Por primera vez en la historia de la Argentina, un gobierno conserva los contenidos de más de 300 activos digitales de la Administración pública nacional y, a su vez, transfiere esos usuarios a la gestión siguiente.
El 9 de diciembre de 2019, cuando la gestión del presidente Macri estaba concluyendo, más de 400 cuentas de redes sociales institucionales pasaron a formar parte del patrimonio nacional a cargo del Archivo General de la Nación y quedaron disponibles en las mismas plataformas para que la ciudadanía pueda acceder al contenido libremente.
El proyecto de conservación de activos digitales es una iniciativa inédita en nuestro país, que nos pone a la vanguardia en el mundo, en lo que refiere al tratamiento y preservación de los canales digitales utilizados por un gobierno durante su gestión.
Parte de las cuentas que se conservarán son las referentes a los ministerios, secretarías de Gobierno y otras áreas u organismos que administran cuentas oficiales, por ejemplo, la Dirección Nacional Electoral (DINE), el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Nacional (ANSES), etcétera.
El proyecto lo comenzamos desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y es el resultado de más de un año de trabajo, en el que participaron organismos gubernamentales, universidades, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la información, al cuidado de datos, a la preservación de documentos, archivos provinciales, fundaciones, empresas vinculadas a la comunicación digital (Facebook, Twitter y Google), y especialistas de diferentes áreas que aportaron al proyecto desde su experiencia y su conocimiento.
A lo largo de este tiempo se generaron cuatro áreas de trabajo (Comunicacional, Archivístico, Tecnológico y Normativo) y se extrajeron conclusiones y recomendaciones que nos permitieron llegar a un consenso de qué, cómo y dónde se debía conservar.
Este proyecto que encabezo, se basa en el proceso de transición que se dio en Estados Unidos entre la administración Obama y la de Trump. En nuestro caso, la diferencia se da en que se decidió solo conservar las cuentas institucionales y dejar afuera las personales.
En resumen, el proyecto contempla la conservación y transición de los activos digitales institucionales a través de dos vías:
- Conservar los contenidos digitales de la gestión 2015-2019 para que estén disponibles a la ciudadanía a lo largo del tiempo, y así el gobierno siguiente pueda comenzar a comunicar por canales digitales con su propia impronta.
- Descargar los contenidos de la plataforma para que el Archivo General de la Nación los conserve y formen parte de la historia de nuestro país, dándole libre acceso a la ciudadanía.
En esta nueva era de comunicación digital debemos tener claro que las redes sociales han transformado en gran medida cómo se genera y distribuye la información, llevándonos de un modelo vertical con los medios como piedra fundamental, a un modelo horizontal donde cada individuo tiene la capacidad de generar información y emitir mensajes.
La comunicación e intercambio con los ciudadanos a través de las redes sociales tiene que formar parte del patrimonio histórico, para que las actuales y futuras generaciones puedan consultar.
Es la primera vez en la historia de nuestro país que se hace un proceso de conservación de activos digitales institucionales. Es un proceso inédito y sin ningún antecedente en América Latina. Los procesos que se dieron en algunos países como México, Colombia o Chile fueron únicamente para el traspaso de las cuentas. Pero en el caso argentino, además del traspaso, agregamos la conservación por el Archivo General de la Nación, que es el encargado de reunir, conservar y brindar acceso a los documentos que hacen a la historia, la memoria y los derechos de todos los argentinos.
Según su propia definición, corresponde al Archivo:
Reunir, conservar y tener disponible para su consulta o utilización la documentación escrita, fotográfica, fílmica, videográfica, sónica y legible por máquina, que interese al país como testimonio acerca de su ser y acontecer, sea ella producida en forma oficial, adquirida o donada por instituciones privadas o particulares.
A partir de ahora esa definición está destinada a cambiar.
Como instituciones públicas tenemos el deber de aggiornarnos a estos nuevos escenarios, entender que estos contenidos pertenecen a todos los argentinos y ser los garantes de preservar esta parte de nuestro patrimonio.
