En política, pocas cosas son tan reveladoras como aquello en lo que un gobierno insiste. Y si algo ha sido constante en el oficialismo mexicano desde su llegada al poder en 2018 es su obsesión por reformar el sistema electoral.
No es casual. Las reglas electorales no son neutrales: determinan quién compite, en qué condiciones y con qué probabilidades de ganar. Modificarlas no es un acto técnico o de austeridad como quieren hacer parecer, es una decisión profundamente política. Como lo ha mostrado la teoría institucional, cambiar las reglas del juego no solo altera procesos, altera resultados.
Desde el inicio del sexenio pasado, y ahora con la reforma impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, el patrón es claro: bajo el discurso de austeridad, modernización o democratización, se han intentado rediseñar los equilibrios del sistema político mexicano. El objetivo de fondo no parece ser únicamente reducir costos, sino modificar las condiciones de competencia.
La historia reciente de la reforma electoral en México puede leerse en tres momentos: la reforma que no se aprobó durante el gobierno de AMLO, la reforma recientemente aprobada (al tratarse de una reforma constitucional, aún debe ser aprobada por al menos 17 congresos estatales para entrar plenamente en vigor) y las consecuencias de lo aprobado. Ahí está la clave para entender hacia dónde se mueve el sistema político mexicano.
La reforma que no prosperó
El llamado Plan A (que fracasó y pasó a ser llamado Plan B en el segundo intento de reforma) representaba una transformación profunda del sistema electoral mexicano. No se trataba de ajustes marginales, sino de un rediseño integral de las reglas de representación, financiamiento y operación electoral.
Entre sus elementos más relevantes estaba la modificación en la integración del Congreso, la eliminación de figuras de representación proporcional en el Senado, la reducción del financiamiento a partidos, la eliminación del Programa de Resultados Preliminares (con los que se tenía el resultado electoral la misma noche de la votación), la disminución de tiempos en radio y televisión y la ampliación de mecanismos como la revocación de mandato.
Bajo una narrativa de eficiencia y ahorro, la propuesta apuntaba a varios efectos estructurales: reducir espacios de representación política, particularmente para fuerzas minoritarias; debilitar capacidades técnicas e institucionales del sistema electoral; y disminuir contrapesos en el Congreso y en los órganos electorales. El problema de fondo no era cada medida en lo individual, sino su combinación. Analizadas en conjunto, estas propuestas implicaban una reducción del pluralismo político y una mayor concentración del poder.
Desde una lógica de teoría de juegos, lo que se intentaba modificar eran tres elementos clave del sistema: el número de jugadores, las reglas de competencia y la distribución de recursos. Es decir, no se trataba de cambiar una política pública, sino de reconfigurar el equilibrio del sistema.
La falta de consensos legislativos impidió que esta reforma prosperara. De hecho, fueron los partidos aliados del gobierno quienes retiraron su apoyo porque era un suicidio político. Pero el intento dejó claro el sentido de la estrategia: si no se podía cambiar todo el sistema de una vez, se buscaría hacerlo por partes.
La reforma que sí se aprobó
Tras el fracaso del plan A, el oficialismo impulsó una versión más acotada. El plan B formalmente se presentó como una reforma de austeridad y reducción de privilegios. Sustantivamente, mantuvo la lógica de reconfiguración del poder político.
De la propuesta original, se aprobaron medidas como: límites salariales para funcionarios electorales, topes al presupuesto de congresos locales, reducción de regidurías en ayuntamientos, recorte progresivo al presupuesto del Senado.
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A primera vista, todas estas medidas pueden parecer razonables bajo el discurso de eficiencia del gasto. Sin embargo, su efecto político es más profundo. El análisis conjunto de estas decisiones muestra un patrón consistente: centralización del poder (prácticamente son puras medidas que afectan en lo local), debilitamiento de estructuras locales y reducción de espacios de representación.
En términos estructurales, esto tiene efectos. La reducción de presupuestos debilita la capacidad operativa de congresos locales y gobiernos municipales. Al disminuir las regidurías reduce el número de actores políticos relevantes a nivel local. Los recortes al Senado afectan su función como contrapeso federal.
Esto no es menor. En cualquier sistema político, el control del presupuesto es control del poder. Y al concentrarse los recursos, se concentra también la capacidad de decisión.
No está de más recordar que la propuesta original del plan B, presentado por Sheinbaum, estaba tan mal que acababa aumentando los puestos locales en la mayoría de los municipios y solo los reducía en menos de 60 (de 2,478).
Pero no se aprobó todo lo propuesto, como la ampliación de la revocación de mandato, también es relevante. Su rechazo muestra que aún existen límites políticos dentro del propio bloque oficialista. Pero no cambia la dirección general de la reforma.
Las consecuencias
El efecto más importante de la reforma no está en cada medida aislada, sino en el equilibrio que produce en el sistema político.
Cuando se reducen actores, se concentran recursos y se modifican las condiciones de competencia, el resultado es un sistema con menor pluralismo y mayor concentración de poder. El análisis desde teoría de juegos es particularmente útil aquí: la reforma modifica simultáneamente el número de jugadores, la matriz de pagos y las reglas del juego.
Esto tiene tres consecuencias principales:
- Menor competencia política territorial. Al reducirse estructuras locales y espacios de representación, disminuye el número de actores capaces de competir. Menos jugadores implica menor competencia y mayor previsibilidad electoral.
- Centralización del poder político. La concentración del presupuesto en el nivel federal incrementa el poder relativo del Ejecutivo frente a estados y municipios, debilitando el federalismo.
- Debilitamiento de contrapesos democráticos. Los recortes a congresos locales, al Senado y a órganos electorales reducen su capacidad técnica y política, afectando su función de control.
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El resultado es un nuevo equilibrio político: más concentrado, con menos actores relevantes y con menor competencia efectiva. Y aquí está el punto clave: este equilibrio no depende de una elección específica. Depende de las reglas. Una vez que cambian, cambian también los resultados futuros del sistema.
Las reformas electorales siempre se presentan como ajustes técnicos. Pero en realidad son decisiones sobre el poder.
Lo que hemos visto en México en los últimos años no es una reforma aislada, sino una estrategia sostenida: primero intentar rediseñar el sistema completo, luego avanzar parcialmente en la misma dirección.
La reforma que no pasó mostró la ambición. La que sí pasó muestra el método. Y sus consecuencias muestran el destino. Cuando cambian las reglas, cambia el juego.
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