Cambios superficiales son los que el actual gobierno ha hecho hasta hoy. Todavía tiene una deuda enorme con el país.
El presidente Lenín Moreno junto a la canciller María Fernanda Espinosa y el asesor Ricardo Patiño | Fuente: 4Pelagatos
El presidente Lenín Moreno ha pretendido desmarcarse de su antecesor Rafael Correa, a través de estrategias que muchos sectores aplauden: ha promovido el diálogo con el sector productivo, dice defender la democracia, la independencia de poderes y el Estado de derecho y asegura que combatirá la corrupción.
Hace algunas semanas, Moreno reveló que el Ecuador tiene una deuda de cerca de USD 60.000 millones, y que la economía del país está en crisis. Las cifras no cuadraban desde hace tiempo y tampoco eran transparentes, así lo insinuó Moreno y sin embargo no dijo nada de los responsables; incluso olvidó informar que el principal culpable de este desastroso manejo, el exministro de Finanzas, Patricio Rivera, es actualmente uno de sus consejeros económicos.
El manejo fiscal y económico es uno de los principales problemas que Moreno debe afrontar. La proforma 2017 enviada a la Asamblea Nacional prevé un déficit de casi USD 4795 millones; sin embargo, el Observatorio de la Política Fiscal señala que el déficit real superaría los USD 8270 millones, entre otras cosas porque la preventa petrolera está considerada como ingreso y no como deuda, y, además, existe una sobreestimación de los ingresos tributarios y petroleros porque no se contempló la reducción del IVA de 14 % a 12 % ni la reducción de los aranceles, por ejemplo.
Es obvio que una de las soluciones sería incentivar la actividad productiva privada y, si bien Moreno ha abierto el diálogo con el sector empresarial, habría que preguntarse si realmente habrá un cambio en el modelo económico y cuáles son las acciones inmediatas que tomará el Gobierno para promover la inversión nacional y extranjera, que ha sido casi nula en la última década. El diálogo ni es suficiente ni genera tampoco empleo.
El sostenimiento del aparato burocrático representa al menos un 30 % de los gastos. En la proforma 2017 está previsto que el Estado designe más de USD 9192 millones para este fin y, si bien el Gobierno autorizó la reducción del 10 % de los salarios de los servidores públicos de nivel jerárquico superior, esta medida solo permite un ahorro de USD 34 millones anuales, lo cual sigue siendo insuficiente. Además, no hay coherencia entre el discurso y la práctica; si no, ¿por qué, por ejemplo, el Gobierno no le ha retirado la seguridad (conformada por ocho agentes privados) al expresidente Correa, que ahora vive en Bélgica?
Austeridad es una palabra que el actual gobierno aún no ha descifrado, y puede tardar en hacerlo, si tomamos en cuenta que, después de seis años en el cargo de vicepresidente, Moreno no difirió sobre el modelo económico de Correa.
¿Independencia de poderes? A pesar de que Moreno la ha impulsado, no hay coherencia absoluta. Solo basta preguntarse por qué fue el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien acompañó al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, desde Miami a Quito para entregarse a la justicia ecuatoriana y no fueron partícipes ni el fiscal, ni el ministro del Interior, ni nadie de la Policía Nacional. Aún siguen haciendo las cosas a su modo y no de acuerdo a la institucionalidad que debería existir.
¿Y el combate contra la corrupción? Es seguramente en donde las acciones de Moreno son más visibles: le quitó las funciones al vicepresidente Jorge Glas, aunque muchos creen que fue por los casos de corrupción en los que este último estaba involucrado. La propia versión de Moreno apuntaba a una carta ofensiva que Glas había emitido en su contra. Es cierto que Carlos Pareja Yannuzzelli regresó al país pero, al parecer, no fue una gestión gubernamental sino una decisión personal de quien está sentenciado a cinco años de cárcel, por cohecho en el caso de la petrolera estatal Petroecuador.
Y si hablamos de corrupción, deberíamos pedir explicaciones al propio Moreno de por qué cobró USD 10.000 por cada charla motivacional que dio en instituciones públicas o por qué aceptó el pago de USD 15.000 mensuales por fungir como enviado especial del Secretario General de la ONU para Discapacidad y Accesibilidad (cargo honorífico), o por qué cobró tanto por concepto de viáticos cuando fue vicepresidente, todos estos gastos pagados por el Estado ecuatoriano.
Moreno tiene temas pendientes, y sobre estos debió tomar decisiones apenas tomó posesión de la presidencia: la Ley de Comunicación sigue vigente; el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue en funciones; a pesar de la ruptura con Correa y algunos miembros de Alianza País, Moreno mantiene en cargos oficiales a gente muy cercana al correísmo; le preocupa la cantidad de presos políticos y la situación en Venezuela pero mantiene a una canciller que apoya la dictadura de Maduro. Todo esto solo genera escepticismo y desconfianza en el accionar presidencial. Los cambios hasta ahora son superficiales. El país necesita un cambio de modelo de gestión gubernamental radical, especialmente en el ámbito económico. Si Moreno no actúa pronto, el castillo de naipes caerá.
Carla Bonilla | @ CarliBonilla
Ecuatoriana. Periodista y Comunicadora. Máster en Gerencia Política y Gobernabilidad