En algunos foros de discusión se ha sugerido que Europa puede asumir el vacío dejado por Estados Unidos tras el cierre de sus programas de cooperación internacional. La medida de la administración Trump tuvo un impacto significativo en América Latina, donde varios países dependen de estos fondos para fortalecer la democracia, las instituciones y proyectos sociales fundamentales.

Sin embargo, el continente europeo carece de la capacidad y el margen de maniobra para sustituir a Washington en este ámbito. A continuación explicamos por qué.

USAID en América Latina

Según Americas Quarterly, la asistencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en América Latina durante el año 2023 fue de 3.700 millones de dólares. De estos fondos, 1.700 millones fueron desembolsados a través de USAID y 1.400 millones por el Departamento de Estado. Este dinero se destinó a proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria. Algunos temas claves fueron la erradicación de la pobreza, la lucha contra el narcotráfico y la protección del ambiente. En el caso de Colombia, una parte significativa de estos recursos se asigna a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Aunque es posible que la asistencia se descongele tras los 90 días, se espera que su enfoque cambie sustancialmente. Según expertos, las nuevas prioridades incluirán la lucha contra la migración ilegal desde Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos, la erradicación del narcotráfico y el fortalecimiento del Estado de derecho. En contraste, los programas de desarrollo integral, el fortalecimiento de la sociedad civil y la ayuda humanitaria podrían sufrir recortes. El cambio de prioridades podría tener consecuencias a largo plazo. La reducción de estos programas podría exacerbar las causas estructurales que impulsan la migración irregular.

¿En qué se gasta?

En el año fiscal 2023, Estados Unidos destinó 3.700 millones de dólares a la asistencia internacional en América Latina. De estos, Usaid administró 1.900 millones. Colombia, Haití y Guatemala fueron los principales receptores.

El congelamiento de estos fondos tiene un impacto generalizado en la región. En Colombia, estos recursos se destinan a la atención de migrantes venezolanos, la reducción del conflicto armado mediante el Plan Colombia y la erradicación de cultivos ilícitos.

Por otro lado, para Venezuela la asistencia se enfocó en atender a los migrantes en la región para disuadir su llegada a Estados Unidos. En Perú, los fondos buscan reducir la producción de cocaína y fortalecer las economías regionales. En Brasil, Estados Unidos financia programas de protección ambiental en la Amazonía y estrategias para combatir la deforestación.

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En Centroamérica, la asistencia se orienta a abordar las causas estructurales de la migración ilegal mediante programas de reducción de la violencia. De igual forma, a la promoción de la gobernanza efectiva y desarrollo económico en Guatemala, Honduras y El Salvador. La posible reducción de estos fondos podría agravar la migración irregular al limitar los esfuerzos para combatir sus causas de raíz.

¿Puede Europa asumir el vacío?

Europa enfrenta actualmente una serie de desafíos que dificultan su capacidad para reemplazar la asistencia estadounidense en América Latina. En primer lugar, la relación entre la Unión Europea y la administración de Donald Trump se encuentra en un punto crítico. El presidente estadounidense ha acusado repetidamente a Europa de aprovecharse comercialmente de Estados Unidos e impuso nuevos aranceles al acero y aluminio europeo. Además, anunció que el 2 de abril de 2025 se impondrán aranceles del 200% a productos alcohólicos provenientes del continente europeo.

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Las tensiones también se han exacerbado en el ámbito de la seguridad. Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, la administración Trump afirmó que las negociaciones sobre la guerra en Ucrania entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania no incluirán emisarios europeos. Además, Trump ha instado a la UE a asumir su propia defensa, sugiriendo que Estados Unidos dejará de ser el garante de la seguridad del continente. En respuesta, la UE ha anunciado un plan de rearmamento que incluye 150.000 millones de euros en préstamos de bajo interés para la compra de armamento y un relajamiento de las reglas fiscales que permitiría movilizar hasta 650.000 millones de euros para fortalecer su capacidad militar.

En 2023, la cooperación internacional de estadounidense fue de 89 mil millones de dólares, mientras el total europeo fue de 36 mil millones de euros, que serían aproximadamente 39 mil millones de dólares.

Prioridades

A la par, la UE ha comprometido 5.000 millones de euros en asistencia militar para Ucrania. Sin embargo, las diferencias dentro del bloque dificultan la implementación de estas políticas. Mientras que los países más cercanos a Rusia apoyan un mayor gasto en defensa, otros más alejados del conflicto muestran resistencia a incrementar su inversión en seguridad.

En este contexto, América Latina no es una prioridad para la política exterior europea. En una entrevista, el ministro de desarrollo de Francia, Thani Mohamed-Silihi, afirmó que, si bien la UE desempeña un papel crucial en la asistencia internacional, no cuenta con los medios necesarios para sustituir a USAID. Además, los países europeos están implementando políticas de austeridad para reducir el gasto público, excepto en lo relacionado con defensa y Ucrania. Alemania, el principal donante de ayuda internacional en Europa y el segundo mayor a nivel mundial después de Estados Unidos, redujo su asistencia en aproximadamente 5.000 millones de euros en 2024.

Conclusiones

Si bien América Latina es una región de interés para Europa, sus actuales prioridades están enfocadas en la seguridad continental y el fortalecimiento de su capacidad militar. La reducción del gasto público y el enfoque en la guerra en Ucrania limitan el margen de maniobra de la UE para sustituir a USAID en la región.

En consecuencia, todo indica que América Latina seguirá dependiendo de la asistencia de Washington y deberá adaptarse a las nuevas prioridades y exigencias de la administración Trump.

El 13 de marzo, el mismo día en el que la NBC reveló que la Casa Blanca le había pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, el presidente de ese país, José Raúl Mulino, anunció el cierre de la ruta de migrantes del Tapón del Darién.

En su intervención semanal ante medios de comunicación, Mulino aseguró: “Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”. El presidente panameño se refería al fin de las actividades de los centros migratorios en su parte de la selva del Darién.

Sin embargo, pese a todas las medidas anunciadas por el presidente —como la disminución (98%) del flujo de migrantes que cruzan desde Colombia la selva del Darién hacia EEUU, la venta de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal  por parte de empresa hongkonesa CK Hutchison al fondo de ​​inversión estadounidense BlackRock o la retirada de la Ruta de la Seda— la postura trumpista  de que el control del Canal regrese a EEUU no han cambiado.

Durante su discurso de investidura, el presidente Trump mencionó seis veces el Canal de Panamá. Desde ese momento él y miembros de su administración, como el secretario de Estado, Marco Rubio, o el delegado para asuntos de América Latina, Mauricio Claver-Caron, se refirieron a este tema en múltiples ocasiones. Trump sustenta sus intenciones en tres principales narrativas que son falsas o engañosas.

Las supuestas 38.000 muertos estadounidenses en la construcción del Canal es una cifra inflada. En realidad, murieron alrededor de 350 ciudadanos estadounidenses y un total de 5.600 trabajadores, la mayoría eran antillanos, españoles e italianos. Trump afirma que Estados Unidos «regaló» el Canal a Panamá por $1, cuando en realidad se trató de un proceso negociado en el Tratado Torrijos-Carter. Además, instaló la idea de que China controla el Canal, lo cual es falso, pues este sigue siendo manejado por la Autoridad de Canal. Aunque es cierto que hay inversiones chinas en sectores estratégicos como infraestructura.

Presiones geopolíticas

Para Carlos González, exgerente del proyecto de IDEA Internacional en la asistencia técnica al Tribunal Electoral de Panamá, a pesar de que Trump ha centrado su discurso en el Canal de Panamá, en realidad, esta crisis debe entenderse en el contexto de la guerra comercial y estratégica entre EEUU y China.

En los últimos años, China aumentó su presencia económica en América Latina, desplazando a EEUU como principal socio comercial en varios países. Panamá, con su ubicación clave y su control del Canal, es un escenario de disputa entre ambas potencias.

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China ha aumentado su presencia en Panamá desde 2017, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países y Panamá rompió su vínculo con Taiwán. El historiador Alfredo Castillero asegura que “esa presencia se evidencia en negocios de infraestructura, carreteras, minería y en los dos puertos». Pero esto no significa que China controle el Canal. Por el Canal de Panamá transitan 14.000 barcos al año, lo que representa el 5% del comercio mundial. Alrededor del 40% del tráfico de contenedores estadounidense pasa por allí, mientras China representó el 21,4 % del volumen de carga, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.

Controlar el Canal o presionar a Panamá para restringir el paso de barcos chinos daría una ventaja a EEUU. Según Castillero, este paso es clave para China por el comercio hacia el Caribe y el Atlántico y porque es una vía fundamental para el gas natural licuado proveniente de Colombia. El académico recalca que cualquier restricción de este tipo violaría el Tratado de Neutralidad.

La respuesta de Mulino

El presidente Mulino tuvo que afrontar las presiones y amenazas de Trump. Si bien en algunas de sus intervenciones el presidente defendió la soberanía panameña, su estrategia ha sido inconsistente. Por un lado, ha rechazado públicamente las amenazas de Trump. Por otro, hizo concesiones significativas en temas como migración y seguridad sin recibir beneficios claros a cambio.

Una semana antes de la visita de Marco Rubio, el presidente dio su conferencia de prensa y anunció lo que iba a entregar. ¿Qué tipo de negociador dice todo lo que está dispuesto a dar antes de acordar? Mencionó la cooperación en materia migratoria, en la lucha contra el crimen y reiteró que Panamá es la frontera sur de EEUU.

Otra de las críticas al manejo de esta crisis por parte del presidente es que no ha construido una estrategia multilateral sólida. Mientras otros amenazados por Trump, como Canadá y la Unión Europea, han buscado respaldo internacional, Panamá ha mantenido una postura más aislacionista.

La crisis interna panameña

Para la periodista Lina Vega Abad, presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana y licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, también se debe tener en cuenta que internamente Mulino afronta problemas.

El país atraviesa una crisis económica y en un contexto de alta deuda pública, lo que lo hace vulnerable a presiones externas. También hacen eco los líos por la explotación de una mina de cobre por una filial de la canadiense, First Quantum Minerals. A su vez, tiene participación de capital chino a través de Jiangxi Copper Co., una empresa estatal china.

Además, lleva a cabo una agenda de reformas, como la del sistema de seguridad social (que ya fue aprobado en tercer debate en el Congreso), cambios en la Constitución y una «reforma del Estado» para contener el gasto público.

Los expertos consultados coinciden en la necesidad de que el gobierno panameño cambie su estrategia solitaria y que realice cabildeo en el Congreso estadounidense. En lugar de seguir haciendo concesiones unilaterales, Panamá debería buscar apoyo en organismos internacionales como la ONU y la OEA, donde el Tratado de Neutralidad del Canal es reconocido. También podría construir alianzas con otros países presionados por Trump, como Canadá, México y la Unión Europea. Además, sumaría desarrollar una estrategia de comunicación efectiva para desmentir las falsedades de Trump en la opinión pública internacional.

Venezuela se encuentra ante un nuevo intento de reforma constitucional. Se anunció la próxima presentación de la iniciativa y se designó una Comisión Nacional para la Reforma Constitucional, compuesta por personas cercanas al círculo gubernamental. Además, hubo referencias a un proyecto de 80 artículos, ya redactado, con ideas preliminares para la reforma constitucional. 

Aunque, en realidad, no se conoce el documento, el proponente de la reforma aludió a los cuatro ámbitos u objetivos que persigue la reforma. Como propósito general, se hace un llamado a un gran nuevo consenso, a un debate nacional unificador y al reconocimiento de nuevos derechos.

Objetivos de la reforma

La reforma planteada persigue cuatro puntos centrales. En primer lugar, busca la “ampliación y perfeccionamiento de la democracia participativa, protagónica y directa”. Esto es, “construir un nuevo sistema de Estado democrático e incorporar el Poder Comunal, Social y Popular». Se pretende transformar de raíz las gobernaciones y alcaldías, las viejas estructuras de los órganos de gobierno y legislación de los Estados y Municipios.

En segundo lugar, define los valores de una nueva sociedad desde el “humanismo” y el “nacionalismo revolucionario”, entre otros referentes. También se procura enfrentar las acechanzas del fascismo.

Por otro lado, se propone la instauración de un nuevo modelo económico, diversificado y autosuficiente, entre otros rasgos de una nueva economía. Finalmente, busca la actualización de todo el engranaje constitucional.

¿Inclusión o reforma dirigida?

La propuesta merece de entrada varias objeciones. La primera consiste en que no se ha justificado la reforma desde una racionalidad constitucional y democrática. Las constituciones no son inmutables, pero tienen vocación de permanencia. Sus reformas deben, por regla general, atender a insuficiencias detectadas, surgidas de la dialéctica permanente que sostienen con la realidad que intentan regir, que no es estática sino dinámica.

El asunto se torna problemático cuando se pretende cambiar una constitución que no ha sido plenamente aplicada, probada y confrontada con la realidad, sin voluntad de cumplirla. En la propuesta no se alude a imperfecciones concretas que deban ser superadas ni a desajustes específicos respecto de nuevos tiempos. La única materia particularmente mencionada es la del poder popular y asuntos conexos. Pero, aun así, desde una gran generalidad.

El cambio constitucional no solo obedece a insuficiencias de la Constitución advertidas con motivo de su aplicación. Sino que también refiere a circunstancias políticas extraordinarias que demanden un proceso amplio de reforma o génesis constitucional. En otras palabras: a momentos singulares de autodefinición política de la comunidad. Pero estos episodios se generan desde las fuerzas políticas y sociales emergentes, no se imponen desde arriba.

Si se tratara de canalizar reclamos de la sociedad política venezolana, habría que subrayar que hay cuestiones pendientes. Algunas: cumplimiento de la Constitución, transparencia electoral y respeto de la voluntad popular, persecución política y violaciones a derechos humanos, indispensable instauración de un Estado de Derecho, y recuperación del tejido económico y social, entre otras, que deben ser abordadas con carácter prioritario.

Debatible

Algunos partidarios de la reforma argumentan que, al haber transcurrido 25 años desde la vigencia (formal) de la Constitución, es aconsejable someterla a una amplia revisión. Esta es una falsa premisa. Las constituciones no son un producto con fecha de caducidad, desechable por el solo hecho de que el tiempo haya transcurrido.

En 2017, cuando se impuso una Asamblea Nacional Constituyente, se adujo, para justificar la pretensión de cambio constitucional, que según un estudio del PNUD cada 19 años en promedio se reemplazaban las constituciones. Este argumento es falaz. Basado en una investigación desarrollada por Ginsburg, Melton y Elkins, el estudio señala que desde 1789 hasta la fecha del informe, en los numerosos países considerados, en promedio cada 19 años hubo un cambio constitucional. Un dato empírico, no una recomendación ni estándar aceptable. Nótese que dicha investigación tuvo en cuenta toda clase de regímenes, así como las más variadas situaciones desencadenantes de una nueva producción constitucional.

Objetivos cuestionables

Se habla de construir un gran consenso nuevo. No obstante, el único modo de lograrlo en Venezuela sería yendo más allá de las propias filas y banderas, incluyendo posiciones diversas, reunidas en torno a los principios fundamentales de una democracia constitucional. Existe el peligro de que el consenso al que se apele sea entre copartidarios bajo una unilateralidad ideológica.

Las reservas se confirman si pasamos a considerar los cuatro objetivos genéricos de la reforma. Por un lado, no habría inconveniente en estimar admisibles modificaciones tendientes a ampliar la democracia participativa y protagónica. Siempre y cuando se ajustaran al federalismo, a la legitimación mediante el sufragio universal, directo y secreto y al pluralismo político, entre otras exigencias (artículos 4 y 6 de la Constitución). Pero, ¿por qué no se dictan leyes sobre la participación política, como la de los referendos, en lugar de precipitar la reforma constitucional?

Sabemos, sin embargo, que está presente la intención de formalizar el Estado comunal. Se ha instaurando en los últimos lustros mediante decretos leyes, leyes y otros instrumentos, pese al rechazo popular del proyecto de reforma constitucional en 2007. El Estado comunal resulta antidemocrático por implicar una imposición ideológica, la del socialismo, y por socavar el ámbito y significación política de los estados, municipios y de las autoridades electas en estas entidades. Planteado así, estaríamos ante un serio riesgo para los principios fundamentales de la Constitución.

Por otro lado, vagamente se alude a los propósitos de definir los nuevos valores de la sociedad, el nuevo modelo económico y de revisar el “engranaje” constitucional. Habrá que esperar al articulado para medir el alcance exacto de estas propuestas. Pero sería una amenaza a la libertad el intento de imponer desde el Estado los valores sociales. Y sería un error pretender fijar en la Constitución un modelo económico específico, más allá de las reglas generales que una constitución puede contener sobre el orden económico. Sobre los pretendidos cambios en el engranaje constitucional, es poco lo que ahora puede decirse.

La defensa de la Constitución

Debemos estar alertas ante la propuesta de reforma constitucional y ser conscientes de que todo ciudadano tiene el derecho de invocar y defender la Constitución como propia y común a la vez. No niego que la Constitución requiera modificaciones, como la supresión de la reelección indefinida. Pero la consideración de estas y otras revisiones debe inscribirse en un proceso de construcción democrática. Hay asuntos previos que resolver y no se ha promovido, primero, un debate libre y plural sobre la justificación de la reforma constitucional.

Conviene impulsar espacios sociales de discusión sobre estos asuntos, en ejercicio de nuestro derecho a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, reconocido por la jurisprudencia interamericana. Debe insistirse en la defensa de la Constitución, en forma propositiva, no reaccionaria, para reivindicar y testimoniar el pluralismo frente a los intentos de suprimirlo. Además, es preciso estar vigilantes y denunciar cualquier proyecto normativo dirigido a modificar la estructura o principios fundamentales de la Constitución, que no pueden ser alterados mediante reforma constitucional (artículo 342 de la Constitución). El referendo popular sería un recurso adicional para la defensa constitucional.

Persiste en el país por supuesto la necesidad de la transformación de la institucionalidad del Estado, para establecer un verdadero Estado democrático, con separación de poderes, respeto a la voluntad popular y a los derechos humanos. Solo una reforma que sirviera para fines democratizadores sería aceptable, siempre que se atendieran las cuestiones previas mencionadas.

Este artículo fue publicado originalmente en Agenda Estado de Derecho el 18 de marzo de 2025.

Vivimos una “prolongada recesión democrática”. Estas palabras pertenecen a Joan Hoey, directora del Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit (EIU). En el informe 2024 recientemente publicado, se señala que estamos ante un declive democrático que alcanza su punto más dramático desde la primera edición, en 2006. El índice registró un mínimo histórico cuyo valor fue 5,17 en un total de 10 puntos. El relevo comprende a 167 países. De este total, 130 naciones (el 78%) registraron una disminución o no mejoraron.

Si bien solemos normalizar la vida en democracia, tan solo un 7% de la población mundial reside en alguno de los 25 países catalogados como “democracias plenas”. Mientras, 39% de la población vive bajo “regímenes autoritarios”.

En general, las categorías que registraron los mayores descensos fueron: el funcionamiento del gobierno, el proceso electoral y el pluralismo. Este desempeño se considera “decepcionante”, teniendo en cuenta que 2024 fue un año en el que más de la mitad de la población global fue a votar. Incluso algunos de los más poblados del mundo, como Bangladesh, Brasil, India, Indonesia, México, Pakistán, Rusia y Estados Unidos. Según el informe anual de la publicación británica, el desafecto popular hacia los gobiernos se expresó en un apoyo creciente a populistas.

Aspectos claves

América Latina y el Caribe experimentan un deterioro democrático por noveno año consecutivo, en una región donde tan solo Uruguay y Costa Rica son “democracias plenas”. En contraste, Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua son considerados “regímenes autoritarios”.

Europa Occidental continúa siendo el faro democrático. Es la única región que mejoró su puntaje en 2024, en particular los países nórdicos (Noruega, Islandia, Suecia, Finlandia y Dinamarca) siguen dominando la clasificación del Índice de Democracia. Entre ellos se agregan Nueva Zelanda y Suiza entre las siete mejores puntuaciones. El fuerte de estos países reside en la participación ciudadana, libertades civiles y sistemas políticos transparentes.

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“Democracias defectuosas” es una categoría que se viene consolidando, con países como Estados Unidos y Francia. Pero también en nuestra región, con Chile, Panamá, Argentina, Brasil y Colombia, que se encamina a descender de categoría.

En tanto, los “regímenes híbridos” y los “autoritarios” comprenden un número significativo de países, mayormente de África, Asia y Oriente Medio. Se destacan debilidades en cuanto a los procesos electorales, restricciones a la libertad de prensa y la falta de separación de poderes. En lo que atañe a nuestra región, entre los regímenes híbridos encontramos casos como los de Paraguay, México, Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala y Bolivia.

Incremento de los autoritarismos

Como tendencia global y poniendo en contexto este informe cabe destacar que durante la última década se ha plasmado un consenso sobre la posibilidad de que el mundo político, tal cual lo conocemos, experimenta lo que el experto estadounidense Larry Diamond denominó una “recesión democrática”. Esta impresión se confirma en este informe, con el desempeño más bajo del índice desde que se tiene registro.

El número de países clasificados como democracias bajo este modelo se redujo de 79 en 2006 a 71 en la actualidad. Mientras, los regímenes autoritarios pasaron de 55 a 60. En tanto, los países catalogados en esa zona gris, de los “regímenes híbridos”, aumentaron, de 33 a 36.

Panorama incierto

Se enfrentan desafíos significativos, incluyendo factores como la erosión de las libertades civiles, desconfianza en las instituciones políticas, creciente polarización política y el ascenso de líderes autoritarios que erosionan los controles institucionales. Recibe especial atención un factor de erosión como el impacto de la tecnología y las redes sociales en cuanto a su contribución a la desinformación y los riesgos de manipulación política.

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Al igual que en anteriores informes, el panorama que se plantea para la vida democrática es incierto. El crecimiento de la desigualdad social y de ingresos documentado por autores como Milanovic, Acemoglou y Picketty, advierten sobre la acentuación de las divisiones entre una élite gobernante y profesional, que contrastan con el resto de la ciudadanía, desdibujando incluso el propio concepto de líderes democráticos.

En lugar de advertir las propias deficiencias de los sistemas representativos, el principal problema de nuestras democracias a menudo se identifica como el populismo. En otras palabras, se problematiza el populismo en lugar de abordar los problemas subyacentes cuyo corolario genera el auge de los movimientos populistas.

El drástico recorte de la cooperación internacional por parte de Estados Unidos da pie a una discusión sobre los efectos de esas ayudas necesarias en algunas regiones, como América Latina. El cierre de Usaid marcó un hito importante, sobre todo para el apoyo en asistencia humanitaria y desarrollo económico. Sin embargo, en Europa también varios países discuten retirar fondos usados en proyectos de alta importancia.

Si todos los Estados con posibilidades de cooperar en temas como salud, alimentación, control de virus, economía o gobernanza dejan de hacerlo, ¿qué pasará con los receptores de la ayuda? Este es un asunto especialmente importante en el fomento de la democracia, los partidos políticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

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Conversamos con Marcela Ríos Tobar, socióloga, politóloga y directora de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) para América Latina y el Caribe sobre los alcances de la disminución de la cooperación para el desarrollo y lo que se puede hacer desde los países de la región.

Pocos actores prodemocracia

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las democracias de América Latina debido al descenso de la cooperación para el desarrollo?

—La situación es preocupante. La cooperación para la democracia en América Latina viene en retirada desde hace dos décadas. Se mantenían (y se mantienen) pocos actores en la región, pero EEUU, ciertamente por la cercanía geográfica y los intereses geopolíticos, siempre tuvo un rol muy relevante. Particularmente en Colombia, Centroamérica y México. Este retiro golpea al mundo no gubernamental, a las ONGs y a las instituciones internacionales no solo de América Latina, sino también de EEUU.

Gran parte del presupuesto de Usaid estaba destinado a temas de desarrollo económico y social, ayuda humanitaria y salud. El aporte para democracia era muy pequeño, como del 2% del presupuesto a nivel global. En un contexto como el latinoamericano, con pocos actores internacionales financiando el trabajo prodemocracia, y con Estados latinoamericanos que, en general, no tienen políticas activas de fomento del sector no gubernamental, es un impacto muy relevante.

Estabilidad y riesgo

¿Cómo afecta a la estabilidad política y económica de los países latinoamericanos la disminución de la cooperación?

—En algunas zonas esto puede contribuir a más inestabilidad. El descenso de la cooperación puede tener efectos indeseados, como mayor migración. Estoy pensando particularmente en Centroamérica, pero también en los otros países de la región. Antes había un apoyo muy importante en temas de salud, producción de alimentos, acceso al agua potable, en la implementación de los acuerdos de paz en zonas que todavía tienen resabios de conflicto, como en Colombia.

Este retiro de la cooperación puede tener un efecto bien contraproducente en algunos lugares donde tenemos democracias tensionadas, como el caso de Guatemala y Honduras. No tendrá ese mismo efecto en todos lados. En países con un ingreso medio alto como, Uruguay o Chile, o en grandes, como México o Brasil, la presencia era, si no inexistente, muy pequeña y no tenían un rol gravitante.

Pero en los países donde la presencia de cooperación era importante y tenía un rol muy activo, que no necesariamente va a ser reemplazado por el Estado o por otros donantes, sí se genera una situación que a nosotros nos preocupa. En el caso centroamericano, un retiro más masivo de la cooperación internacional puede deteriorar la situación política, social, económica de muchos países.

Cooperar en la falta

¿Qué papel pueden jugar las alianzas regionales y locales para compensar la falta de apoyo internacional?

—Yo creo que es muy importante ver que estamos en un momento de transición o de transformación del sistema de los acuerdos globales. La alianza entre EEUU y Europa occidental se está resquebrajando. Esto impacta todas las otras regiones del mundo. Muchos países de Europa están tomando decisiones drásticas respecto de la cooperación internacional, no necesariamente por las mismas razones que EEUU. Sino, fundamentalmente porque necesitan incrementar de manera significativa el gasto en defensa y el apoyo a Ucrania para compensar, en algún sentido, los aportes que hacía EEUU en esa región. Y esto empuja a países como Alemania, Holanda, Inglaterra y Bélgica a ser drásticos en recortes de cooperación internacional. Y es probable que otros sigan el mismo camino.

Estamos en un momento de cambio de época, que no sabemos si es coyuntural o si terminará generando un cambio más estable. De todas maneras, estos cambios en políticas de cooperación se van a sentir en el mediano y largo plazo. Van a generar transformaciones en los ecosistemas de sociedades civiles a lo largo del planeta. Pero también en gobiernos que recibían cooperación. Creo que vienen en un mal momento porque la democracia a nivel global está acechada. Ya teníamos un aumento de regímenes autoritarios a nivel global y en América Latina mayor polarización, más populismo.

Estamos combatiendo una verdadera guerra contra la desinformación y el uso malicioso de la inteligencia artificial. Y debilitar aún más la cooperación puede contribuir en un sentido totalmente opuesto al que queremos, como generar más inestabilidad, más descontento con las instituciones políticas. Por eso nosotros pensamos que la respuesta tiene que ser muy contundente.

Sur global

¿Cuáles son las alternativas?

—Nosotros pensamos que hay un rol que tienen que jugar de manera mucho más proactiva las democracias del Sur Global. En IDEA tenemos 35 Estados miembros, muchos de ellos del Sur, como Brasil, Uruguay, Chile, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, que son democráticos. Necesitamos que sus voces se escuchen hoy día con mucha más fuerza porque estamos escuchando un diálogo solo entre los países de Europa y Estados Unidos, Rusia, China…

Y las democracias del Sur no necesariamente tienen un rol activo en este debate. Nos parece que ahí hay un espacio, tanto respecto de la cooperación, es decir, de cómo fortalecemos las estrategias comunes, pero también desde la narrativa.  Necesitamos líderes alternativos que puedan promover otras narrativas respecto de por qué es importante la democracia. Por qué son importantes los derechos humanos. Por qué es importante hablar de inclusión, de igualdad de género, de la no exclusión de población históricamente marginada.

Ahí está el llamado a los líderes de los países del Sur. Nadie espera que vayan a compensar la cooperación internacional que dejan de hacer los países más ricos. Pero sí pueden tener un rol mucho más destacado en el relato.

Equilibrio

¿La retirada de la cooperación deja la cancha libre a otras potencias no democráticas?

—Ciertamente sabemos que cuando hay vacíos de poder, alguien los llena. Y eso es un riesgo. Hay países que tienen mucho interés en fortalecer sus relaciones comerciales con América Latina. Parece absolutamente razonable en un contexto de guerra arancelaria. Pero eso no significa que sea a cambio de defender la democracia representativa liberal.

Entonces, ¿cómo se encuentra ese punto de equilibrio? Yo soy también relativamente optimista. Vimos que hace poco hubo, en el marco de la transferencia de mando en Uruguay, una conversación entre el presidente de España, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. Justamente, para poner una agenda de promoción democrática en común. Yo creo que es una señal que va en el camino correcto para levantar otras voces respecto del debate democrático.

¿Es irreversible este proceso de reducción? ¿Vamos a camino hacia la irrelevancia de la cooperación internacional?

—Yo creo que todos quienes estamos en la cooperación y trabajamos por la democracia tenemos que trabajar fuertemente para evitar ese desenlace. Hay todavía un camino por recorrer. Tenemos que fortalecer nuestros lazos de cooperación con nuestras contrapartes en Europa, en Asia, en África, para para poder armar agendas comunes y hacer frente común.

Esta arremetida, por quebrar los espacios y el financiamiento para dejar de favorecer a la sociedad civil y la democracia, es un camino que está en proceso. Nosotros debemos tener un rol activo. No solo los gobiernos y los líderes políticos, también el mundo no gubernamental y los medios de comunicación.

Tenemos mucha evidencia para mostrar que las sociedades democráticas tienen menos niveles de desigualdad y que logran resolver los conflictos de manera pacífica, logran tener mayores niveles de incorporación. O sea, la democracia ofrece un camino de mayor prosperidad. Y nosotros necesitamos demostrar y convencer a los ciudadanos, a los jóvenes y a las mujeres de nuestros países que eso es así y que vale la pena seguir invirtiendo y apoyando las democracias. Lo más central es no decaer en estos esfuerzos.

Hace meses que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con imponer aranceles del 25% sobre todas las exportaciones mexicanas. Las primeras tarifas, al acero, aluminio y productos derivados de ambos metales, entraron en vigor el 12 de marzo bajo orden ejecutiva del presidente. Esta medida también afectó a Europa.

Además, se espera que el 2 de abril el presidente estadounidense anuncie nuevas imposiciones arancelarias. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidirá a partir de esa fecha si impondrá aranceles recíprocos a EEUU o no.

Trump ya lo advertía. “México nos está invadiendo, pero ahora tenemos una nueva presidenta en México. Se supone que es una mujer muy agradable, según dicen. No la conozco. Y le voy a informar el primer día o antes que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a los Estados Unidos de América”, dijo Trump en un mitin en Carolina del Norte un día antes de ser electo presidente. De hecho, las amenazas se remontan a 2019, cuando Trump, en su último año de Presidencia, lanzó el programa Quédate en México.

Impacto en la economía

La economía de México está profundamente integrada con la de EEUU, su principal socio comercial. En 2024, el 78% de las exportaciones mexicanas tuvieron como destino el mercado estadounidense, representando el 26% del PIB nacional. Sin embargo, esta relación no está exenta de desequilibrios. Mientras que México mantiene un superávit con EEUU —es decir, exporta más de lo que importa—, enfrenta déficits significativos con otros socios, como China. El superávit comercial con EEUU creció constantemente, pasando de 117.9 mil millones de dólares en 2018 a 235 mil millones en 2024. Por otro lado, el déficit con China se profundizó, alcanzando los -119.9 mil millones de dólares ese mismo año.

Estos datos reflejan no solo la interdependencia económica, sino también los riesgos que enfrenta México en caso de cambios en la política comercial estadounidense. La imposición de aranceles podría reducir drásticamente las exportaciones mexicanas, impactando el crecimiento económico y el empleo en sectores clave como el manufacturero. Además, la dependencia del mercado estadounidense implica una vulnerabilidad estructural: mientras el superávit con EEUU ha sido una ventaja para el país, el creciente déficit con otras regiones del mundo sugiere la necesidad de diversificar mercados y fortalecer la competitividad global de México.

Las exportaciones mexicanas hacia EEUU sumaron 481 mil millones de dólares en 2024. La aplicación de un arancel del 25% podría reducir drásticamente estas exportaciones en aproximadamente 120,3 mil millones de dólares. Esto implicaría una caída directa del Producto Interno Bruto (PIB) del país en un 6,5%. La cifra incluso podría incrementarse dependiendo de otras variables.

Además, México podría responder con aranceles similares hacia productos estadounidenses y generar un impacto directo adicional de alrededor de 62 mil millones de dólares, equivalente al 3,3% del PIB mexicano. Sin embargo, aun considerando esta reacción, el resultado neto continuaría siendo negativo para México. Se estima una contracción económica en 3,17% del PIB; aproximadamente 59 mil millones de dólares.

Efectos indirectos y sectoriales

Más allá del impacto directo, existen factores adicionales que intensificarían las pérdidas económicas. El efecto multiplicador podría amplificar la reducción del PIB mexicano hasta un 9.06%, equivalente a una caída adicional de 167.6 mil millones de dólares. Esta magnitud de impacto económico llevaría inevitablemente a una disminución en salarios, incremento en informalidad, inflación y una probable reducción de la inversión extranjera directa.

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El sector manufacturero mexicano sería particularmente vulnerable. Según datos del Banco de México, una caída del 25% en exportaciones podría ocasionar la pérdida de más de 404 mil empleos directos. Considerando que cada empleo directo genera al menos uno indirecto (en sectores como proveeduría y logística), las pérdidas podrían superar el millón de empleos en total. Esto significaría un grave retroceso en términos laborales y sociales para México.

Inflación, tipo de cambio e ingresos públicos

La imposición de aranceles impactaría significativamente el tipo de cambio y la inflación. Por cada caída del 1% en exportaciones mexicanas, el peso se deprecia un 0.5%. De este modo, un arancel del 25% podría disparar el tipo de cambio promedio hasta aproximadamente 22,5 pesos por dólar. Esto representa una depreciación del peso cercana al 12.5%. La devaluación, a su vez, generaría presiones inflacionarias adicionales, elevando la inflación en al menos 1,25 puntos porcentuales.

Tanto la caída del PIB como la depreciación del peso afectarían directamente los ingresos públicos. La disminución en recaudación de impuestos podría oscilar entre 160 y 237 mil millones de pesos. Los más afectados podrían ser los servicios esenciales, como la salud, educación y mantenimiento de infraestructura. Además, el costo financiero de la deuda pública aumentaría en alrededor de 42.5 mil millones de pesos debido al encarecimiento del dólar.

Prepararse para lo peor

La imposición de un arancel del 25% por parte de EEUU generaría efectos profundamente negativos para México. Las pérdidas económicas directas serían significativas, acompañadas por impactos indirectos aún más devastadores. El empleo, la estabilidad económica, la capacidad adquisitiva y la calidad de vida de millones de mexicanos podrían sufrir graves deterioros. Ante este escenario, resulta esencial que México busque alternativas de diversificación comercial, fortalezca su mercado interno y tome medidas preventivas para reducir la vulnerabilidad económica frente a potenciales amenazas arancelarias externas.

La cooperación en seguridad y defensa entre Europa y América Latina ha cobrado un nuevo impulso frente a los crecientes desafíos geopolíticos y amenazas transnacionales. La defensa de la democracia, la ciberseguridad, la desinformación y el crimen organizado son algunos retos compartidos que exigen una respuesta coordinada.

La designación de la embajada de Alemania en Colombia como embajada de contacto de la OTAN para América Latina representa una oportunidad estratégica para consolidar esta relación.

Democracia y autoritarismos

La defensa de los valores democráticos es un pilar central de la cooperación entre Europa y América Latina. La expansión de regímenes autoritarios y la erosión de las instituciones democráticas en la región latinoamericana han encendido las alarmas en la comunidad internacional.

Desde Europa, la defensa de la democracia se ha articulado mediante iniciativas como la Política Europea de Vecindad y los programas de apoyo a las instituciones democráticas. Para fortalecer esta cooperación, resulta esencial implementar mecanismos que permitan vigilar y sancionar a actores externos que interfieran en los procesos democráticos. Asimismo, la creación de plataformas de diálogo político pueden facilitar el fortalecimiento institucional. El apoyo a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes permitirá consolidar una narrativa democrática y contrarrestar la influencia de actores autoritarios.

Un desafío adicional proviene de la creciente influencia de China y Rusia en la región. La inversión china en sectores estratégicos como la minería, las telecomunicaciones y la energía podría afectar la estabilidad institucional y política. La presencia rusa en el ámbito militar y tecnológico añade una dimensión geopolítica compleja que requiere una respuesta estratégica coordinada.

Ciberseguridad y desinformación

En el actual entorno digital, las amenazas a la ciberseguridad y la desinformación desestabilizan las democracias y erosionan la confianza pública. América Latina ha sido objeto de campañas de desinformación dirigidas desde actores estatales y no estatales, muchas veces vinculadas a intereses geopolíticos externos. Un ejemplo claro de esta dinámica es la difusión de noticias falsas durante procesos electorales en Colombia y Brasil. Esto generó una profunda desconfianza en las instituciones y ha contribuido a la polarización política y social.

Para enfrentar este desafío, la cooperación con Europa puede centrarse en el intercambio de tecnología y mejores prácticas para la protección de infraestructuras críticas. La creación de mecanismos conjuntos para identificar y contrarrestar campañas de desinformación permitirá desarrollar respuestas más rápidas y efectivas ante ataques informáticos y campañas de manipulación. Igualmente, la formación de capacidades nacionales y regionales en ciberdefensa fortalecerá las estructuras de seguridad digital en América Latina.

La OTAN ha identificado la ciberseguridad como una prioridad para la cooperación con Colombia. La embajada de Alemania como embajada de contacto podría facilitar la transferencia de tecnología y formación especializada, fortaleciendo las capacidades de ciberdefensa en la región.

Crimen organizado transnacional

El narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas, entre otros, representa un desafío compartido para América Latina y Europa. La experiencia de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia armada la posiciona como un socio estratégico para la OTAN y la UE.

El tráfico de drogas hacia Europa aumentó en los últimos años y llevó a las agencias de seguridad europeas a buscar una cooperación más estrecha con Colombia. ¿Con qué fin? Para interrumpir las rutas del narcotráfico y debilitar las redes criminales que operan en ambos continentes. Las operaciones conjuntas y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia son fundamentales para reducir el impacto del crimen organizado y mejorar la seguridad transatlántica.

Colombia como socio OTAN

Desde su designación como socio global de la OTAN en 2017, Colombia consolidó su papel como un aliado estratégico mediante ejercicios militares conjuntos y misiones de paz. La embajada de Alemania, como punto de contacto, permitirá ampliar la cooperación en la región. Además, podrá promover un enfoque integral de seguridad que combine defensa militar y seguridad ciudadana.

La cooperación trilateral entre América Latina, Europa y la OTAN también puede extenderse a operaciones de mantenimiento de la paz y respuesta a crisis. La experiencia de Colombia en escenarios complejos, sumada a la capacidad logística y estratégica de la OTAN, permitirá desarrollar una arquitectura de seguridad más robusta y efectiva en la región.

Perspectivas de la cooperación estratégica

La cooperación entre Europa y América Latina en materia de seguridad y defensa se proyecta como un componente clave de las relaciones transatlánticas en la próxima década. La creciente presencia de China y Rusia en la región ha llevado a que actores europeos busquen consolidar su influencia mediante mecanismos de seguridad y cooperación económica. El concepto de friend-shoring, que implica trasladar las cadenas de suministro hacia países aliados, ofrece una oportunidad para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa​.

La experiencia de Colombia en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, junto con el respaldo estratégico de la OTAN, posiciona al país como un socio clave en el desarrollo de una arquitectura de seguridad regional. Asimismo, la cooperación en seguridad podría extenderse hacia la seguridad ambiental. En esta área, Colombia y la OTAN podrían desarrollar protocolos conjuntos para enfrentar amenazas climáticas y desastres naturales, aprovechando la experiencia de la OTAN en respuesta rápida a crisis humanitarias.

Oportunidad para ambas regiones

Europa y América Latina enfrentan desafíos comunes en materia de seguridad y defensa que requieren una cooperación estratégica más profunda. La defensa de la democracia, la ciberseguridad, la lucha contra el crimen organizado y la estabilidad regional son áreas en las que la experiencia de Colombia y el respaldo de la OTAN pueden marcar una diferencia sustancial. La designación de la embajada de Alemania como embajada de contacto de la OTAN en Colombia constituye una oportunidad para fortalecer esta cooperación y consolidar una alianza transatlántica más robusta y efectiva.

Durante la campaña electoral de 2024, Donald Trump prometió medidas enérgicas contra la expansión en suelo estadounidense del crimen organizado internacional. Varios de los carteles a los que hizo referencia son originarias de América Latina . Y, aunque se dedican a diversas actividades delictivas, por lo general, se centran en el tráfico de estupefacientes.

El pasado 20 de febrero, la administración Trump designó como “organizaciones terroristas extranjeras” (FTO) a ocho de estos grupos criminales de origen latinoamericano. Seis son mexicanos: Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel del Noreste (CN), Cartel del Golfo (CDG), Nueva Familia Michoacana (LNFM) y Carteles Unidos (CU)—. Uno es estadounidense de raíces salvadoreñas: Mara Salvatrucha (MS-13). Y el último es venezolano: el Tren de Aragua (TdA).

¿En qué contexto se publicó el nuevo decreto? ¿Cuál es el perfil de las organizaciones penalizadas? ¿Qué tipo de medidas concretas conlleva su designación como “terroristas”?

Contexto polémico

El consumo de estupefacientes ilegales alcanzó nuevas cotas en Estados Unidos con la comercialización masiva e ilegal del fentanilo. Se trata de un opioide sintético especialmente adictivo y de alta letalidad. La prescripción médica de esta sustancia —similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente— se popularizó durante años en EEUU. La consecuencia no esperada fue una adicción masiva que hoy es muy difícil de frenar.

[Descarga: Juan Pablo Luna: «El crimen organizado no funciona sin acuerdos con la política y el Estado»]

Rápidamente los carteles mexicanos se aprovecharon de la situación y comenzaron a emplear sus redes de distribución de cocaína para la comercialización ilegal del fentanilo. Para su elaboración, se valen de precursores químicos importados principalmente de China.

El negocio creció hasta convertir esta sustancia en la droga más letal de Norteamérica. En 2022, alrededor de dos tercios de los casi 110.000 fallecidos por sobredosis murieron por fentanilo. Se calcula que para 2024 el número de muertes por esta causa podría haber disminuido con respecto a los años anteriores. Pero entre 2021 y 2023 las muertes por sobredosis de estupefacientes en EEUU supera los 100.000 fallecidos.

A lo anterior, se suma el repunte de las actividades protagonizadas por otras bandas del crimen organizado asociadas al tráfico de migrantes y otros delitos violentos. Durante los últimos años, ocasionó un profundo descontento entre muchos estadounidenses. Esto propició la victoria de Trump en las presidenciales y el emisión del decreto del pasado 20 de febrero.

Carteles terroristas

El Cartel de Sinaloa es, probablemente, la organización más poderosa entre las designadas como terroristas, con presencia en más de cien países. Emplean técnicas avanzadas en materia de organización interna, despliegue armamentístico, marketing digital, lavado de dinero y uso de criptomonedas. Este cartel ha sido capaz de convertir a la cocaína en un commodity virtual, así como de liderar la producción y venta de fentanilo en EEUU.

[Descarga: Adam Isacson: “El crimen organizado no busca tomar el poder, sino, mantener sus negocios”]

Los norteamericanos lograron capturar a sus dos principales cabecillas: Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. También, a varios de sus familiares más cercanos implicados en el negocio criminal. Sin embargo, el poder de esta estructura la mantiene plenamente activa y generando la mayor preocupación en suelo estadounidense. Su influencia es tal que “El Mayo” Zambada ha sido capaz de enviarle una carta a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum desde una cárcel en EEUU. Le exigió que defienda “su soberanía y la de México”.

La única organización que rivaliza con los sinaloenses es el CJNG. Alcanza un radio de acción muy similar en todo el planeta, desde Australia hasta Canadá y Europa. Con estos dos megacarteles rivalizan el CDN (antiguos “Zetas”), LNFM, el CN y el CDG, dedicados a diversas actividades criminales que, por supuesto, incluyen también el tráfico de cocaína e incluso de fentanilo.

Por su parte, la MS-13 es una organización transnacional integrada principalmente por delincuentes centroamericanos, nacida en Los Ángeles y plenamente operativa en países como El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Quizás la organización más joven y menos vinculada al narcotráfico es la venezolana Tren de Aragua, de expansión meteórica por los EE.UU., Colombia, Perú y Chile, y a la que recientemente la fiscalía de Chile ha identificado como responsable del asesinato del teniente Ronald Ojeda, disidente del régimen de Nicolás Maduro que estaba refugiado en el país austral.

¿Cuáles son los efectos?

La denominación formal de estas redes criminales como “organizaciones terroristas extranjeras” conlleva una ampliación significativa del radio de acción de las autoridades de los EE.UU. en su intento por combatirlas. En general, permite la identificación, exposición y penalización de estas organizaciones, así como la de sus principales líderes.

En términos más concretos, se les niega acceso al sistema financiero estadounidense; se bloquean sus propiedades y activos en los EE.UU.; se prohíbe a los ciudadanos de dicho país realizar transacciones con los individuos y organizaciones penalizados, y se limita notablemente su acceso a recursos necesarios para el desarrollo de sus operaciones.

El amplio rango de posibilidades que contempla el decreto llevío a Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de Trump, a afirmar que Washington “desatará un infierno” sobre los cárteles de la lista. A su vez, Elon Musk, administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental, señaló que los miembros de dichas organizaciones calificaban ahora para ataques con drones.

Reacción mexicana

Tanta determinación suscita no pocos recelos en gobiernos como el de México, que respondió de inmediato con una propuesta de reforma constitucional. Con la reforma del artículo 19 se contempla la pena más severa y la prisión preventiva oficiosa a cualquier persona que trafique armas o que participe en actividades que vulneren la soberanía mexicana.

Y con la reforma del artículo 40 se establecería que “el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

Ahora mismo es difícil saber con certeza hasta dónde llegará la determinación de la nueva administración Trump en combatir a estas organizaciones criminales. Sin embargo, predomina la sensación de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca es capaz de adelantar acciones en territorio extranjero.

A nadie se le escapa, por ejemplo, el modo en que fue eliminado el iraní Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds, en enero de 2020. Y es esa amenaza creíble la que ya ha llevado, por ejemplo, al gobierno de Sheinbaum a incrementar operaciones contra el narco mientras adelanta su reforma constitucional.

La película El Aprendiz (2024) trae a la pantalla al personaje más polémico y mediático de este tiempo, Donald Trump. No como el presidente de Estados Unidos, sino como el joven agente inmobiliario impetuoso que encuentra su ascenso al poder en una decadente Nueva York de los años 70.

Aunque la biopic no refleja datos novedosos, la narrativa fluye y es consistente. En gran parte por las brillantes actuaciones de los nominados al Óscar, Sebastian Stan en el rol de Trump y Jeremy Strong como el macabro abogado Roy Cohn.

Se puede entender como una historia común en la que el aprendiz supera al maestro. Pero funciona como amalgama de sucesos que muestran la construcción de un personaje complejo y cada vez más cómodo con ese lado oscuro que Hollywood ha explorado bien para mostrar villanos.

Tres claves para ganar

La riqueza narrativa de El Aprendiz es, sin duda, la relación entre Roy Cohn y el joven recaudador de alquileres, cautivado por absorber los conocimientos y artimañas de un abogado sin escrúpulos. El implacable Roy logró gracias a escuchas ilegales que usaba para chantajear a personas influyentes, hacer realidad la construcción del Grand Hyatt Hotel de Manhattan. Este fue el mayor triunfo inmobiliario de Trump en ese entonces con una reducción de 400 millones de dólares en impuestos.

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En el relato, el joven Trump tiene claro qué quiere, pero no sabe cómo llegar a ese objetivo. Por eso la filosofía ganadora de Roy es crucial en la construcción del comportamiento del futuro presidente. Tres claves: 1) atacar, atacar, atacar; 2) no admitir nada, negarlo todo; y 3) proclamar siempre la victoria. Es en este proceso de aprendizaje donde surgen las influencias tempranas que luego serían decisivas para moldear la imagen del líder republicano.

Al final, Cohn fue víctima de su propia doctrina de grandeza.

Ambición y poder

El director iraní-danés Ali Abbasi se respaldó en el guion del periodista y productor, Gabriel Sherman quien dedicó gran parte de su carrera a seguir los pasos del magnate, primero como reportero de bienes raíces en el New York Observer y posteriormente para el New York Magazine.

Aunque hay escenas muy cuestionadas, especialmente las que se desarrollan con su esposa en ese entonces, Ivana Trump, caracterizada por María Bakalova, el guionista Sherman defiende el filme asegurando que hay una rigurosa investigación que lo respalda.

Entre la ambición, la vanidad y la sed de poder, El Aprendiz va vislumbrando la imagen del Donald Trump de hoy: un presidente consciente de que tiene las herramientas para lograr sus propósitos, sin importar el costo.

La película lleva el título del programa de televisión que Trump protagonizó entre 2004 y 2017. En este popular reality show, un grupo de concursantes se disputaba un jugoso premio y la oportunidad de dirigir una de sus empresas. De hecho, Amazon Prime anunció que lo tendrá disponible en streaming solo para usuarios en Estados Unidos. La película El Aprendiz también se puede encontrar en esta plataforma.

La investigación que precedió a este libro tenía por objetivo comprender las raíces filosóficas y socioculturales que han llevado a varios países a aceptar como un derecho la eutanasia, incluso a promover su legalización.

Consideramos que además de la falta de precisión, la ambigüedad en el uso de ciertos conceptos como “muerte digna” o “eutanasia”, han llevado a una progresiva confusión en la opinión pública y a una grave falta de rigor y profundidad en los debates públicos. A su vez nos encontramos ante una crisis de la cultura occidental manifestada con claridad en las formas de acercarse a la enfermedad y la muerte.

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Vivimos en una sociedad donde la muerte es un tabú, vaciada de significado y reducida a un hecho biológico, donde a su vez se huye del sufrimiento a cualquier precio y se da la espalda al envejecimiento, a la dependencia y a todo lo que nos recuerde nuestra vulnerabilidad. Al mismo tiempo crece una visión de la libertad como fin en sí misma, en medio de una hipertrofia de la autonomía, marcadamente individualista y subjetivista que confunde deseos con derechos.

Abordar las cuestiones bioéticas del final de la vida requieren un esfuerzo por comprender que no se trata de elegir entre más o menos libertad, sino de cómo valoramos la vida de los más vulnerables y lo que nosotros como sociedad decidimos hacer con ellos.

Publicación: 2023

ISBN: 9789974866836

Editorial: Lea

¿Qué cambió en términos políticos desde entonces? Analizamos cinco réplicas de la pandemia que, aún hoy, siguen marcando el pulso del presente.

1. Creciente escepticismo con la política

El 2020 fue el año del regreso del Estado: los gobiernos se convirtieron en el eje de la respuesta a la crisis. Sin embargo, lejos de consolidar la confianza en las instituciones, la pandemia terminó profundizando el escepticismo hacia la política tradicional.

La confianza en los gobiernos experimentó un “efecto burbuja” en los primeros meses de crisis, pero una vez disipado el miedo, las expectativas insatisfechas generaron un giro negativo. Hoy, los estudios de opinión muestran que, en la mayoría de los países, la credibilidad de los partidos, el Congreso y los líderes políticos se encuentra en mínimos históricos.

Esto es algo que se observa analizando datos de aprobación presidencial de distintos poderes ejecutivos en varias regiones del mundo. El gráfico a continuación presenta el promedio mensual de 18 países de América Latina, América del Norte y Europa desde el año 2020 hasta la fecha. Si bien en los últimos meses dos de esas regiones mostraron un repunte en los niveles de apoyo social, la tendencia ha sido a la baja y por debajo del 50% de valoración positiva. Una visualización de los tiempos que corren.

2. Gobiernos más débiles y popularidades fragmentadas

El ciclo postpandemia consolidó un rasgo central del liderazgo contemporáneo: los gobiernos cada vez duran menos y su popularidad es más frágil.

Si en el siglo XX las administraciones tenían márgenes de maniobra para construir apoyo a lo largo del tiempo, hoy el desgaste es instantáneo. Las “lunas de miel” políticas se han acortado drásticamente y la volatilidad de la opinión pública se ha convertido en una constante.

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Los datos del Observatorio Pulsar UBA muestran que, en promedio, la aprobación presidencial global no logra recuperarse y en la mayoría de los países hay niveles de rechazo muy similares. Esto es algo que puede verse en la evolución semestral del apoyo social a los poderes ejecutivos desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. El gráfico a continuación presenta los mismos datos que el anterior, pero presentado por semestres. Si al comienzo de la pandemia el promedio de los 18 países de nuestra base de datos rondaba el 50%, a la fecha los líderes políticos no logran romper el nuevo techo del 40%.

Esto, sin dudas, tiene su correlato en términos institucionales, dado que la mayoría de los gobiernos son minoritarios y no cuentan con capacidad para generar grandes consensos. Esta dinámica ha transformado la gobernabilidad en un ejercicio de resistencia más que de construcción. Mandatarios que arrancan con altos niveles de apoyo pueden caer en cuestión de meses. La pregunta ya no es si los gobiernos pierden popularidad, sino cuán rápido lo hacen.

3. Emergencia de outsiders y nuevos partidos

La crisis de confianza en la política tradicional ha abierto la puerta a liderazgos disruptivos. El covid-19 fue el punto de quiebre para una tendencia que venía en ascenso: la irrupción de outsiders con discursos anti-élite y la fragmentación de los sistemas de partidos.

El populismo, lejos de haber sido un fenómeno de la década anterior, ha mutado hacia nuevas expresiones: desde figuras de extrema derecha que desafían los consensos democráticos hasta candidatos sin trayectoria política que canalizan el enojo social.

En América Latina, la postpandemia ha sido un terreno fértil para el ascenso de fuerzas políticas que rompen con la lógica partidaria tradicional. Por otra parte, en Europa los partidos antiestablishment han consolidado su influencia en múltiples escenarios electorales. En Estados Unidos, el trumpismo sigue marcando la agenda más allá de Trump.

Lo que une a estos liderazgos no es una ideología en común, sino un diagnóstico compartido: la política está en crisis y las reglas del juego deben ser desafiadas.

4. Una sociedad civil escéptica ante la autoridad

Uno de los efectos más duraderos de la pandemia ha sido la erosión de los símbolos tradicionales de autoridad. La pandemia puso en crisis la idea de que los gobiernos, los expertos y los medios de comunicación podían ofrecer respuestas claras y confiables.

La sobrecarga informativa, la propagación de teorías conspirativas y la polarización extrema han generado lo que algunos llaman una crisis epistémica: el colapso de los marcos compartidos de verdad.

La postpandemia consolidó una sociedad civil que desconfía de los mecanismos tradicionales de legitimación. Esto afecta desde la autoridad política hasta la credibilidad de la ciencia y los medios. En este contexto, el descrédito no solo golpea a los gobiernos, sino también a las instituciones del conocimiento, debilitando el espacio común de deliberación pública.

Las consecuencias de este fenómeno son profundas: cuando la legitimidad es precaria y la verdad es relativa, la política se vuelve un campo de batalla permanente donde todo puede ser cuestionado.

5. La persistencia de un ciclo de desconfianza

La política sigue marcada por el ciclo de desconfianza que la pandemia profundizó. La base de datos de Aprobación Presidencial muestra que la media de aprobación presidencial global sigue estancada entre el 30% y 40%, muy lejos de los niveles antes del covid-19. Tal como se puede ver en el gráfico a continuación, esto es algo que afecta a más de la mitad de los presidentes y primeros ministros que monitoreamos mensualmente desde el año 2020 hasta la fecha. Solo algunas excepciones, tal como puede observarse, se ubican (o ubicaron) por encima o cerca del 50% de apoyo social.

En resumen, el nuevo escenario está marcado por las siguientes claves:

• Alta volatilidad: La aprobación de los presidentes fluctúa más rápido que antes. Los líderes que comienzan con altos niveles de apoyo pueden desplomarse en meses.
• Desgaste acelerado: Las «lunas de miel» post-electorales son más cortas. Gobiernos recién asumidos enfrentan cuestionamientos inmediatos.
• Polarización persistente: En muchos países, la pandemia profundizó la fragmentación política y la desconfianza en las instituciones.

A cinco años del inicio de la pandemia, sus efectos siguen presentes en la política global. No se trata solo de las consecuencias económicas o sociales, sino de una transformación más profunda: la crisis de confianza en la política, la fragmentación de los liderazgos, la erosión de la autoridad y la falta de un horizonte claro.

La postpandemia no trajo un nuevo orden, sino una incertidumbre estructural. En este escenario, la pregunta no es solo qué cambió con la pandemia, sino que es lo que quedó en pie.

“México será el país más democrático del planeta”, ha afirmado en diversos foros la presidenta Claudia Sheinbaum. El 15 de septiembre de 2024, dos semanas antes de que tomara posesión del cargo, su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aprobó una reforma constitucional para que todas las personas juzgadoras sean electas por voto popular directo (federales y locales).

Bolivia sería el país más cercano a este caso. Sin embargo, la elección de jueces se limita a los del Tribunal Constitucional. Estados Unidos también elige sus jueces locales, aunque en algunos estados.

¿Democratizar la justicia?

El expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este cambio democratizaría la justicia. Sin embargo, lo que hace es desmantelar la carrera judicial, socavar su independencia y poner a México de camino a un autoritarismo competitivo.

¿Por qué lo anterior no es una advertencia alarmista? Esta reforma ha cesado de sus funciones a más de 1700 personas juzgadoras en el ámbito federal. Entre estos, se incluyen 8 de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para poner en las manos del partido de gobierno la selección de candidaturas que competirán por los más de 850 cargos de elección para juez, magistrado o ministro. Se disputarán en esta primera elección judicial el próximo 01 de junio de 2025.

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En menos de nueve meses Morena desmanteló el Poder Judicial. A pesar de tener problemas de diversa índole, se había consolidado como la institución más profesional y políticamente independiente del sistema de justicia en México. Particularmente, si se le compara con la Fiscalía General de la República o las administraciones estatales que en su mayoría dependen del Ejecutivo. Más aún respecto a las defensorías públicas, las policías o los centros penitenciarios, instituciones que se caracterizan por una marcada ausencia de profesionalización.

Dinamitar la independencia

¿Cuál es la motivación para transformar de manera tan radical al poder judicial? López Obrador dijo en reiteradas ocasiones en su conferencia matutina, conocida popularmente como La Mañanera, que “los jueces son corruptos”. Agregaba: “El poder judicial sirve a intereses creados y conservadores” y “los jueces no le rinden cuentas y están en contra del pueblo”. En sintonía con otros líderes autoritarios de América Latina como Nayib Bukele, Hugo Chávez o Daniel Ortega, AMLO argumentó que el poder judicial impedía a su gobierno realizar la voluntad y el mandato del pueblo al ponerle límites a las políticas que buscaba implementar.

El presidente elaboraba este tipo de declaraciones por lo general cuando un juez o la SCJN declaraban suspendidos sus decretos. O bien declaraban inconstitucionales sus políticas preferidas. López Obrador y Morena comenzaron a difundir la idea de que las y los jueces deben ser electos por voto popular para que respondan al “mandato del pueblo”. En sintonía con las teorías de la erosión democrática, López Obrador no quería dar un golpe en la mesa y destituir a jueces, magistrados y ministros incómodos. Por el contrario, cubierto con un manto de legalidad, impulsó una reforma para “democratizar el poder judicial” como una respuesta al mandato del pueblo.

Esa vía de “democratización” es altamente cuestionable. Solo Morena terminó seleccionando las listas de personas candidatas a la elección judicial en un proceso poco transparente, irregular y con violaciones al texto constitucional emanado de la propia reforma. En acatamiento a suspensiones judiciales que ordenaban detener la implementación de la reforma, el comité de evaluación del Poder Judicial detuvo sus actividades y no entregó la lista de candidaturas. Sin embargo, el Senado, mediante una tómbola, seleccionó las personas candidatas a contender en la elección sin revisión alguna. En contra de lo estipulado por la Constitución cuando señala que, si un comité de evaluación no envía su lista, ésta quedará fuera del proceso.

Votos que socavan contrapesos

La lógica electoral aplicada a la selección de jueces introduce una distorsión fundamental en la función judicial. Ahora, quienes aspiran a impartir justicia deberán competir por votos en lugar de garantizar imparcialidad. De tal manera, como en cualquier otra elección, para ganar un cargo las personas candidatas tendrán incentivos para hacer promesas sobre el sentido de sus futuras sentencias. Esto compromete su independencia y generando expectativas en actores políticos y económicos que pueden presionar para que se cumplan.

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Por otro lado, la baja participación estimada —entre el 8% y el 12% del padrón electoral, según el propio Instituto Nacional Electoral— debilita la legitimidad democrática del proceso y la idea de “democratizar el poder judicial”. Finalmente, en México los votos no solo se consiguen con campañas de financiamiento público, sino con financiamiento de distintos grupos, incluidos el crimen organizado. Podemos entonces esperar un incremento también en la letalidad de personas candidatas a juzgadoras.

En otras palabras, la lógica de “votar entre las balas” que hoy prevalece en México para candidaturas políticas alcanzaría también a jueces y juezas. Esto pone en riesgo no solo su vida, sino la posibilidad misma de una justicia independiente.

En manos de amateurs

Además, elegir jueces por voto popular pone en riesgo la justicia profesional. Se destituyeron personas juzgadoras con carrera judicial de entre 10 y 25 años de experiencia en promedio. Fueron sustituidas por personas que nunca han estado en un juzgado, abogados con más de cinco años de experiencia. Así, la justicia en México estará en manos de amateurs y personas con compromisos hacia sus votantes. Además, deberán superar la curva de aprendizaje en materia penal, civil, mercantil y laboral para, en seis años, ir a las urnas de nuevo a pedir el voto.

El problema central de esta reforma es que convierte a la Suprema Corte en un órgano subordinado al poder político en turno en lugar de mantener su función esencial como contrapeso institucional. Es un regreso al autoritarismo competitivo que México tuvo durante el PRI, cuando el partido podía seleccionar cada seis años (como lo hizo Morena ahora) a quienes se sientan en la Suprema Corte. Lejos de que México se convierta en “el país más democrático del planeta”, la elección de jueces por voto popular consolida el control del partido en el gobierno sobre el Poder Judicial. Esto desdibuja la separación de poderes y erosiona la democracia constitucional. Democracia no es solo voto popular y mayorías, sino derechos y libertades. Esa idea ha ido perdiendo terreno en México con el gobierno de Morena.

La elección del canciller de Suriname, Albert Ramdin, como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por aclamación unánime refleja con claridad lo que los Estados miembros esperan de su gestión: un armador de consensos que devuelva el diálogo a la organización y evite la fragmentación en un contexto de incertidumbre global.

Albert Ramdin no es un reformista ni un líder carismático. Es un operador diplomático con vasta experiencia en la gestión de conflictos y la administración de organismos multilaterales. Su trayectoria en la OEA, CARICOM y como ministro de Relaciones Exteriores de Surinam le ha otorgado un profundo conocimiento del funcionamiento institucional y sus limitaciones. Así se convirtió en una opción idónea para tiempos de crisis.

Sin embargo, el perfil técnico y la tendencia a priorizar la estabilidad sobre el cambio pueden generar dudas sobre la capacidad de Ramdin para revitalizar la OEA. En este momento, la organización enfrenta cuestionamientos sobre su relevancia.

Con un presupuesto cada vez más limitado y una creciente fragmentación en la región, su gestión deberá centrarse en evitar la parálisis institucional más que en liderar un proceso de transformación. Lo segundo podría reivindicar una vez más la imagen de la OEA como un foro de diálogo con poca capacidad de incidencia real.

Apuesta por la estabilidad

La elección de Ramdin responde a una estrategia clara: consolidar un liderazgo pragmático que brinde estabilidad en un contexto regional difícil. En este marco, el surinamés, con una trayectoria consolidada en la mediación y construcción de acuerdos, emergió como la opción más confiable frente a alternativas más disruptivas. La alternativa era el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, quien proponía una reestructuración profunda del organismo en la búsqueda de su resignificación.

En un escenario marcado por tensiones regionales y restricciones presupuestarias, una figura del Caribe se apunta como apuesta por la prudencia. La prioridad será optimizar lo que ya existe en la OEA. En ese sentido, Ramdin representa una garantía de gestión eficiente en tiempos de crisis.

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El respaldo del bloque del Caribe fue clave para posicionar a Ramdin, asegurándole 14 de los 18 votos necesarios y una campaña con mayor soltura. Más adelante, la decisión de apoyo de Brasil resultó decisiva, articulando el respaldo de un bloque de países progresistas que terminó por inclinar la balanza. Este giro también influyó en otros gobiernos que se sumaron a la corriente mayoritaria.

Sin embargo, reducir este proceso a una cuestión ideológica sería un error, ya que no explicaría el respaldo de Estados Unidos y sus aliados, cuyo apoyo terminó por consolidar el resultado. Aunque cada bloque tuvo razones distintas para votar al surinamés, todos coincidieron en un punto: el consenso, el diálogo y la búsqueda de soluciones.

Contrastes y geopolítica

A diferencia de su predecesor, Luis Almagro, cuyo liderazgo fue marcado por una postura confrontativa y personalista, Ramdin adopta un enfoque más discreto y negociador. Su manejo de temas sensibles como Venezuela, Nicaragua y Cuba sigue esa línea. En lugar de asumir posiciones tajantes, promete delegar el poder de decisión a la Asamblea General y a los órganos especializados, rescatando su función original como espacios de deliberación. Esta estrategia, sin embargo, será su mayor desafío, pues sus críticos la interpretan como un signo de inmovilismo ante crisis democráticas en la región.

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Otro punto controversial de su elección fue el respaldo de China a su candidatura, a pesar de que Pekín solo funge como observador sin derecho a voto. No obstante, el apoyo de Estados Unidos en la Asamblea disipó la idea de que la elección respondía a una disputa geopolítica. Esto fue reafirmado por Mauricio Claver-Carone, asesor de Donald Trump. Descartó cualquier trasfondo estratégico para China y subrayó que, para Washington, Ramdin es un interlocutor confiable y Surinam un aliado clave.

El desafío de Albert Ramdin

Los países de la región optaron por asegurar una conducción sin giros abruptos ni apuestas inciertas. A pesar del apoyo unánime, el desafío de Ramdin no será menor. Deberá demostrar que la OEA sigue siendo un espacio relevante para la cooperación hemisférica.

Sus esfuerzos estarán centrados en preservar el funcionamiento del organismo sin grandes reformas estructurales, priorizando la estabilidad sobre la transformación. Más que liderar un cambio radical, su reto será evitar el declive de la OEA y reafirmarla como un foro útil para la gobernanza regional en tiempos de polarización y crisis.

Los centroamericanos siempre hemos visto con admiración a Costa Rica y su estabilidad democrática. Cuando la región se debatía por los conflictos armados internos y los autoritarismos del siglo XX, el país fue una referencia inevitable. Marcó la pauta para abrir una nueva época que, se pensaba, sería de paz, democracia y desarrollo.

A punto de iniciar el segundo cuarto del siglo XXI, Centroamérica es nuevamente una región asolada por los autoritarismos, la inseguridad y la violencia, las desigualdades y un éxodo de población que busca mejores oportunidades en otros países. En ese escenario, Costa Rica parece contagiada por esas tendencias. Las señales son cada vez más preocupantes, especialmente para los propios costarricenses que ya han comenzado a alertar sobre el declive de la histórica “excepcionalidad” del país.

Bienestar y los derechos erosionados

Los derechos sociales y el bienestar que Costa Rica construyó durante décadas en el siglo XX cubrían de forma amplia a una mayoría de población. Eran reconocidos como los más avanzados de Latinoamérica. Pero ese bienestar y desarrollo no han transitado indemnes durante el primer cuarto del siglo XXI. Más bien se han erosionado y afectan fuertemente a la población, especialmente aquella que se ubica en los estratos socioeconómicos menos favorecidos.

Considerado un país de renta media alta y con indicadores bastante favorables de desarrollo humano, Costa Rica enfrenta desde hace varias décadas un desafío mayor. Se relaciona con una crisis fiscal y fenómenos como el empobrecimiento de las clases medias, cambios demográficos significativos como el incremento y envejecimiento de la población, así como el incremento del sector urbano y una transformación de la estructura productiva, ahora orientada hacia los servicios, particularmente los especializados.

Gerencia por emergencia

Por otra parte, diversos análisis señalan que las políticas públicas se han enfocado más en atender la crisis fiscal que los desafíos del desarrollo a largo plazo. Algunos de los efectos que más resiente la población por la combinación de estos factores son el incremento de las disparidades en los ingresos, disminución del empleo, incremento de la informalidad y la disminución de los derechos sociales. Todos se agravaron después de la pandemia del covid-19. Estos cambios preocupan a los costarricenses, mientras incrementa el descontento social y las protestas. Por ejemplo, en relación con los recortes del presupuesto a las universidades.

Otras dos dinámicas que influyen fuertemente a la sociedad costarricense son la migración y los procesos de gentrificación. Los flujos migratorios recientes tienen diferentes características. Están los que transitan por Costa Rica en su ruta hacia el norte, particularmente hacia Estados Unidos. Este flujo incrementó en los últimos años y está compuesto por personas de diferentes nacionalidades, muchas, sudamericanas, pero también asiáticos y de algunos países africanos. Otro flujo es el de los desplazados que llegan al país en busca de refugio. Es el caso de una gran cantidad de venezolanos y, sobre todo, nicaragüenses. De acuerdo con algunos estudios recientes, los migrantes representan cerca del 10% de la población del país y aportan el 6.5 % del PIB.

La gentrificación es la otra dinámica asociada a la migración. Costa Rica se proyecta internacionalmente como un país de paz, desarrollo, respetuoso del medioambiente, como destino turístico y de inversión. Muchos extranjeros provenientes de países desarrollados como Estados Unidos y Europa encontraron en el país la oportunidad de asentarse. Sobre todo en playas y bosques, dando lugar al surgimiento de zonas de gran desarrollo turístico, pero también de exclusión por el incremento de los precios y porque sus actividades y servicios están fuera del alcance del promedio de la población costarricense.

Aunque la sociedad costarricense goza todavía de amplios derechos y beneficios sociales, es indudable que hay un retroceso importante que genera tensiones entre el estado y los ciudadanos.

La inseguridad toca a la puerta

Durante muchos años, el país mostró indicadores bajos en violencia e inseguridad mientras los países del norte de Centroamérica vivían una verdadera sangría. Sin embargo, al menos desde 2021 hay un incremento sostenido de los homicidios, pasando de 11.6 a 16.6 por cada 100 mil habitantes en 2024. El 2023 es considerado el año con más homicidios en la historia del país y el 2024, el segundo. Algunas localidades tienen índices considerados alarmantes que llegan incluso hasta 45 por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con los análisis de especialistas, las causas del incremento de homicidios se asocia al crimen organizado. Particularmente al sicariato y los ajustes de cuenta, uno de los temores más grandes de los costarricenses por la frecuencia y cómo son realizados. Otras formas de violencia como los femicidios y el incremento de las riñas en centros educativos también son motivo de preocupación.

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Las propuestas gubernamentales para atender los problemas de la seguridad han suscitado tensiones con otros poderes del Estado, especialmente el Parlamento. Diferentes sectores sociales demandan acciones y hay críticas desde posiciones en las que se considera que las decisiones implementadas por el Ejecutivo no apuntan a una solución duradera, mientras del lado de la ciudadanía se incrementan las percepciones de inseguridad.

Las alarmas están activas. La situación demanda acciones prontas que apunten tanto al control de los grupos criminales y la reducción de la violencia, como a la prevención en el mediano y largo plazo para evitar que escenarios similares a los de otros países centroamericanos.

Las tensiones de la institucionalidad

Las tensiones en el ámbito político se han convertido en el nudo gordiano de Costa Rica. Se remontan en el tiempo y se han acentuado durante la presidencia de Rodrigo Cháves, quien ha tenido roces públicos con otros poderes del Estado. Particularmente con la Asamblea Legislativa, pero también con algunos de sus antecesores y los medios de comunicación.

El sistema político costarricense ha destacado por ser uno de los más democráticos y estables de la región centroamericana. Pero está cambiando y no es casual, porque el tradicional bipartidismo entró en crisis. En cada proceso electoral, la ciudadanía busca nuevas alternativas políticas que respondan a sus demandas y necesidades. Durante los últimos procesos electorales generales y de gobiernos locales han surgido numerosos partidos, algunos de ellos posicionados de manera favorable sobre todo en el ámbito local.

Sin embargo, los gobiernos anteriores de tendencia progresista ni el actual, han respondido de manera eficiente a las demandas de la población ni a los desafíos de mediano y largo plazo del país. La confianza de la ciudadanía en un sistema democrático se mantiene, igual que la base de principios y valores democráticos que durante tanto tiempo han sustentado a la sociedad costarricense. Pero esa democracia que ha causado tanto reconocimiento y admiración para el resto de Centroamérica está asediada por desafíos importantes como los altos niveles de corrupción, la emergencia de tendencias políticas conservadoras y poco democráticas, además de los desafíos actuales del desarrollo.

Indudablemente, Costa Rica entró a una nueva época que requiere dialogar, restablecer los acuerdos fundamentales, atender los desafíos planteados y enrumbar los esfuerzos para preservar la democracia.

Lo que hoy conocemos como Día de la Mujer tuvo su origen en la lucha de mujeres trabajadoras que el 3 de mayo de 1908 organizaron en Chicago un acto para denunciar la opresión de las mujeres. Desde entonces, la fecha tuvo varios ribetes y es aprovechada por el mundo político para posicionar mensajes en defensa de la mujer. De esta manera, la batalla ideológica se entrevera en la discusión que se da alrededor del feminismo. 

En América Latina hay varias tareas pendientes respecto de la integración de la mujer en la tarea política. En el caso de la representación parlamentaria, Niki Johnson, doctora en ciencias políticas, indica en una investigación sobre la paridad en el poder legislativo que “la adopción de leyes de paridad representa un aporte fundamental en la construcción de una nueva forma de política más inclusiva y diversa”. A su vez, en cuanto al apoyo a la democracia, el Latinobarómetro indica que para 2024 hubo más apoyo entre los hombres (54%) que entre las mujeres (50%). Según el estudio, “se puede deber a la educación y no al sexo porque las mujeres tienen en promedio menor educación que los hombres”.

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Quedan planteadas algunas inquietudes: ¿cuánto integra la democracia a las mujeres? ¿Se sienten representadas por el sistema? 

Batalla ideológica

Ahora bien, en la lucha por los derechos de la mujer surgen dudas sobre la inclinación política del movimiento feminista. ¿Es posible encasillar al feminismo en un lugar del espectro político? ¿Hay un feminismo de derecha o de izquierda? ¿Existe una preferencia política en la lucha por los derechos de la mujer y la igualdad?

Conversamos con Paola Bautista de Alemán, doctora en ciencia política, activista y vicepresidenta de formación del partido Primero Justicia en Venezuela; Ruth Hidalgo, decana de derecho de la Universidad de las Américas de Ecuador y directora de la organización Participación Ciudadana; y Valeria Groisman, periodista, escritora y parte del equipo de la ONG InfoCiudadana en Argentina. Desde el mundo académico, político y periodístico, las tres nos ofrecen su mirada.

¿Es posible encasillar al feminismo en un lugar del espectro político? 

Paola: —Hay un feminismo más de izquierda que se apalanca en una visión antropológica constructivista de teorías de género. Aquí, la prioridad de la lucha política refiere, fundamentalmente, al tema del aborto y de los derechos de reproducción y los derechos sexuales. Luego, hay otro feminismo más de derecha o quizá conservador, en el que los temas están más vinculados al trabajo, la vida familiar, oportunidades para las mujeres. Ahí se incluye el deber del Estado en temas de seguridad social para la mujer, que van desde la maternidad hasta la salud sexual y reproductiva. Y también las mujeres en espacios de poder, no tanto por asuntos de cuotas, sino por capacidades y habilidades propias.

Valeria: —Me cuesta decir que existe una apropiación política, porque el feminismo siempre fue un movimiento de carácter político. Lo que ocurre ahora es que el feminismo es una lucha que se ha utilizado como discurso, como narrativa para defender o militar otras causas.

La bandera del feminismo

¿Existe una preferencia política en la lucha por los derechos de la mujer y la igualdad?

Ruth: —La cultura, la organización y la estructura política económica de la sociedad moderna ya no permite que el feminismo sea definido solamente de un lado o del otro. Hoy por hoy, el feminismo también ha dado un vuelco, ha tenido un proceso de transformación.

Paola: —Yo sí creo que durante mucho tiempo la izquierda tomó esa bandera como propia: el aborto y temas más relacionados con esa dimensión. Pero, también en los últimos años, hemos tenido liderazgos femeninos que han llegado al poder y que no se identifican con la izquierda, sino con el centro o con la centro derecha. De modo que, poco a poco, ha habido un proceso de democratización de esas banderas, por decirlo de algún modo, o de temas de la mujer abordados desde distintas perspectivas ideológicas o distintas formas de pensamiento.

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Valeria: —En la actualidad, hay tantos feminismos como mujeres en el mundo. El 8M es una etiqueta con múltiples significaciones. Digo esto con una salvedad. Tenemos algo en común: todas abogamos por nuestros derechos y oportunidades, por romper el “techo de cristal” y por que no vuelva a erigirse una estructura de violencia simbólica que nos minimice, nos obstaculice, nos deje en un lugar en el que tenemos que gritar para ser escuchadas.

¿Estamos ante una apropiación política de la lucha por la mujer y el 8M?

Valeria: —Hoy una parte del feminismo olvidó las bases con las que se fundó el movimiento y se arroga el derecho a elegir a qué mujeres defender y respaldar y a cuáles no, de acuerdo con un sesgo ideológico alejado de todo concepto de diversidad. Un ejemplo de esto es el 7 de octubre de 2023. Las mujeres judías agredidas, violadas y asesinadas por Hamas no fueron defendidas por ese feminismo selectivo, fundamentalista e ideologizado en pos de otras banderas.

¿Feminismo independiente?

¿Es posible el feminismo fuera de la lucha ideológica?

Paola: —Yo te diría que no solamente es posible, sino que debe ser el desafío y el norte de las mujeres políticas en el siglo XXI. Salir del encuadramiento ideológico es salir de los lugares comunes, aceptar que existe una realidad antropológica de la mujer que incluye biología y que incluye biografía. Cuando digo biología me refiero al sexo. Y con biografía me refiero al género, que tiene una riqueza de tradición y cultura, y que desde esa realidad antropológica. Desde esa verdad política, podemos unirnos todas con independencia de nuestras tendencias ideológicas y de nuestro marco referencial.

Ruth: —El feminismo de hoy debe estar centrado en la reivindicación de los derechos de participación de las mujeres, de los derechos a la equidad. Por ejemplo: salarial, laboral, de igualdad en la vida política, en los procesos sociales, en espacios de decisión de políticas públicas. Obviamente responden a una exigencia distinta, o al menos más sofisticada respecto al nacimiento del movimiento feminista.

Valeria: —A mí, como mujer, me cuesta reconocerme como parte de un feminismo que excluye a los hombres y que nos victimiza constantemente. Tampoco me siento identificada con el feminismo que excluye a las judías o a cualquier otra persona por cuestiones raciales, religiosas, territoriales o sociales. Abogo por un feminismo colaborativo, plural, diverso, flexible, amable, autocrítico y que se permita estar en constante adaptación y evolución.

Desafíos futuros

¿Hacia dónde debe mirar la lucha feminista?

Ruth: —Hoy por hoy el feminismo va más relacionado con la exigencia de tener más mujeres educadas, más acceso a la educación. La lucha feminista está basada también en la competencia económica que el mundo de hoy exige tanto a hombres como a mujeres. Por lo tanto, estas tendencias de derechos feministas están más bien relacionadas con el acceso a los espacios en el mercado, a los nichos de poder y a los lugares de decisión política.

Valeria: —Hace casi veinte años escribí mi tesis de grado y fue justamente sobre género. Allí analizaba los cambios en la representación de las mujeres en las series de televisión antes y después de la asunción de George Bush. Me preguntaba cuánto cambiaron las cosas en el viraje hacia el conservadurismo. En ese entonces, en Argentina poco se hablaba de género y de feminismo. En cierto punto, me gustaría volver a esa época donde se podían debatir las ideas sin entrar en choques ideológicos irremontables, como ocurre en la actualidad.

El Informe Mundial de Drogas 2023 señala un aumento en el número de consumidores y en el consumo problemático de sustancias. Además, indica una menor accesibilidad al tratamiento. También indica que Colombia, un país clave en el narcotráfico, aunque sin el monopolio de los años 90, registró un crecimiento en el área sembrada de coca y en la producción de cocaína.

Adam Isacson, director de la veeduría de defensa de la Washington Office on Latin American (WOLA), una ONG con sede en Washington dedicada a promover los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, explicó a Diálogo Político el papel que juega hoy la región en el narcotráfico, los cambios en la dinámica de esta economía ilícita y los retos en la lucha contra este flagelo. Además, Isacson es experto en migración, paz y seguridad, así como en políticas de drogas en la región. Se ha especializado a estudiar el caso de Colombia.

El mercado de la cocaína

¿Qué cambios hubo en el negocio ilícito de la cocaína en los últimos treinta años?

—En los años 90, Colombia lideraba la producción de cocaína, por encima de Perú y Bolivia. Los carteles de Medellín y Cali eran “multinacionales”, con capacidad para trasladar el producto y refinarlo en sus grandes laboratorios. Con la muerte de Pablo Escobar y la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela, otros grupos, como las FARC y los paramilitares, ocuparon el vacío. Pero sin la capacidad de los carteles de Medellín y Cali. En esa década, el cultivo de coca comenzó a expandirse en los departamentos de Guaviare, Meta y Putumayo. El programa de fumigación con herbicidas por parte de EEUU para erradicar la coca en Guaviare, provocó la dispersión hacia el sur, especialmente a Putumayo.

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La implementación del Plan Colombia contribuyó a debilitar a los grupos armados, pero también llevó a una mayor dispersión de la coca. Se extendió a Nariño, especialmente a la Costa Pacífica, y a Catatumbo, Antioquia y el Chocó. Esta tendencia se mantuvo.

¿Hacia dónde va el negocio de la cocaína?

—Hoy, la cocaína producida en Colombia y en otros países andinos, en su mayoría, va a Europa y al resto de la región, con Brasil como un mercado importantísimo.

La demanda de cocaína en EEUU ha aumentado ligeramente en los últimos diez años, pero la oferta se ha duplicado o triplicado. La cocaína fue una plaga a principios de los años 90, especialmente el crack, que destruyó barrios y causó muchas muertes. Esta droga está asociada principalmente a los años 80 y 90 y pasó un poco de moda. Lo que más preocupa en la actualidad son las drogas sintéticas. Estas son las metanfetaminas y el fentanilo, que son responsables de un aumento alarmante de muertes por sobredosis.

De Latinoamérica al mundo

¿Cuál es la ruta que llama más la atención?

—La de enormes embarcaciones de América Latina hacia Europa, principalmente hacia los puertos de Rotterdam y Hamburgo. Es en estos puertos donde los narcotraficantes obtienen mayores ganancias. Mucho de este cargamento proviene de Venezuela o Ecuador. Centroamérica o México abastecen principalmente el mercado estadounidense. Se estima que EEUU representa menos del 30% de la demanda mundial de cocaína.

El papel de nuestra región es preocupante.

—Totalmente. Este cambio en las rutas del narcotráfico es motivo de gran preocupación para América Latina. Un ejemplo claro es Ecuador. Desde el Acuerdo de Paz en Colombia (2016) y la pandemia, los grupos de crimen organizado ecuatorianos, apoyados por patrones mexicanos, entraron en guerra, lo que resultó en un aumento dramático de homicidios. Este fenómeno ha alarmado a los países vecinos.

Hoy, es más difícil sacar cocaína desde los puertos colombianos debido a la efectividad de la Armada y la Policía de Colombia, que han registrado incautaciones récord de más de 700 toneladas al año, principalmente en el espacio marítimo. Por esta razón, los narcotraficantes buscan rutas con controles más laxos, como Ecuador. Ni que hablar desde Venezuela, donde reina el descontrol.

Por otro lado, el Amazonas se ha convertido en una ruta importante para el tráfico de cocaína hacia Europa. Además, Brasil es el segundo país consumidor de cocaína en el mundo, lo que hace que gran parte de la cocaína destinada a Europa termine quedándose en Brasil.

Globalización del narcotráfico

Existe una interacción entre las economías ilícitas y lícitas. ¿Cómo funciona?

—En Europa, las autoridades están muy preocupadas por el tráfico de cocaína camuflada en contenedores comerciales, como cargamentos de banano u otros productos. El narcotráfico está aprovechando las vías legales para trasladar la droga.

¿Se trata de bandas colombianas con conexiones internacionales?

—Se podría hablar de una suerte de Naciones Unidas de la criminalidad en constante cambio. Hay una globalización del narcotráfico. Los grupos criminales colombianos han perdido el monopolio que tuvieron hace 25 o 30 años. En Ecuador, se habla de la participación de grupos colombianos que intervienen en la oferta y de mexicanos que operan en la ruta hacia EEUU. Incluso de grupos albaneses e italianos. En la región, opera el Tren de Aragua de Venezuela y el Primer Comando Capital de Brasil. En Ecuador, al menos 22 grupos están involucrados en el narcotráfico, trabajando en conjunto con carteles como los de Sinaloa y Jalisco, que tienen sus propias cadenas de oferta en Ecuador con grupos específicos locales.

¿Cuáles son los problemas de fondo que dificultan la lucha contra el narcotráfico?

—La ausencia del Estado en vastas zonas de América Latina, especialmente en la Amazonía y la Costa Pacífica. En estas regiones, la gente pasa mucho tiempo sin ver a representantes del Estado, lo que facilita la penetración de los grupos de crimen organizado.

La corrupción también juega un papel crucial. Los grupos de crimen organizado no buscan tomar el poder, sino mantener sus negocios. Esto los lleva a infiltrarse en el Estado. Necesitan de la corrupción para operar con tranquilidad.

La dinámica de la prohibición también contribuye al problema. Al declarar ilegal la coca, se crea un bien escaso de manera artificial, lo que eleva su precio e incentiva el cultivo y tráfico de la planta.

Además, la enorme desigualdad económica en América Latina empuja a muchas personas hacia las economías ilegales.

Soluciones sin mano dura

¿Por qué hubo una disminución en el acceso al tratamiento del consumo de drogas?

—Los votantes prefieren pedir más cárceles y policías en lugar de soluciones de tratamiento. Los programas de desintoxicación son efectivos, pero costosos. Además, hay un estigma en torno a los centros de tratamiento, ya que afectan el valor de las propiedades y la percepción de los barrios.

Hay otros factores que también influyen. Por ejemplo, en EEUU existe la creencia de que si una persona creó sus propios problemas debe solucionarlos por su cuenta. Esto dificulta el enfoque en el tratamiento y la prevención de las adicciones.

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Parecería que hay motivos suficientes para ser pesimistas.

—Aunque no se han resuelto todos los problemas, se está logrando un mayor consenso sobre cómo abordarlos sin mano dura y sin incrementar el sufrimiento. En Colombia, la Justicia es más fuerte hoy que hace 30 años. Una figura como Escobar hoy no tendría ninguna posibilidad. Es cierto que algunos grupos criminales están penetrando exitosamente en el Estado.  Si no hay mucha violencia, el narcotráfico continúa bajo una especie de pax mafiosa.

Construir una seguridad democrática, encontrar alternativas económicas, crear oportunidades, es una tarea para una generación entera. El progreso siempre es desigual, a veces se avanza, pero también se retrocede. Piense que hace 30 años todo era mucho peor.

En esencia, los aranceles son impuestos aplicados a bienes importados, que aumentan su precio y los hace menos competitivos en el mercado nacional. Esta herramienta es utilizada con el fin de proteger la producción local de la competencia extranjera, generar ingresos fiscales o influir en las relaciones bilaterales. Cuando un país impone aranceles, busca ejercer presión económica y política sobre el país receptor. Utiliza esta herramienta de manera estratégica para promover o disuadir ciertas prácticas comerciales o políticas. Sin embargo, estas medidas suelen desencadenar reacciones en cadena, dando lugar a lo que se conoce como una “guerra de tarifas” o “guerra arancelaria”.

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La guerra de tarifas es un escenario donde los países utilizan los aranceles como arma comercial con fines económicos o políticos. El conflicto se desata cuando un país impone impuestos a las importaciones de otro y este responde con medidas similares. De este modo, se sumergen en un ciclo de aumento de aranceles sobre los productos importados de los demás. Este intercambio de represalias puede intensificarse, afectando el flujo de bienes y servicios, y creando tensiones económicas y políticas.

Donald Trump y su cruzada arancelaria

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca combina dos principios clave. Por un lado, su enfoque proteccionista, que prioriza a EEUU sobre cualquier otra nación. Por otro, la convicción de que el resto del mundo se ha beneficiado a expensas de su país. Esta visión puso al comercio internacional en el centro de su política exterior, con los aranceles como una de sus principales herramientas de negociación y presión.

Desde su primer mandato, Trump sostiene la creencia de que EEUU se encontraba en desventaja frente a otros países debido a los acuerdos internacionales vigentes. Según su perspectiva, estos acuerdos beneficiaban a las economías extranjeras a expensas de la estadounidense, obligando a su país a asumir costos adicionales que no se traducían en bienestar para su población. Por ello, en su regreso a la Presidencia, retomó la imposición de aranceles. Su objetivo es reformular las relaciones económicas y políticas, corrigiendo las asimetrías percibidas con el resto del mundo.

Durante el mes de febrero, Trump anunció aranceles generales que oscilan entre el 10% y el 100%, afectando a socios comerciales clave como China, México, Canadá y la Unión Europea. Estas tarifas se aplicaron tanto de manera generalizada, por ejemplo con los aranceles globales del 25% a las importaciones de acero y aluminio, así como también de forma direccionada, como el 10% sobre todos los productos provenientes de China. Aunque algunas de estas medidas fueron suspendidas o renegociadas, la estrategia refleja un enfoque agresivo y unilateral en la política comercial. Como consecuencia, se alteraron las dinámicas de la economía internacional. Asimismo, el objetivo principal de estos aranceles va más allá del comercio, ya que busca forzar concesiones en áreas políticas y sociales.

Más allá de lo económico, Trump utiliza las tarifas como un mecanismo de presión para abordar problemas políticos y sociales. Por ejemplo, en el caso de México y Canadá, las negociaciones comerciales fueron vinculadas a temas como la migración irregular y el narcotráfico. Asimismo, el presidente estadounidense amenazó a Taiwán con imponer aranceles del 25% al 100% si no trasladaba su industria de semiconductores a EEUU. Y consideró aplicar tarifas del 100% a países del BRICS como respuesta a su intención de crear una moneda alternativa.

La estrategia, que hasta el momento ha demostrado cierta efectividad, no está exenta de riesgos. La imposición unilateral de aranceles suele generar respuestas de retaliación por parte de los países afectados. A su vez, esto genera un ciclo de acciones y reacciones que complejizan aún más las relaciones internacionales. Por ejemplo, China respondió con aranceles propios del 10% y 15% a productos estadounidenses, controles a las exportaciones y amenazas de nuevas investigaciones antimonopolio contra empresas como Google. Por su parte, la Unión Europea advirtió que respondería «con firmeza y de inmediato» si las amenazas arancelarias de Trump se materializaban.

Impacto y consecuencias no deseadas

A pesar de que el objetivo declarado de Trump es proteger la industria estadounidense y generar empleos, la imposición unilateral de aranceles puede tener efectos colaterales significativos. En primer lugar, las empresas locales podrían enfrentar un aumento de costos, especialmente en sectores como el automotriz, con cadenas de suministro de múltiples fronteras. Además, los aranceles suelen traducirse en precios más altos para los consumidores. Las empresas tienden a trasladar el sobrecosto al precio final de los productos. En última instancia, son los consumidores quienes terminan absorbiendo el costo de los aranceles a través de una mayor inflación.

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Para mitigar estos efectos, muchas empresas han recurrido a la «ingeniería de aranceles» o «dodging». Son un conjunto de prácticas diseñadas para reducir la carga impositiva mediante el ajuste de cadenas de suministro, la relocalización parcial de procesos productivos o la triangulación de exportaciones a través de terceros países. Estas estrategias permiten a muchas compañías evadir parcial o totalmente el impacto de los aranceles. A su vez, reducen la eficacia de la política proteccionista y aumentan la complejidad del comercio internacional.

Utilizar la capacidad negociadora y recurrir al aplastante peso de los aranceles es una decisión consciente del gobierno. La economía estadounidense es menos dependiente del comercio exterior que otras potencias industriales. Esto le permite amortiguar parte del impacto de una posible guerra de tarifas.

Por otro lado, existen también antecedentes positivos de políticas arancelarias que han incentivado la relocalización de empresas desde el extranjero. Esto puede atraer nuevas inversiones, impulsar la creación de empleo y facilitar la transferencia tecnológica. Sin embargo, muchos economistas advierten que existen alternativas más eficientes y menos costosas para estimular el crecimiento del empleo sin generar una carga económica adicional para los consumidores.

El futuro del comercio

Mientras los países afectados por las tarifas estadounidenses formulan nuevas estrategias y consolidan nuevas alianzas, es incierto hasta qué punto esta guerra de tarifas puede escalar antes de volverse insostenible para la estabilidad económica global. La presión sobre las empresas, el alza de costos para los consumidores y la incertidumbre en las relaciones internacionales podrían, eventualmente, forzar a Estados Unidos a reconsiderar su estrategia arancelaria.

En última instancia, la viabilidad de esta política dependerá de hasta dónde pueda tensarse la cuerda sin romperse, en un juego de presiones mutuas donde ningún país quiere ser el primero en ceder.

En las calles de Halle, en Sajonia-Anhalt, Alemania, un cartel azul celeste y rojo, adornado con la fotografía de una joven mujer en aparente trance musical, reza: “¡Por fin libre en tu propio país!”. A pocas cuadras, en un salón de conferencias de la ciudad, una voz proyectaba desde las pantallas ese mensaje de liberación a unos miles de partidarios del partido anti-sistema Alternativa por Alemania (AfD): “Estén orgullosos de su propia historia milenaria, y no se pierdan en esa especie de multiculturalismo que diluye todo”.

Este podría ser el mensaje de cualquier viejo derechista alemán. En realidad era el discurso del magnate tecnológico sudafricano-estadounidense y consejero de la Presidencia de Donald Trump, Elon Musk. El mismo que hace apenas pocos años se identificaba como políticamente moderado, cercano a causas progresistas y liberales con marcado acento de utopismo tecnológico.

Lo que antes se interpretaba como una neutralidad pragmática —un desapego supuestamente inherente a la clase tecnocrática del Silicon Valley— resultó más bien en la incubadora de una ideología ambiciosa.

Disrupción y conspiración

Musk, como arquetipo de su generación de magnates, encarna la transición de un progresismo superficial. Se construyó sobre la fe en la inevitabilidad de la tecnología como agente de bienestar. Y pasó a un populismo tecnoreaccionario, que se alinea con los elementos más extremos de la política occidental. Su afinidad con la ideología MAGA, su eco a teorías de conspiración racial como el Gran Reemplazo, su simpatía con proyectos como el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation y su reciente respaldo al revisionismo histórico de la AfD alemana, son más que excentricidades personales. Son la confirmación de un proceso de radicalización de las élites tecnológicas.

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Este último punto es crucial. El desprecio por la política ordinaria, la angustia por la masculinidad retada por la liberación sexual y el entusiasmo por figuras autocráticas no son elementos circunstanciales en este grupo de magnates. Se han convertido en su hoja de ruta. Las propuestas teóricas, y el dinero invertido, lo revelan. Desde la propuesta de Balaji Srinivasan, de crear un “Estado Red” alejado de las estructuras mundanas, hasta fórmulas de gobierno que trasciendan las fórmulas de consulta democrática, como las planteadas por Peter Thiel. Que los líderes políticos sean reemplazados por quienes conozcan la nueva economía es cada vez más recurrente en los círculos de poder tecnológico.

Este fenómeno no se da en el vacío. Musk y sus pares han sido moldeados por una serie de influencias intelectuales. Como el libertarianismo duro de Hans-Hermann Hoppe, las propuestas neomonárquicas de Curtis Yarvin y su Dark Enlightenment y las lamentaciones de la manosphere, que recicla obsesivamente las mismas quejas contra la modernidad, la democracia y el gobierno administrativo.

Narrativa: mesías y peones

No se debe obviar el papel de la cultura corporativa de Silicon Valley. Son hombres sobrecargados de trabajo, atrapados en su propio mito del genio incomprendido, a menudo con un historial de aislamiento social o de resentimiento por el desprecio del mundo académico y cultural establecido. Han construido su visión del mundo desde la convicción de que ellos, y solo ellos, pueden reformar la sociedad y salvar a la humanidad. Esto explica el mesianismo que recorre los discursos de Musk sobre el destino del planeta, la exploración espacial y la inteligencia artificial. Pero también explica por qué la idea de pesos y contrapesos les resulta intolerable. Justamente, es una estructuras diseñadas para mitigar los impulsos autocráticos de los individuos poderosos.

Pero lo que distingue a Musk de sus contemporáneos es su tenaz empeño en tener incidencia pública directa. Mientras Jeff Bezos (Amazon) juega al jet set empresarial y Mark Zuckerberg (Meta) hace ejercicios extremos y ensaya con “comunidades virtuales”, Musk se ha lanzado sin tapujos a la contienda política. Más allá de la retórica incendiaria en X e incluso sobrepasando límites institucionales formales. No solo cambió el discurso socialmente aceptado al bajar los controles al extremismo en X (antes Twitter).

Su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) es el ariete práctico del Proyecto 2025. Implementó despidos masivos de funcionarios, eliminó regulaciones y centralizó decisiones administrativas en un círculo cercano de creyentes alineados con esa visión. Busca remodelar la administración federal estadounidense. Y ha servido de plan para el segundo mandato de Trump, publicando acciones en tuits y correos electrónicos, lo que corta la cinta roja de los funcionarios de carrera.

¿Musk arquitecto o títere?

Es innegable que Musk es una figura brillante. Se hace imposible dudar de su convicción como predestinado al proyectar sus éxitos empresariales en una visión completa de la sociedad humana que colinda entre la genialidad y la megalomanía en torno al destino del planeta, la exploración espacial y la inteligencia artificial. Al final, lo hace presa fácil del agravio y del halago.

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Su comportamiento errático, su tendencia a caer en disputas infantiles y su incapacidad para sostener una narrativa coherente, sugieren que podría ser instrumentalizado por actores más astutos. Mientras los estrategas de la derecha radical han delineado en las sombras el desmantelamiento de las democracias liberales, Musk se mantiene como una figura disruptiva de relativa popularidad. Es capaz de abrir brechas y generar caos. Pero, su historial en la gestión de X, sus fracasos en iniciativas políticas y su falta de una estructura organizativa sólida sugieren que su presencia puede ser fugaz. Aunque su impacto sea duradero.

¿Musk es un verdadero arquitecto de este cambio o simplemente el tonto útil en un juego político mayor? No fue el primero en exponer que el Estado constitucional y una burocracia permanente pueden ser un obstáculo intolerable. Esta estructura fue diseñada, precisamente, para mitigar los impulsos autónomos de individuos poderosos. Pero bien puede ser la persona dispensable que haga el trabajo. A fin de cuentas, Musk no es un funcionario electo. Su posición es vulnerable a las veleidades del poder.

Vaciamiento democrático

El viraje ideológico de Musk no ocurre en un abstracto. Las democracias liberales, occidentales, han erosionado sus propios cimientos al ceder demasiado espacio a un consenso tecnocrático y neoliberal. Esto dejó a sectores de la población alejados las dinámicas que afectan sus países. Cuando los votantes sienten que la democracia no responde a sus intereses, buscan alternativas. Algunas de ellas populistas, otras abiertamente autocráticas. Silicon Valley, lejos de ser una anomalía en este proceso, siguió un patrón similar al de otras élites tecnológicas en la historia. Funcionó como motor de la paradójica ruptura iliberal de la democracia que millones de votantes parecen preferir.

En un mundo donde los algoritmos determinan la información que consumimos y los magnates digitales pueden moldear el discurso público con una publicación, la pregunta no es si tomarán el poder. Sino, cómo resistirán las instituciones democráticas. El incansable Musk, en su papel de Ciudadano Kane posmoderno, no es un caso aislado. Sino, un síntoma de una era donde la tecnología y la política han colisionado de manera irreversible.

Informe de los resultados de las elecciones generales en Alemania elaborado por Viola Neu y Sabine Pokorny de la Fundación Konrad Adenauer.

Las claves

Los partidos de la Unión Demócrata Cristiana son los únicos representantes del centro político que crecen y se convierten así en la opción más votada con un 28,5 por ciento de los votos emitidos. La Unión se beneficia de su competencia en política económica.

Los partidos de la coalición semáforo han sufrido pérdidas considerables. Los liberales del FDP quedan fuera del Bundestag.

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Los partidos de los extremos (AfD, La Izquierda, BSW) aumentan su caudal de votación en un total de 19,3 puntos porcentuales, de los cuales casi cinco puntos no tienen efecto parlamentario. AfD se beneficia considerablemente del aumento de la participación electoral.

Ninguno de los principales candidatos de los partidos de la coalición semáforo tiene ventaja por su cargo. Friedrich Merz destaca por encima de todos sus competidores por su capacidad de liderazgo.

Detalles de las elecciones generales

El electorado alemán está mucho más fragmentado y polarizado que en 2021.

El clima político está marcado por la inseguridad y el descontento. Esto beneficia a los partidos políticos en los extremos.

La Izquierda (Die Linke) alcanza el 35% entre las mujeres jóvenes en las ciudades; AfD, el 36% entre los hombres jóvenes de las zonas rurales.

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Contra todo pronóstico, la Izquierda ha entrado en el Bundestag de Alemania con un 8,8% de los votos y se convierte, por poca diferencia, en el partido más votado de Berlín.

Debido a la nueva ley electoral, en 23 distritos electorales no se puede elegir a ningún diputado directo para el Bundestag. La región metropolitana entre Fráncfort y Stuttgart se ve especialmente afectada.

Diálogo Político realizó una Mesa de Análisis sobre las elecciones en Alemania del pasado domingo, donde la democracia cristiana (CDU/CSU) obtuvo la victoria. Después de tres años de un gobierno liderado por los socialdemócratas, la CDU tiene ahora todas las oportunidades de que Friedrich Merz sea el próximo canciller. Sin embargo, antes de eso, aún le esperan difíciles negociaciones de coalición.

De este encuentro participó desde Berlín Henning Speck, asesor de política exterior y seguridad de la CDU/CSU, y, desde Bruselas, Luis Blanco, coordinador general de la Internacional Demócrata de Centro. Para los analistas era esperable que el actual oficialismo de la socialdemocracia (SDP), con su canciller Olaf Scholz, junto con los liberales (FDP) y Los Verdes, perdieran votos. El símbolo más relevante de su caída en las preferencias electorales fue la fractura de la coalición en diciembre con la salida de un ministro liberal (FDP).

Como ya lo habían anticipado todas las encuestas, el partido de extrema derecha AfD logró duplicar su resultado hasta un 20,8% en comparación con 2021. Se convirtió en la segunda fuerza del Bundestag alemán (Parlamento) después de la CDU/CSU. El mayor éxito lo celebra Die Linke, un partido que hace pocos meses estaba muy por debajo del 5% y que logró una remontada espectacular durante la campaña electoral. Ahora entró en el Bundestag con un 8,7%.

Primer paso: formar gobierno 

El sistema parlamentario alemán obliga que el más votado (CDU/CSU) forme una coalición para alcanzar la mayoría parlamentaria y conseguir los votos para escoger el jefe de Gobierno. 

Se necesitan 316 escaños para gobernar y la CDU/CSU tiene varias alternativas. Lo más factible de acuerdo con el escenario actual, sería una alianza con la SPD, con la que conseguiría la mayoría parlamentaria. Otra opción es la llamada coalición Kenya, en alusión a los colores de su bandera, por la unión con la SPD y los Verdes. De todas formas, de acuerdo con los analistas invitados, no es una opción prioritaria porque la negociación entre dos partidos luce más factible que entre tres.

Una alianza con la AfD también alcanzaría la mayoría parlamentaria. No obstante, la posición ideológica de ambos partidos es opuesta. Por ejemplo, la CDU tiene una postura proeuropea, rechaza a Rusia y busca potenciar la integración multilateral. A su vez, su líder Friedrich Merz dijo no estar dispuesto a formar equipo con el partido extremista. 

Henning Speck comentó que las conversaciones con los socialdemócratas (SDP) comenzarán la semana que viene y la meta es definir el nuevo gobierno para finales de abril o comienzos de mayo. “Saben qué rol juegan y la responsabilidad para mantener la estabilidad”, comentó.

Preocupaciones domésticas

¿Por qué aumentó el apoyo a los partidos radicales? ¿Por qué la gente piensa que tienen soluciones para estos problemas? Los analistas se refirieron a la “gran decepción” política de los últimos tres años. Principalmente debido a la gestión de los desafíos migratorios. Los inmigrantes ilegales crecieron en Alemania y hay un millón de refugiados sirios en una población de 84 millones de personas. A eso se suman los ucranaianos refugiados por la guerra. 

[Descarga: Monitor KAS, elecciones en Alemania]

Según Speck, esto supone “un desafío para las comunidades”, que tienen que dar apoyo en salud, vivienda y educación. Explicó que esto genera una “decepción con el establishment político”, que no logró dar respuestas a estos problemas. 

Por otro lado, el estancamiento económico genera miedo a nivel local, que se refleja en la pérdida de empleo y oportunidades. Una de las razones por las que se rompió la coalición de Scholz, fue la falta de acuerdo respecto al endeudamiento del Estado alemán. Para modificar o flexibilizar el límite de deuda, que permite reorganizar los fondos disponibles para el presupuesto, se necesita cambiar la Constitución. Esto representa otro reto de negociaciones para el gobierno entrante, que tiene el asunto en la mira.

En este contexto, explicó Speck, el objetivo de la CDU/CSU es atender los problemas migratorios, la seguridad doméstica y la política económica, y sobre todo la microeconomía que afecta a cada bolsillo alemán. 

Visión clara en política exterior

Desde Bruselas, Luis Blanco destacó que Merz “trae optimismo” de que Alemania recupere el liderazgo de la Unión Europea luego de la “apática” gestión de Scholz ante los problemas internacionales. En esa misma línea, Speck destacó que tres días después de las elecciones, Merz viajó a Francia para conversar con Emmanuel Macron, una señal de que la integración europea es una prioridad. El desafío en el ámbito internacional son China, Rusia, Irán y mantener una relación constructiva con Donald Trump, pero sin dejar que se imponga ante Alemania. 

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Blanco también valoró que, en política exterior, Merz busca una Unión Europea fuerte para los objetivos de Alemania pero también para fortalecer la “comunidad de valores”. Además, agregó que es un momento oportuno porque 14 Estados miembro de la UE están liderados por partidos de la centro derecha. 

CDU y América Latina

Los analistas coincidieron en que la oportunidad para América Latina radica en la implementación del acuerdo entre la UE y el Mercosur. Speck afirmó que “la bancada de la CDU/CSU ve una tremenda importancia geopolítica en ese acuerdo”. “Queremos firmarlo y ratificarlo de una vez para que haya un nuevo espacio de intercambio comercial y cooperación política”, agregó.

Para Luis Blanco, la oportunidad de Alemania radica en “defender sus intereses comerciales en Latinoamérica” ante la amenaza de la expansión china, rusa e iraní.

Un informe detallado sobre las elecciones alemanas se encuentra disponible aquí.

El Índice de Riesgo Político de América Latina celebra su quinto año, consolidándose como una herramienta esencial para los tomadores de decisiones en los sectores público y privado. A lo largo de este periodo, ha logrado identificar con precisión los principales riesgos políticos que impactan a la región, generando tanto oportunidades como desafíos para el clima de negocios y las inversiones, al tiempo que pone a prueba la gobernabilidad.

El año 2025 se perfila como un período marcado por la complejidad, volatilidad e incertidumbre, en un contexto geopolítico global en plena transformación. Vivimos una época de cambio profundo. El mundo enfrenta un panorama con barreras cada vez más bajas para los conflictos, donde el derecho internacional es frecuentemente ignorado, los organismos multilaterales han quedado relegados al rol de meros espectadores, la carrera armamentista avanza sin control, y el desarrollo nuclear opera bajo mínimas restricciones.

El regreso de Donald Trump añade un nivel adicional de complejidad e imprevisibilidad.
Sus políticas podrían generar repercusiones significativas en áreas como el
comercio, la migración, la lucha contra el narcotráfico, el cambio climático y la gobernanza
tanto global como regional.

Con este panorama, surgen preguntas clave para entender el riesgo político:

• ¿Cómo reaccionará el mundo frente a un Trump que promete un fuerte proteccionismo
  comercial?
• ¿Qué implicancias geopolíticas tendrá una política exterior estadounidense que prioriza
  un enfoque transaccional por sobre las alianzas estratégicas?
• ¿Cómo afectarán estas tendencias la gobernanza global, la lucha contra el cambio
  climático, el control de la inteligencia artificial o el riesgo de proliferación nuclear?
• ¿Qué pasará con los principales conflictos actuales, como el de Ucrania y Rusia o el
  de Palestina e Israel, e incluso con la crisis venezolana?
• ¿Qué nuevos conflictos podrían emerger este año?

El índice de Riesgo Político América Latina identifica tres riesgos estructurales para la democracia en Latinoamérica: la inseguridad y el crimen organizado, la corrupción y el retroceso democrático. Constata que los gobiernos de la región no actúan con la eficiencia que requiere el desafío.

Conversamos con Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Es abogado, profesor y máster en administración pública por la Universidad de Nueva York. Junto con Daniel Zovatto, es editor del Informe de Riesgo Político América Latina.

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El informe comienza citando la incertidumbre que genera el regreso de Trump.  

—Creo que el 2025 va a ser el año la geopolítica. La principal fuente de incertidumbre proviene de eventos globales y de cómo va a ser el segundo mandato de Trump. Hasta la fecha se nota que se trata de un Trump recargado. Conoce lo que es un gobierno, tiene un control mayoritario del Partido Republicano, y está rodeado de asesores incondicionales y leales. Está menos vinculados al establishment republicano tradicional que en su primer mandato. Y finalmente, no tiene reelección, por lo tanto, está dispuesto a ser más audaz e impredecible aún.

Introduce incertidumbre a un mundo en el que el orden internacional basado en reglas está debilitado. Los organismos internacionales parecen meros espectadores. Los conflictos bélicos no enfrentan muros de contención y en definitiva, hay una ausencia de liderazgo global.

Ninguno de los líderes de las potencias tiene un sentido de responsabilidad global que es fundamental para darle mayor organización y entendimiento al orden internacional.

Inseguridad como preocupación principal

¿La inseguridad como preocupación principal de los ciudadanos ya se estableció o puede cambiar?

—El índice de riesgo político de este año confirma que tres riesgos estructurales: la inseguridad y el crimen organizado, la corrupción y el retroceso democrático. Y los gobiernos cada vez muestran menor capacidad para enfrentarlos.

En el caso del crimen organizado, por tercer año consecutivo es el principal tema de la agenda pública latinoamericana. Los gobiernos no tienen la coordinación ni el diálogo mínimo en materia fronteriza en materia de medidas preventivas. Los niveles de informalidad de la economía tampoco contribuyen. Vemos poderes judiciales y policías débiles. La democracia es vulnerable para enfrentar un flagelo cada vez más integrado regionalmente, profesionalizado y diversificado en sus actividades ilícitas. No solamente se trata de narcotráfico, sino también de trata de personas, de minería, pesca y tala ilegal.

Falta de coordinación regional

Gran coordinación entre los criminales, pero poca de las fuerzas democráticas, partidos e instituciones.

—En algunos países el crimen organizado ya está enquistado en las instituciones y forma parte de un cogobierno en algunos estados localidades, como ha ocurrido en México o en su momento en Colombia. El crimen organizado se ha transformado en un problema regional. En países como Ecuador ha aumentado exponencialmente la tasa de homicidio cada 100000 habitantes en un 800% en cinco años. Otros países históricamente en los mejores índices de seguridad como Costa Rica, Uruguay o Chile también están enfrentando sus propios desafíos.

La media de crímenes por 100000 habitantes en Latinoamérica es tres veces la mundial. Y la mitad se explica por el crimen organizado. Si bien América Latina está alejada de las zonas de guerra, se ha transformado en una región tremendamente violenta con ocho de las diez ciudades más peligrosas.

Resulta difícil imaginar que Latinoamérica compita con Sudán.

—Es brutal y no se ve una luz al final del túnel. Las fórmulas que han tenido relativo éxito son aquellas con una deriva más autoritaria, como ha sido el gobierno de Bukele.

El rol de la corrupción

¿Hay chances de romper el ciclo de corrupción e inestabilidad estructural?

—En el corto plazo, no. Todo lo contrario, la corrupción ha ido tomando un carácter estructural. La lucha contra estas prácticas se ha estancado en América Latina en los últimos años. El boom de leyes protransparencia, promoción de integridad pública hoy están relegadas a un segundo plano. El problema es que la corrupción estructural forma parte de la institucionalidad en muchos países. Y sin la corrupción no es posible que los países puedan realizar negocios y que los gobiernos tomen decisiones. Es muy difícil echar pie atrás.

Una razón para el avance del autoritarismo es la falla de la democracia, el informe habla de delivery. Según el Latinobarómetro subió un poquito la aceptación, pero igualmente la mitad sigue pensando que cualquier otra cosa mejor en la medida que solucione la inseguridad.

—América Latina y el Caribe es la región que más ha retrocedido su calidad democrática en el mundo. Se observa la menor valoración al régimen político democrático en los países, especialmente entre los jóvenes. A pesar de este aumento marginal de valoración a la democracia, cerca de la mitad de los latinoamericanos son indiferentes al régimen político, mientras el gobierno les resuelva sus problemas de seguridad, salud y educación.

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¿Por qué se produce esa desafección con la democracia? Una de las razones es porque los regímenes democráticos están teniendo dificultades para llevar adelante las promesas y las expectativas que los ciudadanos han puesto sobre ellos. Esa falta de delivery, de eficiencia, de gobernabilidad produce distancia en el ciudadano y es un terreno fértil para estos gobiernos que llamamos autoritarismo competitivos porque ganan con las reglas de la democracia, pero en el ejercicio del poder erosionan las bases fundamentales del régimen político.

En general, salvo Bukele, Milei y AMLO, los gobiernos están con bajos niveles de aprobación y lo que detecta nuestro índice de riesgo político es que los niveles de aprobación se pierden con rapidez. La luna de miel del pasado ya no existe.

Mapa de riesgos

Persisten los riesgos de ciberataques, tensiones entre China y Estados Unidos y el cambio climático ya identificados en el informe de 2024.

—Yo clasificaría los riesgos políticos del 2025 en tres grupos: los riesgos estructurales, inseguridad, crimen organizado, justicia y retroceso democrático. En segundo lugar, los que emergen con fuerza como migraciones, deportaciones, desinformación y polarización tóxica.

El tercer grupo está relacionado a la geopolítica. Es decir, a eventos globales que tengan impacto en América latina, el destino de los conflictos bélicos, el auge del proteccionismo con el gobierno de Trump, el cambio climático, la persistencia inflacionaria debido justamente a un cuadro de mayores de mayor proteccionismo comercial.

Si algo ha demostrado la segunda administración de Trump es que hoy no se admiten las improvisaciones. La reacción política destemplada de Pedro habría producido un vendaval de sanciones y un daño muy profundo en la economía colombiana. Esto muestra que con Trump los gobiernos hoy tienen que estar más preparados con equipos multidisciplinarios que puedan monitorear las medidas, anticipar escenarios y preparar respuestas estratégicas. De lo contrario, el episodio de Colombia, que es un mensaje no solamente para este país sino para toda América Latina, se va a repetir.

Y hay líneas rojas claramente definidas por el gobierno de Trump. Su política migratoria no admite negociación, los aranceles como forma de presión política, una retórica y posiblemente acción más agresiva frente al ascenso de China en la región, como lo esbozó con el Canal de Panamá.

Los partidos políticos

¿Los partidos políticos están teniendo una estrategia adecuada para enfrentar la polarización tóxica? Parecen atrapados en escalas temporales muy cortas.

—La institucionalidad política está superada por el boom de las nuevas comunicaciones en las redes sociales. Que han transformado las sociedades en más impaciente, más inmediatistas, sin intermediación en las comunicaciones. Aumenta la polarización porque promueve la comunicación. entre los fieles. Invento y con eso alimento lo que quiere escuchar mi grupo, más que el deber ser y todo a una creciente moda de la política del insulto.

Los presidentes se transforman en comentaristas políticos de otros países donde las descalificaciones son parte del paisaje. Esto los hemos visto con Petro, con Buquele, con Maduro, con Milei. Las formas han pasado a un segundo plano en las relaciones entre los gobernantes. La era del respeto y la prudencia, la decencia ha cedido a la de la furia.

Los partidos políticos están débiles, pero el principal problema de gobernabilidad es la fragmentación política. Es tremendamente difícil alcanzar acuerdos. Entonces, los gobiernos no están siendo capaces de llevar adelante sus reformas, sus agendas. Tienen que entenderse con una infinidad de partidos, con mayor o menor representación. Y esto en una era donde la política de los acuerdos y consensos tiene una menor valoración ciudadana.

Oportunidades para la región

El informe habla de una ventana de oportunidades en algunos sectores estratégicos.

—América Latina tiene todo para dar el salto. Tiene los recursos naturales, potencial de energía para la transición energética, litio, cobre, tierras raras, capacidad eólica, solar hidrógeno verde. Si esa riqueza estuviera acompañada de una riqueza en políticas públicas, América latina daría el salto.

La rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, y el impacto que tuvo el covid en las cadenas globales de suministro hasta ese entonces de gran dependencia de China abrieron el debate de la necesidad de relocalizar las cadenas globales. Se trataba hacerlas menos dependiente de China y acercarlas a los centros de producción y a los mercados.

Para aprovechar esto, América Latina tiene que mejorar sus condiciones estructurales, estabilidad política, transparencia regulatoria, incentivos a la inversión extranjera, certeza jurídica, mejoras en infraestructura, sistemas tributarios más atractivos que hagan que muchas empresas estén dispuestas a localizar una parte de su producción más cercana a un gran mercado como es el de Estados Unidos.

Hoy las cadenas globales de suministro están transitando del criterio costo eficiencia hacia un criterio de seguridad y resiliencia, especialmente por la disrupción durante la pandemia del covid-19 Esto constituye una oportunidad para países de la región, especialmente teniendo a Estados Unidos como su mercado de destino.

La geopolítica presente

Esas cadenas pueden estar amenazadas por conflictos lejanos a la región.

—Hay una frase que resume esto: puede que a usted no le interese la geopolítica, pero la geopolítica está interesada en usted. Medio oriente concentra 2/3 de las reservas mundiales de petróleo. En un contexto de mayor inestabilidad puede tener impacto en el precio del petróleo y eso tiene consecuencias para América Latina, para los costos de producción y un cuadro de mayor incertidumbre global que termina afectando los mercados.

¿El nuevo ciclo electoral puede reconfigurar el escenario?

—Este año y hasta el 2026 entramos en un nuevo ciclo electoral y más allá de los riesgos, puede generarse una reconfiguración política en la región hacia fuerzas de derecha. Tenemos elecciones en Ecuador, Bolivia, Honduras y Chile. En tres casos con probabilidad de que gane la derecha. El próximo año le toca a Colombia, Perú y Brasil. Entonces podemos estar entrando en un escenario de un nuevo ciclo político, donde la ola azul comience a regresar.

Las Elecciones en Alemania trajeron de regreso a la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Europa y América Latina enfrentan desafíos similares en el juego de los tres centros de poder geopolítico:

1) Estados Unidos: Bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha perdido fiabilidad. Tanto América Latina como Europa han sentido los efectos negativos de esta imprevisibilidad. Las relaciones transatlánticas se han visto afectadas y la confianza en Estados Unidos como socio fiable ha disminuido.

2) Rusia: Vladimir Putin dirige una dictadura basada en una pequeña élite de oligarcas. El país actúa de manera agresiva e imperialista hacia sus vecinos, ignorando los derechos humanos y el derecho internacional como si no existieran. Europa se ve amenazada directamente en su integridad territorial por la potencia nuclear rusa, pero mirando las actividades de Rusia en Nicaragua, Cuba y Venezuela, Moscú también juega un papel destructivo en América Latina. En general, es necesario protegerse de las ambiciones expansivas de Rusia.

3) China: China es un Estado autoritario cuyos valores no coinciden ni con los de América Latina ni con los de Europa. Los países que comercian demasiado con China corren el riesgo de caer en una dependencia total que China sabe cómo explotar para sus propios fines. Varios estados de Europa y América Latina están jugando con fuego en este sentido.

En este contexto, con el resultado de las elecciones en Alemania surge una oportunidad para que los gobiernos democráticos de América Latina y Europa trabajen más estrechamente.

Tres claves

Hay tres enfoques posibles. Primero, ambas regiones comparten mayoritariamente la convicción del multilateralismo basado en los valores de la Carta de la ONU y pueden coordinarse más en foros multilaterales. Segundo, conocen los efectos positivos del libre comercio. Tercero, Europa está envejeciendo y necesita mano de obra calificada, y los latinoamericanos generalmente tienen menos dificultades de integración que otros grupos de inmigrantes en Europa.

¿Qué representa Friedrich Merz?

Friedrich Merz, quien probablemente liderará el próximo gobierno de la mayor economía de Europa, tiene la tarea de resolver los desafíos de Alemania y fortalecer la unidad europea. Este último declaró como su prioridad en la política exterior.

Las posiciones económicas liberales y conservadoras del líder de la CDU podrían tener efectos positivos en las relaciones con América Latina, ya que Merz es un defensor de un orden multilateral basado en el derecho internacional y el libre comercio.

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Las posibilidades de un exitoso acuerdo comercial entre la UE y Mercosur han aumentado con su elección. Especialmente en los círculos económicos, Merz es considerado el hombre adecuado para impulsar el crecimiento en Alemania y fomentar la cooperación económica con el extranjero. América Latina puede aprovechar esto.

Migración legal y trabajo

Además, Merz aboga por limitar la inmigración ilegal, pero enfatiza la necesidad de la inmigración legal de trabajadores calificados a Alemania y quiere mejorar estas oportunidades. Los migrantes latinoamericanos podrían beneficiarse de esta política. La cantidad de migrantes ilegales de América Latina a Alemania es insignificante, pero muchos trabajadores calificados latinoamericanos (ejemplo: enfermeras o expertos en IT) están muy interesados en emigrar legalmente a Alemania.

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América Latina puede aprovechar la oportunidad y presentarse como un buen socio en interés mutuo. En un mundo marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas, la victoria de Friedrich Merz en las elecciones de Alemania ofrece a América Latina la oportunidad de profundizar las relaciones con el país más influyente de Europa. No debe ser el derecho del más fuerte imponer su voluntad al mundo, sino que son las convicciones democráticas y los intereses comunes los que nos impulsan hacia adelante. Tanto en Europa, como en América Latina hay muchos gobiernos que comparten este abordaje político.

¡Manos a la obra!

Uruguay ha sido un país predecible desde la restauración democrática en 1985. Tanto la estabilidad macroeconómica como el sólido sistema de partidos constituyen un activo invaluable que llevó a que el país sea reconocido como una democracia plena a nivel mundial. Sin embargo, estos logros no han sido suficientes para avanzar de manera sostenida hacia el desarrollo.

En la década que termina, la economía uruguaya creció a una tasa promedio del 1,1% anual. Muy por debajo del 5,5% registrado entre 2005 y 2015, período favorecido por condiciones externas excepcionales. Establecer las bases para un crecimiento sostenido e independiente de factores exógenos debe ser la principal prioridad de la nueva administración de Yamandú Orsi. El presidente electo del Frente Amplio (FA) asumirá este sábado 1 de marzo.

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Fue electo como candidato con el respaldo explícito del expresidente José Pepe Mujica, el exguerrillero devenido en figura de referencia posmoderna. En el Parlamento, el nuevo gobierno tiene mayoría en el Senado y le faltan apenas dos votos para alcanzarla en la Cámara de Diputados, lo que sugiere una gobernabilidad sin grandes sobresaltos. Aunque los politólogos se preguntan qué alianzas podrán construirse para aprobar proyectos que tengan un impacto en las necesidades que atraviesa el país.

Crisis demográfica, el problema ignorado

Paralelamente, el nuevo gobierno deberá atender el descenso sostenido de la población, un fenómeno con profundas implicancias en el futuro del país. Según el censo de 2023, Uruguay tiene apenas 3.499.451 de habitantes. La tasa de fecundidad continúa en declive, situándose en 1,24 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional.

El crecimiento poblacional de los últimos doce años ha sido prácticamente nulo, con una tasa anual de apenas 0,2 %. Mientras tanto, la expectativa de vida alcanza los 78,3 años, lo que, sumado a la baja natalidad, acelera el envejecimiento de la población. Esta tendencia afecta la estructura del mercado laboral, el sistema previsional y las perspectivas de crecimiento económico.

Uruguay parece seguir la senda de los países desarrollados con poblaciones envejecidas, pero sin los niveles de productividad o innovación que compensen la falta de crecimiento demográfico. Aunque la inmigración ha cambiado su composición —con un flujo cada vez mayor desde Sudamérica y el Caribe—, es insuficiente para revertir la tendencia. Si el estancamiento económico ya era evidente, la dinámica demográfica lo refuerza con igual falta de vitalidad. No obstante, este problema sigue sin ocupar un lugar relevante en la agenda de prioridades del gobierno, como tampoco lo hizo en administraciones anteriores.

El desafío de manejar la interna

Uno de los principales retos de Orsi será gestionar la diversidad ideológica dentro del FA. Se trata de una coalición de izquierda fundada en 1971 que agrupa sectores con visiones muy distintas: comunistas, extupamaros, socialistas, liberales de izquierda, socialdemócratas e independientes. Además, la influencia de los movimientos sociales y del poderoso sindicato PIT-CNT, presidido por un dirigente comunista, representa un factor de presión constante.

Algunas facciones del FA mantienen una visión anclada en los 60, como si la caída del Muro de Berlín nunca hubiera ocurrido. Otras, en cambio, buscan una renovación alineada con figuras como el presidente chileno Gabriel Boric. Existen posturas divergentes sobre regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela o el modelo cubano. Aunque hay consenso en la admiración por Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y el rechazo a figuras como Donald Trump de EEUU.

En materia de política exterior, Brasil y la diplomacia de Itamaraty parecen ser el modelo a seguir por Orsi en el Mercosur y en la estrategia de apertura comercial. La atracción de inversiones y la conquista de nuevos mercados siguen siendo una deuda pendiente de Uruguay, que necesita mayor flexibilidad dentro del bloque regional sin comprometer su estabilidad. La concreción del Tratado de Libre Comercio anunciado entre Argentina y EEUU bajo la gestión de Javier Milei será un factor clave en este escenario.

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Otro desafío clave para el nuevo gobierno de izquierda será contener el avance del narcotráfico y su espiral de violencia, una realidad palpable en varios barrios marginales de las principales ciudades. Los casos de Ecuador y Rosario, en Argentina, demuestran que la situación puede descontrolarse de manera abrupta. Aunque Uruguay aún no enfrenta ese escenario, la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía hace 15 años. Y, si bien los índices delictivos no empeoraron durante el gobierno de Lacalle Pou, la situación carcelaria y la lucha contra la violencia requieren reformas urgentes y consensos nacionales.

Presión sobre el equipo económico

Navegar entre dos gigantes —Argentina, bajo la conducción de Milei, y Brasil, liderado por Lula— supone un desafío diplomático y comercial para la Cancillería uruguaya. Será fundamental adoptar una postura pragmática y profesional, dejando de lado afinidades ideológicas que puedan comprometer la estrategia internacional del país.

En el ámbito económico, la responsabilidad recaerá en el ministro designado Gabriel Oddone, un respetado doctor en Economía con amplia trayectoria en el sector privado y una visión de izquierda liberal e independiente. Oddone entiende que Uruguay no puede soportar una mayor carga impositiva —es uno de los países más caros de la región— ni un incremento en la intervención estatal. No obstante, es consciente de la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público y la burocracia estatal para impulsar el crecimiento sin debilitar la tradicional función social del Estado.

Las expectativas sobre el éxito o fracaso de este gobierno recaen en gran medida sobre Oddone y su equipo económico. La tarea no será sencilla: deberá lidiar con un escenario global complejo y con un FA que aún mira con recelo muchas de sus propuestas.

La estabilidad no basta para atraer inversiones extranjeras ni para dinamizar la economía. Mucho menos para generar un clima de optimismo y oportunidades para la población joven, productiva y emprendedora.