* Artículo premiado con mención en el concurso de artículos breves «Partidos políticos y sociedad: ¿cómo recuperar la confianza?» organizado por Diálogo Político en 2018.
Paradójicamente, la expansión de la democracia en el mundo vino acompañada del incremento de la desconfianza en la política. La tercera ola de democratización (Huntington, 1991), que significó la transición de regímenes autocráticos a democracias liberales, expandió la realización de elecciones multipartidistas hasta el este de Europa y América Latina. Los dictadores comenzaron a trasladarse a la arena electoral y a contaminar los procesos electorales con desviaciones y estrategias fraudulentas que minimizaran los riesgos de perder el poder (Schedler, 1996). La falta de confianza en las instituciones puede erosionar las percepciones de los ciudadanos sobre la legitimidad de otras figuras tradicionales de representación política, como es el caso de los partidos políticos.
La llamada crisis de la democracia representativa es un fenómeno difuso y es, en efecto, un problema multicausal de alta complejidad. Pareciere que las democracias liberales se han probado ineficaces en evitar el deterioro de la sociedad o incluso en poder satisfacer las promesas hechas en los períodos electorales. Igualmente, los partidos han fracasado en su labor de ser la correa de transmisión de las necesidades e intereses del electorado con las instituciones a través de la articulación de intereses.
Factores como la permisividad de la corrupción, [1] el radicalismo político y el auge de valores posmaterialistas (autoexpresión individual, medioambiente, e-government, calidad de vida) (Catterberg y Moreno, 2006) han perturbado la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y en los partidos políticos, y han generado una profunda desafección al sistema. Estos factores culturales, característicos de América Latina, pudieran ayudarnos a entender, en parte, el auge de populismo que vive el hemisferio actualmente, que, aunque parece estar moderándose, la amenaza de su regreso está vigente en tanto la democracia liberal no se recomponga.
Las crisis se pueden superar con cierto reequilibrio, pero este debe funcionar sobre una base de legitimidad. La legitimidad de los gobernantes depende poderosamente de la confianza de los ciudadanos en el proceso por el que fueron elegidos inicialmente (Birch, 2008; Norris, 2013; Schedler, 2002), especialmente en aquellos regímenes con menos experiencia con elecciones multipartidistas (Kerr y Lührmann, 2017). A pesar de que las democracias estén establecidas hace mucho tiempo, los sentimientos de legitimidad se derivan de la experiencia electoral repetida y, si el proceso es defectuoso, puede socavar progresivamente la confianza en el elector.
Varios autores han destacado la importancia de la confianza en el buen funcionamiento de las instituciones sociales. Hay quienes incluso colocan la confianza social en medio de un círculo virtuoso complejo, en el que la prevalencia de actitudes y normas de reciprocidad y moralidad generalizada entre las personas en un sistema político dado tiende a facilitar la acción colectiva y favorecer el buen gobierno, que, a su vez, crean condiciones favorables para el florecimiento del desarrollo económico, la confianza social y política (Martini y Torcal, 2016).
A pesar de que la confianza en los partidos políticos y en los gobiernos ha disminuido aceleradamente en los últimos años, sigue habiendo un encanto por las elecciones como principal mecanismo para influir en las decisiones políticas dentro del sistema representativo de las democracias modernas . [2] Creemos que el primer paso para recuperar la confianza en los partidos pasa por mejorar y velar por la calidad del propio sistema por el que los partidos alcanzan el poder. Mejorar la integridad electoral fortalece la confianza pública en las instituciones, estimula la competitividad haciendo más propensa la alternabilidad del poder al igual que se establecen patrones de participación electoral y se desarrollan otras actitudes positivas como la satisfacción con el desempeño de la democracia, la mejora de la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de los representantes elegidos (menor corrupción).
Si bien los partidos políticos son piedra angular de los sistemas representativos, de igual manera es vital que se desarrollen o fortalezcan mecanismos institucionales que permitan canalizar las demandas de la sociedad, sin que haya que depender estrictamente de elecciones, para castigar o premiar a sus gobernantes. Nos referimos a mecanismos participativos como la inclusión de la ciudadanía en el diseño de los presupuestos, la apertura de espacios institucionales a grupos de interés o a sistemas de decisión de participación directa o referendarios que funcionen como contrapeso ciudadano. Igualmente, es deber de los partidos responder a su electorado pues, de no hacerlo, la sombra populista está siempre al acecho.
Referencias bibliográficas
Birch, S. (2008). «Electoral institutions and popular confidence in electoral processes : A cross-national analysis», Electoral Studies, 27.
Catterberg, G., y Moreno, A. (2006). «The Individual Bases of Political Trust: Trends in New and Established Democracies», International Journal of Public Opinion Research, 18(1), pp. 31-48.
Huntington, S. P. (1991). «Democracy’s Third Wave». Journal of Democracy», nov. (2), pp. 299-307.
Kerr, N., y Lührmann, A. (2017). «Public trust in elections: The role of media freedom and election management autonomy», Electoral Studies, 50(170), pp. 1-24. h
Martini, S., & Torcal, M. (2016). «Trust across political conflicts: evidence from a survey experiment in divided societies». Party Politics, 1177 (septiembre).
Norris, P. (2013). «The new research agenda studying electoral integrity», Electoral Studies, 32(4), pp. 563-575.
Schedler, A. (2003). «Democratización por la vía electoral», Foro Internacional, 43 (4), pp. 822-851.
Schedler, A. (2002). «The Menu of Manipulation», Journal of Democracy, 13(2), pp. 36-50.
Notas
[1] A pesar de las recientes luchas a nivel legislativo y judicial contra la corrupción en varios países de la región, la mayoría aún mantienen un alto nivel de corrupción, según el índice de percepción de corrupción 2017 de Transparencia Internacional.
[2] Según un estudio reciente del Pew Research Center (2017), el 78 % de la muestra encuestada valora a la democracia representativa como mejor sistema de gobierno. En América Latina, la media de compromiso con la democracia representativa es del 64 %.