Chile: el necesario regreso de la política y la comunidad

En pocos años, Chile logró situarse en el reducido club de los países con las mejores estadísticas económicas de América […]
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10 Dic, 2019
Protestas en Santiago de Chile | Foto: Carlos Figueroa, vía WikiCommons

Articulo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

En pocos años, Chile logró situarse en el reducido club de los países con las mejores estadísticas económicas de América Latina. No hubo ranking socioeconómico donde Chile no estuviera en los primeros lugares. Nos acostumbramos a que la economía ordenara las prioridades del país. Todas las decisiones se explicaban desde la inversión y la rentabilidad económica. Y dejamos a la política reducida a elegir a las autoridades locales, regionales y nacionales cada cuatro años.

Para decirlo en simple, la política posdictadura dejó de ser el eje ordenador de la sociedad chilena y sus asuntos. En su lugar, fue la economía y sus modelos la que primó en el debate público, casi de manera excluyente. Sin embargo, todo explotó.

Nadie se imaginó la fuerza de la crisis social que estábamos incubando. Los indicadores macroeconómicos del país ya no lograron sostener la indignación y el malestar por la desigualdad. Es cierto que la mayoría de las movilizaciones han sido pacíficas. Pero también hemos visto actos de violencia que no veíamos hace mucho tiempo.

Ahora bien, luego de observar con estupor la violencia y la intolerancia en las calles del país, se ha abierto un espacio para volver a conversar acerca de cómo organizamos la vida en común. Nos hemos vuelto a preguntar cómo obtenemos y repartimos de mejor modo lo que somos capaces de hacer. La política en esto tiene mucho que ver. Se trata del ejercicio más básico pero complejo de llevar a cabo. Esto es, conversar para luego tomar acuerdos en los intereses compartidos. Debatir para consensuar y acordar caminos comunes.

Tenemos que reconocer, con autocrítica, que hace mucho tiempo no hablamos tanto de política. El cambio de la Constitución Política, la mejora de las pensiones, la mala atención de salud, la injusta distribución de la riqueza, la necesaria participación ciudadana, etcétera, son todos temas que demuestran que los chilenos y chilenas han vuelto a dialogar sobre los problemas comunes. A estas alturas, podemos sostener que se trata de una nueva fase de repolitización de la sociedad chilena. ¡Enhorabuena!

Los resultados de las diversas encuestas indican un cambio muy fuerte en las percepciones de los ciudadanos. Aunque algunos puedan pensar que todo volverá a la normalidad, debemos reflexionar seriamente que estamos ante el surgimiento de una nueva normalidad.

Un dato novedoso es el que señala que la politización afecta muy fuertemente a los que no tenían posición política. Existe un mayor nivel de activación e involucramiento político. Enfrentamos un nuevo clivaje societal.

Se hace evidente el alegato por un cambio estructural. Casi un 60 % sostiene la urgencia por reducir la desigualdad entre los ciudadanos. Existe un alto consenso también por más justicia social y para promover una nueva agenda social, económica y política. A decir, el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema educacional, el sistema laboral, un nuevo sistema tributario y una nueva Constitución son todos ámbitos donde existe una manifestación expresa de apoyo para hacer cambios. Todas estas temáticas cuentan con más del 80 % de adhesión positiva para su modificación. Es más, la necesidad de una nueva Constitución cruza grupos etarios, género, estratos socioeconómicos y es impactada por tendencias políticas. Se podría sostener que se trata de la madre de las demandas del movimiento social. Según los datos revisados, la posibilidad de abrir este debate constitucional genera en la población el sentimiento de esperanza y optimismo.

Ahora bien, tenemos que señalar que las movilizaciones sociales, las protestas, llegaron para quedarse. Son percibidas como un mecanismo de cambio. Pero también se presenta una dualidad: por una parte, existe un alto apoyo a las protestas pacíficas y, por otra, un alto rechazo a la violencia y los saqueos. Las movilizaciones están asociadas a la ciudadanía y sus demandas.

Por otra parte, también existe conciencia de que el panorama económico no se ve fácil. Se observa una altísima percepción de crisis económica que se profundizará en el futuro cercano (primer semestre de 2020). Esta es una realidad que el Gobierno y las instituciones políticas deben tomar en consideración.

En medio de la confusión y la incertidumbre, surge con nitidez un nuevo alegato por más y mejor política. Estamos frente a un cambio estructural (sistémico) de las percepciones de los chilenos y chilenas. El proceso no ha terminado, está en plena evolución, no ha cristalizado. De su evolución dependerá, en gran medida, si se logrará profundizar la democracia y/o recuperar el sistema de representación política. Las decisiones que tomen los partidos serán de vital importancia para su suerte electoral y su viabilidad futura. He aquí el desafío: superar la crisis manteniendo la gobernabilidad democrática.

Esto significa, como lo explicaron los académicos Scott Mainwaring y Timothy Scully (2009):

La gobernabilidad democrática es la capacidad de los gobiernos democráticos para implementar políticas que aumenten el bienestar político, social y económico de un país. Cuando es exitosa, supone mantener una práctica democrática de una calidad razonablemente alta, promover el crecimiento económico, proporcionar seguridad ciudadana y enfrentar los graves problemas sociales (pobreza, inequidad de ingresos, servicios sociales adecuados) que afligen a los países de América Latina.

En síntesis, aquí está el desafío para la política democrática chilena.

Celebramos la capacidad de cooperación que han demostrado los principales actores políticos en estos últimos días. Qué duda cabe, luego del acuerdo transversal para promover un nueva Constitución Política: los actores del sistema han dado espacio y una oportunidad a la política. Se ha generado un camino para la participación ciudadana en el marco de una deliberación pacífica y democrática.

Por cierto, aún no se logra encauzar todo el debate y la legítima aspiración de vivir en un país más justo. Aún resta concretar una agenda social que cristalice un nuevo pacto económico y social para superar las desigualdades que han quedado en evidencia por las movilizaciones sociales. Es un camino que tiene ripios y dificultades para transitar. Pero lo que sí está claro es que se ha manifestado la voluntad de hacerlo. Tenemos que advertir que aún nos encontramos en un frágil equilibrio.

El punto clave es volver a entregar a la ciudadanía la dignidad en todas las dimensiones de la vida. La política precisamente se debe ocupar de aquello. La gestión política desde el Estado debe tener como centro de su quehacer la dignidad de las personas y las comunidades.

Como bien lo dijo Jaime Castillo Velasco hace varias décadas, en un discurso homenaje a Eduardo Frei Montalva, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos: “La democracia exige un comportamiento democrático. El antagonismo ilimitado en la lucha por el poder expone a las democracias a ser destruidas por los apetitos dictatoriales”. Castillo Velasco nos recuerda que “el destino del humanismo está indivisiblemente ligado a la democracia”.

¿Cómo volvemos a hacer una mejor política? Una respuesta que nos interpreta es desde la lógica de la comunidad. Ya sabemos que la respuesta basada solo en el individuo queda más bien reducida a la realidad particularísima de una persona y sus circunstancias. En cambio, cuando la respuesta es desde la pertenencia a una comunidad, aplica la conjunción tan difícil pero necesaria de libertad, igualdad y también solidaridad.

Debemos volver a poner la atención en las personas y las comunidades esenciales a las que pertenecemos. La política supone la lucha por el poder político, pero también la cooperación. Hoy necesitamos en Chile esa política de grandeza y magnanimidad.

 

Bibliografía

Mainwaring, Scott, y Scully, Timothy (2009). América Latina: ocho lecciones de gobernabilidad, Journal of Democracy en español.

 

 

Eugenio Ortega Frei. Doctor en Ciencia Política (Universidad de Notre Dame, EUA). Ocupó cargos directivos en los ministerios de Defensa, Interior, Secretaría General de la Presidencia y Educación, en Chile. Exprofesor de los Institutos de Ciencia Política de la Universidad Católica, Universidad de Chile y Universidad Diego Portales. Actualmente es director ejecutivo del Centro Democracia y Comunidad (CDC) ::: Luis Ruz Licenciado en Ciencias Políticas. Administrador público. Magíster en Políticas Públicas. Ha desempeñado cargos ejecutivos en diversos órganos en el Gobierno de Chile. Exdocente en las Universidades de Concepción, ULA, Alberto Hurtado y UTEM. Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y director del Centro Democracia y Comunidad (CDC).

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