Aunque las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) se desplomaran a cero al día de hoy, el cambio climático ya causado perjudicaría significativamente la salud a nivel global durante el siglo XXI (Hoegh-Guldberg, Jacob y Taylor, 2018). Ello indica la absoluta urgencia de reducir drásticamente nuestras emisiones de GEI mediante el Acuerdo de París. Pero también implica la necesidad de que gobiernos, instituciones, empresas, comunidades, familias e individuos empiecen a prepararse para evitar o minimizar en lo posible la proporción de los efectos en la salud de los impactos climáticos que no son ya evitables.
Las respuestas de adaptación necesarias son obligadamente diversas y multisectoriales. Incluyen, por ejemplo, sistemas adecuados para prevenir o responder a emergencias climáticas, recuperación de desastres y apoyo a los refugiados ambientales; el fortalecimiento de los sistemas de salud para tratar enfermedades y condiciones de salud agravadas por el cambio climático a medida que ocurren; y medidas preventivas, como viviendas más seguras, protección contra inundaciones, control de vectores, vigilancia epidemiológica mejorada, sistemas de información de alerta temprana y reducción del riesgo de desastres basada en sistemas comunitarios.
Es más, los datos confirman que en gran medida la resiliencia al cambio climático está asociada al desarrollo, de manera que este y la adaptación al cambio climático deben entenderse como un espectro continuo. Una adaptación en salud efectiva requiere mejorar los determinantes sociales y ambientales básicos. Sin embargo, los factores ambientales (por ejemplo, la contaminación del aire) representan una gran carga de enfermedad en la mayoría de los núcleos urbanos de medio y gran tamaño en América Latina y el Caribe. La provisión completa de servicios de agua potable y saneamiento y prácticas higiénicas en los países más pobres de América Latina y el Caribe también disminuirían la carga de enfermedades relacionadas con el agua y agravadas por el cambio climático. Más en general, mejorar el bienestar social, en particular facilitando el acceso a la educación de todas las niñas y mujeres en los países en desarrollo, no solo es fundamental para mejorar los estándares de salud, sino que también es esencial para fortalecer la resiliencia de las comunidades ante el cambio climático.
¿Qué puede hacer al respecto el sector salud en América Latina y el Caribe?
Es fundamental comprender que la mayor parte de las actividades necesarias para proteger la salud del cambio climático están fuera del ámbito competencial del sector salud. Lo que el sector salud puede y debe hacer al respecto es involucrarse activamente en promoverlas, asegurando la integración de la salud como elemento central en todas las políticas sectoriales relevantes.
Una herramienta básica para esta integración son las evaluaciones de vulnerabilidad e impacto en la salud que puedan garantizar que los beneficios para la salud se maximicen y se eviten los impactos negativos. Otra herramienta son los sistemas y planes de preparación para emergencias. Estos planes, así como sus respectivos sistemas de alerta temprana (SAT), deben centrarse en la protección de la salud, por lo que es importante que el sector salud esté formalmente involucrado desde la fase inicial. Sin embargo, más allá de las intervenciones específicas, no se puede lograr una protección efectiva sin un marco general multisectorial de políticas públicas. Existen varios ejemplos de esfuerzos de integración del sector salud como una prioridad en programas de adaptación; por su valor ilustrativo mencionaremos dos ejemplos: Perú y Chile.
En el caso de Perú, la salud es una de las áreas temáticas priorizadas en su Contribución Nacionalmente Determinada en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y las actividades para progresar en las medidas acordadas se han definido en el marco de un grupo de trabajo multisectorial (GTM). El proceso, aprobado al máximo nivel legislativo y ejecutivo, ha sido exhaustivo, participativo y transparente tanto a nivel general como sectorialmente, con especial atención al desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación.
Las 14 medidas de adaptación en el sector salud se enfocan en torno a tres áreas esenciales: población, servicios de salud e infraestructura, y se han definido metas e indicadores de progreso adecuados. De manera reveladora y crucial, el gobierno de Perú decidió priorizar el sector salud en su propuesta de proyecto al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, GEF por sus siglas en inglés) en relación con la Iniciativa para la Construcción de Capacidades en Transparencia (CBIT por sus siglas en inglés). Una alta capacidad de transparencia, monitoreo y evaluación en adaptación del sector salud en Perú puede ayudar crucialmente a establecer líneas de base creíbles para incrementar las posibilidades de financiación de fondos multilaterales a proyectos de adaptación en salud en el país.
Otro ejemplo destacable es el de Chile. En este caso, mediante un trabajo activo de su Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente prepararon un plan de adaptación sectorial (MINSA/MMA, 2016) que contó con un proceso de consulta pública a nivel nacional, así como con la aprobación unánime del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Parte importante de los ocho ejes de acción que estructuran este plan son los que asignan relevancia primordial a un fortalecimiento básico del sector, tanto en lo que respecta a institucionalidad como capital humano, así como poder insertar los temas de adaptación al cambio climático dentro de lineamientos y programas del Ministerio. Este enfoque asume que elementos constituyentes permanentes de los servicios y redes de salud públicos como son la vigilancia y uso de indicadores, promoción de las condiciones de salud en la ciudadanía, respuesta ante situaciones de emergencia o atención de la salud de las personas, deben agregar una mirada de disminución de su vulnerabilidad y mejorar su adaptación ante los cambios locales del clima. Con esto se asegura una mejor asimilación de estos nuevos conceptos de vulnerabilidad y adaptación climática dentro de los componentes ya existentes en los sistemas de salud vigentes, en vez de crear nuevas estructuras que no necesariamente aseguren una efectiva integración con las acciones y servicios existentes por décadas en el sector de la salud pública del país.
También se pretende ampliar la visibilidad y cobertura a lo largo del país de estas temáticas, usando las redes de salud públicas vigentes y en operación. Desde su aprobación, las líneas que han logrado mayor avance son las de organización institucional designando a nivel central el coordinador ejecutivo para la implementación de este plan y otorgándole financiamiento inicial, despliegue de información y capacitación a funcionarios en distintos puntos del país, partiendo por zonas más vulnerables (Arica y Parinacota, Araucanía). Todas estas actividades han sido financiadas con presupuesto nacional (MMA, 2018). No obstante ser parte de un conjunto de planes sectoriales de adaptación al cambio climático, que fueron aprobados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad entre 2014 y 2018, su implementación no ha estado exenta de problemas, particularmente por la asignación insuficiente de recursos para su implementación (CGRC, 2019; OPS, 2018).
Involucrar al sector salud en la lucha contra el cambio climático
Dadas las dimensiones de los impactos observados y previstos del cambio climático sobre la salud, el involucramiento de los profesionales de la salud en la batalla contra el cambio climático es simplemente imprescindible. Sin embargo, el sector salud generalmente no ha estado involucrado o ha jugado un papel menor hasta ahora en el proceso de diseño, desarrollo o implementación de la adaptación en muchos países de la región. De manera bien significativa, en un reciente informe la Organización Panamericana de la Salud (OPS) refleja que el sector salud ha participado de forma muy limitada en el proceso de desarrollo de los planes nacionales de adaptación (PNAD), siendo la falta de capacitación técnica y de recursos humanos y financieros en los ministerios de Salud las razones principales argumentadas (OPS, 2018). Estos factores son observables también en los ministerios de Salud en países de otras regiones y resultan en un limitado acceso a financiación de los fondos multilaterales sobre el cambio climático (Martinez et al., 2018), lo cual perpetúa la falta de capacidades y recursos, creando un círculo vicioso. Por tanto es crucial que las autoridades más familiarizadas con los mecanismos internacionales sobre financiación climática faciliten el acceso del sector salud a estos mecanismos con dispositivos formalizados y capacitación.
Sin embargo, conviene resaltar también que parte de la responsabilidad de esta falta de involucramiento recae en el propio sector salud. Por una parte, esto se debe al predominio absoluto del enfoque clínico frente al preventivo (por ejemplo, los países de la OCDE asignan menos del 3% del gasto total en salud a prevención); la naturaleza eminentemente preventiva de la adaptación en salud al cambio climático hace que parta en situación de desventaja absoluta frente a otras prioridades emergentes. Por otra parte, la idea de que un problema ambiental sistémico sea una competencia del sector salud frecuentemente encuentra resistencia en las instituciones del sector, por lo que no es infrecuente observar iniciativas sobre cambio climático y salud promovidas por instituciones de otros sectores, por ejemplo, medioambiente. Finalmente, hay un comprensible elemento de compensación moral y difusión de la responsabilidad, por el cual el sector salud —dada su vital importancia y presiones en su funcionamiento— estaría de alguna manera exento de responsabilidades de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases de efecto invernadero, de los cuales por cierto es generalmente un notable emisor.
Esta combinación de elementos representa un desafío que los datos aconsejan abordar de manera urgente. Con respecto a la adaptación, un papel central del sector salud es crucial para que sea efectiva para las comunidades a proteger. Con respecto a la mitigación, el sector salud es de alta intensidad de carbono y frecuentemente existen posibilidades para una reducción sin comprometer las funciones esenciales de los sistemas de salud.
Aunque se ha requerido de décadas para observar un cambio perceptible, la comunidad médica está comenzando a reaccionar. Hace pocos años la Asociación Médica Mundial recomendó a sus asociaciones miembro comenzar a retirar sus inversiones de compañías productoras de combustibles fósiles para invertir en otras con menor huella de carbono o de energías renovables (WMA, 2016). Esto es fundamental en un sector en que frecuentemente las asociaciones médicas gestionan importantes fondos de pensiones. En muchos países, las asociaciones médicas y de enfermería están comenzando a advertir periódicamente a sus gobiernos de la necesidad de tomar en serio las amenazas que el cambio climático supone para la salud. Esta labor de concienciación es fundamental, y nadie tiene más peso específico para hacerlo que los profesionales de la salud. No en vano, los profesionales de la salud son de los colectivos en que más se confía a nivel social (GfK Verein, 2016). Existen buenas razones para ello, y la protección de la salud contra el cambio climático debe convertirse en una razón más en los países y comunidades de América Latina y el Caribe.
Bibliografía
CGRC. (2019). Informe Final #416/2018 Ministerio de Salud del 7 de Junio 2019 al avance del Plan de adaptación al cambio climático Sector Salud.
GfK Verein. (2016). Estudio GfK Verein: confianza en las profesiones.
Hoegh-Guldberg, O., Jacob, D., & Taylor, M. (2018). Global Warming of 1.5 °C: an IPCC special report. IPCC.
Martinez, G., Berry, P., Balbus, J., Hodgson, T., Salazar, M., Sellers, S., y Hess, J. (2018). «The Adaptation Health Gap: a Global Overview». En H. Neufeldt, G. Martinez, A. Olhoff, C. Knudsen, y K. Dorkenoo (eds.), The Adaptation Gap Report (pp. 29–37). Nairobi: UN Environment.
MINSA/MMA. (2016). Plan de adaptación al cambio climático del Sector Salud. Santiago, Chile.
MMA. (2018). Tercer Reporte Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Santiago, Chile: Ministerio del Medio Ambiente.
OPS. (2018). Taller Subregional Salud en Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático: Sudamérica. Washington DC, USA.
WMA. (2016). World Medical Association statement on divestment from fossil fuels.
