«Normativas pioneras», «grandes avances», «ejemplo en la región» son algunas de las expresiones que se usan para señalar a Bolivia como un país en el que se han dado claras muestras de que la participación política de la mujer importa, pero ¿realmente los hechos respaldan esto?
Hace un par de años, las palabras de Sandra Macías, concejal suplente en la gestión 2013-2014 en una localidad del centro de Bolivia, me dejó constancia de que hay realidades que no se pueden ocultar: «persiste el machismo y la discriminación en los espacios de poder». «En la política nos hacen participar, pero no decidimos».
Bolivia fue el primer país en aprobar una ley de paridad y tener una ley de violencia política de género, dos hechos históricos que son reconocidos a nivel mundial; sin embargo, las acciones para incluir a las mujeres en la toma de decisiones no tiene el avance esperado y sigue siendo un desafío en construcción permanente.
Un reciente estudio denominado «Electas. Mujeres en la política»,[1] que refleja el panorama de Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina y Bolivia, indica que América Latina está por encima del promedio mundial en la tasa de participación de mujeres en la política institucional: el 31,6 % de los escaños en las Cámaras de Diputados de la región son mujeres.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa de Bolivia, de las 130 diputadas 60 son mujeres y de las 36 senadoras 20 son mujeres. Los espacios se están ganando. Hay mujeres en el poder pero, en los hechos, falta demostrar si realmente tienen poder. Aunque esto está condicionado a un factor determinante: las cuotas de género, una regla que garantiza que los partidos políticos presenten, en tiempo electoral, un número equilibrado de candidatos y candidatas.
En el dossier «Mujer y política. El impacto de las cuotas de género en América Latina»,[2] Mona Lenna Krook hace referencia a tres categorías para entender este concepto: escaños reservados, cuotas de partidos y cuotas legislativas, que, sin embargo, pueden variar dependiendo de sus características y de los partidos. Para la autora, «todas buscan promover la representación de las mujeres a través de políticas concretas para el incremento de la selección de candidatas a cargos políticos».
La importancia de las cuotas de género es que aceleran el camino a la paridad. Marlene Choque Aldana, en el estudio «La apuesta por la paridad democratizando el sistema político en América Latina»,[3] considera dos antecedentes en el caso boliviano: el primero apunta a la aprobación la Ley de Cuotas (1997) y el segundo se relaciona con el período previo al proceso constituyente, cuando se admitieron las candidaturas de organizaciones no partidarias con varias condiciones, que incluían la paridad de género (2004).
El avance hacia la paridad pasa porque se la entienda como una medida definitiva y una verdadera apuesta política en el reconocimiento y la distribución del poder dentro de las mismas organizaciones, en igualdad de condiciones, promoviendo así la inclusión.
Redefinir la agenda política desde una perspectiva diferente incomoda a quienes se han acostumbrado a tener poder absoluto y decisiones sin objeción; por eso, el verdadero desafío es hoy consolidar la legimitidad.
Una ley no basta
La ley n.° 243 de 2012 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres es una conquista que llegó luego de un oscuro episodio, cuando el 12 de marzo de ese año Juana Quispe, una concejal de origen aimara de la población de Ancoraimes, de La Paz, fue asesinada luego de denunciar agresiones en su círculo político, en reiteradas oportunidades, por mantener resistencia en su cargo. Juana fue la primera en esa región que hasta entonces solo había tenido varones en los cargos, tanto del Ejecutivo como en el Concejo Municipal.
Ocho años han pasado y aunque las denuncias se hacen más visibles, así como la presencia de las mujeres en las esferas políticas, la impunidad se sigue arrastrado, más aún en áreas indígenas, periféricas y rurales.
Bolivia enfrenta desde hace ya varios años el desafío de consolidar espacios en los que las mujeres disputen el poder libres de violencia y se dejen atrás noticias como la de noviembre de este año, cuando los medios informaban sobre el calvario que sufrió una alcaldesa que se vio obligada a esconderse para salvar su vida ante la presión de vecinos que la agredieron para exigirle una autorización.
Que Bolivia sea un modelo en la región por tener normativas que protegen a las mujeres en el ejercicio político y garantizan mejores condiciones de participación, en este punto queda en una expectativa casi inútil, cuando se suman las denuncias y no se sanciona a los responsables. Falta que las leyes salgan del papel.
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[1] Estudio del Instituto Update en colaboración con organizaciones de la región, también en serie audiovisual (diciembre 2020).
[2] Publicación de FLACSO Chile e IDEA Internacional (2008).
[3] Estudio de la CIM e IDEA Internacional (2013).
