Costa Rica se encuentra ante una elección atípica, dentro de un marco tradicional propio de las elecciones de las décadas de los ochenta y noventa, en épocas del bipartidismo.
El panorama político electoral frente a las elecciones presidenciales y de diputados para el periodo 2018-2022 presenta a diversas fuerzas políticas en competencia. El descontento ciudadano y la falta de representatividad de varios sectores, tanto en la Asamblea Legislativa como en el Poder Ejecutivo, son factores que marcan la realidad y que en la elección de 2014 se tradujeron en el triunfo de una tercera fuerza: el Partido Acción Ciudadana.
Dos elementos importantes influirán además en la emisión del voto: la promesa de cambio y el voto castigo a propuestas de la denominada política tradicional.
La corrupción es un tema al que debe dispensarse especial atención, pero no solo en la dimensión electoral, donde ya constituye un factor relevante. En este orden de ideas debe contemplarse el caso de prácticas aparentemente desligadas de la ética y la moral, que se inscriben en la duda sistemática de corrupción, al que se ha denominado cementazo.
El escenario de ataque a la corrupción ha generado una invisibilidad de las propuestas de los candidatos y, por ende, del debate de ideas y proyectos para un futuro gobierno. Son escasos los criterios que encuentra el electorado para meditar su voto, en cuanto a propuestas.
Los partidos políticos adolecen de un ideario consolidado, por lo que se ha personalizado la campaña política —abundante en argumentos ad hominen—, con los peligros que ello implica en cuanto a la aparición de figuras en partidos franquicias, que puedan utilizar el descontento como plataforma contra el sistema político-jurídico y económico. [1]
Existen puntos importantes de la agenda del país que no se han sometido a discusión en el debate electoral, como el riesgoso déficit fiscal y la consecuente baja calificación de la deuda, la necesidad de un nuevo pacto social, el crecimiento económico y la atracción de inversión extranjera directa, la insatisfacción ciudadana con la situación económica, para citar tan solo unos pocos. Estos temas están en la penumbra, se han dejado en el olvido. Se ha renunciado a la propuesta concreta, trocándola de forma poco acertada por la atención a los ataques personales.
Sería pertinente que el debate en las etapas finales de la campaña electoral se centrara en la identificación y diferenciación de las propuestas de los candidatos presidenciales.
El acceso a la información y la divulgación que efectúen los medios de comunicación constituyen un factor importante para que los costarricenses puedan tener la oportunidad de emitir su voto con información seria y confiable, y sobre propuestas sometidas a discusión entre los diferentes candidatos, soslayando aspectos de orden estrictamente emocional.
Sobra indicar que el resultado será aceptado por todos los costarricenses, en apelación al fuerte sistema democrático que posee nuestro país. Y los descontentos iniciarán nuevamente el proceso democrático para visualizar plasmados sus objetivos en las elecciones del periodo 2022-2026.
[1] Al respecto, ver El Informe del Estado de la Nación 2017, capítulo 6, «El descontento ciudadano y sus implicaciones para la estabilidad política en Costa Rica», p. 297.
David Oconitrillo Fonseca | @davidocon
Egresado de la Maestría en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. Abogado de LexGroup Consultores
