Retos para las políticas públicas pospandemia en América Latina y el Caribe

Una de las consecuencias más evidentes que ha dejado la crisis del COVID-19 para las políticas públicas de América Latina […]
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9 Sep, 2020
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Articulo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Una de las consecuencias más evidentes que ha dejado la crisis del COVID-19 para las políticas públicas de América Latina y el Caribe (ALC) ha sido enfrentar la fragilidad de nuestros sistemas de protección social en tiempos en que la seguridad social y los derechos sociales se encuentran interpelados.

Previo al COVID-19, a nivel mundial solo el 45 % de la población mundial tenía cobertura en al menos un programa de protección social y solo el 29 % se encontraba protegido por un sistema de seguridad integral (OIT, 2017). En tanto, en América Latina y el Caribe alrededor del 40 % de la población no cuenta con ningún tipo de protección social.

Con la llegada de la crisis del coronavirus se han vuelto más notorias las vulnerabilidades asociadas a las brechas de género, la empleabilidad, el hacinamiento, la pobreza y desigualdad; problemáticas que históricamente nos han acompañado como región y que con la crisis nos obligan a plantearnos los desafíos para la construcción de políticas públicas.

En primer lugar, hasta que no se desarrolle una vacuna la región tendrá que lidiar con el virus, lo cual, sin duda, genera incertidumbre respecto al comportamiento de este. Países del continente europeo han sufrido rebrotes que los han obligado a volver a tomar medidas restrictivas y extender los beneficios sociales. La realidad parece indicar que para esta región no será distinto. Un primer reto será extender las políticas y beneficios sociales a largo plazo e implementar un buen diagnóstico con datos que den cuenta de la profundidad de los cambios socioeconómicos que aquejan a los hogares de ALC.

En segundo lugar, la extensión de las políticas públicas a los más vulnerables y dañados por la pandemia también amerita repensar la sostenibilidad fiscal. Previo a la pandemia, los países en su mayoría venían de una situación fiscal débil, con crecientes deudas públicas, acumuladas de años. Adoptar políticas de emergencia implica dinamizar la economía en el corto plazo y fortalecer a largo plazo la capacidad fiscal de los países de la región, conteniendo el gasto y la deuda pública con la finalidad de retomar la senda del crecimiento económico.

En tercer lugar, fortalecer la red de seguridad social integrada, especialmente las políticas destinadas al cuidado de niños y ancianos, y atender el desempleo, la informalidad y el hambre que impactan especialmente a las mujeres, jóvenes, ancianos, indígenas, afrodescendientes y migrantes. En sintonía con ello, los programas sociales deben ajustar los criterios de elegibilidad, de modo de ampliar la red de beneficiarios.

Finalmente, las políticas sociales deben ir de la mano de instituciones y líderes comprometidos con la democracia. Tras cinco meses de la llegada del coronavirus a la región, los gobiernos han implementado medidas de emergencia que no han estado exentas de problemas en su tránsito, dadas las rivalidades de grupos políticos que en tiempos de crisis abren paso a acciones demagogas y sin sentido de comunidad. Este comportamiento solo ocasiona que la población pierda la confianza en la gestión de la pandemia.

Los retos expuestos sin duda implican que toda transformación en las políticas públicas debe ir a la par con la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible (BID, 2020). En efecto, la crisis del coronavirus pone a contrarreloj el diseño de políticas públicas y la manera en que estas responden a los nuevos desafíos e interrogantes económicos, sociales y globales en un contexto histórico sin precedentes para la región.

 

Referencias

BID (2020). Salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad: una estrategia para un nuevo compacto social en América Latina y el Caribe. Nueva York: Banco Interamericano de Desarrollo.

OIT (2017). Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019: La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.

Cientista política (Universidad Alberto Hurtado, Chile). Magíster en Gestión y Política Pública (Universidad de Chile). Investigadora del Centro UC de la Familia, Pontificia Universidad Católica de Chile

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