No ha pasado ni siquiera un año de la sucesión de protestas en Latinoamérica. Sin embargo, la sensación es de un recuerdo lejano. Como a tantos otros temas, la pandemia lo ha eliminado de la agenda. Sin embargo, se trata de un desplazamiento temporal ya que las causas y los debates asociados a aquellas protestas no han desaparecido. Al contrario, algunos hasta se han visto aumentados a raíz del COVID-19.
El COVID-19 y los problemas preexistentes
Las protestas de fines de 2019 y principios de 2020 habían generado fuertes debates en América Latina. No sólo para discutir sobre las causas de la crisis, o las crisis, su posible trasfondo político, la desigualdad social subyacente o la expresión de sectores descontentos. También se había puesto el foco en cuestiones como el rol de las fuerzas de seguridad, el uso de las redes sociales en protestas, el control de los gobiernos y la situación del Estado de Derecho. En resumen, desafíos importantes para la región que esas protestan habían puesto sobre la mesa.
Es posible que la llegada del COVID-19 haya quitado a muchos de estos temas de la agenda de los medios. No obstante, esto ha cambiado. Tras más de 100 días viviendo esta situación atípica de distanciamiento social, cuarentena y lockdown económico, parcial o total, resulta evidente que la pandemia no sólo da cuenta de una crisis sanitaria de proporciones globales. También refleja problemas de más larga data. Y no sólo los subraya, sino que los profundiza. Ejemplo de ello es la cuestión de la desigualdad. Aquella persona que vive de la economía informal y que no puede salir a trabajar ve un empeoramiento constante, y para algunos desesperante, de su situación. La diferencia con alguien que posee un trabajo registrado, que sigue cobrando y que puede hacer homeoffice es enorme.
Debates prepandemia: el rol de las fuerzas del Estado
Una de esas problemáticas que habían generado un fuerte debate tras las protestas sociales prepandemia era el rol de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Su accionar generó mucha polémica y hubo denuncias por exceso del uso de la fuerza y hasta violaciones de los derechos humanos. Con esa cuestión sin resolver, la llegada del COVID-19 obligó a los gobiernos a hacer uso de todos los recursos disponibles, incluyendo esas fuerzas de seguridad y armadas. La situación de excepcionalidad así lo demandaba, y lo explica Jaime Báez, Profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile explica esa situación “se recurre a las fuerzas armadas de manera excepcional dado que la contingencia impide que sólo las fuerzas de seguridad puedan proveer el orden en términos de lo que son los confinamientos, las protecciones de medios de distanciamiento social, etc.”
Jaime Baeza, autor de uno de los artículos de la última edición de la revista impresa de Diálogo Político junto a María Cristina Escudero, también profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, señala un peligro importante a la hora de otorgar roles o competencias a las fuerzas armadas que corresponden a las fuerzas de seguridad o viceversa: “En las democracias desarrolladas tienen separadas el nivel interno del nivel externo. Las fuerzas armadas tienen un rol que cumplir en la sociedad y las fuerzas de seguridad tienen otro rol que cumplir.” Según Baeza y Escudero el propio entrenamiento de cada una de esas fuerzas está pensado para actividades diferentes. Y de ahí deriva el problema de poner a los militares a controlar el orden público. Esa no es su función.
El peligro de librar una “guerra” contra la delincuencia
La militarización del accionar de las fuerzas de seguridad convierte a la lucha contra la delincuencia en una guerra. Así, los delincuentes se transforman en combatientes y se inicia una escalada del conflicto. Algo que desemboca en un empeoramiento de la situación. Baeza explica que aquellos países que, por ejemplo, “han militarizado la lucha contra el narcotráfico” no se ha logrado detenerlo, al contrario, se ha aumentado. En efecto, el académico señala que la utilización de las fuerzas armadas en esta tarea denota un problema anterior: “la policía no funciona”. Y con ello, el Estado está fallando por no brindar las condiciona o los medios para que las fuerzas de seguridad puedan cumplir con su rol.
La situación de la policía es un tema que también se analiza en la revista de Diálogo Político. En su artículo, el Profesor de la Universidad del Rosario, en Colombia, Juan Carlos Ruiz-Vasquez señala que cuestiones como la confianza en el organismo, los bajos salarios y limitaciones en el equipamiento y el nivel de mortalidad son algunas de las tareas sin resolver en nuestra región.
Otro aporte importante en el mencionado número de Diálogo Político es el de José Emilio Graglia, presidente del Instituto de Ciencias, Estado y Sociedad de Argentina, y la directora de dicho organismo, Carla Tassile sobre políticas públicas. Allí explican que la falta de desarrollo de políticas públicas eficientes en materia de seguridad puede ser la causa de aquel tipo de respuesta. En su texto los autores ponen en relación esa deficiencia con algo que hablábamos al inicio de este episodio: las protestas de fines de 2019 y principios de 2020.
Otros retos de la seguridad en la región
Los desafíos en materia de seguridad no se circunscriben exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico. Existen otros delitos que van más allá del comercio de sustancias prohibidas. En su artículo, Pedro Piedrahita, profesor de la Universidad de Medellín y experto en temas de Seguridad, sostiene que el crimen organizado genera miles de millones de dólares anualmente en otras actividades. El tráfico de seres humanos, la falsificación de productos, el tráfico de órganos, de armas, de especies salvajes, de arte y también de recursos como diamantes, petróleo, madera, son solo algunas de ellas. Este panorama obliga a los Estados multiplicar su capacidad de respuesta.
Diego Sanjurjo, doctor en ciencia política y columnista del diario El Observador de Montevideo, explora la cuestión de la violencia armada y la proliferación de armas en América Latina. Su texto, publicado en la mencionada edición impresa de la revista de Diálogo Político, señala las tasas de muertes violentas. En países como El Salvador, Venezuela u Honduras las muertes violentas cada 100.000 habitantes superan las 60, llegando a 100 en el caso de El Salvador. De ellas, más de dos tercios se produce por armas. Armas que en casos como el de México, por ejemplo, llega desde la frontera norte, del mercado estadounidense. Esto favorece a grupos criminales y alimenta la guerrilla urbana que se da entre ellos y con las fuerzas del orden.
Control de protestas
Las protestas callejeras son eventos que hoy en día también se relacionan con la cuestión de la Seguridad. No sólo por las implicancias que pueda tener para la labor de fuerzas de seguridad, por las tensiones que puedan surgir o por el impacto en la estabilidad de un sistema. En el caso de regímenes autoritarios, el control sobre estas manifestaciones se vuelve una cuestión de Estado.
Con el surgimiento y expansión del uso de las redes sociales, el manejo de estas situaciones se volvió mucho más complejo. Iria Puyosa, investigadora y consultora en comunicación política, estrategias digitales y políticas públicas para internet señala los tipos de censura y controles que implementan los gobiernos de corte autoritario y lo diferencia de los regímenes híbridos. En un inicio cuando se hablaba de “censura en internet se refería principalmente a medios técnicos o bloqueos. China era el paradigma de la censura en Internet.” La experta explica que el problema de esa censura es el costo de implementarla. No por cuestiones monetarias o de infraestructura, sino el costo de reputación para el gobierno que la ejecutase. Su imagen hacia la comunidad internacional quedaba dañada.
“Lo que llamamos regímenes híbridos, que efectivamente tienen rasgos autoritarios pero conservan algunas formas democráticas, también se aplican restricciones, sutiles, en algunos casos de naturaleza administrativa”, explica Puyosa que escribió sobre el tema en la revista de Diálogo Político. También señala la velocidad con la que los gobiernos de signo autoritario se adaptaron al uso de redes sociales, desarrollando incluyo un aparato de comunicación sumamente aceitado.
Los mecanismos de control se ha vuelto cada vez más sofisticados. Países como China, por ejemplo, han desarrollado herramientas como la de reconocimiento facial. Su manejo del big data se lo permite. Con ello son capaces de identificar a los díscolos, detectar violaciones a las normas y mostrar las caras de esos transgresores en pantallas gigantes en la vía pública. Esta forma de exposición y fomento del control social mutuo del país asiático es explicado por Carmen Beatriz Fernández, consultora política y CEO de DataStrategia, en su artículo de la revista de Diálogo Político.
Esas formas de exposición pública también suceden en el plano virtual. Iria Puyosa, explica que ciertos gobiernos utilizan a los trolls en las redes sociales para amedrentar activistas sociales y políticos. “No es que el gobierno impide a la gente expresar sus ideas, sino que otros usuarios en su acción, a veces muy hostil, los obligan a replegarse”, sostiene Puyosa. El objetivo es la autocensura a partir del miedo.
Esta suerte de batalla que se da en el plano de las redes sociales entre activistas y gobiernos autoritarios es solo uno de los aspectos que despierta la digitalización en la actualidad. En un episodio reciente del podcast Bajo la Lupa se analizó la cuestión de la desinformación y sus efectos. Y en esta última edición de la revista de Diálogo Político el profesor de la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de Brasil, Eduardo Magrani también realiza un aporte al respecto. No solamente sobre la desinformación y uso de redes sociales en ese sentido, sino también en relación a la cuestión de la protección de los datos personales.
La situación de la seguridad en América latina tiene muchas facetas, quizás demasiadas. De hecho el dossier de Diálogo Político sobre el tema avanza sobre otras cuestiones como el realizado por el rector de la Universidad Diego Portales de Chile, Carlos Peña, que explica la situación de la crisis social en Chile. También los textos sobre las cuestiones ambientales que plantean tanto Paola Bautista de Alemán, miembro de la Junta de Dirección Nacional del partido Primero Justicia en Venezuela, como Mariana González, candidata a doctora por el Instituto de Futuros Sostenibles de la Universidad Tecnológica de Sydney. En incluso sobre la seguridad en el discurso de la ultraderecha de Franco Delle Donne, doctor en Comunicación por la Freie Universität Berlin.
El desafío de la seguridad en nuestra región está relacionado con su desarrollo. Sin paz social es muy difícil imaginarlo. El contexto prepandemia planteaba un escenario con grandes dificultades. Las causas de las protestas no han desaparecido y posiblemente se profundicen a causa del COVID-19. Tal vez los Estados latinoamericanos puedan transformar esta crisis en una oportunidad. Lo sabremos en algún tiempo.
