencia y, de momento, su propio poder. Quizás estamos siendo testigos de un incipiente realineamiento interno en el propio chavismo no solo hacia el ciclo electoral que se acerca —cuya legitimación sí les interesa y perciben que pueden ganar ante una oposición debilitada y descoordinada—, sino también hacia el despliegue de los intereses fácticos que dos décadas en el poder han desarrollado, como una nueva élite económica, ante la imponente crítica de la extrema izquierda de la coalición oficial.
Es aún difícil adivinar quiénes son los sectores ortodoxos, cuáles los moderados, y cuáles los aperturistas: no hay aún una racionalización explícita que dé cuenta de estas acciones. Pero ha de notarse que la apertura no sucede a expensas del Estado, sino por su voluntad. Y el Estado socialista no parece haber modificado su concepción tradicional sobre la sociedad y la autonomía social de manera sustancial.
Con esas prevenciones, ¿qué implica para la oposición y la sociedad civil venezolana cruzar esa puerta entreabierta? Es verdad que organizaciones sociales y algunos líderes partidistas han forzado una reconsideración sobre la participación electoral en la oposición, aún si la puerta se abre desde el Estado. El riesgo más evidente consiste en que, si los factores proclives al cambio democrático carecen de coordinación —como ha insistido la politóloga Maryhen Jiménez— y se muestran estratégicamente divididos, será más sencillo disolver a unos y a otros en su propia estructura de incentivos: a los proparticipación, en un limbo apenas mejor al que caracteriza a la oposición satélite; a los antiparticipación, en una creciente irrelevancia, que terminará llevando al mundo occidental a reconsiderar el gobierno de Caracas.
Por eso, la recomposición honesta de una plataforma procambio se hace necesaria. Decimos honesta porque no basta la ambivalencia del pretendido equilibrio entre posiciones extremas, sino un activo propósito común en un sentido u otro: desde los críticos en la sociedad civil hacia el liderazgo partidista, deponer la actitud de sospecha histórica que cobra al presente las limitaciones del antiguo Estado venezolano; desde el liderazgo de los partidos, evitar asumir toda crítica a la estrategia dominante como antipartidista y antipolítica. Y entre las diversas figuras que reclaman o aspiran la vocería, el reconocimiento de que sus condiciones actuales de credibilidad y ascendencia social son bastante precarias como para imponer condiciones unilateralmente. La causa democrática es más importante que nuestros sesgos parciales.
Componer una nueva ruta unitaria, con reglas de coordinación claras para crecer internamente y volver a crear una fuerza social y política, es la tarea inmediata desde la cual se genere una nueva idea de un país democrático y sostenible. No descontemos la amenaza ni las intenciones de un Estado en el que no se confía, pero tampoco dejemos que la política de los demócratas sea definida solo por acciones fuera de nuestro control.
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