Una de las primeras órdenes de Donald Trump, al asumir por segunda vez la Presidencia de Estados Unidos, fue congelar fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta decisión dejó un panorama incierto sobre el futuro de programas clave para América Latina.
En concreto, en enero de 2025, el gobierno anunció la integración de USAID al Departamento de Estado para revaluar la ayuda exterior. Esta reestructuración, junto con las medidas de recorte, suscita preocupación en ámbitos como el desarrollo social, la asistencia humanitaria y la gestión de crisis migratorias.
USAID ha sido durante décadas un actor fundamental en la promoción del desarrollo en América Latina. La agencia dotó recursos a programas en salud, educación, gobernanza y asistencia migratoria. Estas inversiones permitieron enfrentar desigualdades estructurales y fomentar la estabilidad institucional.
Por ejemplo, en 2023, la ayuda global distribuida por USAID alcanzó US$ 42.000 millones. De ese total, América Latina recibió poco más de US$ 1.700 millones. Dentro de los países de la región, los mayores beneficiarios fueron: Colombia (US$ 389 millones), Haití (US$ 316 millones), Venezuela (US$ 205 millones), Guatemala (US$ 178 millones) y Honduras (US$ 144 millones).
Estas iniciativas contribuyeron a crear una red de cooperación que abarcó desde programas de vacunación hasta iniciativas para la promoción de derechos humanos. La disminución o reorientación de estos fondos podría afectar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante problemas estructurales y emergencias sanitarias.
Migrantes afectados
América Latina enfrenta desde hace años desafíos en la gestión de flujos migratorios, motivados por crisis económicas, violencia y desastres naturales. USAID, en este sentido, implementó programas orientados a brindar asistencia a migrantes y comunidades en situación de desplazamiento, así como a prevenir la migración forzada mediante iniciativas de desarrollo local.
La posible desaparición o reorientación de estos programas podría intensificar la crisis migratoria. De hecho, tras intentos de cerrar la agencia, un juez intervino para pausar esta medida, subrayando la importancia de mantener el apoyo a comunidades migrantes. Sin la ayuda de USAID, se corre el riesgo de que aumenten los flujos irregulares, se agrave la inseguridad en las zonas de origen y se sobrecarguen los sistemas de acogida en países receptores, generando tensiones sociales y políticas adicionales.
Reconfiguración estratégica
Según el comunicado del Departamento de Estado (2025), esta medida busca una mayor coherencia y eficiencia en la política de ayuda, orientándola hacia prioridades estratégicas y de seguridad nacional.
El vacío dejado por USAID abre la posibilidad de un reajuste en las alianzas estratégicas de América Latina. Con la reducción del tradicional apoyo estadounidense, otras potencias internacionales seguramente intensificarán su interés en la región y tomarán espacios libres. China, por ejemplo, ha incrementado sus inversiones en infraestructura y desarrollo, lo que podría desplazar la influencia estadounidense en áreas estratégicas. Este reajuste en las alianzas internacionales podría condicionar la autonomía de los países latinoamericanos, al forzar una elección entre modelos de cooperación que, en última instancia, responden a intereses estratégicos.
Adicionalmente, diversos medios han advertido que, en este nuevo escenario, la ayuda podría reorientarse hacia intereses geopolíticos. En efecto, el eventual cierre o la modificación radical de USAID tendrá consecuencias negativas para la región. No solo se perdería un instrumento clave para contrarrestar desigualdades y fomentar el desarrollo sostenible. Podría perderse también el enfoque multidimensional basado en el desarrollo social y humanitario que ha caracterizado a USAID y comenzar a priorizar aspectos de seguridad y geopolítica.
Alternativas de financiamiento
Ante este panorama complejo, América Latina se ve obligada a replantear sus estrategias de desarrollo y asistencia. La dependencia histórica de la ayuda externa pone de manifiesto la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer las instituciones locales.
La pérdida de un aliado tradicional como USAID obliga a buscar mecanismos alternativos que aseguren la continuidad de programas esenciales en salud, educación y asistencia migratoria. Ahora se enfrentan a una transición abrupta, lo que podría agravar la desigualdad y aumentar la precariedad en sectores marginados.
Una mayor cooperación regional podría facilitar una respuesta conjunta a crisis humanitarias y migratorias, reduciendo la dependencia de actores externos. También, la promoción de políticas que impulsen la autosuficiencia podrían ser clave para enfrentar este nuevo reto. Para esto, los gobiernos deben fortalecer sus capacidades institucionales y promover la inversión en capital humano.
Al mismo tiempo, es fundamental que la reestructuración de la ayuda no desvíe el enfoque de desarrollo social para garantizar la protección de derechos humanos y la atención a los sectores más vulnerables.
Impacto negativo
El recorte de fondos para USAID, sumado a su integración en el Departamento de Estado, representa un cambio sustancial en la política de asistencia internacional de EEUU. El congelamiento de los fondos ya provocó la paralización de múltiples proyectos y, si bien de acuerdo con el Departamento de Estado la medida solo forma parte de una estrategia para reorientar la política exterior, sus efectos en el terreno resultan disruptivos para las comunidades beneficiarias. La disminución de la asistencia impacta directamente en la capacidad de respuesta ante emergencias y en la continuidad de programas de desarrollo.
En un contexto en el que la dependencia de la ayuda externa ha sido crucial para sostener avances en salud y educación, la retirada de estos recursos no solo retrasa proyectos, sino que también amenaza con revertir los logros alcanzados en términos de reducción de desigualdades y fortalecimiento institucional. Además, la incertidumbre generada por estos recortes puede llegar a afectar la confianza de organismos locales y de la sociedad civil.
Las consecuencias de estas medidas se reflejan en la paralización de proyectos esenciales, la reconfiguración de alianzas geopolíticas y la incertidumbre sobre el futuro del desarrollo en América Latina. La clave estará en equilibrar las relaciones internacionales y en asegurar que la ayuda, en cualquier forma, continúe priorizando el bienestar social y la inclusión.
