El escándalo conocido como “la Casa Blanca de Peña Nieto” sacudió la política mexicana en 2014. La periodista Carmen Aristegui develó un conflicto de intereses entre el entonces presidente mexicano y un contratista beneficiado durante su administración. Durante más de un año de exhaustiva revisión de documentos de acceso público y reportería, se logró establecer conexiones entre la vida pública y privada de Peña Nieto que sustentaron la publicación. Los datos obtenidos fueron tan contundentes que prescindieron de fuentes anónimas o indirectas.

En este proceso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México fue clave. Garantizó que las múltiples solicitudes realizadas tuvieran una respuesta positiva y la posibilidad de revisar  documentos clave, como contratos gubernamentales de la empresa constructora implicada que vendió la famosa casa. Ahora, este ente será reemplazado oficialmente por Transparencia para el Pueblo. El órgano dependerá directamente del Ejecutivo Federal con la pretensión de que sea “autónomo”.

El gobierno de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, argumenta que el cambio hará más eficiente el acceso a la información y fortalecerá la seguridad de los datos personales. Pero queda una duda sembrada. ¿Podrá la transparencia sobreponerse a otros intereses? ¿Es posible ser juez y parte cuando se habla de transparencia?

En los últimos años, varias iniciativas ciudadanas en Latinoamérica promovieron el acceso a la información pública como un valor irrenunciable para la rendición de cuentas y la protección de los sistemas democráticos. Muchas de ellas han derivado en la consolidación de normativas.

Pantanos para acceder a información

En varios países, incluso con legislación establecida, se generan pantanos para acceder a la información. La escalada del autoritarismo y el deterioro de las libertades limitan seriamente la fiscalización pública.

En el El Salvador, la ley vigente desde el 2011 permitió evidenciar casos de corrupción a través de investigaciones periodísticas de gran impacto. En 2018, un reportaje de la Revista Factum sobre maternidad precoz reveló que el 30% de las embarazadas eran menores de edad. Todos los datos se obtuvieron bajo solicitudes de información pública, que ahora ya no proporciona el Ministerio de Salud. Desde la llegada del presidente, Nayib Bukele, varias solicitudes fueron incumplidas en el plazo o negadas, algunas bajo el argumento de reserva. Se hace casi imposible acceder a documentos oficiales, obligando a periodistas y organizaciones cívicas a asumir otros caminos para fiscalizar.

En Argentina también suenan las alarmas. La tensa relación entre el presidente, Javier Milei, y la prensa, condiciona varias libertades del ejercicio profesional. Por ejemplo, el mandatario propuso que los periodistas que accedan a las conferencias de prensa presenten un declaración jurada, para que, según él, “puedan ser sometidos al escrutinio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad”.

Sin embargo, un hecho que avivó el debate es el Decreto 780 que Milei firmó en 2024 y que reforma la propia Ley de Acceso aprobada por el Congreso. Amplía las excepciones a la obligación general de entregar datos y aumenta los requisitos para que los ciudadanos puedan solicitar información. Preocupa porque se les otorgaría a los funcionarios públicos la capacidad de definir qué datos son considerados de interés público y cuáles no, profundizando esferas de secretismo y opacidad.

Most governments don’t want USAID funds flowing into their countries because they understand where much of that money actually ends up.

While marketed as support for development, democracy, and human rights, the majority of these funds are funneled into opposition groups, NGOs… pic.twitter.com/bXpdK29zH5

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 2, 2025

Contextos más adversos

En Guatemala y Honduras, con leyes vigentes de acceso a la información pública e iniciativas para la divulgación estatal, organizaciones ciudadanas reportan que existen dificultades administrativas y financieras para implementar de manera eficiente las plataformas digitales. A esto se suma el crecimiento de una cultura de la opacidad en la que funcionarios públicos se blindan para negar información. Especialmente aquella que consideran sensible y puede dar pie a mayor fiscalización.

En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cercenó todas las libertades del espacio cívico y la fiscalización que, generalmente, se realiza desde el exilio. Periodistas y organizaciones cívicas debieron salirse del país, pero no han renunciado al derecho de obtener información. Está vigente desde 2007 la Ley de Acceso a la Información Pública, pero con una aplicación casi nula. Las Oficinas de Acceso a la Información Pública, que inicialmente fueron establecidas en varias dependencias estatales, hoy se encuentran desmanteladas o convertidas en órganos de propaganda gubernamental. 

Esta misma figura se da en Venezuela, también con una Ley de Acceso a la Información Pública desde 2001 sin una contribución a la transparencia debido a las condiciones del régimen de Nicolás Maduro.

A pesar de estas condiciones adversas y la fuerte censura, ambos países demostraron ser un ejemplo para la región respecto al ejercicio periodístico. Grandes investigaciones develaron corrupción en todos los niveles de gobierno.

¿Qué pasa cuando ni siquiera hay ley?

Haití y Bolivia no cuentan con una ley de acceso a la información pública y, hasta julio de 2024, ese también era el caso de Cuba. Sin embargo —una decisión histórica— la Asamblea Nacional aprobó esa normativa que, según sus promotores, ayudará a “regular la transparencia y establecer obligaciones que deben cumplir sus responsables”. Expertos observan que incluso podría tener un efecto contrario, pues no contribuye a buenas prácticas en el contexto internacional. Más bien, podría establecer mayores restricciones debido al control estatal y a los canales de desinformación.

En el caso de Bolivia, a pesar de varias iniciativas legislativas, periodísticas y ciudadanas no se ha podido consolidar una normativa. En 2024 el Senado aprobó el Proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública, el avance más importante hasta el momento. Pero aún debe ser revisado y aprobado por la Cámara de Diputados para su promulgación.

Saber para decidir

Sin importar el gobierno en funciones, la ley debe responder a los ciudadanos y su legítimo derecho a estar bien informados para tomar decisiones. Pero, en los últimos años, en algunos países donde la normativa parecía sólida, los órganos garantes no mantuvieron independencia. También, hay más trabas en las solicitudes de información o son respondidas con discrecionalidad por los funcionarios.

Que exista una ley es importante, pero la realidad demuestra que no es garantía de una implementación efectiva.

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El desafío es el Estado abierto, un modelo que por definición hace referencia a la “gobernanza y la apuesta de los gobiernos por la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración con la sociedad civil, utilizando la tecnología y la información pública de manera accesible y eficiente”.

En América Latina hubo avances, sobre todo impulsados por proyectos internacionales y acuerdos como la Iniciativa de Gobierno Abierto que aún no logró un desarrollo equitativo para todos los países miembros.

¿Dónde están los avances?

En 2024, y luego de más de una década de intentos, Costa Rica aprobó una ley histórica de acceso a la información pública. Aunque, de hecho, su constitución garantizaba estas prácticas. El logro es que la normativa hace efectivos procedimientos y sanciones para quienes infrinjan este derecho.

Por otro lado, Uruguay, a pesar de contar con una normativa consolidada, impulsa acciones para el fortalecimiento de la transparencia y mantiene vigentes organismos de control, como la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Cuentas que audita los Fondos Públicos.

Chile es otro buen ejemplo de control eficiente y marco legal sólido. Cuenta con un Consejo para la Transparencia que está encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Al igual que Uruguay, una de las principales fortalezas radica en la institucionalidad que funciona con independencia y permite la fiscalización en diferentes niveles.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024, elaborado por Transparencia Internacional, la mayoría de los países lograron pocos o nulos avances en la lucha contra la corrupción. Uruguay y Chile son considerados los referentes positivos mientras, al otro lado, están Venezuela y Nicaragua. Además, México cayó al puesto 140 de 180 países, su peor posición histórica en el índice.

En la región la mayoría de los países tienen una puntuación por debajo de 50 (en una escala de 0 a 100). La realidad demuestra que se profundiza la corrupción estructural, la falta de independencia judicial y el debilitamiento institucional.

La asistencia exterior fue históricamente de las principales herramientas usadas por Estados Unidos para promover sus objetivos políticos en el mundo, especialmente en América Latina. Entre 1946 y 2022, el aporte financiero para la región fue de US$ 228 mil millones según el Congreso estadounidense. Las líneas de cooperación variaron con el tiempo. Desde la lucha contra la influencia de la Unión Soviética, en la Guerra Fría, hasta temas como la promoción de la democracia y la batalla contra el narcotráfico.

Con el regreso de Donald Trump y que “la edad dorada de EEUU comienza ahora”, llegaron nuevos enfoques. El secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó cambios más radicales: “Tras una revisión de seis semanas, estamos cancelando oficialmente el 83% de los programas de USAID”. La institución, creada en 1961, gestionaba el 63% de la asistencia exterior con presencia en 130 países. La suspensión de la ayuda internacional estadounidense ha generado un gran impacto en diferentes países del mundo, incluyendo Colombia.

Colombia y EEUU

En los últimos 50 años, Colombia ha sido el mayor receptor de asistencia económica de EEUU en el hemisferio occidental. Y, si se analiza por sector, en el 2023 las principales áreas de financiación han sido paz y seguridad, con US$ 225.6 millones, seguido por asistencia humanitaria, con US$ 223.4 millones, según la Cámara Colombo Americana. Así, recibió anualmente US$ 440 millones de USAID para 80 programas. Por eso, la medida anunciada por EEUU alarmó al país, por el impacto que puede tener a nivel local, especialmente en los sectores mencionados.

El tema relevante es que, según el Departamento de Estado de EEUU, desde 2017 el país norteamericano ha destinado más de US$ 1.500 millones en asistencia para la implementación del Acuerdo de Paz. Es decir, han proporcionado el 42% de la ayuda exterior al respecto. Además, en 2022 el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, ratificó su compromiso con esta apuesta. Así, se convertían en el principal acompañante internacional del Capítulo Étnico del acuerdo.

Además, en 2024 el 70.6% del total de la financiación humanitaria en el país — aproximadamente US$ 330 millones— provino de EEUU, según el Financial Tracking Service (FTS) de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Y la mayoría de estos programas fueron ejecutados por  USAID.

Impacto local

Colombia es uno de los países con el conflicto armado más prolongado del mundo y las apuestas por la consolidación de la paz son constantes. En este escenario, el rol de la cooperación internacional ha sido fundamental debido a su carácter neutral y su capacidad de tejer puentes de diálogo. Por lo tanto, genera preocupación que EEUU, como el país que proporciona la mayor asistencia en este ámbito, realice estos recortes. Las afectaciones se ven reflejadas en diferentes niveles.

A nivel gubernamental, se anunciaron recortes: US$ 9.5 millones en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), US$ 625 mil en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y US$ 3.5 millones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en enero de 2025. Sin embargo, tres meses después, el Departamento de Estado ratificó que reactivaría la asistencia financiera a la JEP con la asignación de US$ 2.3 millones para la implementación del proyecto Aumentando el Impacto de la JEP con un enfoque holístico de la Justicia Transicional.

Centros de pensamiento y ONGs

Asimismo, think tanks y ONGs enfrentan desafíos. Por un lado, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) anunciaron que deben pausar algunas iniciativas. La Pastoral Social de la Iglesia Católica reportó que nueve diócesis están en riesgo de cerrar programas en los que benefician a más de 15.000 personas.

Se suma el impacto generado por el cierre de programas específicos, como Juntanza Étnica liderado por USAID y ACDI VOCA, pues dos de sus organizaciones se vieron afectadas. La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados tuvo que despedir a todo el personal y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano no recibirá la financiación de US$ 170 mil que había acordado con USAID para ejecutar programas de paz y reconciliación. También se lamenta el cierre del programa Jóvenes Resilientes que ofrecía oportunidades a la población juvenil en riesgo de reclutamiento y que logró la desmovilización de 200 jóvenes vinculados a grupos delincuenciales en Quibdó.

Búsqueda por la paz continúa

La asistencia financiera de EEUU para la consolidación de la paz en Colombia ha sido muy significativa. Sin duda, los recortes anunciados en el 2025 tienen efectos negativos en el país. Sin embargo, la apuesta por la paz en Colombia no depende exclusivamente de esta financiación. Por ejemplo, el funcionamiento de instituciones estatales, como la JEP, la UBPD y la ANT, se basan en los recursos de la nación. Y sólo en 2024 se aprobó en el Congreso un presupuesto de COP $50.4 billones para la implementación del Acuerdo Final hasta el 2027.

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Existen múltiples cooperantes internacionales que han aportado a la construcción de paz en el país. Ya sea por medio de asistencia colectiva —como el Fondo Colombia en Paz, el Fondo Europeo para la Paz y el Fondo Multidonante de la ONU para la Paz en Colombia— o de manera independiente, por medio de embajadas o agencias de cooperación. Se destacan países como Suecia, Alemania, Canadá, Irlanda, España y Reino Unido.

Es lamentable la suspensión de ayuda internacional por parte de EEUU, especialmente para los objetivos de la paz. Pero la búsqueda por la paz en el país persiste.

La era de Francisco, el primer papa latinoamericano, representó un giro político y simbólico en la historia reciente del Vaticano. Su liderazgo no solo alteró el enfoque geográfico de la Iglesia, llevando la atención hacia países del Sur. También puso a América Latina en el centro de debates sobre justicia social, desigualdad y política internacional. Sin embargo, su influencia estuvo marcada por tensiones entre su discurso reformista y los límites estructurales de la Iglesia católica.

Desde su elección en 2013, Francisco dejó claro que en su papado América Latina tendría relevancia. No es descabellado pensar en esto, pues se trata de la región del mundo con la mayor concentración de fieles católicos.

En total, Jorge Mario Bergoglio viajó 47 veces fuera de Italia y visitó 67 países. En Latinoamérica estuvo en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú. Quizá el elemento más simbólico es que no pisó Argentina, su suelo natal.

Su primer viaje apostólico a Brasil fue una declaración de intenciones. Buscaba una Iglesia cercana a los pobres, con un papel activo y que saliera a las calles . Esta visión social del catolicismo marcó un contraste con sus predecesores y se tradujo en una serie de intervenciones políticas que le ganaron aliados y detractores.

Mediaciones y tensiones

Una de las gestiones más emblemáticas fue su papel como mediador en el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba en 2014, un hito diplomático que fortaleció temporalmente la influencia del Vaticano en América Latina. También respaldó el proceso de paz en Colombia con las FARC, que culminó en un acuerdo celebrado internacionalmente. Estas acciones proyectaron al Papa como un actor geopolítico, capaz de influir en procesos de reconciliación y distensión.

Su actuación ante crisis más complejas como la de Venezuela evidenció limitaciones. Aunque promovió el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, fue criticado por sus pocas definiciones iniciales ante las violaciones de derechos humanos . Solo en sus últimos años adoptó un tono más contundente, al declarar que “las dictaduras no sirven y terminan mal antes o después”, en alusión a Venezuela. Este viraje tardío fue leído por muchos como un intento por preservar el legado papal en medio de la polarización política regional.

Sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha perseguido a la Iglesia, dijo en 2023 durante una entrevista a Infobae que «Es como las dictaduras comunistas o hitlerianas, grosera».

Desafíos estructurales de la Iglesia

En el plano interno, el Papa lidió con desafíos estructurales de la Iglesia en América Latina: el auge del pentecostalismo, la pérdida sostenida de fieles y los escándalos por abusos sexuales. A pesar de medidas como el endurecimiento de penas para clérigos abusadores y la disolución de movimientos religiosos implicados en abusos, como el Sodalicio de Vida Cristiana en Perú, el daño institucional fue profundo. Su decisión de aceptar la renuncia masiva del episcopado chileno tras el escándalo del obispo Barros fue histórica, pero también tardía y reactiva.

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El legado doctrinal de Francisco también fue ambiguo. Mantuvo posturas conservadoras en temas como el aborto y los anticonceptivos, a pesar de avances legales en países como Argentina, México y Colombia. Si bien mostró una apertura retórica —como permitir que sacerdotes absuelvan a mujeres que abortaron o afirmar que “ser homosexual no es un delito”—, no impulsó cambios estructurales. Esta ambigüedad generó desencanto en sectores progresistas, aunque también mantuvo un equilibrio que evitó una fractura más profunda dentro del clero.

El legado de Francisco en Latinoamérica

El Papa argentino deja una huella mixta en América Latina. Su esfuerzo por reposicionar a la Iglesia como actor político y moral en la región fue evidente, pero no logró detener el declive institucional ni consolidar un liderazgo transformador en temas de justicia de género o renovación doctrinal.

Su popularidad, aunque aún alta, sufrió desgaste, especialmente en su natal Argentina, donde su figura genera debates. En el balance, su pontificado representó más una transición que una transformación radical: un intento por actualizar la presencia de la Iglesia en una región convulsionada, sin romper del todo con su legado conservador.

Marcel Vaillant, doctor en Economía y profesor de Comercio Internacional, advierte que la política proteccionista del presidente estadounidense Donald Trump socava los pilares del sistema de comercio global, uno de los principales motores del crecimiento económico mundial. A su juicio, a largo plazo, esta estrategia perjudicará a todos los países, incluido al propio Estados Unidos.

El académico uruguayo considera erróneo intentar corregir el desequilibrio comercial mediante la imposición unilateral de aranceles. Sostiene, en cambio, que el verdadero problema que enfrenta EEUU es macroeconómico: un déficit estructural de ahorro y un elevado nivel de endeudamiento en relación con el tamaño de su economía.

Quiebre del marco multilateral

¿Cuál es su análisis sobre la política arancelaria de Trump?

Representa un shock histórico en términos de reversión proteccionista de bienes. Es sorprendente que sea EEUU, un actor clave del orden internacional y que, en particular, tuvo un papel central en el sistema de comercio global. Desde la década de 1980, el comercio es de los principales motores del crecimiento económico mundial. Los principios son claros, como la nación más favorecida, la reciprocidad y el libre comercio a través de acuerdos comerciales preferenciales aceptados globalmente. Trump ha derribado estos principios al adoptar un enfoque opuesto.

Su política va en la dirección contraria de la idea de la liberalización competitiva, que comenzó bajo la presidencia de George W. Bush. Entonces, se suscribieron una docena de nuevos acuerdos de libre comercio con EEUU.  En este contexto, la política de Trump es disruptiva y carece de sentido si se busca solucionar el déficit comercial externo en  bienes.

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Usted plantea básicamente dos críticas. Primero, que se trata de un instrumento de protección equivocado con relación a lo que se quiere resolver. Segundo, la manera unilateral de llevarlo adelante, que rompe con el espíritu de entendimiento y del multilateralismo. ¿Es así?

Exacto. El tema de la reciprocidad es crucial. En todas las rondas de liberalización se acordó aplicar aranceles, barreras y reglas que no discriminen entre países. Es decir, si se otorga un nivel de acceso a un país (aranceles), debe ser extendido a todos. Esto se conoce como trato de nación más favorecida. Además, los países se comprometieron a reducir estas barreras progresivamente, lo que hicieron en ocho rondas de liberalización del comercio en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), bajo la reciprocidad de la primera diferencia, esto es liberalizaciones con reducciones balanceadas entre sus miembros. Además, cuando un país reduce sus aranceles más que otro de forma unilateral, esa reducción se aplica a todos. Se promueve así la liberalización global del comercio. Este ha sido el marco multilateral que ha predominado hasta ahora.

De hecho, muchos países antes emergentes han pasado a ser actores clave en el comercio global, como Japón, Corea, China y los países del sudeste asiático. Jugaron un papel fundamental en la evolución del comercio internacional.

Problema macroeconómico

¿Quiere decir que la Casa Blanca plantea argumentos equivocados ?

El argumento de la reciprocidad en el acceso al mercado no tiene sentido vincularlo con el balance comercial bilateral, ya que desconoce la especialización comercial de los países. Un tema es el acceso al mercado y el deseo de que sea balanceado. Otro, diferente, es el balance comercial bilateral. Insisto, el verdadero problema que enfrenta EEUU no es comercial, sino macroeconómico.

El déficit comercial de EEUU está relacionado con su déficit de ahorro. El país gasta más de lo que ingresa, lo que genera una gran cantidad de dólares en circulación, porque el dólar es la moneda de reserva mundial. Además, su déficit de cuenta corriente no es solo comercial. Es una presión que también se origina en el servicio de la deuda y de la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto (PIB).

¿Qué nos dice que un país registre una balanza comercial deficitaria, como EEUU?

No necesariamente es algo negativo. En cierto sentido, puede indicar que un país está consumiendo más de lo que produce, lo que puede ser positivo en el ciclo económico si ese consumo estimula la actividad interna. Sin embargo, en el caso de EEUU, este déficit en la balanza comercial de bienes se debe en parte a un proceso de desindustrialización. Muchas empresas estadounidenses relocalizaron su producción fuera del país. Este proceso es parte de la globalización de la manufactura, que fragmentó la producción en cadenas globales de valor. Permitió que muchos bienes sean fabricados en múltiples  lugares, desde el Este de Asia, Europa o la propia Norteamérica. A pesar de este déficit en bienes, EEUU tiene un superávit en los servicios, principalmente porque es el líder mundial en la economía digital. Sectores como la tecnología, los servicios financieros y el entretenimiento son fuertes motores económicos para el país.

Sin embargo, el problema real no está solo en la balanza comercial de bienes, sino en los pagos de la deuda. El déficit comercial no se resolverá simplemente con aranceles. El verdadero desafío de EEUU es macroeconómico y está relacionado con su deuda y la relación entre gasto e ingreso.

Además, intentar recuperar la manufactura estadounidense a través de políticas proteccionistas podría no ser efectivo, y si lo fuera sería muy costoso, erosionando la competitividad. La tendencia hacia la fragmentación de la producción continuará porque la globalización es un fenómeno dominante.

¿Por qué aranceles?

¿Por qué entonces EEUU toma el camino de la protección?

El enfoque proteccionista en el comercio es difícil de justificar desde una perspectiva económica. La política de imponer aranceles y barreras comerciales no está resolviendo los problemas fundamentales de la economía estadounidense, como el déficit comercial y la desindustrialización.

Lo que es probable que ocurra en estas negociaciones bilaterales con otros países es que se negocien aspectos adicionales que no están directamente vinculados al déficit comercial de bienes. EEUU podría estar buscando otros objetivos de relaciones internacionales. Como acuerdos relacionados con su deuda, ya que la presión para manejar el servicio de esa deuda es una parte crucial de su problemática económica. También está la demanda sobre las relaciones con China y presionar a otros países para que se desacoplen de estas economía.

¿Puede existir un interés especial en golpear a Asia, particularmente a China y Vietnam?

Sí, sin duda. El tema de China es clave. La política de aranceles de Trump está muy centrada en China, no solo por el déficit comercial bilateral, sino también por el rol que China juega en la relocalización de empresas y los conflictos derivados de la disputa por el liderazgo tecnológico. Como reacción a las políticas del primer gobierno de Trump, muchas empresas chinas han reubicado su producción en Vietnam y otros países de Asia, e incluso a México. Esto aumentó las exportaciones con insumos de China sin pasar por los aranceles que Trump impuso a China y que Biden mantuvo.

Se observa un fragmentación de las respuestas internacionales. China y la Unión Europea están imponiendo sus propios aranceles, o amenazando con hacerlo, sobre productos estadounidenses. Esta situación complica las relaciones comerciales y genera mayor incertidumbre en los mercados. Pero hay países con menos capacidad de negociación que no tienen tanto poder para desafiar a EEUU en una guerra comercial. Vietnam se ve obligado a negociar, no solo desde una perspectiva comercial, sino también geopolítica. Su relación con China será un factor clave en esas negociaciones. Es probable que, a cambio de concesiones comerciales, Vietnam tenga que revaluar sus vínculos con China. Los países con menos poder de mercado para la negociación tendrán que equilibrar sus intereses comerciales con la presión geopolítica que ejerce EEUU.

Diagnóstico errado

¿Qué opina del diagnóstico de Washington sobre las reglas injustas del comercio para EEUU y que China no es un jugador limpio en el libre comercio?

Definitivamente, el problema no es que las reglas de comercio sean injustas para EEUU ni que China no sea un jugador limpio en el comercio internacional. La verdadera cuestión radica en la desindustrialización de EEUU, un proceso que ha sido impulsado en gran parte por las propias empresas estadounidenses.

El argumento de que China vende productos con mano de obra barata es simplista. Por ejemplo, los microchips fabricados en Taiwán no se deben a prácticas comerciales desleales, sino a la capacidad técnica y competitividad de esa región en la industria de semiconductores. No es un asunto de comercio desleal, sino de capacidad de producción. EEUU no tiene la capacidad suficiente para competir en algunas áreas clave. Además, el eje económico mundial está cambiando hacia Asia, donde se están dando pasos importantes hacia el libre comercio. Acuerdos como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y la Asociación Económica Integral Regional funcionan de manera exitosa. Esto permite que países como Japón y Corea del Sur sean altamente competitivos en manufacturas, como de automóviles. Esto se debe a su eficiencia, capacidad y especialización, no a prácticas de comercio injusto.

De manera similar, EEUU también tiene áreas de especialización en las que es líder, como la economía digital. Este sector, al igual que la manufactura en Asia, es resultado de la competencia y capacidad de EEUU, no de prácticas comerciales desleales.

Otras reglas para los servicios

Y con más libertad, respecto a los bienes…

En el comercio de servicios, especialmente digitales, EEUU aprovecha condiciones mucho más abiertas que en el comercio de bienes. Esto se refleja en el uso masivo de tecnologías de la información y la comunicación. Los consumidores acceden constantemente a servicios digitales —como plataformas de streaming, software, publicidad online— sin que se apliquen los impuestos domésticos tradicionales, como el IVA.

Esto genera una distorsión importante, ya que equivale a un subsidio implícito a las importaciones de servicios digitales. Es decir, los servicios extranjeros ingresan a los mercados sin tributar localmente, mientras que los proveedores nacionales sí están sujetos a la carga fiscal.

Este problema debería abordarse desde una perspectiva multilateral, estableciendo nuevas reglas globales para equilibrar las condiciones. Algo muy diferente a lo que ha hecho la administración de Trump, con su un enfoque unilateral, presionando individualmente a los países para que acepten estas nuevas realidades y, a cambio, negocien concesiones. Países como México, por ejemplo, se ven obligados a aceptar este esquema para mantener acceso preferencial a su principal socio comercial.

¿Nuevas reglas del comercio?

 ¿Qué papel juega la Organización Mundial de Comercio (OMC), que ha sido cuestionada?

Todavía es una incógnita qué consecuencias tendrá todo esto para el comercio mundial sin la participación activa de EEUU. Si predomina el unilateralismo, el escenario será muy negativo. Es fundamental preservar la cooperación internacional y el funcionamiento del sistema multilateral de comercio. Esto dependerá de la actitud que adopten China, los países del Sudeste Asiático y la Unión Europea.

La función futura de la OMC está atada a lo que hagan estos actores. Además, EEUU no domina el comercio mundial. Su giro proteccionista representa aproximadamente el 13% del comercio global, por lo que su impacto, aunque relevante, no es determinante por sí solo.

Más allá de la prédica proteccionista de Trump, ¿cree necesario revisar algún aspecto de las reglas de comercio?

Lo único realmente necesario es lanzar una nueva ronda de negociaciones comerciales. La última fue en 1994, y desde entonces han pasado treinta años sin un proceso multilateral que permita actualizar, perfeccionar o adaptar las reglas del comercio internacional. Esa inacción debilitó la capacidad del sistema para responder a los desafíos actuales. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy no tiene que ver con esa falta de actualización, sino más bien con problemas estructurales de la economía doméstica de EEUU. El giro proteccionista de Trump responde a esa lógica interna, no a una falla del sistema multilateral en sí.

Efectos en la región

¿Qué impacto prevé para América Latina?

América Latina podría verse favorecida en algunos aspectos puntuales, pero lo más relevante son los efectos indirectos que puede generar este giro proteccionista. Por ejemplo, si Uruguay exporta madera a Vietnam para la fabricación de muebles que luego se venden en EEUU, una caída de ese mercado por el aumento de aranceles afectará negativamente también a Uruguay, aunque no tenga relación directa con las sanciones.

El hecho de que un actor protagónico del sistema de comercio internacional, como EEUU, que además fue uno de sus principales constructores, abandone la cooperación multilateral a nivel del comercio y opte por un proteccionismo unilateral, es perjudicial tanto para el propio país como para el resto del mundo.

Incluso si en el corto plazo algunos países de la región logran sacar ventajas puntuales, a largo plazo todos podrían terminar perdiendo. Es clave para el futuro si la dinámica del comercio con EEUU contagiará o no el comercio entre el resto de los países. Esto, en definitiva, es lo que determinará el saldo final de esta nueva etapa. Por ahora, reina la incertidumbre para el resto del mundo pero también para EEUU sobre si mantiene o no las medidas anunciadas.

Por primera vez en su historia, Guyana encara unas elecciones presidenciales bajo el impacto de la riqueza petrolera. Desde el inicio de la producción de crudo en 2020, el país vive un auge económico. El presidente Mohamed Irfaan Ali lo ha traducido en gasto público creciente, programas sociales y abundante inversión pública, una fórmula que allana su camino hacia la reelección en los comicios de noviembre de este año.

El presupuesto de 2025 incrementa el gasto en 21% y reduce los impuestos. Además, los petrodólares llegarán al bolsillo de los 800 mil guyaneses mediante incrementos salariales, mejoras en las pensiones de vejez, bonos para facilitar la escolarización infantil, transferencias para cubrir servicios médicos, acceso gratuito a la educación superior y una importante inversión en infraestructura y agricultura.

La economía, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, creció en promedio 47% en el período 2022-2024. Para este año, el organismo proyecta una expansión del 10%, acompañada de una inflación moderada, estimada en alrededor del 4%.

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En este contexto, Irfaan Ali, doctor en planificación urbana y primer musulmán en asumir la presidencia, lidera a sus 45 años el Partido Progresista del Pueblo (PPP). Todo parece a favor para que consolide su poder con un triunfo más amplio que el alcanzado en 2020.

Cultura política en Guyana

En Guyana los ciudadanos eligen un parlamento de 65 escaños y cada partido propone un candidato a la presidencia. El partido que logra la mayor cantidad de escaños asegura la victoria presidencial. En las elecciones de 2020, el PPP obtuvo 33 escaños, la coalición de la Asociación para la Unidad Nacional (APNU) y la Alianza para el Cambio (AFC) consiguió 31, mientras que el movimiento Nueva Guyana obtuvo un escaño.

Si bien los dos grandes partidos tienen una orientación hacia la socialdemocracia, el comportamiento electoral en Guyana está influenciado por factores étnicos. La coalición APNU-AFC es percibida como la representante de la comunidad afrodescendiente. El PPP goza del apoyo predominante de los llamados “indoguyaneses”, ciudadanos de origen indio que constituyen cerca del 50% de la población.

Actualmente, la coalición APNU-AFC negocia los términos para presentar una candidatura unificada en las próximas elecciones. Entre los aspirantes destacan Aubrey Norton, veterano parlamentario con experiencia en diversos períodos legislativos, y Nigel Hughes, abogado y socio de la firma Hughes, Fields & Stoby, conocida por representar a Exxon Mobil en Guyana.

El bloque Stabroek

En 2015, Exxon Mobil descubrió un vasto yacimiento de petróleo en las aguas de Guyana. Inició una transformación económica que rápidamente captó la atención de las grandes multinacionales del sector energético.

El bloque Stabroek alberga 11.000 millones de barriles de crudo y su operación está en manos de un consorcio en el que Exxon posee la mayoría accionaria, con un 45% de participación. La sigue Hess Corporation con el 30% y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC, por sus siglas en inglés) con el 25%.

En octubre de 2023, Chevron anunció un acuerdo para comprar a Hess por 53 mil millones de dólares que incluye su participación en el consorcio. Pero Exxon inició una batalla legal —aún en curso— argumentando que posee un derecho de preferencia para adquirir las acciones de Hess en Stabroek.

Actualmente Guyana está produciendo 620 mil barriles diarios de petróleo y se espera que este año alcance los 940 mil barriles diarios. El presidente de Exxon en el país, Alistair Routledge explicó recientemente en una rueda de prensa que el objetivo es alcanzar 1,7 millones de barriles diarios en 2029.

Aliados de Estados Unidos   

En los últimos cuatro años Washington ha estrechado su relación con el gobierno de Mohamed Irfaan Ali. Tres secretarios de estado, Mike Pompeo, Antony Blinken y Marco Rubio, quien visitó Georgetown el pasado 28 de marzo, han dejado en claro que EEUU ve a Guyana como un nuevo actor en el sector energético global.

Durante su visita, Rubio reafirmó el respaldo de Estados Unidos a Georgetown en la disputa fronteriza con Venezuela por el control del Esequibo, una región que abarca tres cuartas partes del territorio guyanés. “Estamos comprometidos, como nación y por parte de nuestro pueblo, a ser sus socios en la transformación y la prosperidad, y no permitiremos que reivindicaciones territoriales ilegítimas sean un impedimento para sus sueños”, dijo.

Mauricio Claver-Carone, enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, explicó en un encuentro con periodistas que “Guyana tiene una gran oportunidad». «Nos centraremos en la cooperación en seguridad”, agregó.

El pasado 8 de marzo el Miami Herald informó que el gobierno de Guyana contrató a la firma de Lobby Continental Strategy para manejar sus relaciones con Washington. Esta firma es dirigida por Carlos Trujillo quien se desempeñó como embajador de EEUU en la OEA durante el primer mandato de Donald Trump.

Recientemente el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, señaló al respecto: “Hemos tenido un trato especial con EEUU durante mucho tiempo y esperamos que no se erosione”. Como parte de su nueva política comercial, Donald Trump impuso un arancel del 38% a los productos de Guyana, excluyendo las exportaciones de petróleo, que representan el 96% de los ingresos derivados de las ventas a EEUU.

Europa toca la puerta

Hasta ahora, la Unión Europea ha tenido poca presencia en Guyana. Pero el embajador de la Unión en Georgetown, René Van Nes, observa una oportunidad para fomentar el comercio. En una reunión con empresarios guyaneses el diplomático les recordó que “pueden exportar libre de impuestos y aranceles a la Unión Europea”.

“Tenemos mucho que hacer en la promoción de la Unión Europea y en la sensibilización. Muchas veces somos tan modestos que nadie sabe lo que hacemos. No estamos aquí persiguiendo su petróleo: ya estábamos antes”, dijo René Van Nes.

Mohamed Irfaan Ali ha destacado que Guyana cuenta con una estrategia a largo plazo para consolidarse como potencia energética en el Caribe, mientras desarrolla su capacidad como productor de alimentos y destino de turismo ecológico. Este plan se complementa con inversiones en infraestructura destinadas a sostener el crecimiento.

De permanecer en el poder por otros cinco años, todo indica que su gobierno buscará socios extranjeros para materializar esta visión estratégica.

El País de España tituló hace unos días: “Una nueva inquisición toma al asalto los campus de EE UU bajo la acusación de antisemitismo”. El artículo describe lo que la periodista del diario califica como una “caza de brujas” en las universidades. Los casos de los estudiantes arrestados por haber participado en las protestas contra Israel o por haber firmado un artículo crítico contra la decisión de su propia universidad de no cortar sus relaciones con universidades israelíes y los fondos de empresas israelíes probarían que la “nueva inquisición” comenzó con la segunda presidencia de Donald Trump.

La verdad es que la inquisición universitaria empezó mucho antes en Estados Unidos y otros países. Ahora el péndulo de la polarización se ha ido a la extrema derecha. Hasta hace poco el péndulo se situaba en el extremo izquierdo del espectro ideológico. Ninguno de los dos extremos augura nada bueno para la libertad académica, la libertad de expresión y las libertades individuales.

Decadencia universitaria

La libertad académica en los Estados Unidos ha venido decayendo desde ya hace varios años. Las grandes universidades como Harvard, Columbia y las universidades de New York y Pensilvania no escapan a esta tendencia. Según la Foundation for Individual Rights in Education (FIRE) y Campus Pulse las universidades que presentaron peores puntajes en libertad de expresión en los últimos dos años estuvieron involucradas en controversias que implicaron la supresión de la libertad de opiniones. Esto denota nula o poca tolerancia respecto a las ideas que no conforman con ciertos patrones de lo que es aceptable. Por cierto, esto ya ocurría previo a la elección de Trump por primera vez en 2016.

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Ya había signos de decadencia de las libertades antes de que estallara el nuevo episodio de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza por la masacre cometida contra israelíes el 7 de octubre de 2023. La ideología woke está marcada por una obsesión con el género y la raza, y por una ambición de controlar el lenguaje según los parámetros de la corrección política y la diversidad, equidad e inclusión (DEI). Fue el gatillo que provocó buena parte de la censura y la autocensura en las universidades norteamericanas. Después vendrían los campamentos pro-palestinos que se reprodujeron en varios campus en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo, con sus manifestaciones de tinte antisemita bajo la excusa del antisionismo, la ideología de moda entre los círculos que se llaman progresistas. El antisionismo niega el derecho al pueblo judío a ser soberano en su tierra ancestral.

Apología del terrorismo

Las medidas del gobierno de Trump contra militantes pro-palestinos son aparentemente censurables. Todo ataque a la libertad debe ser condenado. Cabe preguntarse también si la apología del terrorismo o la colaboración con terroristas con la excusa del activismo universitario son legítimas. Esto alega un grupo de quince ciudadanos de Estados Unidos e Israel, que incluye a miembros de las familias de personas asesinadas o secuestradas el 7 de octubre por Hamás y sus aliados. Según una demanda introducida por ellos en un juzgado de Nueva York, varias organizaciones entre las que se encuentran grupos de estudiantes de la Universidad Columbia y sus líderes, colaboraron con Hamás.   

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El documento que sustenta la demanda nombra a Mahmoud Khalil, ahora arrestado y en proceso de deportación a pesar de tener residencia permanente (greencard) en los Estados Unidos. Este activista palestino forma parte de la organización SIPA’24 y era negociador por parte de Columbia University Apartheid Divest. Esta asociación exige que la universidad corte todo vínculo financiero y académico con empresas e instituciones israelíes. Según los demandantes, Khalil y otros militantes representan el brazo de propaganda de Hamás en Nueva York y en la Universidad Columbia. Como evidencia, los demandantes presentan el testimonio de Shlomi Zvi, un ciudadano israelí secuestrado por Hamás del 7 de octubre de 2023. Mientras estuvo cautivo, los terroristas que lo custodiaban decían que tenían operadores en las universidades de los Estados Unidos y mostraban noticias de Al-Jazeera sobre las protestas en Columbia.

Pero la acusación más seria de los demandantes contra Khalil y otros activistas es que tenían conocimiento previo del ataque del 7 de octubre. En la cuenta de Instagram de la organización SJP (Students for Justice in Palestine) anunciaban el 6 de octubre de 2023 “¡Estamos de regreso!”, después de haber permanecido varios meses inactiva. 

Propaganda pro-Hamás

Muchas universidades en Estados Unidos y Canadá se convirtieron en plataformas de propaganda de Hamás. Lo constaté en la Universidad de Ottawa (Canadá) donde trabajo. Allí tuvimos durante varios meses un campamento pro-palestino frente al edificio del rectorado. Uno de los elementos llamativos de la propaganda de los universitarios son las omisiones en sus discursos. Nunca se menciona a Hamás ni a los demás grupos armados palestinos. No hacen referencia a otros actores regionales como Irán y su aliado libanés, Hezbolá, que han contribuido con las actividades terroristas de Hamás.  

Cuando dicen algo sobre la masacre del 7 de octubre de 2023 lo hacen de pasada, mencionando el «ataque» como un suceso insignificante. Los rehenes israelíes no existen, ni los niños y bebé secuestrados y asesinados. La violencia sexual cometida por Hamás y sus aliados contra las mujeres es ignorada. Jamás se presenta una versión más matizada del conflicto. No se señala que los vídeos grabados por los mismos atacantes muestran sus atrocidades y las manifestaciones de alegría de los gazatíes con la llegada de los rehenes y los cadáveres israelíes.

La propaganda en los campus norteamericanos nunca menciona que Hamás había gobernado Gaza desde 2007, después de que Israel saliera del territorio, ni a las demás fuerzas islamistas en la Franja y Cisjordania. El liderazgo de Hamás, corrupto, violento y motivado por una política de odio contra los judíos (Hamás lo declara constantemente y está en sus documentos fundacionales), es para estos activistas universitarios una fuerza de resistencia. ¿No hay nada de qué culpar a Hamás? Silencio académico.

Lo diré muy claramente: todos tienen derecho a expresar su punto de vista sobre el conflicto israelí-palestino. No estoy de acuerdo con que se suspenda a nadie de la universidad por expresar su opinión al respecto. Entiendo que muchas de estas opiniones se expresan desde una genuina solidaridad con los palestinos. Sin embargo, la propaganda pro-Hamás de estos activistas no tiene ningún valor académico. Está llena de estereotipos, prejuicios, simplificaciones y omisiones. No actúan como profesores y estudiantes. Son propagandistas. Agradecería que ellos fueran más honestos al respecto.

La migración se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda con un enfoque altamente militarizado. Con el regreso de Donald Trump a los Estados Unidos en corto tiempo se anunció el cierre de la aplicación del CBP One para el acceso de citas para solicitantes de asilo, y la suspensión del Estatus de Protección Temporal. También, se hicieron públicas las aspiraciones de deportaciones masivas y la prohibición de entrada a personas de ciertas nacionalidades. 

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en los primeros 50 días del gobierno de Trump se deportaron más de 32 mil personas y cerca de 20 mil migrantes irregulares fueron arrestados. Adicionalmente, se pusieron en marcha políticas de autodeportación con la promesa de poder entrar a EEUU de manera regular en el futuro. Esto significa el fin del «sueño americano« para miles de migrantes latinoamericanos, y el comienzo de un flujo inverso de movilidad humana hacia diferentes países de América Latina.

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Como sucede con diferentes temas, lo que decide EEUU es de gran relevancia para toda la región. La situación migratoria implica nuevos retos para los países que se encuentran en el recorrido de regreso. Asimismo, no cuentan con mucha de la infraestructura que fue armada para la atención de la población migrante que, en un principio, se dirigía hacia el norte del continente.  

Situación de los deportados

La deportación no es una medida nueva. La mayoría de los países de la región tienen acuerdos con EEUU para la recepción de sus connacionales. En los últimos cinco años se realizaron 5.791 vuelos a diferentes países de América Latina. Esto corresponde al 89% de los vuelos totales de deportación que hizo EEUU en ese periodo de tiempo.

Llama la atención el interés de algunos por recibir deportados de otras nacionalidades, como lo hizo El Salvador con los cerca de 300 migrantes irregulares venezolanos, asegurando que todos eran delincuentes. Aparentemente, el país centroamericano no es el único interesado en hacer este tipo de acuerdos con la administración Trump.

¿Qué pasará con la migración que no ingresó a EEUU y descienden por tierra? Esto sucede en medio de un panorama económico desalentador en muchos países de la región, donde se adoptan, cada vez más, narrativas xenófobas y discriminatorias. ¿Qué pasará, especialmente, con los migrantes venezolanos? Aunque quisieran, tienen menos probabilidad de poder reestablecerse en su país de origen.

Respuesta de algunos Estados

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre el 15 de enero y el 28 de febrero de este año, 1.885 personas estuvieron en tránsito desde EEUU hasta Colombia. De esos migrantes, 1.585 son venezolanos. La mayoría asegura haber salido luego de que el gobierno de Trump cerrara CBP One y haber estado en México por lo menos durante tres meses esperando el resultado de la aplicación.

Con la llegada de José Raúl Mulino a la Presidencia de Panamá, la política migratoria se volvió más dura en ese país. Según su gobierno, en este momento hay cerca de 3 mil migrantes represados en la frontera norte con Costa Rica, esperando poder pasar El Darién.

Con el tiempo, aumentan las críticas por el detenimiento y tratamiento de esas personas, en su mayoría venezolanas. Autoridades de ambos países se reunieron y abordaron el tema con el objetivo de “organizar” el tránsito de los migrantes hasta Colombia. Panamá incluso propuso llevar en avión a los migrantes hasta Cúcuta, la frontera entre Venezuela y Colombia. Pero hasta este momento no se conoce ningún acuerdo entre el gobierno colombiano y el panameño al respecto.  

Migración e indiferencia

En este panorama, parece que muchos gobiernos latinoamericanos olvidaron los aprendizajes que dejó la salida de más de 7 millones de venezolanos por la crisis humanitaria nacional y el consecuente flujo migratorio hacia el norte del continente.

La llegada de nuevos gobernantes al poder en varios países de la región no demuestra una gestión del conocimiento con respecto a la migración y las oportunidades para los países de acogida.

Más bien, la mayoría parece preferir pasarse “la bola” de unos a otros o hacer como si el problema no existiera. Ese es el caso del gobierno colombiano. Aunque es el país al que han llegado y seguirán llegando la mayoría de esos migrantes, todavía no cuenta con las políticas y los instrumentos necesarios para gestionar la migración de manera ordenada, segura, regular y responsable.

Además de la ausencia institucional, se suma la presencia de actores armados durante todo el recorrido que atraviesan los migrantes, y que dificultan la gestión migratoria y la protección de los derechos de estas personas (como el Clan del Golfo en el Tapón del Darién). A esto se añade la fuerte estigmatización y criminalización que sufre la población migrante por las narrativas que los vinculan con las organizaciones criminales. El caso actual más representativo es el de venezolanos y el Tren de Aragua.  

Oportunidad a la vista

Mientras tanto, las personas seguirán saliendo de sus países en búsqueda de mejores oportunidades. Según la consultora Datos es Noticia, el 46,5% de los ciudadanos venezolanos evalúan la posibilidad de salir del país en los próximos seis meses. De esos, la mitad piensa viajar a Colombia, Argentina o Chile. Sin contar la movilidad humana proveniente de otros países, eso ya implica la movilidad de cerca de 5 millones de personas en la región.

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Sin duda, la migración seguirá siendo uno de los retos más importantes en América Latina. Pero que sea un reto no quiere decir que no sea también una oportunidad. Hay muchas lecciones aprendidas al respecto, buenas prácticas y casos de éxito. Es una oportunidad esencialmente económica que promueve el desarrollo, pero es también una oportunidad social y cultural para los países de acogida. Dependerá de los líderes de turno el provecho o no que se saque de ella en beneficio de todos.

Los cambios en los ministros de gobierno se han producido a lo largo de la historia por diferentes motivos. Los más conocidos son para frenar crisis, especialmente de carácter económico o asociadas a escándalos de corrupción. También hay cambios para reorganizar la explanada en medio de procesos electorales, recomponiendo equipos cuando los ministros se marchan para concurrir a las elecciones. Por último, cuando hay dificultades para que las agendas sean aprobadas por la legislatura, se realizan cambios para dar cabida a nuevos partidos o alas de partidos estratégicos. En este caso, se espera mejorar los resultados de las votaciones en el Congreso a favor del Ejecutivo.

El párrafo anterior describe algo común en nuestra política de coaliciones: los gabinetes se reelaboran como resultado de cálculos políticos. En el gobierno actual, Lula hizo un primer gesto en septiembre de 2023, solo con nueve meses en el poder y tras un trimestre de negociaciones. Retiró a una mujer acusada de corrupción en una crisis con su partido, garantizando un sustituto de la misma Unión Brasileña. Cambió la posición de un aliado del PSB y defenestró a un aliado personal del Deporte. Con este gesto, creó una cartera y acomodó a republicanos y progresistas. Intentaba mejorar su capacidad de aprobar agendas en la legislatura, pero la oposición en el parlamento no daba señales de mejora.

Lula cede al parlamento

En 2025, tras las elecciones municipales y con nuevos líderes al frente del Congreso, se esperaba que Lula hiciera más movimientos, cediendo nuevos espacios a partidos aliados a cambio de más apoyo legislativo. ¿Y qué ocurrió? Prácticamente nada, al menos en términos de acogida a otros partidos.

Con el nuevo año, hubo un cambio en la comunicación, con estudios recientes indicando que el discurso de Lula es el mismo. De la cartera personal del presidente, salió el ministro de Salud. Esto dio al PT una nueva cartera, codiciada y poderosa, con Alexandre Padilha, que había desempeñado el papel con Dilma. Gleisi Hoffmann, expresidenta nacional del PT, ocupó su lugar en la criticada articulación política. Y un nuevo problema: el parlamentario, que asumió prometiendo pragmatismo, no es visto como un ejemplo de buenas relaciones. Lula intentó suavizar el golpe y empeoró las cosas diciendo que había elegido a una «mujer hermosa» para trabajar con él. Incluso la oposición conservadora aprovechó el tropiezo machista para intensificar sus críticas. Y, aparte de dar más espacio al PT, no se han producido otros cambios.

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Desde el Senado, el nuevo presidente, Davi Alcolumbre (UBR-AP), criticó al ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, del PSD. Lo que podría calificarse de cambio en la presidencia de una de las cámaras legislativas parece poco probable. En la Cámara de Diputados, se habló de que Arthur Lira (PP-AL) ocuparía un puesto ministerial, junto con la percepción de que el senador Rodrigo Pacheco también podría tener un lugar. Lo que se sabe hasta ahora es que Lula no ha sido explícito en sus deseos de cambios.

¿Garantías?

La estrategia de la oposición, de ver cómo se marchita el gobierno, ha funcionado. Sobre todo, ante la fuerte caída de su popularidad. A la incertidumbre asociada a estas reformas —como fenómeno capaz de traer buenos resultados—, se suman los discursos de dos presidentes nacionales de partidos que están en el gobierno. Gilberto Kassab, del PSD, ha sido un ácido crítico en las últimas semanas. Mientras que Ciro Nogueira, del Partido Progresista, dijo que ya no se gobierna con base a la distribución de ministerios y que estaba en contra de que su partido recibiera la cartera de Deportes.

¿Garantiza algo la reforma ministerial? El retraso en la aprobación del presupuesto de este año, con miles de millones liberados a los parlamentarios, la asignación de más de 50.000 millones de reales a esas enmiendas en el presupuesto de 2025 y la garantía de recursos en la lógica de la imposición, son señales de lo que parece ser una respuesta más asertiva a los dilemas del Planalto. ¿Reforma ministerial para qué?

Informe Brasil en Foco de la Fundación Konrad Adenauer en Brasil.

El anuncio de Donald Trump de imponer aranceles «recíprocos» fue un día negro para el orden comercial mundial y la prosperidad de las naciones.

El mandatario echó por la borda un principio fundamental de la cooperación económica multilateral: el principio de nación más favorecida, o MFN por sus siglas en inglés. Estipula que a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se les deben ofrecer las mismas condiciones arancelarias. Solo en el marco de acuerdos comerciales que vayan más allá de las normas vigentes de la OMC pueden acordarse excepciones entre las partes contratantes. Por lo tanto, los aranceles actuales, ya sean impuestos por la Unión Europea, México u otro Estado miembro de la OMC, no van dirigidos en absoluto contra EEUU, como Trump afirma repetidamente. Más bien, son el resultado de negociaciones conjuntas que EEUU también ha aceptado.

Sin embargo, estos acuerdos no tienen ninguna importancia para Trump. No le importa ni el principio MFN ni los 14 acuerdos comerciales bilaterales firmados por EEUU. Y, aún así, espera que su amenaza anime a los Estados afectados a cerrar deals con él. Sin embargo, el 2 de abril de 2025, Trump demostró ante el público mundial el verdadero valor de estos deals.

Contra el sentido común

El comercio mundial generó prosperidad en la humanidad. Solo desde 1990 el número de personas que viven en pobreza absoluta se redujo en un 65%. El comercio mundial desempeñço un papel fundamental en ello. Los países que lograron integrarse en las cadenas de valor mundiales han tenido especial éxito en la lucha contra la pobreza.

Ahora, Trump golpea la economía mundial con sus ataques arancelarios, pero los principales perjudicados son sus propios conciudadanos. Los productos se encarecerán, y no solo los importados, sino también los que dependen de insumos extranjeros. En muchos casos, no es posible deslocalizar la producción a EEUU, como lo espera Trump. A pesar del cambio climático, no es probable que el café y el cacao crezcan en EEUU en un futuro próximo. Y, en otros casos, las deslocalizaciones de producción son proyectos de inversión a largo plazo que entran en conflicto con la política errática y de corto plazo de Trump. Además, EEUU tiene pleno empleo. No está nada claro de dónde va a salir la mano de obra para la producción adicional en el país. Cualquier desplazamiento dejará huecos en otros sectores, presumiblemente más productivos.

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Las Pymes, en particular, se encuentran ahora en un verdadero aprieto. Las mercancías que ya han sido pedidas y pagadas deben ser despachadas en aduana con las nuevas tarifas cuando lleguen a los puertos estadounidenses. Esto causará enormes problemas de liquidez a muchas de ellas. Y algunas empresas que actualmente producen en EEUU para el mercado mundial se plantean deslocalizarse al extranjero para seguir siendo competitivas en términos de precio, ¡lo que sería exactamente contrario al objetivo de Trump!

¿Razones?

En los últimos días se ha especulado mucho sobre cuáles podrían ser los objetivos estratégicos de Trump. Las especulaciones han ido desde influir los rendimientos de los bonos del Estado a su favor, hasta la manipulación de mercados para privilegiar a sus donantes más importantes. Sin embargo, la hipótesis más plausible parece ser que la política arancelaria no se basa en ninguna estrategia a largo plazo. Tampoco parece que Trump esté intentando de dar la impresión de que está en condiciones de hacerlo.

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Al fin y al cabo, hasta su diagnóstico es erróneo: los actuales déficits comerciales de EEUU no son injustos y, sobre todo, no constituyen un problema en sí mismo. Más bien, EEUU disfruta del privilegio de poder financiar un nivel de consumo permanentemente elevado con capital extranjero y barato gracias al papel del dólar como moneda de reserva mundial. Además, el panorama es mucho más equilibrado si se tiene en cuenta el comercio de servicios, ya que la realidad no solo se trata de comercio de bienes.

La forma torpe en que se calcularon los aranceles también se alinea con el falso diagnóstico. Contrariamente a la afirmación oficial, de que los cálculos se basaban en el nivel arancelario actual, las barreras no arancelarias y la supuesta manipulación de divisas pronto se supo que para determinar las cifras solo se dividió el déficit comercial de bienes por el valor de los bienes importados. Estas cifras aleatorias no tienen nada que ver con una reciprocidad real.

El legado de Donald Trump

Tan solo una semana después del anuncio de los aranceles «recíprocos», se produjo la siguiente voltereta: a excepción de China, para la que el nivel arancelario se incrementó incluso hasta el 125%, todos los demás países «solo» estarán sujetos a aranceles del 10% durante 90 días. Los mercados financieros se mostraron rápidamente positivos tras esta noticia.

Sin embargo, independientemente del resultado final del conflicto arancelario actual, la incertidumbre económica se mantendrá y costará crecimiento. Esto quedará como el legado de Donald Trump. Por lo tanto, la reacción del resto del mundo no debe dejarse dividir ni enfrentar entre sí. La prosperidad a través del comercio es la mejor prueba de que la cooperación da sus frutos, ¡hoy más que nunca!

Daniel Noboa continúa siendo el presidente de Ecuador. Por un margen sorprendente de más del once por ciento el joven jefe de Estado pudo imponerse en la segunda vuelta de las elecciones a su contrincante populista de izquierdas, Luisa González. La negativa de la perdedora en reconocer su derrota deja en evidencia una vez más la gran polarización del país.

Después de elecciones pacíficas, esta división en dos bandos es uno de los mayores retos que deberá enfrentar el ganador de las elecciones, junto con la lucha contra el crimen organizado y la difícil situación económica.

Enorme diferencia de votos

Cuando el Consejo Nacional Electoral anunció una «tendencia irreversible» a favor del presidente Daniel Noboa pocas horas después del cierre de los colegios electorales el pasado 13 de abril, sus partidarios estallaron en júbilo. La victoria de 55,65% sobre 44,35%, tras haberse escrutado el 99% de los votos, fue mucho más clara de lo que habían pronosticado todas las encuestas. El resultado electoral ajustado que se esperaba había suscitado preocupación general de que las elecciones pudieran tener repercusiones desagradables en forma de impugnaciones, lo que iría en detrimento de la democracia ecuatoriana.

El contundente resultado a favor del actual presidente Daniel Noboa es incuestionable, pero no debe interpretarse como una aprobación total de sus políticas por parte de los votantes. Demuestra más bien, que los ecuatorianos, a pesar de todas sus críticas al gobierno, claramente no quieren volver al «socialismo del siglo XXI» y a su figura ecuatoriana, Rafael Correa de cuya sombra omnipresente no pudo salir la candidata presidencial derrotada, Luisa González. La resistencia del correísmo a reconocer el resultado electoral en la noche de los comicios parece más que cuestionable a la luz de la clara ventaja de Noboa, de más de un millón de votos.

Campaña electoral

Mientras que de cara a la segunda vuelta electoral Noboa apostaba claramente por mantener el dólar como medio de pago, una mayor apertura hacia EE UU y una lucha sin cuartel contra el crimen organizado, González defendía un rumbo completamente distinto. Cuestionó la dolarización de Ecuador y propuso el reconocimiento del régimen de Maduro en Venezuela con la reanudación de relaciones diplomáticas. En cuanto a la lucha contra la delincuencia relacionada con el narcotráfico, quiso seguir el ejemplo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, cuya política de «abrazos, no balazos» fue más un simulacro de pacificación y un modus vivendi con las bandas de narcotraficantes que un enfoque real de la cuestión.

El hijo del empresario Álvaro Noboa quien gracias a una elección extraordinaria tras el fin del gobierno del expresidente Guillermo Lasso ha estado en el poder desde noviembre de 2023, se ha caracterizado por un enfoque pragmático en su corto tiempo en el poder.

Lucha contra la delincuencia

Su gobierno priorizó las medidas concretas y de alto perfil, particularmente en la lucha contra la delincuencia, sobre el discurso ideológico. Sin embargo, debido a su corta duración en el cargo, muchas de sus acciones se caracterizaron más por la táctica de campaña que por la estrategia. Luisa González, por el contrario, intentó vincular su programa al legado del expresidente Rafael Correa (2007-2017), pero con ciertos matices y distanciamientos estratégicos. En particular, fue crítica con la Ley de Comunicación (también conocida como «ley mordaza»), que sirvió de base para la persecución de periodistas y medios de comunicación durante el mandato de Correa.

En las semanas previas a la segunda vuelta, la campaña electoral se centró en la economía, la seguridad y el crimen organizado.

No faltaron las acusaciones mutuas y, con demasiada frecuencia, las polémicas prevalecieron sobre los argumentos. Urgen planes en vista de que la situación de seguridad sigue siendo catastrófica, en la que cada hora gente pierde la vida violentamente y los índices de secuestro en el país han aumentado un 73,9% en comparación con 2023-2024.

Habilidad para el marketing

Al igual que en la primera vuelta, la mayoría del electorado de entre 18 y 29 años votó a favor de Noboa, de 37 años. La participación general fue del 83,76%, alrededor de dos puntos porcentuales más que en la primera ronda.

En un país donde mucha gente ha perdido la fe en la política y sus representantes, Noboa aún parece albergar esperanzas de superar las situaciones disfuncionales, las élites caducas y el correísmo. Con su presencia en las redes sociales y una renovada autopresentación con figuras gigantes de papel maché distribuidas por todo el país, logró una vez más una fuerte presencia pública. Se podía ver a gente de todas las edades y clases sociales recorriendo las calles de la capital, Quito, por ejemplo, tomándose selfies con los noboas de cartón piedra, que luego se compartieron millones de veces en las redes sociales.

Con estos trucos de marketing, su apariencia decidida y juvenil, y el temor de gran parte del Ecuador a un retorno del correísmo, Noboa pudo ampliar su ventaja en comparación con la prácticamente indecisa primera vuelta electoral del 9 de febrero. Así, ganó cinco provincias que antes habían sido para Luisa González: El Oro, Guayas, Imbabura, Orellana y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Grandes obras pendientes

El triunfo electoral de Noboa significa sólo un breve respiro para Ecuador en una situación que sigue siendo tensa. Los retos siguen siendo enormes. La nueva Asamblea Nacional elegida en febrero está dividida en dos grandes bloques que apoyan a Noboa y González (es decir a Correa). También hay una serie de bloques más pequeños y diputados individuales, de cuyo apoyo dependerá Noboa debido a la falta de una mayoría propia. Noboa tendrá que demostrar su capacidad de acción y hacer propuestas políticas convincentes para lograr una gobernabilidad al servicio del bien común. El futuro del país dependerá de cómo logre identificar los puntos de consenso y enfrentar los desafíos estructurales. En este contexto, las iniciativas técnicas y apartidarias que logren focalizar las prioridades nacionales del país ofrecen una oportunidad.

 Un déficit nacional de más de 3.500 millones de dólares, una elevada deuda externa y muy pocas fuentes de ingresos sostenibles para el Estado dificultarán el gobierno. A ello hay que agregar el pago de la deuda y las difíciles renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre la concesión de nuevos préstamos. Por lo tanto, el nuevo gobierno también debe aspirar a crear puestos de trabajo y lograr que la gente tenga un empleo regular. Alrededor del 70% de la población sigue viviendo del sector informal. Dicho de otra forma, sólo alrededor del 30% de la población trabaja en el marco de una relación laboral formal y paga impuestos regularmente.

La crisis de energía

De la misma forma, el presidente deberá desarrollar una estrategia coherente de reorganización del sistema energético para evitar los cortes de electricidad de varias horas que asolaron el país el año pasado. Un sistema de suministro que depende principalmente de la energía hidroeléctrica, unas infraestructuras deterioradas y la falta de diversificación de la oferta energética penden como una espada de Damocles y pronto podrían ganarle el resentimiento de la población.

Por último, pero no menos importante, el gobierno de Noboa deberá hacer frente al enorme problema de seguridad asociado al crimen organizado y a diversas formas de actividad económica ilegal.

Europa y Estados Unidos

El apoyo de los Estados Unidos y la cooperación internacional en general desempeñarán un papel importante en este sentido. Sin embargo, también es necesaria una estrategia clara y sostenible de legislación antimafia por parte del gobierno. También se necesitan propuestas concretas para eliminar los elementos criminales de los órganos del aparato de seguridad del Estado, parcialmente infiltrados.

Para Europa y Alemania, la victoria de Noboa y el mandato de cuatro años resultante representan una gran oportunidad para abordar el fenómeno de la delincuencia organizada en forma estructurada mediante la cooperación coordinada con los aliados internacionales. Noboa quiere acercar su agenda a la de Estados Unidos, especialmente en las áreas de seguridad y comercio. En cuanto a la Unión Europea, el fortalecimiento de la cooperación y la inversión en áreas como el medio ambiente y la energía también podría ser crucial para la futura positiva orientación multilateral de su gobierno.

Un signo de esperanza es el claro apoyo de Noboa a la iniciativa de seguridad portuaria lanzada por EUROPOL. También, a los proyectos de la UE para promover una reforma penitenciaria integral y la lucha contra la mafia.

¿Socio estable?

La cooperación en materia comercial, económica y de seguridad podría convertir a Ecuador en un socio estable en la región andina frente a sistemas autoritarios de izquierdas como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Esto es especialmente importante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sobre todo, teniendo en cuenta que más del 70% de todas las exportaciones de cocaína llegan a Europa a través de puertos ecuatorianos.

Sin embargo, sin una clara toma de conciencia ética de los europeos sobre el drama y los efectos del narcotráfico en Ecuador y América Latina, la situación en el país andino no mejorará. Por el contrario, empeorará por el efecto demanda, con todas las consecuencias sociales para la población.

Una prueba de fuego para la capacidad de acción de Daniel Noboa podría ser su promesa de iniciar un nuevo proceso constitucional. Las instituciones ecuatorianas siguen inhibidas por el legado autoritario de la Constitución de Rafael Correa, vigente desde 2008. Un proceso transparente con la participación de la sociedad civil podría dar legitimidad a Noboa y ayudar al país a dejar finalmente atrás el legado de Correa.

Publicado originalmente en alemán por KAS Ecuador. Traducción de Manfred Steffen, Diálogo Político.

Mientras Donald Trump intensifica la guerra comercial y Estados Unidos se retira como un socio confiable en Occidente, el país más grande de Europa, Alemania, parece ausente en la escena internacional. Esto se debe a que el nuevo gobierno de Friedrich Merz intentaba formar una nueva coalición.

Recordemos que el 23 de febrero se celebraron elecciones anticipadas para el Bundestag (parlamento alemán). La pasada «coalición semáforo» (nombrado así por los colores de los tres partidos que lo conformaban: rojo para los socialdemócratas, amarillo para los liberales y verde para el partido ecologista Los Verdes) tuvo que convocar nuevas elecciones tras el fracaso de las negociaciones presupuestarias.

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Finalmente, el miércoles 9 de abril, los dos partidos de centroderecha, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) llegaron a un acuerdo con el Partido Socialdemócrata (SPD) para firmar un pacto. Así se despeja el camino para un nuevo gobierno. Con esto, se espera que el Bundestag elija a Friedrich Merz como nuevo canciller a principios de mayo.

Im gemeinsamen Pressestatement mit dem CSU-Vorsitzenden @Markus_Soeder und den SPD-Vorsitzenden @larsklingbeil & @EskenSaskia betont @_FriedrichMerz: „Wir müssen ein gemeinsames Bild zeichnen, wie Deutschland in den nächsten Jahren aussehen soll. Ich bin zuversichtlich, dass das… pic.twitter.com/aMFjFTRKOh

— CDU Deutschlands (@CDU) March 28, 2025

Márgenes financieros ajustados

Después de que el último gobierno fracasara debido a las limitadas opciones financieras, la CDU/CSU y el SPD impulsaron —inmediatamente después de las elecciones y aún durante las negociaciones— el cambio de las reglas fiscales constitucionales y hará posible el mayor endeudamiento en la historia de Alemania. La nueva coalición, con el partido Los Verdes, aprobó a principios de marzo un fondo de deudas especiales de «infraestructura» por un valor de 500 mil millones de euros. En los próximos diez años, el fondo se destinará a la renovación de carreteras, puentes, escuelas y ferrocarriles, así como a la transformación hacia un suministro energético climáticamente neutro. Además, el gasto militar, superior al 1% del PIB, quedó exento de la regla de endeudamiento. Esto permitirá a que Alemania contraiga deudas ilimitadas para el rearme.

El nuevo endeudamiento supone un riesgo particular para Merz y la CDU/CSU que, durante la campaña electoral, defendieron estrictamente la regla de deuda alemana.

A pesar de estas enormes cifras de nueva deuda, las negociaciones presupuestarias entre la CDU/CSU y el SPD fueron especialmente complicadas. Todo el acuerdo de coalición está sujeto a una cláusula de financiación. El nuevo gobierno planea ahorrar reduciendo un 8% de los puestos en la administración federal, disminuyendo las subvenciones, recortando las contribuciones voluntarias a organizaciones internacionales y reduciendo el gasto en asistencia social.

En este contexto, sorprende que los partidos aún hayan logrado ponerse de acuerdo en costosas concesiones electorales. Por ejemplo, la reducción del IVA para la gastronomía o la fijación del nivel de las pensiones. Sin embargo, el verdadero alcance de los recortes y alivios solo se conocerá cuando se elabore el presupuesto federal.

La defensa, nueva prioridad

Ante la elevada amenaza contra la seguridad nacional, el gobierno busca aumentar la capacidad operativa de manera rápida, contundente y sostenible. Para ello, Alemania deberá invertir significativamente más en su ejército en los próximos años. Justamente, por la excepción en la regla de endeudamiento, el gobierno tiene un margen financiero ilimitado para aumentar os fondos en defensa nacional.

Solo para los próximos cuatro años, se han previsto 150 mil millones de euros en inversiones adicionales de las Fuerzas Armadas. Además, los procesos de adquisición deberán simplificarse y acelerarse significativamente. Para solucionar el problema de personal en las Fuerzas Armadas, el nuevo gobierno quiere establecer las condiciones para un servicio militar voluntario basado en el modelo sueco.

Giro en economía y migración

Después de que Alemania estuviera en recesión durante los últimos dos años, el nuevo gobierno quiere mejorar significativamente las condiciones económicas. El gobierno promete un «impulso de inversiones». Para ello, buscarán mejorar las posibilidades de amortización, una reducción del impuesto sobre la electricidad y la disminución del impuesto corporativo. Sin embargo, las principales reducciones de impuestos no entrarán en vigor hasta 2028. Por otra parte, una ligera disminución del impuesto sobre la renta para los ingresos bajos y medianos comenzará en 2027.

Además, la economía se aliviará mediante una reducción de la burocracia y el programa de infraestructura de 500 mil millones de euros. Tiene como objetivo mejorar de forma sostenible las condiciones económicas en Alemania. El gobierno también quiere fomentar el trabajo mediante una serie de exenciones fiscales. Por ejemplo, la coalición planea que los pensionistas que decidan seguir trabajando puedan ganar hasta 2.000 euros mensuales adicionales sin pagar impuestos. Además, las horas extras estarán exentas de impuestos.

De todas formas, a pesar de las nuevas posibilidades de endeudamiento, al nuevo gobierno le faltan márgenes para las grandes reducciones fiscales.

La reducción de la alta migración ilegal fue una de las principales promesas de Friedrich Merz y la CDU/CSU. Aunque Alemania depende de la inmigración, la alta migración ilegal y la mala aplicación de sus propias reglas fueron un tema central en la campaña electoral. Actualmente, hay 220,000 solicitantes de asilo en Alemania que tienen la obligación de abandonar el país.

En este aspecto, la CDU logró imponer demandas clave en el acuerdo de coalición. El objetivo es reducir significativamente el número de refugiados que llegan al país. Al mismo tiempo, continuará habiendo vías legales de acceso para la migración laboral. Para ello, Merz pretende rechazar a los migrantes que soliciten asilo en la frontera. Además, se han suspendido los llamados programas federales de acogida voluntaria, que brindaban protección a familiares de refugiados. Dado que la CDU/CSU controla los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, podrá implementar su propia política migratoria. Mientras tanto, el SPD podrá observar con calma si estas promesas se cumplen en la práctica.

Fortalecer la coalición

En la política alemana, los acuerdos de coalición marcan la dirección del nuevo gobierno. Sin embargo, la última legislatura demostró lo rápido que pueden quedar obsoletos ante un mundo en constante cambio. Por eso, esta vez la coalición ha condicionado todos sus planes a la disponibilidad de financiamiento. En los próximos años se definirá si realmente se llevarán a cabo. En especial, las negociaciones presupuestarias, que comienzan de nuevo para 2024 y 2025.

Aunque la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) está compuesta principalmente por países de Europa y América del Norte, en 2017 Colombia se convirtió en el primer y único socio global latinoamericano. Esta relación tiene profundas implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional en América Latina. Al mismo tiempo refleja la creciente interconexión entre la seguridad global y las dinámicas estratégicas regionales.

¿Por qué Colombia se ha convertido en un actor clave para la OTAN y qué valor tiene esto para Latinoamérica? Analizaremos el contexto de seguridad regional y los beneficios estratégicos mutuos de esta relación.

Una relación estratégica única

El estatus de socio global de la OTAN le permite a Colombia cooperar en áreas clave. Algunas son: seguridad cibernética, lucha contra el narcotráfico, defensa de la democracia y operaciones de paz. La relación ha evolucionado desde un enfoque inicial, centrado en la seguridad interna, hacia una cooperación más amplia en temas de estabilidad regional y amenazas transnacionales. La designación de la Embajada de Alemania en Bogotá como punto de contacto de la OTAN, facilita el diálogo estratégico y la coordinación operativa.

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La relación también ha permitido a Colombia acceder a entrenamiento, tecnología y asistencia técnica en materia de defensa. Esto consolida su capacidad para enfrentar desafíos de seguridad. Además, Colombia ha compartido su experiencia en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Contribuye así a las capacidades de la OTAN en el manejo de conflictos asimétricos.

Seguridad en América Latina

Latinoamérica enfrenta una combinación compleja de desafíos de seguridad, incluyendo crimen organizado transnacional, narcotráfico, tráfico de armas, inestabilidad política y amenazas cibernéticas. Según el Informe de Riesgo Político 2025, la región concentra el 33% de los homicidios mundiales a pesar de representar solo el 8% de la población global​. Colombia es uno de los países con mayor experiencia en combate al crimen organizado y gestión de conflictos internos. Se ha convertido en un actor clave para la estabilidad regional.

La cooperación con la OTAN posiciona a Colombia como un nodo estratégico. Por ejemplo, para enfrentar amenazas regionales como el tráfico de drogas, el terrorismo y la migración forzada. Esta relación fortalece la capacidad de Colombia para responder a desafíos externos y regionales mediante un esquema efectivo de disuasión y contención. Además, las crecientes tensiones geopolíticas y la influencia de actores como China, Rusia e Irán subrayan la importancia de contar con una estructura de seguridad consolidada que permita una respuesta rápida, coordinada y adaptable ante amenazas emergentes.

Beneficios estratégicos

Colombia es un socio estratégico en una región que tradicionalmente ha estado fuera del radio de acción de la alianza atlántica. Esta experiencia ofrece lecciones valiosas para las operaciones de la OTAN en otros contextos. Asimismo, su estabilidad y capacidad militar refuerzan la presencia de la OTAN en una región donde la competencia por la influencia política y económica se ha intensificado en los últimos años.

El acceso geoestratégico que proporcionan las costas colombianas en el Atlántico y el Pacífico facilita la movilidad operativa y la proyección de fuerza de la OTAN en escenarios de conflicto o crisis humanitaria. Además, la cooperación en ciberseguridad y la formación de capacidades en inteligencia fortalecen la preparación de la alianza para enfrentar amenazas híbridas y tecnológicas emergentes.

Colombia ha entrenado a más de 16.000 militares y policías de otros países en temas como desminado y lucha contra el narcotráfico (cifra estimada hasta 2023).

USD 1,5 millones: Valor estimado del apoyo logístico y de entrenamiento brindado por Colombia a otras naciones en el marco de su cooperación con OTAN y otras alianzas (estimaciones de defensa no oficiales).

Colombia cuenta con aproximadamente 7.000 militares especializados en operaciones de desminado, muchos de ellos entrenados bajo estándares OTAN.

La OTAN ha apoyado a Colombia en más de 20 actividades de cooperación (seminarios, ejercicios, capacitaciones) desde que se formalizó el vínculo.

A través de programas de entrenamiento, ejercicios conjuntos y asistencia técnica, Colombia ha facilitado el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad de otros países de la región. Esto contribuye a una respuesta más coordinada frente a amenazas compartidas y promueve la estabilidad política y social en la región.

Este modelo de cooperación sirve como referencia para otros países latinoamericanos interesados en establecer acuerdos similares. La región ha mantenido históricamente una postura de no alineación. De todos modos, la creciente presión de actores externos, los cambios geopolíticos y las dinámicas regionales de seguridad podrían incentivar una mayor colaboración en defensa bajo el paraguas de la OTAN.

Perspectivas y desafíos futuros

De cara al futuro, la relación entre Colombia y la OTAN enfrenta tanto oportunidades como desafíos. La creciente competencia entre Estados Unidos y China por la influencia en América Latina podría tensar la posición estratégica de Colombia en la región. Sin embargo, la cooperación en defensa con la OTAN proporciona una plataforma para que el país consolide un liderazgo regional y refuerce su capacidad de respuesta ante crisis de seguridad y estabilidad.

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Asimismo, el fortalecimiento de las capacidades de defensa regional mediante la cooperación con la OTAN puede incentivar una mayor integración entre los países latinoamericanos en temas de seguridad y defensa. La creación de espacios multilaterales para enfrentar el crimen organizado, las amenazas cibernéticas y las crisis migratorias presenta una oportunidad para abordar varios de los principales riesgos que tiene la región.

La relación entre Colombia y la OTAN representa un hito estratégico para la seguridad y la estabilidad en América Latina. Colombia ha demostrado ser un socio confiable y capaz, aportando experiencia operativa y una posición geopolítica clave para la alianza atlántica. A medida que las dinámicas de seguridad global y regional continúan evolucionando, esta asociación ofrece una plataforma para fortalecer la defensa colectiva y promover la estabilidad.

Para simplificar las razones detrás de un malestar o un problema —individual o colectivo— tendemos a reducir la realidad a esquemas dicotómicos: bueno o malo, blanco o negro. Este enfoque simplificado caracteriza la lectura de las políticas de Donald Trump y contribuye a oscurecer un escenario mundial inestable. Además, dificulta la comprensión de un fenómeno que marca el inicio de una nueva era que pone en cuestión la construcción del multilateralismo y la existencia de intereses compartidos.

De la amplia lista de medidas que componen la agenda disruptiva de Trump, el aumento generalizado de aranceles del 10% sobre todas las importaciones de Estados Unidos —con incrementos aún mayores para países como Vietnam, China, Suiza, India, Japón y la Unión Europea— revive escenarios del siglo XX, caracterizados por el deterioro del orden económico, político y social. Hoy, estas medidas, ¿son una casualidad?

Los acontecimientos, ya sean buenos o malos, rara vez son espontáneos. En general, responden a procesos más largos y complejos, muchos de los cuales pasan desapercibidos a simple vista. La respuesta de Trump contra el libre comercio puede leerse desde una perspectiva histórica.

Estado de emergencia

La decisión de la Casa Blanca eleva los aranceles al nivel más alto desde 1909. Algunas estimaciones consideran esta suba la mayor en la historia de EEUU. 125 países quedaron sujetos a una tasa del 10%, y otros 60 enfrentan gravámenes aún mayores.

El criterio utilizado para definir el grado de protección frente a cada socio comercial se basa en cálculos poco transparentes, que buscan reflejar una supuesta reciprocidad en los aranceles entre EEUU y los demás países. La lógica subyacente es clara: si nos cobran, les cobramos.

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La Casa Blanca se ampara en leyes de emergencia de 1977 y 1976. Otorgan al presidente la facultad de enfrentar amenazas graves a la seguridad nacional, la política exterior o la economía del país. La justificación oficial es directa: resulta urgente regular las importaciones para corregir las prácticas comerciales globales que. Según la administración, alimentan los “grandes y persistentes déficits anuales” en el comercio de bienes de EEUU.

Trump considera que los presidentes anteriores no hicieron lo suficiente para resolver un problema que persiste desde hace más de 50 años. Añade además dos pilares de su diagnóstico económico: una presión fiscal excesiva, que debe reducirse, y una deuda federal descomunal.

Mi palabra favorita

Este Trump recargado cree firmemente en el poder de los aranceles. Primero los reconoció como su palabra favorita: “Una de las palabras más hermosas que he escuchado”, describió. Luego los colocó en el cuarto lugar de sus preferencias, después de Dios, religión y amor.

Esta admiración no es nueva. Desde finales de la década de 1980, el multimillonario inmobiliario promueve los aranceles como respuesta a prácticas comerciales que, según él, perjudican a EEUU. “Mucha gente está cansada de ver a otros países estafar a Estados Unidos”, decía en un antiguo registro televisivo. Una afirmación que bien podría pronunciar hoy, sin modificar ni una palabra. En ese entonces se refería a Japón. Décadas después, ya como candidato republicano, señalaba a China con el mismo tono. Hoy, su guerra comercial se ha globalizado: el objetivo es todo el mundo.

Fuentes de inspiración

Las ideas comerciales de Trump tienen varias fuentes de inspiración. Una de ellas es Lou Dobbs, popular presentador de televisión, primero en CNN y luego en Fox Business. Entre 1980 y 2021 denunció los acuerdos de libre comercio y la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio por considerar que habían destruido millones de empleos manufactureros en EEUU. Dobbs sostenía que el gobierno debía intervenir activamente para impedir que las empresas trasladaran empleos al extranjero.

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Trump refleja la misma indignación que Dobbs cuando lamenta la pérdida de empleos en el sector manufacturero. De algún modo, canaliza la desilusión, convertida en bronca, de muchos trabajadores industriales que se sienten perjudicados por un sistema comercial que, durante décadas, alentó la deslocalización de fábricas hacia países con menores costos. Lo que fue concebido como una estrategia empresarial para competir en un mundo global, es visto por estos sectores como un camino antinacionalista, que prioriza las ganancias sobre el bienestar de los trabajadores estadounidenses.

Tradición proteccionista

EEUU tiene una tradición proteccionista con profundas raíces históricas. Como primer secretario del Tesoro (1789-1795), Alexander Hamilton defendió el establecimiento de aranceles para fomentar el desarrollo de la industria nacional. Esta idea perduró en varios gobiernos del siglo XIX.

De ese pasado proteccionista, el presidente republicano William McKinley (1897-1901) es tal vez la figura más influyente para Trump. A fines del siglo XIX, McKinley aún se movía dentro de una lógica mercantilista, aunque en un contexto de creciente industrialización, conocido en su tiempo como el “Napoleón de la protección”. Trump reconoció su admiración por McKinley durante su segunda asunción presidencial: “El presidente McKinley hizo muy rico a nuestro país mediante aranceles y talento. Era un hombre de negocios nato”.

Ya entrado el siglo XX, podrían integrarse las ideas de la corriente soberanista, cuyas raíces son posteriores a la Primera Guerra Mundial, como una reacción ideológica a los problemas de comercio, migración y el auge de movimientos nacionalistas. Según la historiadora Jennifer Mittelstadt, esta corriente surge como respuesta a la creciente globalización y la pérdida de control sobre los asuntos internos de los países. Rechaza las políticas de apertura y cooperación internacional, promoviendo la idea de que un país debe recuperar su soberanía económica y política para proteger sus intereses nacionales, un pensamiento muy presente en la prédica de Trump.

Cuerda tensada

El camino radical contra el libre comercio parece seguir la misma senda que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, la oficina de Elon Musk, que busca eliminar regulaciones y agencias estatales para reducir gastos y aumentar la eficiencia del gobierno a gran velocidad. En cuanto al aumento de aranceles, subyace la idea de que el sistema global de comercio no puede reformarse, por lo que debe desmantelarse.

Sin embargo, no parece haber un indicador robusto que ponga en cuestión la credibilidad del comercio y la globalización. La necesidad de más ingresos federales por parte de la administración Trump para avanzar en la reducción de impuestos nacionales no es culpa del libre comercio ni de la arquitectura multilateral posguerra, con todas sus imperfecciones.

Es difícil que el incentivo arancelario termine desencadenando una relocalización de grandes compañías y la creación de más empleos manufacturados, como espera la Casa Blanca. Aun así, Trump puede tener razón en algunos de sus diagnósticos críticos sobre las reglas de juego del comercio mundial, tal vez no adaptadas al actual ajedrez geopolítico con EEUU y China como principales competidores. Se ha denunciado al régimen chino por prácticas desleales como la manipulación de la moneda, subsidios a empresas estatales, robo de propiedad intelectual y espionaje industrial. Mientras tanto, empresas chinas, aprovechando el T-MEC, se instalan en México para acceder al mercado estadounidense, como lo demuestran las crecientes inversiones chinas en México.

Podría deshilacharse alguna costura del libre comercio, pero desmantelar el ropaje que envuelve todos los aspectos de la vida cotidiana parece una tarea imposible. Como escribió el columnista Zachary Karabell sobre la globalización: “Es fácil odiarla y muy oportunista usarla como diana de nuestras críticas, pero imposible detenerla”.

El estallido social de octubre de 2019 marcó un hito en Chile que sigue resonando en la política. No solo por la magnitud de las protestas, sino porque reveló un malestar social que se venía gestando durante años, que no se reduce a la violencia y demandas económicas puntuales. Aquella crisis, que comenzó como una reacción al alza del pasaje del transporte público, terminó convirtiéndose en la manifestación de una fractura más compleja, sostenida por una triada del malestar: la fragilidad de la clase media, la frustración derivada de las promesas incumplidas de la modernidad y el debilitamiento de la familia.

El país tuvo avances significativos en cualquier indicador económico que se mire desde los años 90. A pesar de esto, la mayoría de las familias en Chile sienten que cualquier crisis —una enfermedad, un despido, la misma vejez— puede desmoronar sus proyectos de vida. Esto afecta especialmente a la clase media, que vive con el constante temor de caer en la pobreza.

De hecho, un estudio de IdeaPaís sobre la fragilidad de la clase media muestra que este segmento presenta indicadores laborales, educativos, habitacionales y de salud que, en muchos casos, se asemejan más a los sectores pobres que al resto de los segmentos medios. En otras palabras, la movilidad social es frágil y las redes de protección no siempre son suficientes para evitar que una crisis individual se transforme en un colapso familiar. Este sentimiento de vulnerabilidad generó un malestar profundo y una creciente desconfianza hacia las instituciones políticas y económicas.

Debilitamiento de las familias

El discurso contemporáneo instaló la idea de que el esfuerzo personal bastaba para salir adelante. Sin embargo, la realidad demuestra que la mayoría de las personas no logra escapar de las limitaciones impuestas por su entorno social y económico. El sistema de meritocracia, en teoría, debería permitir que el talento y el trabajo duro sean los principales determinantes del éxito. Pero, en la práctica, la desigualdad de oportunidades sigue siendo una barrera insalvable para muchos. Este desajuste entre las expectativas y la realidad alimentó el desencanto y la desconfianza en las promesas del modelo económico y social.

La familia ha perdido progresivamente su rol cohesivo en la sociedad chilena. En un contexto donde prima la autonomía individual y el logro personal, se han debilitado los lazos comunitarios y los valores de solidaridad. La familia, que tradicionalmente ha sido un espacio de contención y transmisión de valores, se ha visto afectada por cambios estructurales y culturales.

Esto tiene consecuencias concretas. Según otro estudio de IdeaPaís, las familias monoparentales enfrentan mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y peores resultados en educación y salud en comparación con las familias biparentales. La pérdida de valores comunitarios y la fragmentación familiar impactan directamente en el bienestar de las personas y en la cohesión social, generando una sensación de desarraigo y desprotección.

Pragmatismo forzado de Boric

Mucho ha pasado desde esa convulsa primavera de 2019: una pandemia que exacerbó las tensiones sociales y dos procesos constitucionales fallidos que terminaron por fortalecer la vilipendiada Constitución del 80. Esta distopía tuvo su auge con la llegada del Frente Amplio a La Moneda. Con Gabriel Boric, un presidente de 36 años, la izquierda progresista creyó que podría materializar su proyecto refundacional. Pero la luna de miel duró poco. Muy pronto, el gobierno tuvo que enfrentar de manera pragmática las demandas más urgentes de la ciudadanía: seguridad, orden público y economía.

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La adaptación fue inevitable. De la propuesta de una nueva Constitución que básicamente diseñaba un nuevo país (con pluralismo jurídico y más de diez naciones, sin Senado, pero con derechos del medioambiente, entre otras miles de creatividades), de las promesas de refundación de las policías y de terminar con el sistema de capitalización individual en pensiones, se pasó a una agenda más pragmática que, a regañadientes, abrazó las medidas de seguridad y crecimiento económico históricamente defendidas por la derecha.

Las contradicciones quedaron en evidencia rápidamente. En seguridad no solo han reforzado la labor de Carabineros y aprobado una gran cantidad de proyectos de ley sino que, según el seguimiento gubernamental de IdeaPaís, aunque el gobierno ha cumplido un porcentaje alto de las promesas de seguridad (47%), solo un 28% de las iniciativas de ese ámbito estaban en su programa original. Esto evidencia que, para el Frente Amplio, la seguridad se convirtió en una prioridad más por presión del contexto que por convicción programática. En materia de pensiones, el gobierno terminó promulgando y celebrando una reforma que refuerza el sistema que antes denostaba. La realidad se les impuso y las convicciones o fueron desechadas o momentáneamente guardadas en un cajón.

Demandas insatisfechas

Sin embargo, este cambio de rumbo no ha logrado aplacar el malestar social. Las demandas de seguridad y crecimiento económico siguen insatisfechas. El crecimiento económico de Chile en 2024 fue de los peores de Sudamérica y de los peores en Chile desde 1990, en seguridad, la percepción de inseguridad ha aumentado, así como los delitos violentos y el tráfico de drogas. Con esto, la población percibe que el gobierno no ha estado a la altura del desafío. El descontento no ha desaparecido, sino que ha mutado y sigue latente en la sociedad chilena. Esto alimenta el desencanto con la política y la sensación de que no hay soluciones de largo plazo en el horizonte

Esta frustración de expectativas podría explicar la falta de claridad sobre el candidato presidencial del Frente Amplio. Nadie parece dispuesto a dar la cara por la gestión del oficialismo, lo que refleja la debilidad actual del proyecto político progresista. Incluso la propia presidenta del Frente Amplio ha dejado abierta la posibilidad de apoyar a un candidato de otro partido de la coalición.

Oposición fragmentada

En contraste, la oposición parece tener una sobredosis de candidatos y una preocupante falta de unidad. En la extrema derecha, los representantes del Partido Republicano y el Partido Libertario, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, respectivamente, han rechazado la idea de participar en una primaria unitaria con la centroderecha, representada por Evelyn Matthei. Esta división amenaza con atomizar el voto de oposición, lo que podría repetir la historia de 1946 cuando la derecha, al dividirse entre Fernando Alessandri y Eduardo Cruz-Coke, terminó facilitando el triunfo de la izquierda con Gabriel González Videla. Mientras la izquierda sigue desgastada, pero mantiene cohesión en su discurso, la derecha corre el riesgo de repetir errores pasados y dividir su votación

La fragilidad de la clase media, la frustración ante las promesas incumplidas de la modernidad y la crisis moral continúan sin resolverse. Esto no es un fenómeno exclusivo de Chile. En América Latina, el malestar ciudadano ha dado pie a protestas, giros políticos inesperados y gobiernos con agendas erráticas (por decir lo menos). La región enfrenta desafíos similares en seguridad, crecimiento y cohesión social, lo que exige respuestas políticas que vayan más allá de los ciclos electorales.

Las fuerzas de centroderecha en América Latina tienen el desafío de ofrecer soluciones estructurales que superen la tradicional promesa de orden y crecimiento. Deben construir un modelo de sociedad que fortalezca la clase media, restaure la confianza en las instituciones y promueva una cultura en positivo donde las familias puedan prosperar. Sin una visión clara de futuro, el malestar seguirá siendo el telón de fondo de la política en la región.

Uno de los atributos positivos que destaca buena parte del electorado argentino sobre Javier Milei, incluso quienes no lo votaron, es está haciendo lo que dijo que haría en campaña. Esto es, aplicar la “motosierra” al gasto público, desregular todo lo posible, abrir la economía y normalizar la macroeconomía.

Eso, sumado a su carácter vehemente y disruptivo, convence a muchos de que es un personaje genuino y auténtico. Lo ven como alguien que busca diferenciarse de los “políticos tradicionales” que dicen una cosa en campaña y después hacen otra. Como se dice en inglés, what you see is what you get (lo que ves, es lo que obtendrás). En la era de las redes sociales, ser y parecer es cada vez más valorado por el electorado contemporáneo. Cada uno a su estilo, lo mismo tratan de expresar Donald Trump, Nayib Bukele y Daniel Noboa.

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Siguiendo este razonamiento, se podría decir entonces que el Milei candidato es prácticamente igual al Milei presidente. Su estilo, su energía, su ofensiva permanente, su manera de comportarse frente a las formalidades y su lenguaje soez no se han visto limitados por lo protocolar o las reglas que imponen determinados ámbitos. Al menos, en la mayor parte de los casos. Sin embargo, cada norma tiene sus excepciones y es interesante marcarlas para comprender el fenómeno político.

Aprendizajes de Milei

Entre el Milei de campaña y el presidente hubo una transformación en la praxis política. El libertario comenzó con un traspié legislativo al pretender aprobar la Ley Ómnibus, un mega proyecto que incluía un amplio paquete de reformas económicas y estatales. Ese intento fracasó a los 60 días de asumir el cargo. Esto dio paso a un aprendizaje pragmático en distintos aspectos y, así, llegó a concluir su primer año de gestión con un balance positivo. De este modo, Milei ganó tiempo para encarar con éxito la elección legislativa de medio término de fine de octubre. Siempre debe recordarse que este es el gobierno más débil desde el retorno a la democracia en 1983, con pocos legisladores y ningún gobernador en un sistema federal.

Con ese aprendizaje pragmático logró aprobar una versión más modesta de la Ley Ómnibus, que se transformó en la Ley Bases. El equipo político del gobierno se relacionó de otra manera con gobernadores y legisladores dialoguistas. Recurriendo al natural “toma y daca” que tanto repudiaba el presidente, se aprobó el primer gran examen en el Congreso. Ese realismo político le permitió concretar otras reformas relevantes. Por ejemplo, la suspensión de las primarias abiertas y el cambio de la papeleta de votación por la boleta única de papel. Además, evitó que le tumbaran dos vetos presidenciales. Hace pocos días blindó legalmente su decreto de necesidad y urgencia respecto al acuerdo con el FMI.  

Milei también tuvo prudencia cuando se enfrentó a temas que contradecían a su propio público, como el debate sobre el presupuesto de las universidades públicas. En este y otros casos, se retiró de la discusión para no generar costos políticos innecesarios.

Del dogmatismo al pragmatismo

Más allá de que el presidente Milei a veces se empeña en lo que él llama “batallas culturales”, también hizo giros sobre cuestiones tan importantes como su visión de China. Pasó de concebirla como una dictadura comunista a verla como personas que quieren invertir. O, su posición frente a la invasión rusa a Ucrania, tratando de sintonizar con las políticas internacionales de Trump.

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Dicho abandono del dogmatismo por el pragmatismo no le produjo costos políticos en la mayoría de la opinión pública, que alaba sus resultados económicos. Sin los mismos, su apego filosófico no le serviría de nada. Debe tenerse en cuenta que el grueso de la sociedad no mutó ideológicamente, sino más bien hizo una apuesta de riesgos por alguien que no tenía experiencia política, ni de gestión estatal.

Milei tuvo desde fines de enero una serie de traspiés políticos con base en errores no forzados. Desde el discurso de Davos de este año, polémico incluso en el ámbito de referencia, atravesó sucesos que lo llevaron a estar a la defensiva. Por ejemplo, el Cryptogate, la polémica de su consultor de cabecera con un diputado opositor y el nombramiento en comisión de dos jueces de la Corte Suprema. Siempre se dice que a un líder se lo conoce en situación de crisis, no en período de bonanza. Pues esta situación de corto plazo es novedosa para este gobierno y abre una serie de interrogantes acerca de cómo procesará y reaccionará el mandatario ante la adversidad.

Por ahora conocemos a un Milei dogmático que ha ido mutando en uno pragmático, siguiendo las grandes líneas de su filosofía económica, en el marco de un balance positivo. Ahora, resta ver cómo será el personaje que deba navegar con viento en contra.

Angela Merkel fue la primera mujer en ocupar la Cancillería de Alemania, entre 2005 y 2021. Desempeñó un papel destacado en la política europea y global en sus 16 años de mandato. Durante mucho tiempo, fue considerada la mujer más poderosa del mundo. Su gestión fue en la crisis del euro y la crisis migratoria. Sin embargo, no fue hasta los últimos años de su mandato que se declaró abiertamente feminista. ¿Cómo se configuraba realmente su autoimagen feminista? 

Distancia inicial con el término feminismo

La relación de Merkel con el feminismo fue ambivalente durante mucho tiempo, tanto en su retórica como en sus decisiones políticas. En una conversación con la actriz y activista Emma Watson en 2017, respondió con cautela si se consideraba feminista, evitando una afirmación clara. Más tarde, explicó que asociaba el término con figuras como Alice Schwarzer o las pioneras del sufragio femenino y que no quería equiparar su trayectoria con su compromiso de toda una vida. Solo en 2021, durante un evento de Women20, declaró finalmente: “Sí, soy feminista”.

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En sus memorias, publicadas en noviembre de 2024, Libertad. Recuerdos 1954–2021, observa su desarrollo personal y político. Reflexiona también sobre su relación con el feminismo. Durante años evitó definirse como feminista, argumentando con pragmatismo y priorizando la política práctica sobre los debates ideológicos. Un ejemplo de ello fue su rechazo inicial, con razones, a una cuota obligatoria de mujeres. Se adhirió a esta propuesta más tarde. En este caso, Merkel enfatizaba que las mujeres deberían ascender por méritos y no por cuotas. Lo veía como la única solución pragmática. Parecía que no quería enfrentar la realidad de que las mujeres no tienen las mismas posibilidades.

Visión personal y política

Cabe destacar que, durante su gobierno, el término «feminismo» seguía siendo polémico en sectores del partido conservador y de la sociedad alemana. Aún hoy, se asocia a menudo con exigencias radicales que cuestionan valores tradicionales. Esto genera resistencia entre votantes conservadores. Merkel era consciente de que un discurso abiertamente feminista podía considerarse una amenaza para esos sectores y acarrearle costes políticos.

Otro factor clave es su origen: su juventud en Alemania del Este moldeó su percepción de la igualdad. Allí, el trabajo femenino y la independencia monetaria del marido era lo normal. Esto pudo llevarla a ver la igualdad como algo dado, sin necesidad de exponer una postura feminista. También, porque las mujeres fueron reincorporadas al trabajo remunerado muy rápidamente después del parto. Esta influencia podría explicar su distancia inicial con el discurso feminista occidental.

Políticas de género durante su mandato

Un verdadero compromiso con la igualdad no se mide solo con palabras, sino en políticas concretas. En ese sentido, algunas de sus medidas pueden interpretarse como avances hacia la igualdad de género.

La introducción de una cuota de mujeres en la CDU en 2015 aseguró un porcentaje mínimo de mujeres en ciertos órganos. Sin embargo, este paso fue, más bien, el resultado de discusiones largas y negociaciones de coalición con el SPD en este momento. No debido a su convicción personal. Además, promovió programas para fomentar la participación femenina en las áreas tradicionalmente dominadas por hombres: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A nivel internacional, Merkel apoyó iniciativas del G7 orientadas al empoderamiento económico de las mujeres.

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No obstante, también hubo carencias. La brecha salarial entre hombres y mujeres apenas se redujo durante su mandato. Leyes en este ámbito, como la de transparencia salarial de 2017, tuvieron un efecto limitado. Tampoco impulsó una reforma profunda del sistema de desgravación fiscal por cónyuge, la Ehegattensplitting, que refuerza los roles tradicionales. Tampoco presionó lo suficiente por medidas que favorecieran la conciliación laboral y familiar, como una cobertura total de plazas de guardería o modelos laborales más flexibles.

Liderazgo sin estilo feminista explícito

La postura feminista de Merkel es ambigua. Por un lado, su liderazgo y éxito personal inspiró a muchas mujeres a aspirar a cargos de responsabilidad. Por otro, evitó durante años comprometerse con el feminismo de manera activa, lo que impidió abordar con profundidad algunas desigualdades estructurales. 

En retrospectiva, Merkel podría haber tomado decisiones más contundentes para consolidar una imagen feminista. A diferencia de líderes como Hillary Clinton, evitó centrar su discurso político en los derechos de las mujeres o la igualdad. Si bien promovió a mujeres dentro de su partido —como Annegret Kramp-Karrenbauer o Ursula von der Leyen—, no construyó una red de apoyo femenino sólida capaz de dejar un legado duradero. Dentro de la CDU, su legado feminista es discreto. En la actualidad, durante las negociaciones de coalición, el grupo femenino de la bancada CDU/CSU exigió que la mitad de los cargos del Bundestag y del gobierno se asignaran a mujeres. Sin embargo, solo el 27 % de las personas en los grupos de trabajo del CDU son mujeres, frente al 49% en el SPD. 

Al final, fue Friedrich Merz quien decidió que hasta 2029 se aplicará una cuota de mujeres progresiva del 50%. No se puede afirmar que Angela Merkel se hubiera comprometido especialmente con esta causa. 

En sus memorias, Merkel reconoce que, con el tiempo, comprendió mejor la necesidad de medidas proactivas para lograr la igualdad de género. Su feminismo parece, así, más un reconocimiento tardío que una convicción de siempre. Aun así, su cancillería marcó un hito: sigue siendo un modelo para mujeres de todo el mundo y demostró que las mujeres pueden alcanzar los más altos cargos del poder político. A través de su presencia y su estilo de liderazgo, contribuyó a cuestionar los roles de género tradicionales y a allanar el camino para las futuras generaciones de mujeres en la política.

Los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump el 2 de abril constituyen el mayor cambio en el comercio global en los últimos cien años. ¿Cómo afecta esto a Latinoamérica?

Estas tarifas extras que deben pagar los productos de otros países para ingresar al mercado estadounidense, encarecerá el vínculo con la principal potencia del mundo. Van desde 10% para la gran mayoría de los países, hasta 50% para otros. 

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En el caso de América Latina, casi toda la región recibió 10% de incremento de aranceles. Las excepciones son: Guyana (38%), Nicaragua (18%), Venezuela (15%). De igual forma, el caso de México se exceptúa de este listado general. El país está sujeto a un arancel general del 25% para productos fuera del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, lo que afecta al 50% de las exportaciones mexicanas.

El impacto inmediato

Si se mira el mapa global, el panorama latinoamericano pareciera “favorable” comparado con el de Asia, la zona más golpeada donde los aranceles van del 25 al 49%. O el de la Unión Europea, del 20%. Sin embargo, América Latina es una región de bajo crecimiento económico y poca diversificación de sus exportaciones. El encarecimiento de la relación con los Estados Unidos traerá efectos.

Algunos expertos indican que el impacto inmediato en las economías de América Latina será la subida de precios de bienes importados y posible pérdida de competitividad. Hay quienes descartan una sucesión de represalias comerciales que provoquen una recesión económica. 

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De acuerdo con el economista jefe del Citi Research para América Latina, Ernesto Revilla: “Todos los países de América Latina son vulnerables en mayor o menor medida a la incertidumbre global que viene por las medidas de la administración de Trump”. El país más vulnerable de la región es México “porque casi todos los temas que le preocupan a Trump pasan por esa nación”, como migración, narcotráfico y otros.

Las razones de Trump

¿Cuáles son las razones del nuevo gobierno de los Estados Unidos para imponer este nuevo orden comercial? De acuerdo con Gabriel Pastor, periodista y analista especializado en EEUU, “Trump está convencido de que el sistema internacional de cooperación permite que el mundo se aproveche de la generosidad de su país. Por ello, sus políticas implican una profunda renegociación de las reglas del juego. Algunos incluso sostienen que su verdadero objetivo es desmantelar el orden internacional. No obstante, sus tácticas agresivas para desafiar sistemáticamente a sus aliados históricos no parecen responder, por ahora, a una estrategia coherente para saber si se llegará o no a tal extremo”.

Pastor intenta analizar la perspectiva de la Casa Blanca. “El Presidente puede tener razón en algunos de sus diagnósticos, como señalar la necesidad de revisar tratados o denunciar las asimetrías comerciales que desde hace tiempo perjudican a EEUU. Otra cosa es que el instrumento de los aranceles para castigar por igual a socios o adversarios, con el objetivo de re-equilibrar la economía y nivelar el terreno de juego sea el arma más eficiente en un mundo donde si bien el fenómeno de la globalización podría moderarse, no se puede detener”.

De acuerdo con Varieties of Democracy, El Salvador vive un proceso de regresión democrática y el gobierno de Nayib Bukele debe ser considerado como una autocracia electoral. Es decir, un sistema que mantiene elecciones periódicas, pero ha erosionado otros rasgos democráticos como el equilibrio de poderes.

Sin embargo, millones de latinoamericanos validan las tácticas de Bukele. Su reciente cooperación con la administración estadounidense, para recibir detenidos de ese país en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, ha renovado su presencia en la agenda internacional.

Tras un año de su segundo mandato, con más poder y una supermayoría en el Parlamento, exploramos el ascenso y consolidación de este liderazgo que ha marcado a Latinoamérica.

Sin contratiempos (2019)

El 3 de febrero de 2019, Nayib Bukele ganó la Presidencia del país con el 53.10% de votos de la mano de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Se trata de un partido nacionalista, populista y de derecha. Fue la plataforma de oposición a los tradicionales Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (izquierda) y Alianza para la Regeneración Nacional (derecha).

En su ascenso al poder, Bukele, con GANA (10) y sus aliados (6), alcanzó 16 de 84 diputados en la unicameral Asamblea Legislativa y 27 de 262 municipios.

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Desde su inicio, el presidente desplegó un estilo de gobierno confrontativo con las críticas de la oposición y descartó las posibilidades de diálogo y consenso. Su gestión ha estado marcada por una impronta arbitraria para el abordaje de la gestión pública que rechaza contratiempos normativos y contrapesos institucionales. El primer eslabón de una cadena de choques entre el Ejecutivo y el resto de los poderes ocurrió pocos meses después de la asunción de Bukele. En febrero de 2020, el presidente asistió con tropas del ejército a la Asamblea Legislativa. En esta instancia exigía la aprobación del financiamiento para su plan de seguridad.

El segundo fue una serie de decretos restrictivos en el marco de la pandemia por covid-19 que la Corte Suprema de Justicia consideró inconstitucional. Esto allanó el camino para la batalla de Bukele contra el poder judicial al obtener la mayoría legislativa de 2021. Se materializó con la destitución de magistrados y el fiscal general.

Estado de excepción (2022)

En las elecciones legislativas y municipales de 2021 los afines al bukelismo ya no eran candidatos de GANA sino de su nuevo partido, Nuevas Ideas (NI). El partido recibió el apoyo del 66% del electorado. Y alcanzó 56 de 86 parlamentarios en la Asamblea Legislativa y la obtención de 152 de 262 municipalidades. Esa mayoría potenció su estrategia de imposición en reformas clave. Fue así como el Ejecutivo impulsó la adopción del Bitcoin como moneda nacional sin apoyo de la oposición y poco impacto en la implementación.

El eje de la actividad gubernamental ha estado alrededor del combate a las pandillas criminales y el narcotráfico bajo un estado de excepción decretado en marzo de 2022. Sigue vigente a la fecha de redacción de este artículo. Esto hizo de los resultados de la política de seguridad el principal patrimonio que consolida su popularidad y base de apoyo. La estrategia de mano dura ha sido llamada por la literatura como “darwinismo punitivo”. De acuerdo con los números oficiales, El Salvador vivió un descenso de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a 7.8 homicidios en 2022. Esta tasa es similar a la de países como Estados Unidos. No obstante, existen análisis que demuestran que la tendencia a la baja de los homicidios precedió a la era de NI. En todo caso, la administración Bukele profundizó los avances que ya venían en esa dirección.

La estrategia de gobierno se cimentó sobre una constante exposición mediática a través de sofisticadas tácticas de mercadeo en redes sociales para la construcción de la imagen de presidente héroe. Algunos mensajes como el de considerarse el presidente “más cool” o el “dictador de El Salvador” son evidencias del rasgo populista y mesiánico. Lo anterior tuvo como correlato un posicionamiento internacional relevante. Ubicó a Nayib Bukele, según diversas encuestas, como el líder político más popular de América Latina con al menos 83% de aprobación para 2025.

Reducir el Estado (2024)

La delegación popular en la figura de Bukele y sus abanderados se consolidó en febrero de 2024. Esto sucedió una vez aprobada la reforma del Estado. Esta redujo el tamaño de la Asamblea y los municipios y una controvertida sentencia judicial que reinterpretó el artículo 74 de la Constitución salvadoreña, que prohíbe la reelección presidencial. Lo anterior permitió a Bukele postularse nuevamente. En esta contienda, el presidente obtuvo el 82% de los votos. En materia de escaños, se tradujo en 57 de 60 diputados y a nivel municipal 42 de 44. Así, llegó al inicio del nuevo periodo de gobierno con una supermayoría parlamentaria y territorial.

Tres hitos sirven para resumir el proyecto reformista de Bukele y NI.

Primero, el asalto al Parlamento con militares en diciembre de 2020. Ordenó al pleno la aprobación de recursos a la política de seguridad del gobierno, bajo la amenaza de disolver el Legislativo.

Segundo, el accionar extrajudicial en el combate a las pandillas vía estado de excepción. Esto devino en diversas advertencias de la vulneración de derechos humanos de civiles inocentes y la cooptación del poder judicial con el reemplazo de magistrados de carrera por personas afines al Ejecutivo.

Tercero, la reducción del número de parlamentarios de la Asamblea Legislativa y de los gobiernos municipales a iniciativa del presidente en junio de 2023. La medida se sustentó en el argumento de bajar la burocracia y la élite política. De esta manera, El Salvador disminuyó los escaños de representantes a la Cámara de 86 a 60 y la cantidad de municipios de 262 a 44.

Mayoría + popularidad = exclusión

La práctica de gobierno de Nayib Bukele y NI recurre a la imposición como mecanismo prioritario a la hora de reformar e introducir políticas. Su carácter de coalición ascendente le otorga la preferencia para llevar adelante un programa excluyente partiendo de la supermayoría y la elevada popularidad.

En este contexto, los incentivos para el consenso y la incorporación de otros actores, opositores y/o minoritarios, son escasos. De igual forma, la trayectoria de acciones de gobierno trascendentales, como la política de seguridad sin habilitar el diálogo político, marca un precedente que inclina la balanza hacia el mantenimiento de ese comportamiento excluyente.

Los cambios de alto calado vía imposición, como la sumisión del poder judicial salvadoreño al Ejecutivo con la prolongación indefinida del estado de excepción y la reducción de la Asamblea Legislativa y el número de municipios, disminuyen la posibilidad de una convivencia democrática. Implicaría que todos los actores convivan con las reglas de juego básicas que establece el Estado de derecho. Esto introduce una exclusión para minorías políticas y sociales que ven vulneradas sus aspiraciones ante el criterio de la mayoría de flexibilizar el Estado de derecho en beneficio de sus intereses.

La democracia deba pensar más en cómo organizar la toma de decisión en casos de supermayorías. Si bien esto ocurre poco, cuando sucede, los actores que protagonizan esa supermayoría se sienten tentados a pasar tabula rasa. Se llevan puesto el espíritu de convivencia que ha hecho posible la democracia liberal como el mejor invento político y el mayor patrimonio de las sociedades modernas.

El día que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, en noviembre de 2024, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, telefoneó al mandatario electo para felicitarlo y hacerle una petición particular.

“(Tuvimos) una conversación interesante sobre su estrategia de pódcast, la bala que casi lo mata, la gente increíble que lo rodea, los efectos a veces dañinos de los fondos de ayuda estadounidenses, las ONG respaldadas por (George) Soros y nuestro compromiso compartido de abordar los desafíos que tenemos por delante”, escribió el mandatario en su cuenta personal X.

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Durante su mandato, Bukele no ha vacilado al momento de acusar a la prensa independiente como parte de la oposición política que busca desestabilizar a su gobierno con financiamiento internacional.

Por eso fue uno de los primeros gobernantes en congratularse por el cierre de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID). De su financiamiento dependían al menos cuatro medios electrónicos salvadoreños.

Most governments don’t want USAID funds flowing into their countries because they understand where much of that money actually ends up.

While marketed as support for development, democracy, and human rights, the majority of these funds are funneled into opposition groups, NGOs… pic.twitter.com/bXpdK29zH5

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 2, 2025

Bukele y la prensa

La luna de miel entre el periodismo y Nayib Bukele, que llegó al poder en junio de 2019, terminó pronto. Seis meses después, la pandemia fue el mejor termómetro para conocer el estilo de quien se presentó como un outsider de la política salvadoreña. En medio de la crisis sanitaria mundial, Bukele aprovechó para mostrar que su gobierno se caracterizaría por la opacidad de la gestión pública y el uso del ejército para controlar a la población.

Con Bukele en el poder, el trabajo periodístico pasó de enfrentar la amenaza de las pandillas y el crimen organizado a un aumento de la violencia política desde Presidencia. Esta retórica subió de tono cuando entró en vigor el estado de excepción. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, decretó la ley extraordinaria en marzo de 2022. Esto habilitó al ejército y la policía a efectuar capturas masivas en territorios bajo control de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Ambas organizaciones criminales subyugaban tanto comunidades marginales de la capital como zonas rurales mediante extorsión, secuestro, asesinatos, violencia sexual y desapariciones forzadas.

El último informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), con datos de entre septiembre y noviembre de 2024, totalizó 277 casos en los que el bloqueo y la restricción al ejercicio profesional fueron las categorías con más denuncias. Documenta además un aumento de 221% de denuncias respecto a las 86 del trimestre anterior. Como principales agresiones, la gremial más antigua de Centroamérica, registró restricciones al ejercicio periodístico, con 98 casos, y bloqueo de acceso a la información, con 92.

Una libertad amordazada

La libertad de expresión está garantizada por la Constitución salvadoreña. Pero, bajo un permanente estado de excepción ningún salvadoreño tiene derechos.

En este marco, las capturas arbitrarias sin investigación judicial previa colocaron a El Salvador entre los países con más encarcelados a nivel mundial. Organizaciones no gubernamentales como Socorro Jurídico Humanitario calculan que en 36 meses al menos 375 salvadoreños murieron bajo custodia del Estado. El 94% de dichas víctimas no era pandillero.

Los medios independientes, que investigan las historias detrás de estos casos, son el blanco favorito de Bukele. El presidente ataca y amenaza a los periodistas que no son afines a su gobierno. Especialmente por la cobertura sobre la seguridad pública y la violación a los derechos humanos. El mandatario criminaliza tanto el ejercicio periodístico como a los defensores sociales que rechazan la política punitiva en la que se basa la seguridad pública salvadoreña.

“El éxito en el combate a la delincuencia tiene un costo y ese precio lo estamos pagando todos”, opina el abogado Ricardo Vega, del ámbito privado. Agrega: “Te aseguro que si preguntas a las personas si prefieren vivir la libertad bajo una dictadura o vivir en democracia, pero bajo control de las pandillas, el salvadoreño sacrificará sus derechos sin dudarlo”.

Durante la campaña electoral de 2024, Donald Trump sufrió un intento de magnicidio del que salió herido pero vivo: «Fui salvado por Dios para hacer grande de nuevo a Estados Unidos», declaró en ese momento. Las alusiones religiosas son frecuentes en su narrativa desde que asumió en enero de este año.

En febrero, en torno al Desayuno de Oración Nacional, Trump dijo que el grupo de trabajo tendría como objetivo “detener inmediatamente todas las formas de ataque y discriminación anticristiana en el gobierno federal». En simultáneo, las primeras medidas trumpistas dieron marcha atrás a programas de diversidad, igualdad e inclusión. Por ejemplo, en la participación de mujeres transgénero en los deportes femeninos. “No sé si han estado observando, pero nos hemos librado de lo woke en las últimas dos semanas”, dijo también en esa ocasión.

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El presidente también puso en marcha una Ofician de la Casa Blanca para la Fe. Nombró a la telepredicadora evangélica y exponente de la teología de la prosperidad estadounidense Paula White al frente del organismo para “fortalecer a las familias estadounidenses”. 

Para entender cómo se construye una administración con un fuerte enfoque religioso en Estados Unidos, conversamos con Gustavo Monzón, doctor en Teología del Boston College y vicerrector de comunidad universitaria de la Universidad Católica del Uruguay.

Religión cívica

​​¿Cuál es el lugar de la religión en EEUU?

—La cultura política estadounidense, y su relación con la religión, no es igual que la cultura política uruguaya. Básicamente la literatura dice que hay dos modelos de laicidad, uno muy abierto o pluralista y otro cerrado. En ese modelo de laicidad cerrado y republicano la religión se entiende como es como un hecho de la esfera privada que no tiene influencia en lo público. En este modelo de laicidad también hay una confusión entre lo público y lo estatal. Se asocia la privatización religiosa con la independencia del Estado. 

Hay otro modelo de laicidad (EEUU es el paradigma) en el cual se entiende que la religión es una parte constitutiva de la experiencia pública. La religión es un derecho inalienable que cada ciudadano puede vivir y el Estado tiene que estar separado de la esfera religiosa. En EEUU eso está estipulado en la Constitución, Bill of Rights, en la enmienda número 1 de separación de iglesia – Estado. Se entiende que el Estado federal, de manera de asegurar la libertad religiosa, tiene que mantenerse independientemente de la religión o tiene que ser neutral. Y eso genera una cultura política que es la forma en la que EEUU ha interpretado los textos fundamentales respecto a la iglesia y el Estado. 

Ahora bien, desde la Constitución del 35, la neutralidad estatal o la forma de entender la relación entre religión y política, ha variado de acuerdo a los momentos históricos. EEUU es una sociedad moderna, pero muy religiosa; hay una especie de deísmo providencialista, de que Dios crea el mundo y la religión viene a ser como un garante de la moralidad. La idea central es que la religión es el fomento de la virtud privada y a través de eso ha generado mejores ciudadanos. Eso es inherente a la cultura estadounidense. 

La Corte Suprema, que garantiza la interpretación constitucional religiosa, ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. Básicamente, depende de las mayorías circunstanciales que tenga y la forma de entender la interpretación constitucional.

¿Cómo fueron los últimos 30 años? 

—Se creía que EEUU era la excepción de Occidente, que no iba a sufrir un proceso de disminución de las prácticas religiosas. Está aumentando en EEUU las personas que no se identifican con una afiliación religiosa. Pero la gran mayoría de la sociedad estadounidense se identifica con la religión, que forma parte de convicciones morales y políticas. Es decir, la religión termina incidiendo a la hora de determinar algunas opciones políticas. 

Obama, Clinton, Biden; el Partido Demócrata se hizo defensor de causas (lo que llamamos agenda de derechos) que chocan con conceptos morales que pertenecen a las tradiciones religiosas. Entonces, qué es lo que ese es más o menos el paisaje político, es decir, 

Entonces, por un lado, hay una polarización política muy fuerte, entre el Partido Demócrata y el movimiento Make America Great Again, del Partido Republicano, pero no solamente, y, por otro, también hay una división religiosa. Hay creyentes que valoran la ampliación de los derechos como tradición de la política estadounidense, y otros creyentes que dicen que es necesario un gobierno fuerte que imponga una moral pública de manera de tener una base moral común. 

Religión Trump

En ese contexto aparece Donald Trump.​​ ¿Se construye una religión política respecto a su figura?

—Trump asume un discurso religioso a la hora de querer desarrollar su agenda pública. Se posiciona como defensor de los valores religiosos contra una agenda de derechos o una forma de entender los derechos sociales y civiles que había asumido el Partido Demócrata. 

En esa lógica, ¿existe un nacionalismo cristiano?

—EEUU tiene una narrativa propia de que es una nación elegida por Dios y cuyo destino manifiesto, the manifest destiny, es extender la libertad a todas las naciones de la tierra. En ese sentido, el país tiene una religión cívica de acción cristiana. Esa porosidad que tiene la cultura con la religión en EEUU hace un fuerte nacionalismo cristiano. 

Es constitutivo de la experiencia estadounidense y es representado por sectores que se conciben como una nación cristiana. Y toda la agenda de derechos —que pone en cuestionamiento el origen de la vida, la diferenciación entre el hombre y la mujer, el concepto de matrimonio, el final de la vida, los mismos fundamentos morales de la nación— son un peligro para la sociedad. 

Trump asume esta retórica nacionalista cristiana. Y desde ahí también viene a llenar un vacío político. El populismo viene a llenar un significante vacío y creo que Trump en eso se comporta como un líder populista. 

Trasciende modelos

Este uso y apropiación que Trump hace de la religión, ¿puede generar también más apatía con los valores religiosos?

—Creo que puede generar una polarización religiosa y una división de las religiones, que es lo que está pasando. Cuando asumió Trump, al día siguiente, una pastora evangelista, aplicó un discurso muy religioso, pero contra las políticas de Trump. Más que una apatía hacia lo religioso, puede darse una polarización dentro de las comunidades religiosas. Contraponer ciertos valores religiosos (como el amor al vecino, la defensa de los inmigrantes, la defensa de las minorías, la defensa de los derechos) contra un orden moral objetivo, una idea de familia, de sociedad, de Estado. En la cultura estadounidense creo que va a terminar pasando eso: se politiza la religión. Y la religión deja de cumplir su función de experiencia trascendente.

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Los valores cristianos, ¿son coherentes con las políticas más emblemáticas de este nuevo trumpismo?

—Los valores cristianos trascienden cualquier forma o organización política y pueden ser interpretados de acuerdo a cualquier convicción política. 

Por ejemplo, los cristianos más conservadores pueden sentir la necesidad de un líder que venga a imponer una moralidad pública para poner orden en la sociedad. Puede ser una interpretación más de un cristiano de derecha. Por el contrario, un cristiano sentir que puede la política de Trump va en contra del amor al prójimo, que destruye el bien común, injusta con las minorías. No diría que el cristianismo o los valores cristianos pueden ser agotados en un modelo político. 

Creo que los valores cristianos exceden cualquier modelo político. El cristianismo es un actor político en generar mejores sociedades. El tema es cómo entendemos que es la mejor sociedad. Eso es materia discutible. Pero la intención de generar una mejor sociedad es lo que mueve los valores cristianos.

El declive de Occidente parece omnipresente. En el comercio y la innovación, en cuestiones de seguridad y en la organización del orden mundial, la decadencia se diagnostica en todas partes.

No es de extrañar que Occidente tenga viento en la cara en lo que a ideas se refiere. Pero, a diferencia de lo que ocurría durante el conflicto Este-Oeste, hoy la inseguridad no proviene de ningún modelo alternativo de orden político. En la actualidad, Occidente está siendo fundamentalmente deconstruido, criticado y, a menudo, rechazado. Detrás de esto, generalmente se encuentran planteamientos que se resumen bajo el término poscolonialismo.

A más tardar desde la década del 90, en las universidades alemanas se establecieron teorías que impulsan un cambio de perspectiva en la percepción, ahora generalizada, del mundo y de la historia. Con los escritos de Frantz Fanon, Michel Foucault, Edward Said y Judith Butler, se desarrolla la deconstrucción de supuestos discursos de poder, especialmente en las ciencias sociales. No cabe duda de que este cambio de perspectiva tiene sus méritos. Por ejemplo, ya no son aceptables las glorificaciones románticas de la época colonial. También, es indiscutible que los crímenes coloniales siguen teniendo repercusiones a través de las fronteras nacionales, las relaciones de dependencia y, no menos importante, en la mente de las personas.

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Sin embargo, el poscolonialismo despierta cada vez más críticas. El sociólogo estadounidense Vivek Chibber diagnostica que el poscolonialismo difunde una imagen cliché de otras regiones del mundo. Otros lo acusan de ser poco científico, de carecer de capacidad crítica y de pensar en blanco y negro. Desde el atentado terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, la acusación de antisemitismo, en particular, está en el aire. Al mismo tiempo, la resistencia poscolonial va en aumento. Sus defensores sospechan que subyace un revisionismo histórico o intuyen una campaña autoritario-iliberal. En el debate sobre el poscolonialismo, actualmente se dispara con munición real.

Restricción del discurso

Curiosamente, uno de los elementos centrales del poscolonialismo solo desempeña un papel secundario en este debate: la devaluación de Occidente. Las corrientes más recientes muestran poco interés por la historia y las secuelas de las condiciones coloniales. En su lugar, amplían cada vez más el diagnóstico y la descripción de su existencia. Lo que interesa no es el colonialismo como fenómeno global y atemporal, sino únicamente el colonialismo europeo de los últimos siglos. Se ignoran o relativizan las conquistas otomanas, la trata de esclavos árabes, el imperialismo soviético y mucho más.

El punto de partida central de esta transformación, de un enfoque del régimen de conocimiento productivo a un régimen restrictivo del discurso, es la hipótesis formulada por Edward Said en 1979 en su obra de referencia poscolonialista, Orientalismo. Sostenía que el Occidente necesitaba a Oriente como plantilla negativa para autodefinirse. Said proporcionó así un libro apropiado en un momento en que muchos en la izquierda se sentían avergonzados por el socialismo real y la revolución en Irán daba lugar a muchas falsas esperanzas. La “colonialidad” occidental y la idea de que las sociedades occidentales son intrínseca y, en última instancia, insuperablemente racistas, reemplaza cada vez más al capitalismo como base para la explicación males de este mundo.

Esta evolución se aceleró por el final del conflicto Este-Oeste y los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La aprobación abierta por algunos intelectuales occidentales del ataque a EEUU fomentó la toma de conciencia de un fenómeno que los críticos del poscolonialismo, Ian Buruma y Avishai Margalit, denominaron «antioccidentalismo». Este encontró nuevo alimento tras el cambio de milenio. El fracaso de los esfuerzos occidentales por exportar la democracia y el aumento de las crisis mundiales apoyaron la suposición poscolonial de que Occidente estaba haciendo al mundo más mal que bien.

Legitimación de políticas autoritarias

La devaluación de Occidente encontró su contrapartida en la valorización del Sur. El periodista Jens Balzer explica esta tendencia con la idea de lo «indígena» como leitmotiv del pensamiento poscolonial. De repente, el pueblo, la nación y la tradición volvieron a ser valores muy apreciados. Siempre y cuando estuvieran representados por personas categorizadas como no occidentales. Se declaró que el llamado Sur Global era el hogar de estos pueblos no occidentales. Este espacio ha sido objeto de debate durante mucho tiempo sin que esté claro quién pertenece exactamente a él y qué se entiende por ello. El Sur Global queda así reducido a un término combativo que puede utilizarse para todo tipo de cosas. Para el politólogo Wolfgang Kraushaar sirve sobre todo para desacreditar a Occidente. «No ayuda si se quieren entender las consecuencias del colonialismo», expresa.

Hablar del Sur Global también está en auge porque la autocrítica antioccidental es un aliado importante para los opositores políticos al poder de las democracias occidentales. En febrero de 2017, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, abogó por un «orden mundial posoccidental» en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Desde entonces, busca aunar fuerzas con personas afines. El filósofo ultranacionalista ruso Aleksandr Dugin utiliza la imagen de la descolonización. Al igual que los nacionalistas de la India, los políticos chinos detentores de poder y los mulás iraníes. En todo el mundo se activan conceptos identitarios de supuesta subalternidad para legitimar políticas autoritarias, reaccionarias y etnonacionalistas.

Los islamistas fueron los primeros en sacar provecho de esto. Hace unos cien años, propagan al islam (y no al Occidente) como la solución a todos los problemas. La lucha contra la democracia, los derechos humanos y el laicismo, así como también contra las mujeres, las minorías étnicas, los homosexuales y las personas de otras religiones, se disfraza de perspectiva musulmana autóctona. En Irán, Afganistán y Gaza se observa la materialización política de dicha perspectiva. Los discursos poscoloniales y el vocabulario difamatorio que contienen (genocidio, apartheid, Estado colonial) son especialmente populares entre los islamistas de Hamás y otros enemigos de Israel. El día de la masacre, el 7 de octubre de 2023, el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) celebró el ataque como una reacción de los «palestinos indígenas» a la limpieza étnica del «apartheid israelí» y del «Occidente colonialista».

Contra el orden internacional

Debería ser objeto de debate si el poscolonialismo es en general antisemita o si el antisemitismo que se manifiesta en sus filas no es más que la expresión y la consecuencia de una visión antioccidental del mundo. Para el periodista Yascha Mounk, es difícil separar ambas cosas. En los discursos interseccionales de los poscolonialistas, Israel y, por tanto, los judíos israelíes, se categorizan como pertenecientes a Occidente que hay que rechazar. Los pensadores poscoloniales se convierten así a menudo en los idiotas útiles de quienes quieren abolir los derechos humanos, la democracia, la libertad o Israel. No está claro por qué gran parte de la investigación poscolonial sigue negándose a entablar un discurso autocrítico al respecto.

El hecho de que el pensamiento poscolonial ponga en tela de juicio los fundamentos de un orden internacional basado en normas también merece una reflexión autocrítica. Siguiendo a Foucault, las afirmaciones sobre el mundo solo se entienden como posicionamientos de la política del poder. Ya no existen verdades objetivas. Los sistemas globales de orden y regulación, las organizaciones y regímenes internacionales y, en última instancia, el derecho internacional se convierten así (al menos en sus formas actuales) en construcciones de un orden occidental de opresión colonial. Los principios de los derechos humanos y del derecho internacional en los que se basan estos sistemas ya no se consideran universalmente válidos, sino perspectivas eurocéntricas específicas temporales y contextuales. Las consecuencias realpolitik de este cambio de perspectiva ya son visibles en todas partes: las instituciones y regulaciones globales están siendo socavadas, desacreditadas y frustradas.

Conexiones Sur-Sur en lugar de Sur Global

¿Cómo preservar los valores occidentales y universales en tiempos de creciente complejidad global? El muy discutido historiador escocés Niall Ferguson aboga por una reinvención y reivindicación de Occidente. Quien piense que esto es demasiado ambicioso, debería empezar por las instituciones occidentales clave. En primer lugar, la Unión Europea y la OTAN. Pero también el G7 y la OCDE son hoy más necesarios que nunca. La respuesta más importante a las crecientes críticas a Occidente consiste en el fortalecimiento de su desarrollo institucional y fortalecimiento de las alianzas y estructuras de cooperación occidental. Y, como en los días de la distensión, cuando los lazos con Occidente se complementaban con interconexión con el Este, ahora hay mucho que decir a favor de complementar los lazos con Occidente intensificando los lazos con el Sur.

La solución a los conflictos y crisis mundiales no pasa por una reinterpretación poscolonial de la historia, sino por el fortalecimiento de los elementos cooperativos y las soluciones concretas a los problemas. El pensamiento poscolonial no pondrá fin a los conflictos de Oriente Próximo o Ucrania, ni garantizará la prosperidad mundial, ni conducirá a una mayor igualdad de derechos para las mujeres, ni contrarrestará el cambio climático. Para ello se necesitan alianzas, coaliciones y diplomacia. La comprensión de esto no está suficientemente presente en la política exterior y de desarrollo alemana.

Allí se siguen adoptando despreocupadamente reinterpretaciones poscoloniales de términos y supuestos. O se proclama que se quiere negociar en pie de igualdad con socios de África y Asia, sin darse cuenta de la arrogancia de tal formulación. Por eso, cuando la ministra de Desarrollo, Svenja Schulze, se compromete a «superar los desequilibrios estructurales de poder» en las relaciones mundiales, uno desearía al menos ver una reflexión crítica sobre cómo se perciben esas declaraciones en China y Rusia.

Texto publicado originalmente en alemán en Die Politische Meinung, número 588, año 2024.

Versión traducida al español por Manfred Steffen, programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina, Montevideo.

Hacia el 2 de marzo pasado, la película Aún estoy aquí del director Walter Salles fue galardonada con el premio Óscar de mejor película extranjera. El film cuenta la historia de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, que, sufrió el secuestro de su esposo, un exdiputado del Partido Comunista, durante la dictadura militar en Brasil.

Esta fue la primera vez que el cine brasileño ganó un Óscar, que coincidió con los festejos de carnaval. En el sambódromo en Río de Janeiro, la multitud de 70.000 personas celebró cuando el premio fue anunciado por los parlantes del estadio. El telediario de la noche de Globo publicó los festejos indígenas en la Amazonía. En todo el país, salas de cine y bares se colmaron con la transmisión en vivo de la ceremonia. La victoria cinematográfica se vivió con el espíritu de un mundial de fútbol.

De todos modos, la derecha brasileña calló sobre el tema. La película del director Salles sensibiliza a la derecha porque habla de la dictadura militar, que Bolsonaro siempre reivindicó. Gobernadores estatales alineados con el expresidente no felicitaron al equipo de la película. Mientras influenciadores digitales de la derecha sostienen que la protagonista era esposa de un terrorista comunista. Desde la esfera política, queda la impresión de que la batalla cultural impide cualquier alegría compartida entre los brasileños.

Fenómeno comunicacional

Hace bastante tiempo no se veía que un suceso generara una emoción tan diseminada en distintos sectores de la población en Brasil. Históricamente, brasileños de todas las clases sociales y posturas políticas compartían experiencias delante de la televisión. Como los partidos de la selección brasileña en el mundial, las carreras de Fórmula 1 con el tricampeón Ayrton Senna en los 90, y las telenovelas de mayor convocatoria, como Avenida Brasil, que de hecho tuvo gran audiencia también en otros países de América Latina.

El impacto del éxito del Óscar puede verse como un fenómeno comunicacional. En la actualidad, ya no existe la comunicación es unidimensional, de un solo emisor, desde la invención de los smartphones y de las redes sociales. La información está fragmentada en incontables influenciadores digitales en infinitos nichos. La sociedad de masas ya no comparte experiencias en el mundo offline. Las experiencias son particulares, en los bolsillos, en los teléfonos, en la burbuja de la vida online.

Un ejemplo fuerte de esto es la pandemia. Un parte de la población siguió el relato de negación, con teorías de la conspiración sobre el virus y medicinas que presuntamente serían la cura. No lo vivieron de la misma forma, con el mismo lenguaje, que aquellos que sí siguieron lo que planteaba la Organización Mundial de la Salud. Ni siquiera una crisis sanitaria pudo generar comunidad entre los brasileños.

Pero la victoria de Aún estoy aquí logró romper las burbujas de comunicación. Probablemente activó el orgullo nacional, incluso entre aquellos que no son hiperpolitizados y no se enfocaron en el hecho de que la pareja de la protagonista era de un partido de izquierdas.

Romper la burbuja

Según Google Trends, en las búsquedas en los treinta días anteriores a la ceremonia del Óscar, los usuarios buscaron informase sobre la película, los dos personajes principales de la política brasileña (el presidente Lula y su antecesor) y el equipo de fútbol Flamengo. Es evidente que, fue de las burbujas hiperpolitizadas, la mayor parte de las personas no consume política en su vida cotidiana. Incluso, el día posterior a la victoria, la ganadora del Óscar generó mayor tráfico en línea que Flamengo, con más de 30 millones de hinchas.

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Aún estoy aquí logró generar un suceso comunicacional en Brasil porque rompió las burbujas de información. Aunque que los hiperpolitizados de derecha no festejaron públicamente la victoria, sí fue celebrada por gente de a pie, lejos de las burbujas más politizadas.

El movimiento woke, que busca visibilizar y corregir desigualdades históricas, ha sido criticado desde diversas perspectivas. Por un lado, algunos sectores de la izquierda lo acusan de centrarse excesivamente en la política identitaria a expensas de problemas estructurales como la desigualdad económica. Por otro lado, algunos en la ultraderecha lo utilizan como un término peyorativo, asimilándolo con censura, corrección política extrema y una imposición de misiones progresistas.

Este uso despectivo del término permite que figuras políticas como Javier Milei y Donald Trump se presenten como defensores de la “libertad de expresión” frente a lo que describen como una “dictadura cultural” impuesta por el progresismo. Este discurso resuena especialmente en sectores que perciben los cambios culturales como una amenaza a sus valores tradicionales.

En Argentina, el presidente Milei ha intensificado la hostilidad hacia periodistas y escritores críticos. Su administración cerró medios estatales como Télam y suspendido contratos publicitarios gubernamentales con medios independientes, creando un ambiente desfavorable para el periodismo. Además, sus discursos estigmatizantes fomentan ataques directos contra figuras culturales y organizaciones defensoras de derechos humanos.

De hecho, esta semana, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, el gobierno publicó una pieza audiovisual encabezada por Agustín Laje, autor de La Batalla Cultural. El referente de la derecha libertaria invita a defender «la libertad de conocer nuestra historia. Completa».

Limitar la convivencia

En EEUU, Trump utilizó durante su campaña la defensa de la libertad de expresión como bandera, mientras como presidente implementa medidas que limitan el disenso. Por ejemplo, su administración ha regulado contenidos críticos en medios y plataformas digitales, eliminando voces que desafían sus narrativas oficiales. Este enfoque es descrito como “orwelliano”, ya que busca consolidar una ideología específica mientras silencia opositores bajo el pretexto de proteger el discurso libre.  

Al abandonar su programa de verificación de hechos en favor de un modelo de “notas comunitarias”, Meta marca un giro significativo en su enfoque hacia la moderación de contenido. Este cambio anunciado por Mark Zuckenberg contrasta profundamente con las medidas tomadas en 2021. En ese momento, Facebook suspendió las cuentas de Donald Trump tras los disturbios en el Capitolio. Aquella decisión fue presentada como un compromiso con la seguridad y la integridad democrática. En tanto, la eliminación del fact-checking se justifica en nombre de la “libertad de expresión” y la reducción de lo que Zuckerberg describe como “censura excesiva”. Esta decisión podría tener efectos colaterales graves, como el incremento en la difusión de contenido problemático y de la desinformación.

Esta táctica, como también la de las empresas que están eliminando sus programas de diversidad, ha generado especulaciones sobre si el cambio responde a presiones políticas o a una estrategia para evitar conflictos con aliados conservadores. El discurso anti-woke y las críticas al progresismo han sido centrales en las narrativas promovidas por figuras como Trump. Esto convierte a Meta en un actor clave en este entorno polarizado.

Radicalización y redes sociales

Las redes sociales son un eje central para la difusión y radicalización del discurso woke y anti-woke. Combinan estrategias algorítmicas, financiamiento de élites tecnológicas y narrativas que explotan malestares sociales. Diseñadas para maximizar la interacción a través de emociones fuertes, estas plataformas amplifican discursos extremos y simplifican debates complejos.

Por su parte, la ultraderecha ha sabido aprovechar esta dinámica, utilizando algoritmos para viralizar narrativas que presentan el movimiento woke como un enemigo común. Figuras influyentes en tecnología, como Elon Musk y Peter Thiel, han financiado proyectos y candidatos que promueven una agenda libertaria que desregula el poder corporativo mientras demoniza todo lo que esté alrededor del progresismo.

Este ecosistema digital también facilita la radicalización de jóvenes hombres hacia posturas de extrema derecha y misoginas. Este sector de la población ha apoyado la victoria de Milei, por ejemplo. En el hemisferio norte, el influencer Andrew Tate capitalizó el resentimiento de ciertos sectores masculinos en su narrativa. Atribuye las dificultades económicas y sociales de este grupo a movimientos feministas y progresistas en lugar de a factores estructurales, como la precarización del empleo o la concentración del poder económico.

Contradicciones en la cancelación

Uno de los argumentos más utilizados contra el wokismo es su inclinación hacia la cultura de la cancelación. Se trata de la exclusión de figuras públicas que expresan opiniones consideradas ofensivas o inaceptables. Sin embargo, los gobiernos anti-woke han replicado este mecanismo al atacar y desacreditar voces criticas. Las denuncias sobre una supuesta censura ejercida por el wokismo son utilizadas para justificar medidas que buscan restringir la participación de ciertos sectores en el debate público.

De esta manera, el anti-wokismo se ha convertido en una forma de cultura de la cancelación invertida. Los discursos críticos son ridiculizados y marginados en los espacios mediáticos dominados por la extrema derecha. Estos tipos de gobiernos promueven leyes o medidas que restringen la libertad de prensa o castigan a opositores políticos. De esta manera, se alimentan narrativas que glorifican discursos de odio bajo el pretexto de proteger la libertad.

Retorno a los principios fundamentales

Parte del éxito del discurso anti-woke radica en las dificultades de la izquierda para articular un mensaje coherente. La fragmentación dentro de los movimientos progresistas, que por las luchas identitarias entran en conflicto con otras agendas, debilitó su capacidad para generar cambios estructurales. Por un lado, la derecha radical ha logrado unificar su discurso en torno a una narrativa de “resistencia contra la corrección política”. Por otro, la izquierda ha caído en disputas internas que han erosionado su cohesión y efectividad política.

Además, la política identitaria ha sido infiltrada también como estrategia de marketing, utilizando estas causas para vender. Muchas empresas y marcas adoptaron la política identitaria en el pasado cuando les convino. Ahora, están invirtiendo su posición, lo que contribuye aún más al cinismo y la desconfianza dentro de los discursos sobre raza, genero y orientación sexual.

El debate en torno al wokismo y su instrumentalización por parte de la política no responsable refleja la necesidad de evaluar cómo se abordan las luchas sociales dentro de un contexto relacionado con la atención a las injusticias sociales.

En un mundo donde las guerras culturales son usadas para dividir y movilizar sectores descontentos, la clave está en construir un discurso que equilibre la atención a las injusticias identitarias. Así como con la lucha contra las desigualdades económicas y estructurales. Recuperar una visión integradora puede ayudar a evitar que el malestar social sea capitalizado por movimientos reaccionarios y fortalecer las bases para un cambio político significativo.

Konrad Adenauer.

Porque é que um acessório tão insignificante como um chapéu há-de desempenhar um papel para uma personalidade tão importante como o primeiro chanceler da República Federal da Alemanha, quanto mais
servir de humor no design gráfico de uma publicação com algumas das suas citações mais memoráveis?

“Konrad Adenauer não foi apenas o primeiro chanceler da Alemanha, mas também um dos primeiros políticos com uma extraordinária capacidade de lidar com os media e de transmitir mensagens através de imagens, especialmente com as chamadas histórias caseiras.

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Nestes tempos de crise, perguntamo-nos o que teria dito o velho Adenauer nesta ou naquela situação difícil. Definitivamente, não só recordar o mais famoso utilizador de chapéus da história recente da Alemanha, mas também tornar acessíveis as suas mais importantes (e mais belas) peças de sabedoria com esta cuidadosa publicação, é um empreendimento que vale a pena.