En Nicaragua, los medios independientes se unen frente al régimen. En El Salvador la represión contra los medios toma fuerza. Las muertes de periodistas siguen en Honduras y la descalificación los amenaza en Guatemala.
Cuatro países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, padecen del mismo mal, en dosis y con enfoques diferentes: sus gobiernos acusan y obstaculizan constantemente a la prensa y evitan que el Estado actúe para proteger su labor.
Las frágiles democracias centroamericanas, sometidas a una crisis económica sin precedente debido a la pandemia, padecen además un retroceso importante en el clima requerido por una prensa independiente para denunciar las actuaciones irregulares de la administración de turno. Aun así, los medios no ceden.
La tarea nunca ha sido fácil en esos países. De 180 países evaluados en la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF), en abril último, Honduras ocupó la posición 148, Nicaragua la 117 y Guatemala la 116; El Salvador tenía en ese momento la posición 74.
Un mes después del anuncio del ranking, para el caso de Guatemala, RSF destacó los ataques continuos del presidente Alejandro Giammattei a los medios.
El mandatario, a solo dos meses del mandato que inició en enero dijo, con enojo, que «quisiera poner en toque de queda a los medios pero no se puede» y pocos días antes roció con bactericida a los periodistas que se encontraban esperándolo en el Congreso diciendo que era un spray «antiperiodistas».
«En Guatemala y Honduras, los periodistas de los medios de oposición o comunitarios que se atreven a denunciar los actos de corrupción de los políticos suelen sufrir agresiones, amenazas de muerte, e incluso pueden ser asesinatos, por lo que a veces se ven obligados a exiliarse», señaló RSF.
En octubre pasado, la misma organización estimó como «extremadamente preocupante» la actitud autoritaria del presidente Nayib Bukele contra la prensa independiente.
Sobre Nicaragua, en su reporte de abril, RSF insistió en la «feroz represión» del gobierno de Daniel Ortega contra la prensa independiente.
A diferencia de las luchas del pasado de los medios, este año la pandemia no solo profundizó las acciones en contra de la libertad de información por parte de estos gobiernos, sino que también aceleró la crisis que viven los medios de comunicación en razón de la pérdida de ingresos por la publicidad y de la caída en las suscripciones. Y, mientras tanto, la democracia queda todavía más desprotegida y sometida a presión.
En El Salvador, José Luis Sanz, periodista español radicado en ese país y director del medio digital El Faro, asegura que Bukele concentra y busca concentrar más poder. Su fuerte denuncia no es la única en estos meses. El Faro enfrenta un fuerte asedio del gobierno de Bukele, según se evidencia en múltiples informaciones de medios altamente reconocidos como BBC y Univisión.
El pasado 24 de setiembre, en cadena nacional de radio y televisión, Bukele dijo que El Faro estaba siendo objeto de una investigación «por evasión de impuestos y lavado de dinero».
Luego de esto la Fundación Gabriel García Márquez, radicada en Colombia, promovió una carta con la firma de 500 periodistas y escritores preocupados por los ataques de Bukele a El Faro y a otros medios que, según ha dicho, serán investigados por sus omisiones tributarias. Además, todo parece indicar que la Fiscalía salvadoreña también está utilizando la misma receta de Bukele, pues ha trascendido que desarrolla una investigación por una denuncia de violación que involucraría a dos periodistas de El Faro.
Entre los múltiples trabajos de denuncia de El Faro, el que desató la mayor furia del mandatario fue un reportaje de setiembre que dio cuenta de cómo el gobierno ha negociado con líderes de la pandilla Mara Salvatrucha la reducción de homicidios y apoyo electoral a cambio de beneficios carcelarios.
«La historia autoritaria en América Latina vuelve a repetirse. El avance incesante del presidente de El Salvador sobre libertades, con ataques a periodistas y medios […]», mencionaba en un tuit Edison Lanza, hasta hace pocos meses relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Una de las últimas denuncias de El Faro la realizó el columnista Juan Martinez d’Aubuisson, quien fue víctima de un asalto armado y señaló que a partir de fuentes diversas quedaba claro que se trataba de un hecho «orquestado desde dentro del Gobierno», según una noticia publicada por La Prensa Gráfica de ese país.
Este medio, además de El Diario de Hoy, revista Factum y Gato Encerrado, también fueron mencionados por Bukele en la conferencia de prensa del 24 de setiembre por mentir y atacar al Gobierno con propósitos políticos antes de las elecciones legislativas del 2021.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) también ha denunciado ataques de seguidores del Gobierno en las redes sociales y en setiembre pasado fue excluida del proceso de elección de una terna para el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Esta constancia de denuncias en pocos meses es la misma tónica que durante años ha mantenido la prensa independiente nicaragüense. El octavo pronunciamiento emitido por el Foro de la Prensa Independiente de ese país rechazó la Ley de Ciberdelitos que castigará con cárcel la propagación de noticias falsas y gestionaría la extradición de aquellas personas que se estime atentan contra la seguridad del Estado.
Esta organización agrupa a propietarios y directores de medios de comunicación de Nicaragua, a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a la red de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) y a la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN). Esta agrupación ha elevado la voz más allá del país luego de la represión constante establecida desde abril de 2018 cuando, además, fue asesinado el periodista Ángel Gahona mientras realizaba su labor en la zona costera de Bluefields.
Honduras, sin embargo, ocupa la primera posición en cuanto a periodistas muertos se refiere. A la fecha, han muerto asesinados tres periodistas, dos en junio en la zona costera de La Ceiba y otro en setiembre a 60 km de la capital, acribillado por sicarios.
Este tipo de crímenes no son nuevos. Honduras contabiliza 85 periodistas asesinados en los últimos 20 años, en medio de una ausencia del Estado de derecho en la investigación y justicia para el 90% de los casos. Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha condenado en reiteradas ocasiones la fallas del Estado hondureño en la investigación profunda y oportuna para el juzgamiento posterior.
En Guatemala, también la Relatoría ha condenado situaciones similares. En marzo último urgió a las autoridades de ese país a resolver el asesinato de un periodista de solo 24 años quien era vicepresidente de la Red de Comunicadores Sociales, así como de otros que se encuentran impunes. «Es fundamental que el Estado priorice la creación e implementación de un mecanismo de protección para periodistas en el país», indicó en ese momento.
RSF también ha señalado en los últimos meses las dificultades que enfrentan los periodistas para obtener información, la censura y la continua descalificación de los comunicadores en público.
«¡No, no se debe poner en toque de queda a los medios!», afirmó Emmanuel Colombié, director de la oficina en América Latina de RSF, tras la advertencia irónica del presidente guatemalteco.
Desprotección estatal, debilitamiento de las estructuras de los medios, censura y obstaculización del trabajo periodístico, investigaciones y acciones intimidatorias, y asesinatos: así se ejerce el periodismo en cuatro de las naciones centroamericanas que aún no logran fortalecer su democracia.
