La radical modificación de los flujos migratorios históricos es tanto una constatación de que Chile se está transformando en una plataforma en la cual es posible desplegar diversos proyectos de vida gracias al estadio de desarrollo hasta ahora alcanzado como también un enorme desafío y una oportunidad para la sociedad chilena.
Como fenómeno multidimensional, la inmigración presenta al Estado el desafío de abordarlo como política pública integral —no sectorial— para modernizar las distintas institucionalidades que articulan la red de protección social. De igual forma, la inmigración es también una gran oportunidad, tanto para fortalecer y enriquecer el desarrollo social y cultural del país como para aumentar la productividad y competitividad de la fuerza laboral en una población que ya alcanza una tasa global de fecundidad de 1,79 % y que necesita, por tanto, de la participación laboral de inmigrantes para alcanzar un crecimiento tendencial en los próximos diez años de entre 3,0 % y 3,5 %. [1]
En el último informe de la CEPAL y la OIT publicado en mayo de 2017, Chile resultó ser el país que registró el mayor crecimiento relativo de inmigración en Latinoamérica entre los años 2010 y 2015. En efecto, el informe afirma que la población de inmigrantes aumentó, en promedio, 4,9 % por año, ubicándose por encima de México, con 4,2 %; Brasil, con 3,8 %, y Ecuador, con 3,6 %, cifras que ya internalizan el endurecimiento de las políticas de inmigración de destinos como Estados Unidos. [2]
Por lo tanto, un primer factor a considerar en el análisis de una nueva política migratoria laboral es el impacto que dichos flujos tendrán en la capacidad de nuestra economía para absorber esta creciente oferta de trabajo. Debemos preguntarnos entonces si nuestra regulación laboral tiene la flexibilidad suficiente para crear más y mejores empleos, y entender cuáles son las actuales limitaciones estructurales para acordar los ajustes que sean necesarios. Solo así podremos debatir informadamente sobre los nuevos criterios para el otorgamiento de visas y permisos de trabajo, fiscalización del vencimiento de visas de turista, y sobre las exigencias y requisitos aplicables a distintos países de origen en el mediano y largo plazo.
Toda política pública debe, necesariamente, elaborarse a partir de datos —no opiniones—, pues solo una vez esclarecidos órdenes de magnitud, trayectorias históricas, catastros normativos y proyecciones de corto y mediano plazo podemos discutir las medidas para modernizar nuestros sistemas de seguridad social, de accidentes del trabajo, seguro de cesantía y, especialmente, de nuestro sistema de capacitación y certificación de competencias de los trabajadores. Una vez clarificada la interacción de los inmigrantes con la totalidad de las instituciones que posibilitan el desempeño laboral en el país o que eventualmente pueden verse tensionadas por crecientes flujos migratorios, debemos revisar la expansión, o eventual eliminación, de la norma del Código del Trabajo que establece el tope de contratación de 15 % de extranjeros.
Un segundo factor relevante para diseñar políticas laborales migratorias es el fenómeno de la informalidad. Recientemente, el INE publicó estimaciones de que uno de cada tres trabajadores presta servicios en la informalidad laboral, proporción que según la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS), ha aumentado en los últimos años. Esta alarmante realidad es, en parte, el resultado de la indefinición de las actuales políticas migratorias pues, por omisión, el Estado ha puesto el incentivo en la informalidad laboral para el trabajador migrante, aumentando significativamente la tasa de trabajadores sin contrato de trabajo, seguridad social ni protección frente a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Un planteamiento transversal en ambos factores debe necesariamente dilucidar los efectos que el aumento del flujo migratorio tiene para nuestra economía, considerando los posibles desplazamientos y vacancias que podrían generarse producto, por ejemplo, del aumento en la cobertura de la formación técnica y profesional para los nacionales, o de la mayor participación femenina en el trabajo. Ambos casos podrían, tal vez, contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo para los que no exista oferta nacional, aumentando consecuencialmente la productividad de la economía y fortaleciendo el crecimiento del PIB en el corto y mediano plazo.
Pero, además, tras estos dos factores se esconden cuestiones de fondo, tremendamente importantes y urgentes, y que tienen relación con la dignidad de las personas y particularmente de los trabajadores.
En efecto, solo determinando las capacidades y limitaciones efectivas de generación y mantención de empleo de nuestro sistema productivo podremos diseñar políticas migratorias que cumplan el objetivo fundamental de respetar la dignidad de los migrantes que legítimamente buscan mejores oportunidades. En efecto, solo estando en conocimiento de nuestras propias limitaciones podremos evitar crear falsas expectativas que finalmente redunden en un gran engaño social, porque el Estado nunca fijó reglas claras ni dio cuenta de las reales posibilidades para que los trabajadores extranjeros puedan asentarse en nuestro país en forma digna y estable. Si queremos que la migración enriquezca a nuestra sociedad en términos sociales, económicos y culturales, el Estado debe definir los parámetros en virtud de los cuales el mundo del trabajo en Chile puede ofrecer oportunidades a cada migrante.
Por otra parte, tras la pregunta sobre si el migrante representa una porción significativa de la informalidad en el empleo, se encuentra la convicción profunda de que un trabajador migrante debe contar con todos y cada uno de los derechos sociales que nacen de una relación laboral, no siendo ni moral ni socialmente aceptable que pase a la informalidad por no contar con redes o protección jurídica. Dicho de otro modo, no cabe discusión alguna sobre si el migrante debe tener un estándar de derechos diferentes al del trabajador nacional.
Por ello, considerando que el 56 % de los migrantes latinoamericanos afirma haber trabajado sin contrato formal, [3] quienes nos dedicamos a las políticas públicas (asociaciones gremiales, ONG, Estado, etc.) nos debemos con urgencia al rediseño de la política migratoria, ya que de lo contrario estaremos avalando la institucionalización de la precariedad laboral de personas más vulnerables y desprotegidas. De igual forma, quienes están en la empresa deben estar en permanente revisión del cumplimiento de los estándares laborales para el trabajador migrante.
En suma, estimamos que, si bien la reformulación de una política migratoria desde la óptica laboral requiere de un trabajo técnico acucioso, serio y responsable, se trata en realidad de un imperativo ético urgente, porque día a día ingresan migrantes con anhelos y sueños de mejoramiento para ellos y sus familias, lo que conlleva una inmensa responsabilidad social para encauzar de buena forma dichos sueños y anhelos a partir de una política pública sostenible, coherente y razonable.
Notas
[1] Véase Banco Central de Chile (2017). Perspectivas para el crecimiento tendencial en Chile.
[2] Al revisar la distribución de los inmigrantes por edad como proporción de la población total, se evidencia que la mayoría están por trabajo. Entre los 20 y 29 años, los inmigrantes representan el 3,1 % de toda la población de esa edad; quienes están entre los 30 y 39 años son el 4,1 % de los habitantes, y entre los 40-49 años son el 2,4 %. En cambio, sobre los 60 años solo son el 1 %.
[3] Véase Lafortune, J., y Tessada, J. (2016). Migrantes latinoamericanos en Chile. Santiago: BID.
Este artículo fue publicado originalmente en la revista Migrantes, del Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI, en mayo de 2018.
