Acceder a una vivienda para alquiler o compra no es un proceso sencillo. Para obtener un préstamo, los ingresos del núcleo familiar deben ser altos y se requiere ahorro previo. Además, los costos son elevados. ¿Cómo podemos mejorar?
En Uruguay los jóvenes no alcanzan a un cuarto de la población total, es decir que más del 75 % son mayores de 29 años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que en promedio en América Latina hay 52 jóvenes por cada adulto mayor de 65 años, en Uruguay solo hay 17. Actualmente, y aun cuando esta generación está mejor formada educativamente que sus antecesoras, la tasa de desempleo juvenil es más alta que la de desempleo adulto.
No es novedad que la población uruguaya enfrenta un problema de envejecimiento que hace temblar las estructuras sociales y, en especial, la viabilidad del sistema de previsión social. Dada esta realidad, sería lógico que el Gobierno implementara políticas públicas que permitieran que las nuevas generaciones desarrollaran al máximo su potencial, estimulando la formación educativa, que es clave para reforzar los ingresos actuales y futuros, favoreciendo la independencia de los jóvenes para puedan construir sus familias y, por supuesto, promoviendo políticas públicas que garanticen los cuidados en la primera infancia.
En el año 2015, solamente el 32 % de los jóvenes uruguayos eran propietarios de sus viviendas. En Montevideo, el 27,6 % de los hogares jóvenes se constituyen de forma unipersonal y la mayoría están en los barrios céntricos de la ciudad. Esto significa que la emancipación se da mayoritariamente en los jóvenes de niveles medios y altos. En efecto, acceder a una vivienda por alquiler o compra no es un proceso sencillo. Para obtener un préstamo hipotecario, los ingresos del núcleo familiar deben ser altos y se requiere ahorro previo. Esto suele ser un obstáculo para los jóvenes que, aun pudiendo acceder por su nivel de ingresos a la financiación, si no alcanzan el periodo de ahorro previo requerido, no obtienen el beneficio.
El Estado, a través de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), brinda algunos planes especiales, pero en todos los casos se requiere el ahorro de por lo menos el 10 % del valor de la vivienda, y el valor de la cuota no puede superar el 40 % de los ingresos del núcleo familiar. Para el caso de garantía de alquiler también se ofrecen beneficios especiales, aunque el valor del alquiler no puede superar el 30 % de los ingresos totales y el monto mínimo de ingresos requerido es de 1000 dólares. El problema se agrava cuando se observa que el valor promedio del metro cuadrado en Uruguay es de 2670 dólares.
Por otra parte, el programa Ahorro Joven, impulsado por la ANV y contenido en la Ley de Inclusión Financiera, brinda un beneficio especial a aquellos jóvenes que ahorren bajo esta modalidad, por la que pueden recibir hasta un 30 % del valor del monto ahorrado. Cabe destacar que el aporte mensual computable para el beneficio se encuentra topeado en unos 100 dólares al mes, y los depósitos mensuales deben ser al menos 18 consecutivos. La ANV informa que actualmente cuenta con 5717 cuentas activas y que solamente se otorgaron 106 beneficios. Este programa se encuentra vigente hasta el año 2020, por lo que es posible que aumente la cantidad de beneficiarios al cierre del período de gobierno actual, aunque de todos modos la cifra de cuentas activas es bastante baja.
Es claro que el ahorro previo sigue siendo el obstáculo principal que enfrentan los jóvenes, incluso aquellos que pueden hacerse cargo de una cuota o alquiler por una vivienda. Por lo tanto, sería interesante pensar en retomar medidas como el alquiler con opción a compra, que permite computar parte del pago del alquiler de una vivienda a la compra del inmueble. Es un buen mecanismo para que los jóvenes accedan a la compra de una vivienda mientras alquilan, sin duplicar sus esfuerzos.
El acceso a la vivienda es uno de los puntos fundamentales en el proceso de independencia y de construcción de una familia. Es difícil que los jóvenes puedan proyectarse si el sueño de la casa propia parece tan lejano. Lo cierto es que, más allá de algunas medidas puntuales, se necesita una solución de carácter global: una política pública que promueva el acceso a la vivienda en los sectores medios y bajos, que son los que tienen mayores dificultades para independizarse.
Resulta interesante plantearse cuáles son los futuros posibles mientras el acceso a la vivienda sea un derecho reservado solo para algunas personas. Por supuesto que el debate no se agota allí, sino que debe acompañarse de otras políticas públicas que aseguren el acceso a la formación, al empleo de calidad y a los cuidados —sobre todo en la primera infancia— para combatir la brecha social. Y, por qué no, pensar en extender los beneficios por maternidad y paternidad para igualar las condiciones entre hombres y mujeres, también en la búsqueda de revertir la tendencia de envejecimiento poblacional del país.
