El autoritarismo venezolano y la destrucción del federalismo descentralizado

Los desmanes se acompañaron con el ataque permanente y abierto a gobernadores y alcaldes de oposición. Una parte importante del […]
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19 Nov, 2019
Mapa de Venezuela

Articulo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Los desmanes se acompañaron con el ataque permanente y abierto a gobernadores y alcaldes de oposición. Una parte importante del liderazgo territorial ha tenido que tomar el camino del exilio.

En Venezuela se dio inicio al federalismo descentralizado en 1989, cuando se eligieron por vez primera gobernadores y alcaldes, en el marco de los procesos de democratización que avanzaban en Latinoamérica. El experimento duró nueve años: 1990 a 1998. A partir de la entrada al poder de Hugo Chávez, la descentralización fue vulnerada toda vez que su lógica contravenía los objetivos revolucionarios y sus aspiraciones de perpetuación en el poder. El régimen autoritario nunca ha aceptado poderes compartidos. Su naturaleza es no democrática.

La estrategia de desmontaje de la descentralización puede entenderse con el análisis de tres momentos. El primero es el proceso constituyente de 1999, que culminó con un nuevo texto constitucional consagratorio de una república federal y descentralizada, acuerdo que no pasó de ser retórica revolucionaria. El segundo fue la nueva geometría del poder como estrategia de concentración de poder. Y el tercero fue la sacralización del Estado comunal. Ellos formaron parte sustantiva del proyecto político conocido como socialismo del siglo XXI. En esa continuidad, se mantuvo el acoso pertinaz contra los poderes territoriales, con el objetivo último de su extinción y la instauración del Estado comunal, estructura no electa y dependiente del presidente.

De la Constitución a los hechos hay mucho trecho

La nueva Constitución de 1999 refrendó el carácter federal de la República y le agregó el calificativo de descentralizada, lo que supuso ratificar la elección de gobernadores y alcaldes. También las competencias de estados y municipios quedaron similares a las preexistentes.

Sin embargo, los postulados del federalismo nunca se han cumplido. En primer término, el Consejo Federal de Gobierno (CFG), previsto en el artículo 185°, apenas se instrumentó once años después (2010) y siempre ha funcionado como un ente dependiente de los designios del presidente. En segundo lugar, los mecanismos financieros han operado a contracorriente de las necesidades de los territorios. El situado constitucional (dineros que reciben las regiones —alcaldías y gobernaciones— de las ganancias del Estado en materia petrolera) quedó controlado por el discrecional manejo de los fondos nacionales del ejecutivo. Así, en 1998, estados y municipios administraban de manera directa cerca del 29 por ciento del total de las finanzas de la República; en este momento, la cifra no supera el 10 por ciento.

Ese abierto desbalance del poder se incrementó con la eliminación del Senado de la República, espacio histórico del contrapeso territorial. Desapareció la voz de la provincia en el parlamento.

Adicionalmente, el poder central arremetió contra las competencias concurrentes y exclusivas que administraban los estados. Los convenios de transferencia de servicios que habían suscrito con la República fueron anulados, destacando la reversión de los establecimientos de salud. De igual forma, los puertos, aeropuertos y la estructura vial fueron devueltos al poder central en un arrebato muy gráfico: los puertos y aeropuertos del país fueron tomados militarmente.

Los desmanes contra la descentralización se acompañaron con el ataque permanente y abierto a gobernadores y alcaldes de oposición; una cantidad importante del liderazgo territorial ha tenido que tomar el camino del exilio.

Una geometría de poder para el socialismo

En reunión efectuada en el Teatro de la Academia Militar en 2004, Chávez alineó a sus alcaldes y gobernadores y les advirtió que, a pesar de no poder destituirlos, podía controlarlos. Los gobernadores y alcaldes chavistas habían perdido la mínima autonomía que les confería el haber sido electos; estarían al servicio de la revolución y de su líder. A partir de este momento se hizo explícito el objetivo a lograr en materia territorial: la nueva geometría del poder. Se propuso crear un sistema de ciudades y territorios federales transitorios, que darían paso a un sistema de vida comunal donde no hicieran falta los estados, juntas parroquiales, alcaldías ni concejos municipales, sino el poder comunal, en el marco de un Estado comunal.

Para avanzar había que consolidar los consejos comunales para derrumbar el proceso de descentralización como contrapeso del poder. Estos fueron creados en abril de 2006 para ser instancias de participación y articulación de organizaciones de los ciudadanos, que ejercerían directamente la gestión de las políticas públicas. Terminaron siendo un instrumento para el control social en el territorio. Una participación dirigida desde la presidencia.

A ello se agregarían los distritos motores de desarrollo, creados por el presidente para impulsar proyectos regionales y el fortalecimiento del poder popular, en aras de facilitar la transición al socialismo.

Se trató de un entramado territorial que a todas luces asfixiaría a gobernadores y alcaldes electos, y las decisiones territoriales pasaban a depender solo de quien tenía el poder central.

El Estado comunal: todo el poder a los soviets

La Asamblea Nacional sancionó la creación del Poder Popular entre octubre de 2010 y el 4 de enero de 2011. Chávez presentó lo que sería la sociedad ideal: aquella conducida por un Estado comunal que elimina todo tipo de contrapesos de poder e instaura una relación directa de los pobladores con el líder y el partido que lo apoya.

Se trataba del montaje de un Estado paralelo, que no existía en la Constitución, sustentado en un paquete de instrumentos jurídicos —propio de toda dictadura— que definía un Estado socialista por el cual nadie había votado. El Estado comunal sería la forma de organización política y social con la cual el poder sería ejercido directamente por el pueblo, y que permitiría alcanzar la suprema felicidad de los venezolanos en la sociedad socialista, a través de las comunas. En definitiva, se trató de ir hacia un nuevo régimen territorial catalogado de socialista, que desplazaría paulatinamente a las unidades territoriales previstas en la Constitución de 1999.

En esta nueva visión se planteó, abiertamente, una relación sin intermediación entre el Poder Nacional con las organizaciones de base comunitarias reconocidas como tales por un Ministerio para la Participación.

Este andamiaje constitucional, amparado en el ejercicio de un poder autoritario y militarista, estuvo maquillado por una filosofía de participación popular municipal y de base que, como ya se sabe, terminó siendo la fachada para el ejercicio arbitrario del poder. En este modelo, el federalismo descentralizado no tenía cabida. Tenía que ser asfixiado. Así fue.

 

 

Doctor en Estudios del Desarrollo. Investigador en descentralización y políticas públicas. Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES

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