Este no es un libro de economía escrito por un economista para economistas. En consecuencia, el lector no encontrará sesudos análisis económicos o profundas reflexiones micro y macro económicas. ¿Por qué alguien que no es economista se interesa por la economía o, más precisamente, por los sistemas económicos? En el origen de esta preocupación ronda una pregunta que todo ciudadano se debería hacer: ¿son igualmente válidos todos los sistemas económicos, es decir, da lo mismo el modo en que se organiza la economía?

En mi caso, esta crucial interrogante intento abordarla desde tres diferentes pero complementarias perspectivas: a) como académico. Desde la filosofía, más precisamente desde la ética social, nos preguntamos cuál es la mejor manera de ordenar económicamente la sociedad pensando en el bien de todos sus ciudadanos, y en especial de los más vulnerables; b) como cristiano. En el origen de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), o sea, desde la promulgación de la encíclica Rerum novarum el 15 de mayo de 1891, hay una preocupación por la economía, más específicamente por la protección de la dignidad de los trabajadores, amenazada por una economía, en esa época, de corte manchesteriano (posteriormente “liberal”) y, en las antípodas, por una economía centralmente planificada. El cristiano no puede desentenderse o desinteresarse de la organización económica de la sociedad; c) como consumidor. Todos sin excepción formamos de alguna manera parte del mundo económico, al menos como consumidores, y, por ende, estamos sometidos a sus vaivenes, que por regla general nos perjudican más de lo que nos benefician.

Publicación: 2020

ISBN: 978-99979-822-4-7

Autor: Eugenio Yáñez R.

Hoy en día la relación Unión Europea/Centroamérica se ha vuelto muy compleja para entender todos sus entresijos en momentos de implementación de un nuevo marco de cooperación (Acuerdo de Asociación). Esa relación también es estratégica al considerar la evolución del sistema internacional contemporáneo y es parte de una trayectoria histórica muy particular. Por esta razón, parece necesario dar una mirada a la historia para entender la especificidad, el estado actual y la
evolución de esta relación desde el inicio del siglo.

En primer lugar, la relación Unión Europea (UE)/Centroamérica solo es una faceta de una más larga trayectoria de relación entre la región centroamericana y Europa. La actual relación birregional UE/SICA es la encarnación institucional de un largo camino hecho por diplomáticos, por artistas, por viajeros, que nutrieron una historia política y cultural que vincula con más profundidad las dos regiones desde décadas. Sobre esta base, es necesario revisar la concepción limitada que da inicio a la
relación de Europa/Centroamérica con el Diálogo de San José en 1984. Queremos insertar la relación birregional en una dimensión de tiempo más largo, lo cual es necesario para entender la evolución actual del posicionamiento de la región en el sistema internacional.

La historia de la relación Unión Europea (UE)/Centroamérica se inserta plenamente en la historia continental. Considerada de forma aislada o dotada de una dinámica propia, la historia de la relación entre Europa y Centroamérica es parte de una dinámica geopolítica dentro y fuera del continente.

Durante décadas, Centroamérica ha sido instrumentalizada por poderes externos, sobre todo durante la Guerra Fría. La región canaliza por su perfil geoestratégico los intereses de los poderes del sistema internacional.

Con la mirada del historiador y del politólogo y tomando un enfoque global de la relación birregional, vamos a captar la esencia y lo que representa hoy en día para Centroamérica la relación con la Unión Europea.

Publicación: 2016

ISBN: 978-9929-738-01-0

Autores: Kevin Parthenay, Werner Ovalle, Irene Díaz, Maité Marroquín y Guillermo Díaz

Esta publicación presenta a los partidos como actores centrales de una democracia moderna. Aborda sus características y funciones, los fundamentos de su organización, su contexto político, así como los problemas de la democracia partidista y los desafíos específicos que enfrentan de cara a los permanentes cambios sociales.

Sus autores Wilhelm Hofmeister y Karsten Grabow concluyen que: “A pesar de todas las debilidades de los partidos y de todos los desafíos que deben enfrentar, una cosa es clara: sin partidos no puede funcionar la democracia».

En una democracia, los partidos siguen siendo el vínculo más importante entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, deben adaptarse a los cambios sociales para no ser atrapados por los mismos.

La formación de opinión política y la creación de consenso en la democracia de masas son un proceso infinitamente tedioso y parcialmente ingrato en la aburrida cotidianidad de los gremios. La formación democrática de opinión política, la creación de consenso y la gobernabilidad orientada al bienestar público no pueden lograrse al margen o en contra de los partidos políticos, sino sólo con ellos. Aunque las iniciativas ciudadanas y los movimientos sociales sean necesarios para la innovación política, la oposición y la crítica, al final dependen de los partidos políticos que son los responsables en el largo plazo y deben presentarse ante la ciudadanía periódicamente en el contexto de las elecciones.

Los partidos ejercen una función de liderazgo político de la que una democracia moderna no puede prescindir. Especialmente en los tiempos del cambio omnipresente, donde el liderazgo político debe ser responsable y estar siempre conectado a las preocupaciones de los ciudadanos. Según,las palabras del primer Canciller Federal, cuyo nombre lleva la Fundación Konrad Adenauer: ‘Todo partido existe para el beneficio del pueblo y no para sí mismo’. Los partidos, sus miembros y sus máximos representantes son desafiados, hoy más que nunca, a asumir esta responsabilidad”.

Publicación: 2013

Autores: Wilhelm Hofmeister y Karsten Grabow

En el Foro Económico Mundial, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó cómo las tecnologías de los drones y la IA transforman la guerra moderna. Se refería a drones baratos que derrotan a costosos equipos militares y el uso de drones marítimos para proteger infraestructuras críticas. Mientras tanto, figuras como el ministro de Asuntos Exteriores de Austria y el director ejecutivo de Palantir Technologies advierten de un «momento Oppenheimer», refiriéndose a los riesgos de que las armas autónomas eludan la supervisión política.

A medida que el mundo entra en una nueva era de complejas tensiones geopolíticas, declive de la democracia y rápida evolución tecnológica,

El informe lA, Drones y el Futuro de la Defensa busca comprender cómo los sistemas de armas autónomos (AWS por sus siglas en inglés) y la IA alteran los conflictos, redefinen el poder en el campo de batalla y afectan a la seguridad mundial. El informe esboza la aparición y el auge de los sistemas de armas autónomos en el ámbito militar y de seguridad. Estos culminan con la rápida integración de complejos sistemas de IA en el proceso de toma de decisiones. También explora los riesgos y oportunidades para los ejércitos y las alianzas internacionales, como la OTAN. Aborda, además, las cuestiones éticas y humanitarias que la proliferación y el uso de drones conllevan si no se las controla.

Sistemas automatizados

Los sistemas no tripulados son cada vez más capaces de operar sin control humano directo. Desde los sistemas simples de aeronaves sin tripulación, como los cuadricópteros, que pueden convertirse fácilmente en armas, hasta el dron de ataque autónomo Kargu-2. Los avances recientes en tecnología militar incluyen sistemas autónomos de defensa antimisiles y centinelas. También se desarrollan municiones merodeadoras (llamada dron suicida) que pueden detectar y atacar objetivos de forma independiente. Estos sistemas han evolucionado hacia mayor alcance, carga útil e integración de IA.

Los vehículos autónomos terrestres y marítimos se utilizan cada vez más tanto para funciones de reconocimiento como de combate. Las tácticas de enjambre y la guerra electrónica basada en IA se están convirtiendo en componentes clave de la guerra moderna con drones. El uso de drones también se está expandiendo. Ucrania, los rebeldes Houthi y el ejército estadounidense los utilizan en operaciones estratégicas. Los ejemplos abundan y la carrera armamentística entre Estados Unidos y China no hará sino precipitar aún más la innovación, generando nuevos tipos de guerra y aumentando potencialmente la probabilidad de conflictos. 

Implicancias geopolíticas

¿Qué significa esto para las relaciones transatlánticas? Las cooperaciones, iniciativas políticas e inversiones tecnológicas de la OTAN serán fundamentales para mantener sus capacidades de defensa y disuasión en un entorno de seguridad en constante evolución. Los aliados de la OTAN colaboran cada vez más en la modernización de los sistemas de defensa. En esa línea, sitúan las tecnologías basadas en IA en el centro de este esfuerzo de modernización. Las iniciativas de la OTAN integran rápidamente sistemas no tripulados, sobre todo para disuadir posibles agresiones chinas y proteger de sabotajes a las infraestructuras submarinas. Sin embargo, a pesar de los avances estratégicos, la OTAN se enfrenta a importantes obstáculos en el desarrollo de la IA y los drones. Entre otras cosas, debido a la ausencia de una doctrina aliada unificada.

Mientras las tecnologías de drones se hacen más accesibles, los Estados dejan de tener el monopolio sobre estas tecnologías emergentes. Esto abre la puerta a actores no estatales para el uso ilegítimo de fuerza y al uso indiscriminado de la IA. En consecuencia, los sistemas no tripulados son probados y perfeccionados en zonas de conflicto, como hoy en Ucrania y Gaza.

Herramientas aplicadas

Los conflictos de Ucrania y Gaza, como casos de estudio, muestran que las guerras han servido como campo de pruebas para la innovación de AWS. Con programas como Lavender y The Gospel, diseñados para agilizar la toma de decisiones militares y atacar a los enemigos, el uso de tecnologías por parte del ejército israelí refleja un giro hacia la automatización en la guerra. Estos avances en la guerra suscitan preocupación entre organizaciones de derechos humanos, expertos jurídicos y observadores internacionales.

Del mismo modo, la guerra entre Rusia y Ucrania es decisiva para la integración de los AWS y la IA en las operaciones militares convencionales. Evidencia la importancia de la evolución de las tecnologías y las tácticas en tiempo real para mantener una ventaja en el campo de batalla. Rusia, que sigue dependiendo en gran medida de componentes importados de China e Irán, ha realizado importantes inversiones en el desarrollo de drones mejorados con IA. Buscan mejorar la navegación, el reconocimiento de objetivos y la eficacia operativa. El anuncio del presidente Zelensky de contar con un millón de drones FPV (pilotaje con visión remota) en 2023, objetivo alcanzado antes de lo previsto, refleja las prioridades ucranianas en velocidad e innovación tecnológica militar. Según un joven abogado ucraniano defensor de los drones, la supervivencia de su país pasó a depender de esta herramienta.

Cuestiones éticas

Los sistemas de armas autónomos plantean importantes retos éticos, jurídicos y de gobernanza. Incluso con implicaciones para la seguridad de mundial, de la OTAN y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Es importante evitar su uso indebido y la escalada de los conflictos. Los defensores destacan oportunidades, como la velocidad y precisión del armamento. Por su parte, los detractores temen los errores, como la pérdida de supervisión humana y la falta de responsabilidad y juicio.

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La proliferación generalizada de AWS sin una estricta supervisión reguladora podría exacerbar las tensiones mundiales y dar lugar a violaciones de los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. Los esfuerzos internacionales de defensa han tratado de establecer tratados que regulen estas armas. Pero su aplicación y consenso enfrenta numerosos obstáculos como consecuencia, entre otras cosas, de las tensiones geopolíticas y los avances tecnológicos que superan a los marcos jurídicos. Para una regulación eficaz, se requiere un enfoque holístico, es decir, que integre el DIH, las consideraciones éticas, la seguridad global y las preocupaciones por la seguridad humana. De cara al futuro, los Estados deben dar prioridad a la definición de un instrumento jurídico que siga el ritmo de los avances tecnológicos y garantice al mismo tiempo el cumplimiento del derecho internacional.

Nunca se insistirá lo suficiente en la urgencia de estos retos. Si no se abordan, la creciente dependencia de los drones dotados de inteligencia artificial no sólo alimentará una mayor inestabilidad, sino que también sentará peligrosos precedentes para el futuro de la guerra. Llegó el momento de dar una respuesta coordinada. No actuar tendrá consecuencias profundas y duraderas para la seguridad mundial, los derechos humanos y los propios cimientos del orden internacional.

El presente artículo es un resumen del informe de Kyle Matthews y Marie Lamensch publicado originalmente por la KAS Canada en cooperación con el MIGS (Montreal Institute for Global Security).

Traducción al español: Manfred Steffen

Sin duda hay circunstancias, condiciones y momentos de la vida en los cuales nos encontramos de manera indefectible ante diatribas que nos obligan a fijar posiciones y tomar decisiones.

Jorge Luis Borges, en su culta narrativa ficticia, plantea en el cuento «El jardín de senderos que se bifurcan» que “cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras…”. De seguidas, él mismo nos ofrece el contraargumento en el caso de aquel que “opta –simultáneamente– por todas” y de esta forma crea diversos porvenires, diversos tiempos que proliferan y se bifurcan.

El acto de elegir

Elegir (incluso elegir no elegir) es un acto que realizamos todos nosotros, todos los días y muchas veces al día. Salvo casos muy excepcionales, los expertos dicen que una persona toma al día un promedio de 35 mil decisiones. Solo muy pocas se toman de manera consciente, pero no por ello dejamos de tomarlas.

Visto esto así, elegir no es lo que define a una democracia. No es lo que la define porque sencillamente no es un acto propio ni exclusivo de ella. Es decir, elegimos todos los seres humanos más allá del tipo de gobierno que tengamos. Elegimos porque elegir es parte intrínseca de la propia vida.

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Sin embargo, para muchos, hablar de democracia es simplemente hablar de elección. Y participar en democracia se trata y reduce a ello: a elegir, ir a elecciones. Pero no.

De esas 35 mil decisiones diarias, acaso somos conscientes de menos del 1%. Y obviamente, cuando hablamos de participación, ciudadanía y democracia, entramos en ese reducidísimo porcentaje de decisiones y elecciones que tomamos –o al menos así debería ser– de manera consciente.

Condiciones sine qua non de la participación

Nos dice Giovanni Sartori que la participación como expresión democrática supone tres condiciones sine qua non. La participación debe ser: activa, personal y voluntaria.

Activa: es decir, aquellos que participan deben tener capacidad de actuar, de poder ejercer esa capacidad y de estar efectivamente en acción. Es difícil –quizás sea estratégico en alguna ocasión, pero no puede ser la actitud imperante– pensar en personas democráticas que no actúen, que no hagan nada, que simplemente se dispongan y dediquen a ver qué hacen los otros. Esperar que otros hagan, atenta contra la democracia en tanto concepto y en cuanto sistema de gobierno. De igual modo, optar por no hacer nada y pretender que las cosas cambien atenta contra la responsabilidad ciudadana más elemental. Pero sobre todo (y acaso peor) contra el sentido común.

Personal: en el sentido literal del término. La participación debe ser ejercida por la persona portadora y sujeto del derecho a participar y no por otra. La acción le corresponde ejercerla a quien le corresponde. Aplica en este supuesto de manera precisa el principio de la subsidiaridad. Como aquel que busca promover la autonomía y la responsabilidad de cada uno, evitando intervención de entes externos u otras personas, salvo que sea necesario y cuando la persona responsable no pueda hacerlo de manera efectiva.

Voluntaria: a este punto le otorga Sartori especial relevancia. Nos dice con insistencia que participación es ponerse en marcha por uno mismo, no que otros te pongan en marcha ni que te movilicen desde arriba.

La relevancia que Sartori da a la voluntad merece especial atención. No debemos confundir participación con movilización, ni tampoco participación con chantaje. Pues el uso de la fuerza siempre es un vicio de la voluntad. Y cuando estamos en presencia de sistemas de gobiernos y de luchas de poder, el uso y abuso de la fuerza siempre suele estar presente.

Participar es un acto de voluntad

Tres potencias definen el alma del ser humano según la escolástica medieval: memoria, entendimiento y voluntad. Estas tres facultades o capacidades innatas son las que permiten al ser humano realizar sus funciones esenciales.

La memoria nos permite saber quiénes somos, recordando lo que más ha influido en nosotros, lo más entrañable y profundo de nuestra naturaleza. Por su parte, el entendimiento permite conocer y descubrir la verdad, distinguiéndola del error y la mentira, conduciéndonos así a la perfección. Y la voluntad, nos permite decidir y actuar, nos permite desear y elegir el bien, rechazando el mal, y alcanzar la trascendencia. Pero de estas tres potencias, aunque son inseparables para definir el alma, podemos (y espero que San Agustín de Hipona nos permita esta licencia) atrevernos a decir que en materia del ejercicio democrático la voluntad cobra particular relevancia.

Veíamos al inicio que es un porcentaje menor al 1% el relativo a las decisiones que tomamos de manera consciente. Siendo esto así, se nos hace claro y evidente que hay decisiones que no solo se toman de manera consciente, sino que representan y traen consigo consecuencias tremendamente importantes. No solo para nosotros en nuestra individualidad, sino para el conjunto de nuestra sociedad y entorno.

Tal es –o debería ser– el caso de las decisiones de carácter político. Por ello, la importancia de la voluntad como potencia del alma, pues esta concede y otorga la capacidad fundamental para la libertad y la elección.

Los seres humanos somos libres, fuimos creados libres. Y somos libres para vivir en libertad y para elegir en libertad.

Cuando elegimos participar

Ciertamente elegir no es sinónimo de democracia, ni la define ni le da especificidad. Pero participar sí define y sí otorga especificidad a la democracia. O, mejor dicho, no podemos hablar de democracia si no nos es posible participar en ella. Ni tampoco es posible hablar de demócratas que renuncien a la participación o resuelvan dejar de hacerlo o que lo hagan otros en lugar de ellos. Al hacer esa renuncia, se corre el altísimo riesgo de renunciar a ser ciudadanos democráticos.

Volviendo a Sartori la participación es clave en la democracia, y debe ser activa, personal y voluntaria. Que no se nos olvide esto.

Ser democráticos no es una circunstancia, es una decisión (de esas que entran en el 1%): somos democráticos o no lo somos, somos demócratas en la manera de relacionarnos con los demás, de concebir y respetar los derechos del otro, de llevar adelante un modelo de vida ciudadano y virtuoso en sociedad a pesar de los reveses, de los atropellos, de los obstáculos, a pesar de los antidemocráticos.

Somos demócratas, verdaderamente demócrata, en tanto y en cuanto decidamos seria y libremente serlo. Entendiendo, ¡claro está! la libertad en el ser humano, como aquella fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad en democracia supone que nadie puede estar obligado desde arriba, pero tampoco nadie puede estar obligado por sus pares. Nadie puede estar constreñido a cumplir la voluntad del otro, ni – peor aún – hacer algo en contra de nuestra de voluntad.

Es así, pues, que cuando elegimos libremente ser demócratas, cuando optamos por vivir en democracia, cuando elegimos participar, lo hacemos desde nuestra más íntima disposición interna.

Somos demócratas porque así queremos vivir, aunque las circunstancias no estén dadas. Somos demócratas cuando elegimos construir democráticamente la democracia.

El presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, se aproxima a un momento decisivo. El mandatario intentará reelegirse para un segundo período en las elecciones del próximo 25 de mayo. Su discurso se centra en la superación de la crisis económica, que marcó los primeros años de su gobierno, y en la capacidad de su movimiento político, el Partido de la Reforma Progresista, para administrar los petrodólares que ingresarán a partir de 2028.

Al alcanzar el poder en 2020, Santokhi recibió una bomba de tiempo del expresidente Dési Bouterse, que rápidamente introdujo al país en aguas turbulentas. Surinam perdió el acceso al crédito internacional por el elevado monto de la deuda externa. La economía cayó 16% y la inflación se disparó a una tasa anual de dos dígitos altos obligando al gobierno a solicitar la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Fondo acudió al rescate con un programa de asistencia que aprobó el desembolso, en varios tramos, de 688 millones de dólares. Sin embargo, este apoyo vino acompañado de un duro ajuste que recortó los subsidios al combustible y la electricidad, mientras la inflación disparaba el costo de los alimentos. La presión social aumentó y, en febrero de 2023, estalló una ola de protestas por el alto costo de la vida. Santokhi logró contenerlo mediante el diálogo con sindicatos, empresarios y partidos políticos.

Tras el duro ajuste, Surinam comenzó a estabilizarse. En abril de este año, el FMI afirmó que “los objetivos del programa se han logrado en términos generales”. Destacan el crecimiento económico, la reducción de la inflación, la disminución de la deuda pública y el fortalecimiento de la autonomía y gobernanza del banco central, que contribuyó a la recuperación de la confianza de los inversores.

Las proyecciones del FMI indican que la economía crecerá entre un 3% y un 4% este año. En enero la inflación acumulada en doce meses se redujo al 9,1%, su nivel más bajo desde 2019. Asimismo, la reestructuración de la deuda externa permitió ampliar los plazos de pago y aliviar la presión sobre las finanzas del gobierno.

El sistema de votación

Los surinameses eligen a 51 parlamentarios en las elecciones legislativas. El partido que logra el respaldo de dos tercios del Congreso, mediante alianzas o con sus propios votos, tiene la facultad de nombrar al presidente del país.

En 2020, el partido de Santokhi obtuvo 20 escaños, mientras que el Partido Nacional Democrático, liderado por el entonces presidente Dési Bouterse, consiguió 16. Para formar gobierno, Santokhi logró el apoyo de partidos más pequeños, como Liberación General y Desarrollo.

[Lee también: ¿Cómo Suriname llegó a la secretaría general de la OEA?”]

Por primera vez, en las próximas elecciones los surinameses votarán por listas de candidatos aplicables a todo el país. Antes, el sistema electoral estaba dividido en circuitos y cada uno elegía sus propios parlamentarios. Con este cambio, todos los electores podrán votar por los mismos candidatos, sin importar dónde residan.

El nuevo sistema electoral podría generar transformaciones significativas. Al adoptar una lista nacional y un esquema proporcional, los partidos más pequeños tendrán las mismas oportunidades. Esto podría derivar en un parlamento más diverso.

La sombra de Bouterse

El Partido Nacional Democrático, principal fuerza de oposición de tendencia izquierdista, buscará regresar al poder en las próximas elecciones. Su líder y fundador, el expresidente Dési Bouterse, falleció el pasado 25 de diciembre. Por lo que, hay incertidumbre sobre si su legado será una ventaja o una carga para Jennifer Simons, la exparlamentaria que ahora dirige el partido y aspira a la Presidencia de la República.

A los 34 años, con el grado de sargento mayor del Ejército, Dési Bouterse encabezó un golpe de Estado en 1980 y gobernó Surinam hasta 1987, cuando se vio obligado a dejar el poder debido a una intensa presión internacional. En 1990 regresó al gobierno mediante otro golpe y ejerció la Presidencia durante un año. Dos décadas después, en 2010, logró ser elegido democráticamente y permaneció en el cargo hasta 2020, tras obtener la reelección en 2015.

Carismático y con una gran popularidad, en 2019 Bouterse recibió una condena de 20 años de prisión por el asesinato de abogados, periodistas, empresarios y militares en diciembre de 1982. Tras apelar, el fallo fue ratificado en 2023, pero no se entregó a las autoridades y se mantuvo en la clandestinidad hasta su muerte. En 1999 un tribunal de los Países Bajos —la antigua potencia colonial de Surinam—lo sentenció en ausencia por tráfico de drogas.

Petrodólares en camino

El descubrimiento de petróleo, que genera expectativa de un inminente período de prosperidad, comenzó a influir en el tablero político. Esto podría beneficiar a los 680 mil surinameses; 17% vive bajo la línea de pobreza.

En octubre de 2024, la multinacional francesa Total Energies anunció inversiones por 10.500 millones de dólares en Surinam para explotar un bloque aguas afuera con capacidad de generar 200.000 barriles diarios de petróleo. Comenzarán a exportarse a partir de 2028.

Santokhi, en su rol de presidente y candidato, creó un programa en el que los ciudadanos pueden registrarse para recibir, a partir de 2028, “un beneficio libre de impuestos proveniente de los futuros ingresos petroleros”.

El FMI destaca en su último reporte que “hay un corto período de oportunidad para establecer instituciones que garanticen que esta nueva riqueza se administre bien, con altos niveles de transparencia y rendición de cuentas”.

Washington y Pekín

China consolida su presencia en Surinam a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que el país adoptó en 2018. Empresas chinas participan activamente en proyectos de infraestructura y siguen involucradas en la reactivación del sector de la bauxita. Además de la construcción de un puente que conectará Surinam con Guyana. Como mayor prestamista del país, Pekín mantiene una influencia significativa sobre la economía surinamesa.

Con el objetivo de contrarrestar esta expansión china en el Caribe, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha impulsado una estrategia de acercamiento con Guyana, Surinam y Trinidad, tres naciones con importantes reservas de petróleo y gas. En marzo, Rubio visitó Surinam y afirmó: “El presidente Trump quiere dejar claro que si usted es amigo, aliado y socio de Estados Unidos, esto beneficia a su país y a su gente, y queremos participar en esta alianza”.

Tras las elecciones presidenciales, Surinam no solo deberá administrar con eficiencia su riqueza petrolera; gestionar con equilibrio sus relaciones con Washington y Pekín será crucial.

El pasado miércoles 14 de mayo de 2025, Estados Unidos y China anunciaron una tregua o pausa de 90 días en su última escalada arancelaria. Esto generó algo de alivio en los mercados financieros. Por ejemplo, el S&P 500 cerró casi un 3,3% al alza, su mejor día desde el 9 de abril, y el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, subió casi un 4,4%.

Aunque el acuerdo fue presentado con tonos de optimismo, detrás de la tregua persiste un fuerte juego de intereses geopolíticos, presiones del sector financiero y mensajes dirigidos a Wall Street más que a los socios comerciales.

Desde América Latina, región históricamente marcada por los vaivenes del comercio global, este episodio ofrece lecciones clave y plantea desafíos que no pueden pasarse por alto.

¿Qué significa la tregua?

El acuerdo entre Washington y Beijing implica una reducción recíproca del 115% en los aranceles aplicados desde abril de 2025, sin tocar los impuestos previos. China también se comprometió a suspender ciertas medidas no arancelarias. Ambos países anunciaron un “mecanismo” para continuar el diálogo, aunque sin detalles concretos.

El siguiente gráfico muestra la evolución de los aranceles adicionales impuestos entre Estados Unidos y China durante 2025. A pesar del anuncio de la pausa de 90 días, el gráfico refleja que los aranceles son todavía significativamente más altos que a principios de año. En un primer momento, EEUU incrementó sus aranceles sobre productos chinos a partir de abril, alcanzando un pico de cerca del 150%, antes de reducirlos a un nivel aún elevado del 30% con el acuerdo de tregua. China respondió con un aumento similar, aunque más moderado, alcanzando niveles superiores al 120%, y luego bajando a un 10% en el marco de la misma tregua.

La llamada “tregua” no implica una vuelta a los niveles previos a la guerra comercial: simplemente reduce los aranceles más extremos aplicados recientemente. La reducción de aranceles en mayo representa un alivio temporal, con un nivel base más alto que a comienzos de 2025. El gráfico ilustra que, a pesar del discurso de desescalada, los aranceles más altos continúan presentes, con impactos potenciales en las cadenas de suministro globales.

Es por esto que la tregua es una medida de contención, no una solución. Los aranceles actuales siguen muy por encima de los niveles históricos, lo que indica que las tensiones estructurales persisten y que la incertidumbre comercial continúa afectando a la economía global.

El peso de Wall Street

La reacción positiva de los mercados antes mencionada —con subas del S&P 500 y de los rendimientos de bonos del Tesoro— sugiere que el objetivo de la tregua es calmar a los inversionistas más que trazar un camino estructurado de resolución. El mensaje es claro: ni EEUU ni China están interesados en una ruptura comercial total. La amenaza de una recesión en EEUU y el riesgo para millones de empleos exportadores en China hicieron que ambos actores pisaran el freno, al menos por ahora.

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Más allá del lenguaje técnico, el trasfondo político del acuerdo evidencia el peso de Wall Street en la política comercial estadounidense. La volatilidad bursátil tras la última ronda de aranceles obligó a la Casa Blanca a recalibrar. Si bien el presidente Donald Trump advirtió que los aranceles podrían volver si no se alcanzan acuerdos, dejó en claro que “los niveles máximos de aranceles ya son cosa del pasado”.

Esto muestra un punto crucial: las decisiones comerciales actuales en EEUU están más condicionadas por el corto plazo financiero que por una visión estratégica coherente. Esto debilita la credibilidad del enfoque America First, dejando a socios y rivales navegando un panorama impredecible.

¿Y América Latina?

La región podría beneficiarse indirectamente de un relajamiento de tensiones. ¿Por qué?Las disputas entre las dos mayores economías del mundo suelen distorsionar cadenas de suministro globales y generar desvíos comerciales. Algunos países exportadores podrían ocupar espacios que China o EEUU dejen temporalmente vacíos. Este punto es de vital importancia porque alguien lo debe cubrir. Y América Latina podría tomar provecho en el mercado de alimentos.

Algunos países ya han identificado oportunidades en medio de la crisis. México, por ejemplo, ha visto un aumento en las inversiones extranjeras debido al fenómeno del nearshoring, donde empresas buscan trasladar sus operaciones más cerca de EEUU para evitar aranceles y reducir costos logísticos. Esta tendencia podría fortalecer la posición de México en las cadenas de suministro globales y ofrecer un impulso a su sector manufacturero.

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Sin embargo, también hay riesgos. La inestabilidad de la política comercial estadounidense complica la toma de decisiones de inversión y planificación estratégica. Además, la región no debe ilusionarse con una sustitución automática de China en los mercados estadounidenses. La lógica del desacoplamiento no garantiza acceso preferencial: ni aranceles más bajos ni condiciones ventajosas han sido extendidas automáticamente a América Latina.

Existen efectos particularmente en la exportación de materias primas. La disminución de la demanda china y la caída de los precios de productos como la soja, el cobre y los minerales han reducido los ingresos por exportaciones. Esto afecta las finanzas públicas de países como Argentina, Chile y Perú. Por ejemplo, Argentina, a pesar de una cosecha récord de soja, enfrenta una disminución de ingresos estimada entre 1.000 y 3.000 millones de dólares debido a la baja de precios en el mercado internacional.

Lección estructural

Además, la incertidumbre económica y la volatilidad financiera derivadas del conflicto comercial impactaron negativamente en las proyecciones de crecimiento de la región. Según estimaciones de Goldman Sachs, se espera que México experimente una contracción del 0,5% en 2025. Países como Chile, Perú y Ecuador verán reducciones en sus tasas de crecimiento de hasta 0,4%. Estas revisiones a la baja reflejan la sensibilidad de las economías latinoamericanas a las tensiones comerciales globales y la necesidad de diversificar sus mercados y fuentes de ingreso.

No obstante, la región en su conjunto enfrenta el desafío de adaptarse a un entorno comercial más incierto y volátil, lo que requiere estrategias económicas más resilientes y una mayor integración regional para mitigar los impactos negativos de futuras disputas comerciales.

Por otro lado, el episodio refuerza una lección estructural: América Latina necesita fortalecer su resiliencia frente a choques externos. Esto implica diversificar mercados, avanzar en integración regional efectiva y promover acuerdos comerciales estratégicos que no dependan exclusivamente de EEUU o China.

Hasta el momento, la diversificación de América Latina significó de pasar su alta dependencia de EEUU a una fuerte dependencia de China. Quizá sea el momento de pasar a una segunda fase de diversificación, buscar nuevos mercados estratégicos. En este sentido, Asia del Este y la Unión Europa podrían transformarse en alternativas claves para América Latina. De firmarse el acuerdo Mercosur-Unión Europea habría una inmensa señal de diversificación para los decisores de producción de las grandes industrias.    

Lo que sigue

La tregua actual tiene una duración inicial de 90 días, pero su extensión es posible. No obstante, el lenguaje utilizado —“discusiones”, no “negociaciones”— sugiere que no se debe esperar un cambio profundo en la relación bilateral en el corto plazo. De hecho, muchos elementos críticos como el déficit comercial o las barreras no arancelarias apenas fueron mencionados por EEUU y completamente omitidos por China.

Para América Latina, este contexto es una oportunidad para reflexionar sobre su papel en el sistema comercial global. No se trata solo de reaccionar ante las decisiones de otros, sino de construir una estrategia propia, activa y orientada a largo plazo. En un mundo donde incluso las potencias improvisan, la coherencia puede ser una ventaja competitiva.

En medio de una grave crisis de seguridad, la noche del 13 de abril, la presencia de las Fuerzas Armadas fue máxima en Ecuador, con camiones de tropa en las calles y soldados con fusiles en los colegios electorales.

Las cinco autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador anunciaron desde su sede instalada en el hotel Hilton Colón los resultados que consagraban la reelección de Daniel Noboa. En el escenario, además de la plana mayor del CNE, casi una decena de soldados fuertemente armados con fusiles se ubicaron en los extremos: un reflejo del impacto de la crisis de seguridad en la sociedad ecuatoriana.

La presencia de las Fuerzas Armadas con las autoridades electorales llama la atención porque es inusual incluso en regímenes autoritarios de América Latina. Ni siquiera en Venezuela, donde el Plan República inunda el país de militares en época electoral, pasaría desapercibida una escena similar.

Jornada militarizada

La militarización fue omnipresente en la capital, Quito, y en otras provincias durante las elecciones. En las calles, camiones de tropas con decenas de soldados circularon durante todo el domingo. En cada colegio electoral, al menos un soldado permanecía en las colas para asegurarse de que no se produjeran disturbios.

Las urnas, papeletas y actas electorales llegaron a través de la logística de las Fuerzas Armadas, custodiadas por ellas. Cuando llegó el momento de contar los votos en los colegios electorales, al menos un soldado vigilaba el proceso de cerca. En la sala habilitada por el CNE para supervisar los resultados, parejas de soldados repartidos hacían que el lugar pareciera un cuartel del ejército.

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Los miembros de las Fuerzas Armadas son los únicos autorizados a velar por la seguridad dentro de los colegios electorales. La policía solo tiene jurisdicción fuera, donde busca a los ciudadanos que tienen deudas con la justicia y a los que causan disturbios.

Confianza pública

No es infrecuente que los militares contribuyan a la logística y la seguridad de los procesos electorales. En Brasil, por ejemplo, las Fuerzas Armadas garantizan la llegada de las máquinas de votación electrónica a los rincones más remotos del país. Pero un votante brasileño, argentino o colombiano no vería a un militar fuertemente armado en la puerta de su colegio electoral. Mucho menos grandes camiones de tropas en las calles.

Para la población ecuatoriana, sin embargo, la presencia masiva de militares aporta una sensación de seguridad, según los informes recogidos el día de las elecciones. Y los votantes van más allá: dicen confiar en que las Fuerzas Armadas están allí únicamente para garantizar el pleno desarrollo del proceso electoral, nada más. Los observadores electorales, en conversaciones extraoficiales, también dijeron haber notado una fuerte presencia militar en los colegios electorales, pero descartaron que ejerciera presión sobre los votantes.

En general, los países latinoamericanos que han vivido dictaduras militares represivas son cautelosos a la hora de movilizar sus fuerzas en un contexto electoral. Algunas de sus poblaciones no verían con tanta confianza y tranquilidad a un soldado en la puerta de su zona electoral sin sentir que éste sería objeto de coacción.

Pero los ecuatorianos justifican su plena confianza en sus militares diciendo que la dictadura allí era una «dictabranda». Una afirmación cuando menos cuestionable.

A lo Bukele

Este empoderamiento de los militares se ancla en el auge de la violencia del narcotráfico en el país. En agosto de 2023, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio durante las elecciones expuso al mundo la escalada de inseguridad. Desde entonces, decenas de políticos más han sido asesinados en el país.

En 2024, el recién electo Daniel Noboa —que ocupaba un cargo interino tras la muerte de su predecesor, Guillermo Lasso— declaró un «conflicto armado interno». Esto abrió el camino a una fuerte movilización de las Fuerzas Armadas en las calles del país.

Desde entonces, el tema del crimen organizado ha monopolizado las campañas electorales y ha dado nueva forma a las últimas elecciones. Los dos principales candidatos, Daniel Noboa y Luisa González, apelaron a la estrategia de línea dura, sin grandes diferencias en sus propuestas, a pesar de sus espectros ideológicos opuestos.

Independientemente del ganador, Ecuador ya se inclinaba cada vez más hacia esta política. Imita la tendencia inspirada en el líder de El Salvador, Nayib Bukele. Incluso en Chile, el izquierdista Gabriel Boric ha recurrido a discursos punitivos en medio del aumento de la violencia en el país.

Noboa contra la inseguridad

Con el argumento de la inseguridad, Noboa ya gobernaba en Ecuador bajo un número sin precedentes de estados de excepción. Un día antes de las elecciones, incluso declaró un polémico estado de excepción que abarcaba a un gran número de votantes. Desde 2024, su Plan Fénix ha puesto a más personas en cárceles de máxima seguridad, lo que no impidió que los primeros meses de 2025 fueran los más violentos de la historia del país.

Aun así, el presidente recibió el respaldo del electorado para continuar su guerra contra las bandas, a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El apoyo fue incluso fuerte. Ganó por más de 10%, eliminando cualquier impugnación del resultado, aunque González lo intentó sin éxito.

El reto ahora será dar realmente una solución a la grave crisis de violencia. Hasta el momento, Noboa se ha refugiado detrás de su corto mandato e incluso en los tentáculos del correísmo —que no ostenta el poder desde 2017— para justificar los malos resultados en seguridad.

Esta excusa no será aceptada por mucho más tiempo por los ecuatorianos, que lamentan la pérdida de su estatus de Ecuador como oasis de seguridad en América Latina ante la última clasificación como narcoestado de la revista The Economist.

A menos de un año de las elecciones generales, con 43 partidos políticos inscritos y varios lustros marcados por el debilitamiento sistemático de sus instituciones, el Perú inició un proceso que deberá concluir con la elección del sucesor o sucesora de Dina Boluarte. 2026 también supone cambios en la composición del Parlamento. Se elegirá nuevamente a un congreso bicameral, con cámara de senadores y diputados. Esto no ocurría desde la promulgación de la constitución de 1993.

Así, el Legislativo peruano ha ganado poder en la toma de decisiones importantes ante el debilitamiento del Ejecutivo representado por la presidenta más impopular de América Latina de acuerdo con por lo menos dos encuestadoras internacionales en los últimos seis meses. CID Gallup le atribuye el peor desempeño de la región con una aprobación de solo 6%. CB Consultora la calificó en diciembre de 2024 como la peor presidenta de Sudamérica en una lista de 11 mandatarios. Por su parte, la firma Ipsos registró un 2% de aprobación en el último mes.

Con un inicio bastante agitado, se abre esta etapa de recambio en el gobierno en Perú, que se caracteriza también por una acentuada desafección política.

¿Existe el equilibrio de poderes?

¿Es el Perú de hoy una democracia con equilibrio de poderes y garantías para las libertades de prensa y expresión? El semanario británico The Economist califica al sistema como un régimen híbrido.

Perú no es un país que haya escapado al impacto de la polarización y las tendencias autoritarias. La presidenta no ofrece entrevistas a los medios de comunicación desde hace más de 400 días. En su lugar, dirige discursos agresivos contra la prensa y la fiscalía, que la investiga por varios escándalos. Por ejemplo, por haber recibido costosos regalos de autoridades regionales —prohibido por ley— o por someterse a operaciones estéticas sin rendir cuentas ni al Congreso ni al Consejo de Ministros.

La correlación de fuerzas en el Perú cambió a favor del parlamento, que tiene una espada de Damocles sobre Boluarte, figura de vacancia presidencial. Por si fuera poco, son varias las organizaciones políticas que han sido denunciadas públicamente por haber presentado firmas falsificadas al momento de su inscripción. Es un escándalo que afecta la credibilidad de los partidos y el sistema electoral. Ha sido fuertemente cuestionado por el sector derrotado en 2021, cuando Pedro Castillo se impuso en el balotaje a Keiko Fujimori en lo que significó la tercera derrota para la heredera del fujimorismo.

Recordemos que en junio de aquel año la diferencia entre ambos fue de apenas unos miles de votos. Este escaso margen fortaleció el discurso de fraude impulsado por los sectores de derecha. Sin embargo, ni siquiera las investigaciones impulsadas por los adversarios de Castillo en el parlamento, que había sido candidato por la agrupación Perú Libre, demostraron que los resultados hayan sido adulterados. El daño a la reputación del Jurado Nacional de Elecciones sin embargo ocurrió.

La fuerza del fujimorismo

¿Por qué Keiko Fujimori fracasó tantas veces si la mayor fuerza política del país sigue siendo el fujimorismo, con organización y bases en gran parte del territorio nacional? Fueron tres elecciones sucesivas y tres derrotas en competencia con propuestas muy distintas entre sí. ¿Qué pueden tener en común el nacionalismo de Ollanta Humala, la tecnocracia de Pedro Pablo Kuczynski y la izquierda encarnada por Pedro Castillo? Sencillamente que no apellidan Fujimori.

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Y es que, desde su elección en 1990, el ingeniero agrónomo de origen japonés que venció al escritor Mario Vargas Llosa —favorito en las encuestas— se convirtió en la figura que más ha dividido al país en los últimos treinta años.

A Fujimori se le recuerda mayoritariamente como el presidente que venció al terrorismo. Durante su gobierno se capturó al líder de la agrupación terrorista Sendero Luminoso. También puso freno a la hiperinflación y el desastre económico del primer gobierno de Alan García. Últimamente, y a raíz del fallecimiento del premio Nobel de Literatura, se recuerda que las grandes reformas que encumbraron a la economía peruana como una de las más sólidas de la región fueron realmente impulsadas por Vargas Llosa y no por Fujimori. Por el contrario, este gana la justa electoral con un discurso antagónico al del escritor.

Como fuere su gobierno, terminó envuelto en escándalos de corrupción tras evidenciarse la compra de votos y congresistas en el Congreso, las violaciones de derechos humanos durante la lucha contrasubversiva a manos de militares y policías, y un descrédito internacional por renunciar a la presidencia vía fax y escapar a Japón donde permaneció varios años antes de su retorno al país.

Nacimiento del anti-fujimorismo

Los gobiernos que siguieron, empezando por el de Alejandro Toledo, prometieron un cambio. Pero todos hasta el de Martín Vizcarra, que asumió luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, han sido investigados por el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato.

Humala y su esposa Nadine Heredia, por ejemplo, acaban de ser condenados en primera instancia a 15 años de prisión por lavado de activos en agravio del Estado, por haber recibido dinero maculado de la constructora brasileña Odebrecht para el financiamiento de la campaña electoral de 2016.

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Por eso mismo, pronosticar si la democracia tiene futuro en el Perú es una tarea compleja y arriesgada. La clase política peruana carece de partidos sólidos. Lo que abunda en su lugar son colectivos con intereses particulares. Algunos de ellos representan a sindicatos de maestros, transportistas informales o incluso están infiltrados por la minería ilegal, el contrabando y hasta el narcotráfico que eventualmente podrían coincidir en uno que otro aspecto programático. La locomotora es el populismo.

Los partidos tradicionales como Acción Popular, el PPC, el APRA o Izquierda Unida no han podido recuperarse del golpe del 5 de abril de 1992. Ese día Alberto Fujimori disolvió el Congreso con gran respaldo popular. Luego vino el Congreso Constituyente Democrático que redactó la Constitución de 1993. Pero la identidad política de la clase gobernante peruana ya había cambiado para siempre.

En un contexto internacional que presenta varios desafíos para la Iglesia católica, ¿cómo se proyecta el rol de la Iglesia para los años que vienen? ¿De qué manera influirá el nuevo papa?

Diálogo Político realizó una Mesa de Análisis sobre la elección del nuevo papa León XIV y sus implicancias en la política internacional. Luego del fallecimiento del papa Francisco, en el Cónclave del 8 de mayo el estadounidense Robert Prevost fue elegido como el papa 267º. 

De este encuentro participaron Daniel Gustavo Vera, desde Perú (en la localidad de Chiclayo), periodista de la Red de Medios Regionales del Perú y coordinador del Semanario Expresión y, desde Uruguay, Miguel Pastorino, doctor en Filosofía, profesor e investigador en Filosofía de la religión y director del Centro Core en la Universidad Católica del Uruguay.

“El papa peruano”

Por su cobertura periodística en Chiclayo, donde Robert Prevost fue obispo durante ocho años, Daniel Gustavo Vera piensa que el papa volcará parte de su experiencia episcopal en las prioridades de su papado. 

Asegura que mantiene “el mismo comportamiento que se ha podido ver” hasta ahora como sumo pontífice. Sobre todo, destaca su trabajo con migrantes venezolanos, en acciones de acogida o tránsito por la región norte de Perú. Prevost estuvo involucrado en comedores, espacios de refugio, apoyo educativo y formalización migratoria para que las personas pudieran acceder a servicios del Estado, comenta Vera. 

A menos de una semana desde su misa inicial, León XIV ya puso este tema en agenda ante embajadores en el Vaticano. Incluso llegó a reafirmar su propia condición de migrante, por ser hijo de inmigrantes, pero también vinculada a su pasaje por el país sudamericano y su nacionalidad peruana. 

En el contexto internacional con las deportaciones masivas del presidente estadounidense, Donald Trump, Vera lo ve como «un mensaje bastante político y claro», analiza Vera. En ese sentido, como líder de la Iglesia católica, ambos analistas coinciden que un desafío para el nuevo papa tendrá será buscar algún puente de diálogo con EEUU.

Acentos, no ideologías

Desde un primer momento, Miguel Pastorino observa que León XIV tiene una visión social marcada. Es evidente por la elección de su nombre papal, en homenaje a León XIII, que redactó la primera encíclica social y «no se casó con ninguna ideología», explica.

En esa línea, Pastorino destaca que la Iglesia católica pone a la persona y su dignidad por encima de cualquier otro valor, algo que observa que se refleja en el primer discurso diplomático de León XIV, enfocado en la paz, justicia y verdad. Por esto piensa que el nuevo papa representa una defensa de la Iglesia y que esa misión que debe seguir como pontífice.

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Al proyectar qué posturas políticas representan a León XIV, Pastorino reafirma que “no hay que caricaturizar, como si hubiera una ruptura de agendas” respecto a Francisco. Agrega: “La doctrina de la Iglesia no ha cambiado ni va a cambiar, lo que cambia son los acentos, las agendas”. 

Tanto Vera como Pastorino coinciden en que el foco no debe estar en encasillar al papa como “conservador o progresista”. Más bien, se debe identificar las señales que Prevost ha dado para identificar sus acentos como pontífice.

La elección del nuevo pontífice, León XIV, hizo que el mundo entero se hiciera preguntas sobre el futuro del catolicismo y su impacto en la geopolítica global. El gran obstáculo para comprender la complejidad de lo que acontece en la Iglesia católica en estos días es que muchos tratan de ubicar al papa como progresista, conservador o moderado. Estas categorías, como si fuese de izquierda o derecha, son inadecuadas para comprender al papa de turno.

Impiden entender la naturaleza de las decisiones que se toman al elegir el nuevo sucesor del apóstol Pedro y cómo la Iglesia hace frente a desafíos sociales, culturales y políticos que tiene el mundo actual.

Generalmente, hasta en el cine, se consolidó la idea de que Benedicto XVI era un papa conservador y que las grandes reformas progresistas fueron hechas por Francisco. Se repiten errores en todos los medios sobre lo que hizo cada uno y se atribuyen acciones e ideas para mantener el sesgo de esta equivocada clasificación.

Narrativa sobre Benedicto y Francisco

Lo cierto es que Benedicto XVI hizo la gran purificación con el tema de los abusos. Le llamaron “el barrendero de Dios”, exigió que las denuncias pasaran a la Justicia y no se manejaran solo dentro de la Iglesia, y realizó grandes transformaciones internas de la Iglesia sin hacer publicidad. Su encíclica Caritas in veritate es una de las mejores encíclicas sociales. Fue conocido como el “papa verde” por ser el primero que hizo una continua reflexión sobre los problemas ambientales. No es esa la idea que muchos tienen.

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Lo mismo sucede con Francisco: su permanente condena al aborto, su crítica a la llamada ideología de género, la maternidad subrogada y a la eutanasia, no aparecen en los análisis sobre el “papa progresista”. Esto le haría parecer un conservador, claramente.

Todo depende de cómo se construye el relato con recortes de aquí y de allá, repetidos hasta el hartazgo. La doctrina de la Iglesia no cambió, ni va a cambiar. No depende de la figura del papa, porque el catolicismo se opone a todo lo que atenta contra la dignidad humana, ya sea el aborto, la eutanasia, la trata de personas o cualquier forma de explotación o descarte de seres humanos, como si no tuvieran dignidad. Eso, para la Iglesia católica, no es una cuestión de conservadurismo o progresismo. Es una cuestión de fidelidad a los fundamentos antropológicos y éticos del cristianismo.

Cónclave: ¿tensiones internas?

No hay pugna por la doctrina, sino por los acentos pastorales, teológicos y espirituales. Allí hay tensión interna en la Iglesia. Es una cuestión de estilos, de formas de conducción pastoral, de opciones y acciones, de lo que se prioriza en la agenda de desafíos. Y eso puede marcar la elección de los cardenales sobre un nuevo papa, pensando quién puede conducir la Iglesia en un nuevo tiempo. Pero es esa la razón, y no lo que podemos ver en la ficción, como la película Cónclave. Parece más una lucha entre directivos de empresas o políticos luchando por el poder. Esto no quiere decir que no existen tensiones y luchas de poder. Pero que tiene que ver con prioridades, no con cambios en lo sustancial de la fe católica.

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La Iglesia pone en el centro de su misión la fe en Jesucristo y su mensaje. Todo lo demás está al servicio de ello y es su razón de ser: la evangelización. Lo que más preocupa a un papa es que la Iglesia cumpla su misión en el mundo. Este es el horizonte para comprender y tratar de entender opciones, decisiones y acentos.

Cuando Francisco se refirió a las personas homosexuales, dijo: “¿Quién soy yo para juzgar?”. Muchos interpretaron un cambio doctrinal. Lo que hizo en realidad fue poner en palabras lo que ya estaba escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica (escrito en gran parte por Ratzinger en 1992): los homosexuales “deben ser recibidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta”.  Y Francisco expresó la doctrina de siempre. Pero su actitud y sus gestos hicieron la diferencia para millones de personas.

Momento de reformas

El nuevo pontífice, Robert Prevost, eligió el nombre León XIV inspirado en la figura de León XIII (1810-1903). Se lo recuerda como el papa de las grandes reformas sociales, el iniciador de la moderna doctrina social de la Iglesia que abordó la cuestión obrera haciendo frente a los problemas sociales que generó la Revolución Industrial.

Prevost entiende que el gran desafío actual es una nueva revolución. Considerando factores como la inteligencia artificial. Su perfil muestra una gran sensibilidad por los más pobres, por los trabajadores y por los migrantes.

Nacido en Estados Unidos (Chicago, 1955), con formación en matemáticas, filosofía, teología y derecho canónico, vivió gran parte de su sacerdocio en Perú, como misionero, y luego en Roma, como superior de la orden de los agustinos y, finalmente, como prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

León XVI: ¿quién es y cómo piensa?

Fue nombrado Cardenal en 2023 por Francisco. Es un hombre con una sólida formación, que habla varios idiomas y con una profunda experiencia misionera, así como un amplio conocimiento de la iglesia universal.

Muchos se preguntan qué piensa sobre determinados asuntos que crean controversia. La respuesta segura: lo que enseña la Iglesia católica, al igual que los anteriores. Otra cosa será su sensibilidad y cercanía para el diálogo con todos. Esto puede verse conociendo su forma de ser como sacerdote y luego obispo.

Siempre cercano, sencillo y dialogante, pero sin dejar de ser firme en sus convicciones. Alcanza con ver sus primeras homilías y discursos como pontífice para reconocer que sus ideas son claras, firmes y al mismo tiempo llenas de amor, humildad y sensibilidad por la humanidad y los dramas que la afligen actualmente. No le interesa acomodar el discurso, sino ser fiel a su misión.

Un hombre de paz ante las guerras

Ya desde antes de ser elegido papa, se pronunció contra la guerra en Ucrania. Su primera gestión diplomática fue una llamada a Zelensky, que invitó a León XIV a un viaje apostólico al país. «Una visita así traería verdadera esperanza a todos los creyentes y a todo nuestro pueblo. Hemos acordado mantenernos en contacto y organizar un encuentro personal en un futuro próximo», declaró el mandatario en el momento. De hecho, el Vaticano viene trabajando hace tiempo en la recuperación de niños ucranianos deportados a Rusia.

Este domingo 12 de mayo, se refirió al diálogo y la importancia de trabajar por la paz mundial como algo prioritario. Son algunas expectativas de su ministerio. “En el dramático escenario actual de una tercera guerra mundial en vilo, como ha afirmado repetidamente el papa Francisco, yo también me dirijo a los grandes del mundo, repitiendo el llamamiento siempre actual: «¡Nunca más la guerra!» (…) Me entristece profundamente lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, ¡cese el fuego inmediatamente! Que se proporcione ayuda humanitaria a la agotada población civil y que se libere a todos los rehenes. (…) He acogido con satisfacción el anuncio del alto el fuego entre India y Pakistán, y espero que a través de las próximas negociaciones se alcance pronto un acuerdo duradero».

Polémicas y debates contemporáneos

En su cuenta de X, Robert Prevost compartió artículos con duras críticas a la política migratoria de EEUU. Cuestionó a DJ Vance por usar la doctrina católica para justificar la discriminación. Esto le valió diversos ataques en redes sociales.

También ya han circulado calumnias como si hubiera encubierto casos de abusos. Pero lo cierto es que fue implacable con abusos por parte de clérigos en Perú, aunque calumniado por grupos que la Iglesia expuso como abusivos.

Según los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, que publicaron las historias de víctimas del grupo Sodalicio de Vida Cristiana, disuelto por el papa Francisco, Prevost les dio su apoyo incondicional para investigar. Fue uno de los pocos obispos que quiso ir al fondo del asunto. En este sentido, es de esperar que continúe la línea purificadora de Benedicto y Francisco ante los abusos.

Defensa de la Iglesia

En 2012 expresó una fuerte preocupación por la distorsión que existe en la opinión pública acerca del catolicismo: “Los medios occidentales de comunicación de masas son extraordinariamente eficaces promoviendo en la opinión pública una gran simpatía hacia creencias y prácticas contrarias al Evangelio. (…) Como mucho, los medios toleran la religión como algo inane o pintoresco siempre que no se oponga activamente a los posicionamientos en cuestiones éticas que los medios asumen como propios. Sin embargo, cuando la voz de las personas religiosas se alza contra esos posicionamientos, los medios ponen a la religión en el punto de mira, caracterizándola como ideológica e insensible ante las supuestas necesidades vitales de las personas en el mundo contemporáneo. La simpatía por las opciones de vida anticristianas que los medios alientan está incrustada en la opinión pública de forma tan brillante e ingeniosa, que cuando la gente escucha el mensaje cristiano, aparece inevitablemente como ideológico y emocionalmente cruel, por contraste con el supuesto humanitarismo de la perspectiva anticristiana”.

Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles

Bertolt Brecht

Dedicó su vida entera a cambiar el mundo. Fue de los imprescindibles que reclamaba Bertolt Brecht. De joven, fue guerrillero y preso político. Después de la dictadura y durante varias décadas, fue diputado, senador y ministro, durante la presidencia de Tabaré Vázquez. Fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Como político, fue más sabio y constructivo de viejo que de joven. Pero nunca, ni de joven ni de viejo, se tomó demasiado en serio el ejercicio del poder. De todos modos, se convirtió en una de las voces latinoamericanas más influyentes en la política mundial.

El guerrillero

Para entender al joven Mujica, guerrillero, hay que tomar nota de tres referencias contextuales fundamentales. La primera de ellas es la tradición revolucionaria del Partido Nacional, su primer amor. Los blancos, como se los conoce en Uruguay, lucharon durante décadas (especialmente entre 1870 y 1904) contra los intentos hegemónicos del Partido Colorado. El segundo dato contextual es la revolución cubana, que inspiró durante los 60 a decenas de miles de jóvenes en toda América Latina. Por último, en un plano todavía más general, la presencia gravitante del campo socialista, con la URSS y China como referencias centrales.

Desde luego, cuando Mujica y los demás tupamaros (del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, o MLN-T) tomaron las armas, Uruguay era una democracia clásica, seguramente una de las mejores de América Latina. Para los tupamaros, como para la inmensa mayoría de los militantes de izquierda de la época, la democracia no era más que la telaraña que tejían los ricos para asegurar su dominación sobre los pobres.

El golpe de Estado de Castelo Branco en Brasil, en 1964, instaló un nivel de desconfianza todavía mayor: una parte de la izquierda uruguaya, entre ellos el naciente movimiento guerrillero, pensaba que tarde o temprano también en Uruguay se derrumbaría la democracia. Lo que no advirtieron es que la acción guerrillera terminó precipitando el desenlace golpista que ellos, en principio, querían evitar. Por cierto, pagaron un precio muy alto por sus errores. Las penurias de los tupamaros en las cárceles de la dictadura son ampliamente conocidas. Los rehenes, entre ellos Pepe Mujica, fueron los que padecieron las condiciones de reclusión más severas.

El político

Las elecciones de 1984 pusieron fin a la dictadura. En marzo de 1985 fueron liberados los últimos presos políticos. La democracia uruguaya volvía a florecer. En ese contexto, los tupamaros discutieron intensamente sobre estrategia y táctica. No tenía sentido retomar las armas. Pero seguían creyendo que, tarde o temprano, serían necesarias. Las dudas existenciales duraron una década.

Recién en 1995, cuando José Mujica ingresó al parlamento como diputado, y luego de que la izquierda arañara la victoria electoral, los tupamaros se orientaron decididamente a la competencia electoral. El papel de Mujica, en ese sentido, fue absolutamente decisivo. A medida que el apoyo electoral al Movimiento de Participación Popular (MPP, fracción del Frente Amplio fundada por el MLN-T en alianza con otros grupos de izquierda) aumentaba, el entusiasmo de los tupamaros con la competencia electoral fue creciendo.

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A comienzos del siglo XXI, el MPP ya era la principal fracción del Frente Amplio (FA). Cuando Tabaré Vázquez accedió a la presidencia, Mujica fue nombrado ministro. Aunque Vázquez tenía otros planes (que Danilo Astori, su mano derecha, lo sucediera), Mujica logró ser electo, primero, candidato del FA y luego, presidente de la República.

Su ingreso al parlamento en 1995 lo había convertido en figura nacional. Su elección como presidente, quince años después, le permitió saltar al concierto internacional. Nació, de este modo, la leyenda del presidente más pobre del mundo, que prestigió a Mujica y, por añadidura, a la democracia uruguaya.

El presidente

Como jefe de gobierno, Mujica puso a la educación como prioridad. Logró mucho menos de lo que se propuso, pero en el haber queda la instalación de una universidad pública en el interior del país orientada al desarrollo tecnológico. También impulsó la normativa que legalizó, bajo ciertas condiciones, la producción y comercialización de cannabis.

Durante su mandato, pero a iniciativa de la bancada parlamentaria del FA, se aprobaron las leyes sobre nuevos derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo y el matrimonio igualitario. De todos modos, tan o más relevante que estas novedades, en el plano de las políticas públicas fue el estilo dialoguista que imprimió a su presidencia. José Mujica, el exguerrillero socialista, hizo gala de una disposición a la búsqueda de acuerdos con la oposición llamativa. Este rasgo lo siguió acompañando durante los últimos años de su vida política.

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No fue un gran guerrillero, aunque la dictadura le dio estatus de “rehén”. Tampoco brilló como redactor de leyes, a pesar de su extenso pasaje por el parlamento. No fue un gran jefe de gobierno, aunque el mundo entero habló de él. Pero fue un líder extraordinario, de los que hacen política para servir a su pueblo y no para buscar prestigio o dinero. Su sensibilidad hacia los problemas de la gente combinada con la magia de su palabra lo convirtieron en una de las grandes estrellas de la política uruguaya del siglo XXI.

De joven luchó contra molinos de viento. La ilusión le costó muy cara. A pesar de todo lo padecido, no guardó rencores y fue capaz de tender puentes hacia los que piensan distinto. Durante décadas evitó cuestionar sus años como guerrillero.

Recién sobre el final de su vida se atrevió a decir lo obvio: “Quise cambiar el mundo con un revólver y me equivoqué”. Acaso no precisaba decirlo. Lo demostró en los hechos.

En una invernal mañana, uno de los accesos del neoclásico edificio Ronald Reagan, en la washingtoniana avenida Pensilvania, se encontraba bloqueado para la perplejidad de sus ocupantes. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocida como USAID, amaneció sometida a una intervención. El trabajo de sus miles de funcionarios alrededor del mundo quedaba suspendido como parte de la congelación casi total de la asistencia internacional ordenada por el recién juramentado presidente Donald Trump. El que había sido un punto contencioso de muchas campañas políticas a lo largo de décadas se hacía finalmente realidad.

Este congelamiento ha marcado un aparente giro estructural en la arquitectura de la cooperación internacional. Estados Unidos, durante décadas el mayor donante individual del mundo, comenzó un repliegue sostenido en su política de asistencia exterior. Aunque esta tendencia se aceleró bajo administraciones conservadoras, con discursos orientados al “America First”, también encontró continuidad parcial bajo gobiernos que prometían un retorno al multilateralismo. El resultado es un vacío que se siente no solo en las cifras. Sino también en las redes de atención directa que han sostenido a millones de personas en zonas de conflicto, desastre o fragilidad institucional.

Invertir en estabilidad

Históricamente, la asistencia internacional no fue un mero ejercicio altruista. Desde el Plan Marshall hasta las políticas de desarrollo en América Latina, Asia y África, la lógica de la cooperación partía de un principio geopolítico. Buscaba evitar que la pobreza, la inestabilidad o la influencia de potencias rivales se tradujera en amenazas para el mundo democrático occidental. La ayuda era inversión en estabilidad.

La idea clave era la interdependencia: un mundo conectado, donde los fracasos estructurales en un país podían repercutir, por la vía de los flujos migratorios, el crimen transnacional o el colapso económico, sobre el bienestar de otros. Esta lógica alcanzó su madurez con la expansión global de USAID, la influencia del Banco Mundial y el entramado institucional que consolidó una noción liberal del desarrollo.

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La visión de intervencionismo liberal fue aparejada con cierto pesimismo: los malos también juegan. Sin embargo, en la medida que la realidad de la Guerra Fría quedó atrás, las realidades de este siglo dejaron un mal sabor. Las carencias del sistema se vieron en el desgaste militar y financiero de guerras prolongadas, la polarización doméstica en los países donantes, y la creciente competencia de nuevos actores menos comprometidos con la democracia.

Goodbye, Uncle Sam

EEUU sigue siendo, en términos brutos, el mayor donante individual del mundo. Su contribución aumentó significativamente con el inicio del conflicto en Ucrania. Pero esa cifra es engañosa si se considera el contexto. Se trata de una inversión concentrada y reactiva, que no compensa los recortes masivos y estructurales a su infraestructura global de cooperación.

USAID, columna vertebral de programas en salud, educación, agricultura y fortalecimiento institucional, fue reducida a una sombra de su antigua proyección. El secretario de Estado Marco Rubio anunció una purga total de sus programas. El desmantelamiento no solo disminuye su capacidad operativa, sino que debilita viejas alianzas construidas a lo largo de décadas con organizaciones locales de la sociedad civil y actores multilaterales.

Este vacío será ocupado, como vemos en contrapartida, con las acciones de China, que ya no actúa como emergente receptor, sino como generoso mecenas. Con la reducción de la ayuda estadounidense, Beijing aprovecha la coyuntura para incrementar sus propios esfuerzos en el ámbito de la cooperación internacional. Financia proyectos a través de préstamos en lugar de donaciones para ampliar su influencia en regiones como África y América Latina.

Sombras chinescas

La reducción del liderazgo estadounidense es compensado parcialmente por otros actores. Alemania y Francia, junto con las instituciones de la Unión Europea, incrementaron su aporte y hoy representan —en conjunto— casi un 50 % más que EEUU, además de contribuir en mayor proporción a sus economías. Este esfuerzo europeo se sostiene sobre una visión de la cooperación que combina responsabilidad moral, estabilidad regional y promoción de valores democráticos.

Otros países de valores similares, como como Japón, Corea del Sur, Suecia y el Reino Unido, se ven enfrentados a presiones internas. Estas limitan su capacidad de mantener un liderazgo global en este ámbito, pese a su larga tradición de cooperación.

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El mapa de la ayuda se ha vuelto más multipolar. China, India, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Qatar han consolidado sus propios modelos de cooperación. En el caso de China, se evidencia una estrategia deliberada para propagar con soft power el proyecto civilizatorio de su Belt and Road Initiative, en el que se asume claramente como el centro natural de los intercambios mundiales. Siguiendo el patrón chino, estas naciones emergentes operan con condiciones y mecanismos que difieren notablemente del modelo occidental. Esto puede derivar en una dependencia económica y política a largo plazo para los países receptores.

La consecuencia es un sistema fragmentado donde la competencia entre modelos de asistencia puede ofrecer soluciones inmediatas a algunos sin una perspectiva normativa clara. El orden de cooperación liberal pasa a ser sustituido por un desorden de influencia iliberal.

No me ayudes, compadre

Uno de los puntos débiles más persistentes de la asistencia internacional ‒y de la alarma de sus críticos‒ es su carácter vertical y unilateral. Estos son donantes que imponen condiciones y receptores que, en ocasiones, se ven forzados a adaptar sus políticas para acceder a financiamiento. No obstante, en el panorama actual se hace cada vez más evidente la necesidad de transitar hacia un modelo en el que la cooperación sea bidireccional.

La experiencia acumulada durante décadas muestra que la eficacia de la ayuda no reside únicamente en la magnitud de los fondos, sino en la solidez de las redes de cooperación y en la capacidad de adaptación a los contextos locales. Pero esto requiere, en cualquier caso, la asistencia.

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El repliegue de EEUU, como el eventual de cualquier potencia global, demuestra que, sin un compromiso sostenido, los proyectos de desarrollo pueden transformarse en intervenciones efímeras que no logran prevenir crisis estructurales de incidencia global. El caso de Afganistán, donde la retirada de apoyo internacional precipitó un colapso, es un claro ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se descuida la infraestructura de cooperación con experticia local.

Juego de poder

Para contrarrestar esta tendencia, es indispensable que los nuevos actores y los antiguos donantes adopten un enfoque basado en la corresponsabilidad. Los países receptores deben tener un rol activo en la definición y ejecución de sus estrategias de desarrollo. En América Latina, oscilamos con variable peso entre tener un rol de receptores y proveedores de ayuda internacional. A veces aprovechados por élites tecnocráticas o poderes locales, y esto hace nuestra posición difícil de defender.

La desaparición estadounidense, con asistencia sin un deber de reciprocidad e inversiones con la irrupción de nuevos actores con agendas propias (especialmente los pesados créditos chinos), nos llevará a alianzas estratégicas en las que seguimos teniendo poco que aportar.

El riesgo presente para los países receptores de ayuda será quedar atrapados en un juego de poder. Como un competencia entre modelos de asistencia que favorezca intereses ajenos al desarrollo integral y sostenible. Sin embargo, todas estas previsiones pueden ir al basurero por la presión por mejoras concretas que nuestros Estados y su capacidad material limitada puede dar. Más bien, como enclaves del juego de posiciones entre las potencias. Quien paga, ahora sí, puede querer mandar de a de veras.

Una nueva arquitectura

La reconsideración de la ayuda internacional por parte del Norte Global no es meramente una reducción presupuestaria de austeridad coyuntural, sino que parece ser un cambio de paradigma con implicaciones geopolíticas profundas. Si bien otros actores están asumiendo parte del rol, el debilitamiento de las redes tradicionales y la creciente fragmentación del sistema dificultan una respuesta coherente a los desafíos globales que siguen allí: cambio climático, asimetrías económicas, migraciones masivas, seguridad alimentaria e incluso, si llegase a importar, el fortalecimiento democrático.

La asistencia internacional debe reestructurarse sobre estructuras formales de exigencia más equitativas y horizontales. Es fundamental que se evite la tentación de desechar el legado de la cooperación tradicional en un intento de modernizar con motosierra los mecanismos existentes. Al contrario, se debe fortalecer la infraestructura global que ha permitido, durante décadas, evitar que la falta de desarrollo se traduzca en crisis humanitarias y políticas.

Aunque quizás sea ya muy tarde, el desafío consiste en garantizar que la asistencia internacional siga siendo una herramienta eficaz para promover el desarrollo sostenible y la estabilidad global, evitando que la competencia por influencia se convierta en un factor de desestabilización que ponga de segundo lugar la atención a los problemas reales.

Hace casi dos décadas el historiador chileno Gonzalo Vial escribió una columna que hoy resuena como advertencia para toda América Latina: ¿De dónde salió esta gente? Allí advertía que, mientras Chile celebraba los éxitos del «milagro económico», se incubaba, en silencio, una crisis social profunda. Una crisis alimentada por la pobreza no solo material, sino humana: niños sin educación, sin figuras paternas, sin oportunidades reales de desarrollo, expuestos al abandono, la violencia y la indiferencia. Vial preveía que un día, frente a una sociedad descompuesta, no sabríamos explicarnos su origen.

Hoy, mirando no solo la realidad chilena sino la de buena parte de América Latina, la pregunta de Vial cobra una dramática actualidad. ¿Estamos incubando, en distintos rincones de la región, una tormenta social que no queremos mirar?

Descomposición silenciosa

En el último mes, en Chile, varias señales alarmantes coincidieron: el informe 2025 de la Defensoría de la Niñez, dos casos de niños brutalmente vulnerados en condiciones extremas (uno vendido y otro viviendo en condiciones salvajes), y una entrevista que evidenció que la industria de la pornografía apunta directamente a menores a través de las pantallas digitales. No son episodios aislados: son síntomas de una crisis estructural de la infancia.

A esto se suman datos preocupantes en salud, educación, vivienda y seguridad que retratan una realidad lacerante. Uno es que la infancia en Chile atraviesa una crisis profunda. No solo persiste en los márgenes invisibles del país, sino que avanza incluso en sectores donde antes creíamos haber asegurado el bienestar. La imagen es clara: niños abandonados por un sistema de protección social sobrepasado, invisibilizados por la agenda pública, y cada vez más expuestos a formas brutales de violencia y explotación. Pero lo más grave es que esta crisis ya no escandaliza. Como sociedad, nos hemos resignado.

Las cifras son elocuentes. A fines de 2023, uno de cada cuatro casos de niños ingresados al nuevo Servicio de Protección Especializada en Chile (sistema encargo de la protección de la infancia) quedó en lista de espera, sin intervención. En el sistema escolar, la inasistencia grave —menos del 85% de clases mínimas— afecta a más de un cuarto de los estudiantes, un problema que se agudizó tras la pandemia y que no logra revertirse. En salud, más de 29.000 niños y adolescentes vinculados a programas de protección o justicia juvenil esperan atención médica. Y en vivienda, casi 8.400 niños viven en condiciones de extrema precariedad, como carpas, containers o viviendas de desecho.

Digitalización y explotación sexual

La digitalización, lejos de ser una tabla de salvación, abrió nuevas vulnerabilidades. A través de los celulares y redes sociales, los niños chilenos quedan expuestos a contenidos inadecuados y a formas sistemáticas de abuso. Según especialistas, un niño de ocho años que posee un teléfono móvil ya ha estado expuesto varias veces a contenido pornográfico. La industria del entretenimiento para adultos encontró en la infancia un mercado cautivo. Atrapó a los menores en una adicción temprana que los transforma en consumidores rentables en la adolescencia.

A este deterioro se suma otro fenómeno alarmante: el crimen organizado recluta cada vez a niños más jóvenes para actividades ilícitas, como tráfico de drogas, trata de personas y secuestros. El informe 2024 del Ministerio Público chileno revela un aumento del 45% en delitos digitales relacionados con explotación sexual infantil en apenas dos años.

Estos fenómenos no son exclusivos de Chile. Pero en el caso chileno, golpean con especial crudeza a una sociedad que alguna vez fue presentada como «modelo» de estabilidad y crecimiento en América Latina. El contraste entre la promesa de bienestar y la realidad de una infancia olvidada hace que la crisis actual sea aún más dramática.

Advertencia para América Latina

La crisis de la infancia que se vive en Chile no es una excepción en la región. Desde México hasta Argentina, pasando por Colombia, Perú o Brasil, vemos cómo los niños y adolescentes se convierten en víctimas de procesos de descomposición social: violencia intrafamiliar, explotación digital, trabajo infantil, reclutamiento por bandas criminales, acceso a drogas duras a edades cada vez más tempranas.

En muchos países, la educación pública no logra reincorporar a miles de niños que abandonaron la escuela tras la pandemia. La salud mental de la infancia atraviesa índices de deterioro nunca antes vistos. Y la presencia de las pantallas —en un contexto de crianza debilitada y de familias fracturadas— expone a los menores a riesgos que ni los sistemas educativos ni los marcos regulatorios alcanzan a contener.

La paradoja es brutal: mientras América Latina multiplica sus esfuerzos por atraer inversiones, modernizar infraestructuras o dinamizar sus economías, su base social —la infancia— se desmorona silenciosamente.

Baja de natalidad

La pregunta es inevitable: ¿qué sociedad puede construir futuro si sus niños crecen en el abandono, la violencia y la precariedad? Esta pregunta se vuelve aún más urgente cuando se conecta con otro fenómeno que inquieta cada vez más a los analistas y políticos en Chile y en el mundo entero: la caída sostenida de la natalidad.

En 2023, Chile registró su tasa de natalidad más baja en décadas. A pesar de las medidas impulsadas para incentivar la maternidad, como subsidios y beneficios económicos, las tasas siguen desplomándose. ¿Por qué? Parte de la respuesta puede estar en el diagnóstico anterior: ¿qué incentivo real puede tener una pareja joven para traer hijos al mundo, cuando observa que el país no es capaz de garantizar dignidad, educación, seguridad ni salud a los niños que ya existen?

Más allá de los cálculos económicos, la decisión de tener hijos es profundamente cultural y moral. Implica un acto de esperanza en el futuro de la sociedad. Cuando la infancia existente está marcada por el abandono y la violencia, no es extraño que las nuevas generaciones desconfíen del proyecto colectivo y opten por no prolongarlo.

Así, la crisis de natalidad y la crisis de la infancia no son fenómenos separados, sino dos caras de una misma moneda: el progresivo deterioro del tejido social, la pérdida de confianza en el futuro común.

El costo de la indiferencia

Chile vive hoy atrapado en una paradoja: mientras la agenda pública está capturada legítimamente por urgencias como la seguridad, la migración y el estancamiento económico, otras dimensiones de la crisis social siguen creciendo en silencio.

En los años 90, el error fue creer que el progreso económico resolvería por sí solo los problemas sociales. Hoy, el error es pensar que si un problema no estalla violentamente en la agenda mediática, entonces no existe.

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Esta ceguera —por optimismo ayer, por resignación hoy— tiene costos altísimos. La infancia olvidada de hoy es la violencia, el desarraigo y el colapso social de mañana. En otras palabras, esta crisis está modelando, día a día, el tipo de sociedad que seremos en el futuro.

Gonzalo Vial lo planteó con crudeza en su Chile natal: un día nos preguntaremos, perplejos, “¿de dónde salió esta gente?”. La respuesta será la misma ahora que entonces: salió de nuestra indiferencia.

La tarea es tan inmensa como inevitable porque, en última instancia, toda sociedad se mide —y se juzga— por cómo trata a sus niños.

El año 2025 evoca varios hitos importantes de la historia mundial y democracia. A nivel global, se conmemora el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, con la rendición total de la Wehrmacht el 8 de mayo. En agosto, se cumplirán 80 años desde que Estados Unidos lanzó las primeras bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En Alemania, en enero se conmemoró el 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Y el 3 de octubre se celebrará el 35º aniversario de la reunificación alemana. En noviembre, España recordará los 50 años desde la muerte del dictador militar Francisco Franco. El fallecimiento marcó el inicio de la transición hacia la democracia tras casi cuatro décadas de régimen autoritario.

En América Latina, en febrero se cumplieron 40 años del fin de la dictadura cívico-militar en Uruguay. Un mes después, en marzo de 1985, cayó el régimen dictatorial en Brasil. Chile conmemora 35 años del fin de la dictadura militar de Pinochet, que concluyó en 1990. Asimismo, se cumplen 50 años de la fundación de la Operación Cóndor. Fue una campaña de represión y terrorismo de Estado bajo las dictaduras, liderada por los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

En general, muchos conflictos actuales —internos, regionales o internacionales— están profundamente vinculados con la historia de un país y las memorias de las partes implicadas. La conmemoración de todos estos acontecimientos debería tener, como uno de sus objetivos fundamentales, el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y sus familias. Detrás del recordatorio, sobre lo que los seres humanos son capaces de infligir a otros, se busca evitar que el pasado se repita. Bajo el lema «nunca más» la meta a largo plazo es lograr la reconciliación en o entre sociedades.

Memorias en disputa

El tratamiento de un pasado violento y los debates sobre la cultura del recuerdo no se producen en el vacío. Influyen en las estrategias políticas de los gobiernos. La política toma decisiones sobre qué hechos, y cómo y cuándo, se recuerdan, sin ser inmune a la instrumentalización de la historia.  La memoria colectiva  influye en los acontecimientos políticos. Las interpretaciones del pasado afectan a las identidades y concepciones de las élites políticas. Por ejemplo, las declaraciones de figuras públicas incorporan ciertos acontecimientos a la conciencia nacional mientras silencian u omiten otros.

Los políticos recurren con frecuencia a argumentos históricos, incluso a la mitología del pasado, para movilizar a través de la memoria, como instrumento político. Utilizar acontecimientos históricos puede tener un efecto positivo al crear un motivo común para la construcción nacional. La memoria puede ofrecer motivaciones éticas y morales para las acciones de la sociedad civil, los medios de comunicación u otros actores no estatales.

Por otra parte, esto puede actuar como catalizador de conflictos, nacionales e internacionales. Existe una modificación e instrumentalización de la historia para asegurar el poder, desviar la atención de problemas internos y reforzar un patriotismo basado en una memoria histórica selectiva. Asimismo, los líderes políticos pueden utilizar la memoria del pasado para movilizar apoyo popular o justificar hostilidades hacia otros grupos.

Como consecuencia, la politización de la memoria histórica crea relatos conflictivos, lo que dificulta la reconciliación. Es fundamental entender que no existe un único relato maestro y que el desacuerdo forma parte esencial de muchos «pasados controvertidos«. Un verdadero debate histórico debe parecerse a una democracia, donde se escuchen todas las voces. Así como la mayoría no debe oprimir a la minoría, los relatos dominantes no deben excluir visiones menos populares.

¿Cómo abordar el pasado?

No solo el relato del pasado está en disputa, sino también las formas de abordarlo y los instrumentos para lograr una posible reconciliación.

Con los Tribunales de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial comenzó a responderse a crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y violaciones masivas de derechos humanos, apoyándose en diversos mecanismos judiciales y no judiciales. Este proceso, conocido como justicia transicional, se fundamenta en el derecho internacional de los derechos humanos. Las Naciones Unidas definen la justicia transicional como «toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas, servir a la justicia y lograr la reconciliación». Las políticas de justicia transicional deben basarse en cinco pilares: verdad, justicia, reparación, memorialización y garantías de no repetición.

Vásquez Carruthers, en un análisis sobre el oportunismo político, afirma que la politización de la justicia transicional es una constante. «Una realidad apenas presente en la literatura contemporánea: la justicia transicional es una herramienta política y, como tal, será utilizada por quienes ostentan el poder para aumentarlo», sostiene. El oportunismo político determina qué medidas se toman, qué forma de justicia se persigue (o no). Cada decisión refleja un juego de poder. Además, la falta de voluntad política es uno de los principales obstáculos para el éxito de la justicia transicional.

Justicia transicional captada por la política

¿Qué actores instrumentan la cultura de la memoria? ¿Qué influencia política ejercen?

En Europa, algunos países muestran tendencias preocupantes hacia la renacionalización de la memoria. Esto conduce a un regulación estatal y legal de los recuerdos, e incluso a la negación de realidades históricas. En Polonia, el partido Ley y Justicia, de derecha nacionalista, impulsó en 2018 una ley que penaliza acusar a la nación de complicidad en los crímenes nazis, incluyendo el Holocausto,. Además, prohíbe el uso de expresiones como «campos de exterminio polacos». Esto, pese al consenso académico de que ciertos sectores polacos colaboraron con los ocupantes nazis.

En España, casi 50 años después de la muerte del exdictador Franco, el país aún lucha por asumir su pasado autocrático. Partidos de izquierda y derecha se disputan la interpretación de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Gobiernos de izquierda han promovido leyes de memoria histórica, como la retirada de simbología franquista, mientras que gobiernos de derecha han paralizado estos esfuerzos. Las calles y plazas de ciudades y pueblos cambian de nombre con frecuencia según el partido que gobierna al momento en cada localidad o comunidad autónoma.

La memoria en Latinoamérica

En América Latina, las memorias del pasado también se convierten en un arma política. En Brasil, la película Aún estoy aquí, que denuncia los crímenes de la última dictadura ganó recientemente el Oscar a mejor película extranjera. Mientras el presidente Lula da Silva la elogió como un «orgullo nacional», el expresidente Bolsonaro la criticó como propaganda política que muestra solo «una parte» de la historia y demoniza a los militares.

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En Argentina, con el gobierno de Javier Milei se reavivó el debate sobre la «memoria completa» de la dictadura. El 24 de marzo, Día de la Memoria, la Casa Rosada publicó un video acusando al Kirchnerismo de inventar un relato histórico, sobre los años de la dictadura con el fin de un proyecto político. Lo cierto es que la política de cooptación de los gobiernos Kirchner llegó hasta organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo. Sus proyectos populares se convirtieron en programas estatales de gran magnitud y presupuesto, procesados por estar implicados en corrupción.

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En Uruguay, con la llegada del presidente Orsi en marzo, se celebraron 40 años de democracia ininterrumpida. La izquierda política se presenta notoriamente como el verdadero defensor de la memoria y de los derechos de las víctimas de la más reciente dictadura militar. Sin embargo, desde el retorno a la democracia nueve gobiernos de diferentes partidos políticos trabajaron por construir una sociedad libre y democrática lo que incluyó procesos de abordar el pasado. Así mismo, durante el gobierno de Batlle del Partido Colorado, apoyado por el Partido Nacional, se inició con un amplio consenso social y político la Comisión para la Paz a partir de la cual se creó posteriormente la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

La memoria como herramienta de legitimación democrática

Es evidente que una visión objetiva y no politizada de la historia es utópica. Sin embargo, una fuerte politización de la memoria histórica obstaculiza la reconciliación con el pasado. Conduce a una fragmentación de la sociedad en lugar de ser un instrumento de integración y fortalecimiento de la democracia, que se basa en su historia y no en la negación aquella.

Los mecanismos de la justicia transicional no deben ser vistos por la política como un instrumento para perseguir intereses partidistas o el desencadenante para venganzas ideológicas. Deben ser vistos como una oportunidad para fortalecer un orden liberal y democrático basado en el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. En última instancia, el objetivo de la política de memoria debería ser combinar el tratamiento del pasado con una perspectiva orientada al futuro, con posibilidades positivas de configurar el futuro, independientemente de la orientación política ideológica. 

Desde que Javier Milei arribó a la presidencia argentina con su radical agenda de reformas económicas, representó un parteaguas. Algunos líderes latinoamericanos ven con admiración sus diagnósticos y políticas. Otros se opusieron desde el primer momento al shock de la motosierra.

La última novedad es la reciente eliminación del cepo (o control) cambiario sobre el dólar, vigente los últimos seis años. El programa de Milei y su partido La Libertad Avanza lleva más de un año. Con sus efectos reales, hay quienes apoyan y defienden estos cambios contra quienes se oponen a sus políticas.

Para analizar esta dicotomía, Diálogo Político propone Contrastes, un espacio para profundizar en los matices que existen entre las opiniones polarizadas. Es importante generar espacios de intercambio de información con diferencias identificables por los ciudadanos, para que puedan contrastar y formar una opinión propia a partir de un balance de posturas.

En esta primera entrega, Camilo Tiscornia —economista, director de C&T Asesores Económicos y profesor de la Universidad Católica Argentina— y Jorge Colina —economista y presidente de Ideas— comparten opiniones a favor y en contra de la política económica de Milei. ¿Es favorable para el país? ¿O no? ¿Hasta qué punto puede aceptarse? ¿O debe ser combatido?

Milei sí, orden macroeconómico

En defensa del programa del presidente, Tiscornia asegura que «el gobierno actual puso a la economía en una senda de orden macroeconómico«, sobre todo respecto al «equilibrio fiscal». ¿Cuál es su argumento?: la evolución histórica. «¿Alcanza con un eventual orden macroeconómico para resolver todas las dimensiones de la compleja realidad económica y social de la Argentina? Probablemente no, pero la historia ha mostrado que sin él hubiera sido imposible».

El gobierno de Milei se enfocó en encarar la volatilidad macroeconómica argentina mediante varias medidas. Comenzó el 10 de diciembre de 2023 con un ajuste del 118% del tipo de cambio oficial. Esto permitió reducir la brecha con los tipos de cambio alternativos de 170% a 25%. Al mismo tiempo, anunció que apuntaría a lograr el equilibrio fiscal en 2024 —que logró desde enero— y el fin de la emisión monetaria para financiar al fisco.

El mismo diciembre de 2023, mediante un decreto de necesidad y urgencia, comenzó a implementar una fuerte desregulación de la economía. Ese decreto posteriormente llevó a crear el Ministerio de Desregulación y Transformación. 

Además, el gobierno eliminó todos los controles de precios y comenzó un proceso de corrección de tarifas de servicios públicos (electricidad, gas y transporte fundamentalmente). Según opina Tiscornia, habían sido deliberadamente atrasadas por el gobierno previo para contener la inflación.

En el plano financiero, se desregularon las tasas de interés y se ofrecieron bonos del banco central para regularizar deuda acumulada por pagos de importaciones pendientes. En julio de 2024, se implementó un canje de deuda del banco central por títulos del Tesoro y, por lo tanto, a ser servida con recursos genuinos y no generados por la emisión monetaria.

Los resultados se ven, por ejemplo, en ciertos indicadores: el riesgo país se redujo de casi 3.000 puntos a 560 puntos en diciembre de 2024. 

Finalmente, el 11 de abril de 2025, el gobierno anunció el fin del cepo, una nueva etapa para su plan económico. En un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que Milei negoció durante meses, se reemplazó el esquema de movimiento del tipo de cambio oficial al 1% mensual por una banda de flotación entre 1.000 y 1.400 pesos argentinos. “En los pocos días que lleva implementado el sistema, el tipo de cambio oficial, que se ubicaba en 1.078 pesos previo al mismo, apenas subió a 1.173 pesos. La brecha con los tipos de cambio alternativos virtualmente desapareció. Hubo una fuerte recuperación de acciones y bonos y una notable reducción de la expectativa de depreciación del peso”. 

Milei no, trabajar con las instituciones

En contraste, Colina dice que el modelo libertario no trabaja en el fortalecimiento de las instituciones para fomentar el desarrollo. Afirma que “el mérito” de Milei es haber recuperado el valor de la libertad económica pero que “el desafío que tiene por delante es construir instituciones apropiadas para que la libertad económica sea fuente de prosperidad y no de desorden y anarquía”. 

Según su perspectiva, “la destrucción del estatismo no implica que automáticamente nazca algo mejor” y que el gobierno debería fortalecer los diseños normativos y la calidad de la gestión pública para velar por el buen funcionamiento del mercado en un marco de competencia libre pero bien regulada. 

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Para Colina, Milei acertó al eliminar programas nacionales que chocaban con funciones provinciales. Por ejemplo, el paradigmático Fondo Nacional de Incentivo Docente, por el que el gobierno nacional pagaba menos del 10% del salario de los docentes provinciales. Sin embargo, falta la construcción de las autonomías impositivas que, según palabras del propio presidente, “nunca debieron haber perdido”.

“Hay que reemplazar la actual regla de coparticipación de impuestos por una sana correspondencia fiscal donde cada provincia se financie con los impuestos que se generan en su territorio. De esta forma, las dirigencias provinciales estarán incentivadas a generar desarrollo económico y, lo más importante, tendrán que rendir cuentas a sus ciudadanos por el uso que hacen de sus impuestos”, sostiene Colina. 

En tercer lugar, para el economista aún falta “congeniar la libertad económica” con la negociación colectiva de los sindicatos sin destruir el modelo de personería legal que instauró el ex presidente Juan Domingo Perón, un monopolio de la negociación colectiva. ¿De qué forma? El gobierno debería permitir que las pymes opten por “salirse del convenio colectivo sectorial y celebrar acuerdos propios con sus trabajadores”. Para Colina, “es llevar la libertad económica a la célula del mercado de trabajo: la empresa”. 

Dilema de la pobreza

El gobierno libertario tomó el gobierno con una tasa de pobreza del 42% de la población. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, se produjo en Argentina un salto inflacionario —que llegó a un pico de 289%—, la caída del salario real y un salto de la pobreza, hasta 53%. Para Tiscornia, esta respuesta “era esperable” ante “semejante corrección macroeconómica”. 

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Con la abrupta desaceleración de la inflación en 2024, que cerró en 118%, la tasa de pobreza bajó a 38%. Es un nivel elevado pero notablemente menor que el del primer semestre del año.

Colina opina que “seguir bajando la inflación hasta llegar a un dígito mensual hará que la tasa de pobreza siga bajando”. Sin embargo, ve difícil que se alcance el nivel previo a la crisis cambiaria e inflacionaria, en 2017, cuando la tasa oscilaba en el 27%. “Solo bajando la inflación no será suficiente para recuperar ese nivel de pobreza”, argumenta. “Hace falta necesariamente que mejore la calidad de los empleos para que las familias con adultos pobres obtengan mejores remuneraciones”.

Colina explica que en el arranque de 2025 el proceso de recuperación continuó pero con un freno en la baja de la inflación. “Así, surgieron dudas acerca de la capacidad del gobierno de mantener ese esquema”, comenta. 

Jorge Colina es magíster en Economía y en Finanzas, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) y docente e investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Austral.
Camilo Tiscornia es economista, director de C&T Asesores Económicos y profesor de Economía Monetaria y de Economía Argentina de Universidad Católica Argentina.

El filósofo mexicano Rodrigo Guerra trabajó y conoció de cerca al papa Francisco. Lo llama su amigo y está convencido de que las reformas en la Iglesia Católica están en marcha y son irreversibles.

La expectativa por el nuevo sumo pontífice plantea varias preguntas, especialmente sobre cuánto un líder espiritual puede influir en la agenda internacional. Francisco, rodeado de polémica, dejó un camino abierto.

Desde Roma, el Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina analizó este panorama.

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Usted ha trabajado de cerca con el papa Francisco, ¿cómo califica la evolución de su pontificado en estos 12 años?

—No es fácil describirlo en un solo rasgo, fue un arzobispo sui generis. Nunca usó automóvil para transportarse, siempre cercano al pueblo, apoyando mucho las villas miseria de la Arquidiócesis de Buenos Aires. En su pontificado introdujo con gran fuerza una idea de que la misericordia es lo que hace creíble el anuncio cristiano. En otras palabras: que no basta recordar un conjunto de normas, virtudes y valores para transformar el mundo y la Iglesia, sino que es necesario, primero que nada, abrazar a todos, como a él le gustaba decir, para construir una propuesta creíble y que permita a su vez construir una sociedad fraterna.

Tal vez lo más característico de su reflexión política es que tenemos que darnos el permiso de imaginar sociedades democráticas en el futuro en donde todos podamos caber. En donde las diferencias de pensamiento no devengan en polarización extrema, señalamiento y exterminio del otro, sino en capacidad de discusión para pensar siempre un bien común que es mayor que cualquiera de nuestras ideologías.

«La política no salva»

Francisco fue un papa que marcó la agenda internacional. Visitó 66 países, muchos de ellos con alta conflictividad o donde hay una minoría católica. Pero, sin duda, una de las giras más importantes fue la que hizo a Latinoamérica. ¿Qué lugar tenía para él la región y sus múltiples problemas? ¿Tuvo un impacto diferente por ser un papa latinoamericano?

—El papa estaba muy atento a América Latina. En más de una ocasión su servidor llegaba con alguna información que consideraba urgente y, ¿cuál era la sorpresa?: el papa tenía más información que cualquiera de nosotros. Entendía la coyuntura, la iluminaba con una luz extraordinaria y me atrevo a decir que la modesta contribución de la Pontificia Comisión para América Latina era rebasada.

Tras su muerte, Francisco recibió varias denominaciones: peronista, progresista, reformista, incluso revolucionario. ¿Cómo describiría al papa y su relación con la política global?

—El papa detestaba las fáciles categorizaciones que nos provee la geometría política de izquierdas y derechas. Sabía bien que muchos conservadores o ultraconservadores lo calificaban de izquierda y sabía bien que en algunos sectores aparentemente progresistas de izquierda avanzada lo veían excesivamente conservador. En el fondo, lo que él trataba de decir siempre es que era un pastor y que el cristianismo tenía que aprender a permanecer crítico de toda formulación ideológico-política. Pero sí, lo que le preocupaba más era ver la frecuente tendencia al reduccionismo que, a veces, las ideologías, en vez de ayudar a transportar principios generales a contextos particulares, obligan al pensamiento a mirar las cosas bajo una sola faceta.

El papa, en materia política, vivía con una convicción muy saludable psicológica y espiritualmente. Y es que la política no salva. Francisco era un convencido de esto y por eso es que amaba la política ubicándola como un factor necesario, pero no salvador de la totalidad de la condición humana. La política y la propia vida democrática requieren de una realidad trascendente, que las oriente, anime, nutra y que les permita también salir de atolladeros, como en los que actualmente se encuentra la democracia liberal en todo el mundo.

Misma dignidad

Algunas críticas apuntan a que hubo más discursos sobre reformas que reformas. ¿Cuáles considera que fueron los principales cambios que llevó adelante?

—El papa realmente no innovó o en materia de reforma. Ayudó a la Iglesia a tener una nueva asimilación del concilio más profunda, más madura. Porque, es un hecho que había temas que habíamos asimilado muy superficialmente. Uno de los más importantes es que todos los cristianos poseemos la misma dignidad y merecemos el mismo respeto y todos somos corresponsables del bien común de la Iglesia. Permitió que laicos, mujeres religiosas, normalmente colocados en posiciones secundarias, terciarias y de servicio, ocuparan importantes responsabilidades en la curia romana.

Hoy tenemos, por ejemplo, al frente de la vida consagrada de todos los superiores y superioras religiosos del mundo, a una modesta monjita, a la hermana Brambilla, que es la encargada de jesuitas, legionarios, franciscanos. Tenemos a laicos y laicas en distintas posiciones en el Vatican. El papa hizo este esfuerzo para que las diócesis hagan lo propio y que no solo vean de lejos esta reforma. Obviamente, hace falta un largo camino y es posible que sea parte de lo que la iglesia tendrá que asumir en los próximos años con el nuevo papa.

Renovación con fidelidad

No es un secreto que el papa Francisco enfrentó resistencias dentro de la propia Iglesia. Incluso en una de las últimas entrevistas, habla sobre su salud mental y la ayuda que recibió de una especialista. ¿Cómo manejó esta situación? ¿Y cuánto de lo que pasó internamente le impidió avanzar con sus reformas?

—Lo primero que el papa nos enseñó es que el camino de renovación y de reforma de la Iglesia comienza con uno mismo. Por el lado ultraconservador es muy visible que fue severamente criticado por su documento Amoris laetitia. Allí permite la bendición no litúrgica a todo tipo de personas heridas, como parejas irregulares o a los que pueden tener vida homosexual activa. Fue criticado también por proponer la necesidad de introducir la ternura y el amor a los pobres como métodos de acción política para formar una nueva generación de católicos involucrados en política. En el fondo, fue criticado por los ultraconservadores por miedo. El miedo es el peor consejero. En materia de diálogo interreligioso, propuso respetar el camino que, en conciencia, realizan las personas, aun cuando no simpatizan con la Iglesia Católica y pertenecen a otras denominaciones religiosas muy diversas.

Por el lado ultraliberal, aparentemente progresista y de avanzadas, el papa fue muy tolerante con una sola excepción. No toleraba a esos progresistas con ideas exóticas de cómo modernizar a la Iglesia desde una cómoda oficina con aire acondicionado en Alemania. Fue enormemente paciente con experiencias de avanzada, mientras no fueran burguesas. ¿Por qué el papa era tan crítico a esto? Porque la verdad es que cuando la Iglesia tiene que progresar y avanzar no lo debe de hacer por moda o por ajuste a las costumbres de la época, sino realmente por fidelidad y radicalidad evangélica.

Reforma de la Iglesia

Hay mucha expectativa sobre el Cónclave y, considerando el secretismo del proceso, es muy difícil saber qué vendrá. ¿Existe un antes y un después de Francisco? ¿Hay avances que ya no podrán retroceder más allá de la línea del nuevo sucesor?

—El gran proceso de reforma no lo inauguró Francisco, lo inauguró el Concilio Vaticano II. Y por eso creo que el proceso de reforma sinodal de la Iglesia es prácticamente irreversible. Que los laicos, las mujeres, las consagradas o no consagradas tengan un mayor protagonismo y que todos podamos participar de una manera más cálida, más incluyente, me parece que es irreversible. Por supuesto, el nuevo papa traerá su propia personalidad, formación, sensibilidad.

Además, hay un dato importante. La gran mayoría de los cardenales que participarán en el Cónclave fueron elegidos por el propio papa Francisco, simpatizan en términos generales con este proceso de reforma. Por eso yo creo que habrá una feliz continuidad creativa con el nuevo papa, sea quien sea.

Futuro de la Iglesia

¿Cómo ve el futuro de la Iglesia Católica en Latinoamérica?

—América Latina sigue siendo la región con más católicos en el mundo. El 48% de la Iglesia Católica está situado en América Latina. Si analizamos un poco las tendencias demográficas en Estados Unidos, el 46% de la Iglesia es de origen hispano. En algunos países se ha presentado un deterioro de pertenencia a la iglesia como Brasil o Chile, donde la caída ha sido muy vertical en los últimos 10 o 15 años. En otros hay alguna erosión, pero no tan grave, el caso es México por la secularización y por otros fenómenos, pero seguimos teniendo cada 12 de diciembre más de 10 millones de peregrinos solo en el santuario de la Ciudad de México.

Con sus claroscuros, América Latina sigue siendo muy importante.

Aquí en Europa, cada obispo es bastante autónomo e independiente. Cosas como las conferencias generales latinoamericanas no se ven. Esto a los latinoamericanos nos cuesta trabajo entenderlo. No existe en Europa ni en Asia ni en África. Seguramente el papa que venga será un papa global que mirará toda esta realidad compleja, el nuevo juego de poderes que se está estableciendo a nivel mundial y tendrá que ayudarnos como Iglesia a posicionarnos de una manera inteligente y evangélica en medio de un escenario inédito que todos estamos viviendo.

¿Cómo debe ser recordado Francisco en la historia?

—Va a ser recordado como un papa que colocó a la misericordia en el centro y como un papa reformador. Un papa valiente y alegre que ayudó a desarmar lo que Benedicto XVI llamaba el moralismo.

El Servicio Federal de Protección de la Constitución de Alemania (BfV por sus siglas alemanes), el organismo de inteligencia interior del país, clasificó oficialmente a la Alternativa para Alemania (AfD) como una organización comprobada de extrema derecha. La AfD, que obtuvo un 20,8% de los votos en las elecciones parlamentarias de febrero y lidera la oposición en el Bundestag (parlamento federal), creció aún más en los sondeos recientes. A pesar de su creciente apoyo popular, el BfV considera que representa una amenaza activa al orden democrático.

Larga investigación

La decisión se basa en una investigación de varios años. El BfV distingue entre «caso a examinar», «caso sospechoso» y «caso seguro de extremismo». Ya en 2019, la AfD fue clasificada como «caso a examinar», y en 2021 fue elevada a «caso sospechoso». Esta clasificación permitió al BfV recopilar información sobre la AfD utilizando incluso «medios de inteligencia». En los últimos años, y con autorización judicial, el BfV pudo realizar vigilancia de las comunicaciones, reclutar fuentes humanas y llevar a cabo investigaciones financieras.

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La AfD ya había presentado demandas contra esta clasificación y fue derrotada dos veces en los tribunales. Dado que los partidos políticos en Alemania están organizados de manera federal, anteriormente ya se clasificaron algunas secciones regionales —como la de Turingia, considerada especialmente extremista— como de extrema derecha confirmada.

Un concepto racial del pueblo

Con base en esta exhaustiva investigación, el BfV elaboró un informe de más de mil páginas y concluyó que el partido en su conjunto debe considerarse como una organización extremista de extrema derecha por su carácter sistemáticamente opuesto a la dignidad humana. Debido a la protección de fuentes, el informe completo sigue siendo confidencial. En su comunicado de prensa, el BfV justificó su decisión afirmando que la AfD promueve una visión étnico-racial del pueblo, que busca excluir a determinados grupos de la población de una participación social igualitaria. Así, por ejemplo, la AfD no considera a ciudadanos alemanes con antecedentes migratorios de países musulmanes como miembros equivalentes del «pueblo alemán», definido por la AfD en términos étnicos.

El BfV afirma:»Esto se manifiesta en la gran cantidad de declaraciones hostiles hacia extranjeros, minorías, así como hacia el islam y los musulmanes, por parte de dirigentes del partido. En particular, la constante agitación contra refugiados y migrantes fomenta la propagación y profundización de prejuicios, resentimientos y temores hacia estos grupos. La desvalorización de estas personas también se refleja en el uso de términos generalizados como ‘migrantes del cuchillo’ o en la atribución generalizada de una supuesta tendencia a la violencia basada en la cultura étnica, expresada por miembros destacados del partido.»

¿Prohibición a la vista?

La clasificación del BfV no tiene consecuencias políticas inmediatas, pero constituye sobre todo una señal política. Sin embargo, permite al BfV utilizar aún más fácilmente medios de inteligencia para investigar a la AfD. Los dirigentes del partido deben ahora contar con que pueden ser vigilados. Además, la membresía en la AfD puede impedir el acceso a empleos públicos o incluso provocar la expulsión de funcionarios del Estado. Esta clasificación del BfV también reavivó el debate sobre una posible prohibición de la AfD. Aunque no es automática, podría ser el siguiente paso lógico.

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En Alemania, como lección del fascismo, existe la posibilidad de prohibir partidos extremistas. Para ello, el Bundestag, el Bundesrat (representación de los Estados federados, equivalente al senado federal) o el Gobierno Federal deben iniciar un procedimiento ante el Tribunal Constitucional Federal. Sin embargo, este proceso es muy largo y políticamente arriesgado; los observadores estiman que duraría varios años. El Tribunal Constitucional ha sido muy cauteloso en el pasado al aplicar la «medida extrema» de la prohibición de partidos. Hasta la fecha, solo se han prohibido dos partidos: en los años 50, el sucesor del NSDAP (partido nacional socialista) y el Partido Comunista. Por el contrario, otros intentos de prohibir partidos de extrema derecha han fracasado en varias ocasiones.

¿Modelo en el manejo del extremismo?

Tanto la posibilidad de vigilancia por parte de los servicios de inteligencia como la opción de prohibir partidos son particularidades del sistema alemán frente a los partidos extremistas. Ambas se justifican por la experiencia histórica específica de Alemania con el fascismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, se estableció en Alemania el concepto de «democracia militante». Como en la República de Weimar (1919–1933) los enemigos de la democracia usaron sus reglas para destruirla, después de 1945 se buscó una democracia que pudiera defenderse, protegida por el BfV.

Políticamente, es cuestionable si este enfoque específico alemán puede servir de ejemplo para otros países en la lucha contra el extremismo. Las convicciones democráticas no pueden imponerse por orden. Además, la vigilancia y la clasificación por parte del BfV probablemente no perjudiquen políticamente a la AfD. Por el contrario, el partido puede seguir alimentando su narrativa de victimización. Califica la decisión del BfV como motivada políticamente y ya presentó una demanda contra la clasificación.

No obstante, el caso vuelve a poner de manifiesto un difícil desafío global: las democracias deben tratar con sus enemigos internos con prudencia y determinación.

El año pasado —el superaño año electoral— el Foro Económico Mundial publicó su informe de Riesgos Globales 2024, en el que indicaba que la información errónea y la desinformación eran las mayores amenazas a corto plazo para la democracia.

Cristina Tardáguila, fundadora de la Agência Lupa, el primer medio de fact-checking de Brasil, exdirectora adjunta de la Red International de Fact-Checking Network (IFCN), e investigadora para el  Digital Democracy Institute of the Americas, analiza el alcance de la desinformación en los procesos electorales y los paralelismos entre gobiernos, como los de Jair Bolsonaro y Donald Trump.

Saliste de Brasil tras los ataques de los bolsonaristas en las elecciones de 2018.  Hoy, desde Estados Unidos con el nuevo gobierno de Donald Trump, ¿qué coincidencias encuentra?

—Tanto Bolsonaro como Trump ven a la prensa como un enemigo. Los dos son antiperiodismo. Quieren boicotear nuestra materia prima de trabajo: los datos y la información. Trabajan para manipular la información y para que el periodista se sienta débil o tenga miedo. En ambos casos, también vemos, por ejemplo, bases de datos y financiación que desaparece, agresividad en las ruedas de prensa.

En lo político, quieren destruir todo y reconstruirlo de otra manera. Javier Milei va más o menos por el mismo camino; lo que existe es que el statu quo es malo y vamos por mal camino. Ellos piensan: soy el salvador y el que va a solucionarlo todo.

Diversas investigaciones en Brasil  y en EEUU  revelaron que detrás de estos personajes hay unas máquinas de desinformación y de polarización.

—Hay un libro muy bueno que se llama Los ingenieros del caos y  habla de los tecno políticos. Son este grupo que suma la tecnología a la agresividad para movilizar las masas. Y esto, con las redes sociales, son tres ingredientes de ese caos.

En su gobierno, Bolsonaro tenía un gabinete del odio. Era un grupo de personas que sabía instrumentalizar los grupos de Facebook y de WhatsApp para manipular la percepción de la gente en contra o a favor de alguna idea, de un movimiento. La desinformación es parte del pensamiento político, no es no es una herramienta que sale a veces. Es constante y es una estrategia.

Modelo de desinformación ruso

Uno de los temas que ha trabajado es la influencia rusa en las campañas de desinformación. ¿Cómo ha sido?

—Rusia históricamente usa su desinformación para romper los tejidos sociales. Hay varios ejemplos recientes, como los problemas entre EEUU y México por los temas de frontera ¿Qué hace Rusia en este momento?, viene con sus bots y con sus medios de comunicación estatales y empieza a difundir que EEUU está poniendo tropas, como si hubiera una guerra con México. El problema existe, pero Rusia agrega condimentos para que el odio se haga más grande. Y juega de los dos lados, para desestabilizar tanto México como EEUU con una mentira. En un momento, se divulgó que Andrés Manuel López Obrador también ponía tropas. Estos intentos de desestabilizar se dieron en las peleas entre Venezuela y Colombia o con el presidente Noboa de Ecuador y Maduro. Buscan que haya más odio entre el continente.

¿Qué piensa sobre la relación entre Trump y Putin?

—La gente piensa que el acercamiento de Trump a Putin por la guerra de Ucrania es un intercambio de intereses. No es que Trump está ofreciendo algo y Putin otra cosa. Es que Trump se está volviendo Putin. Está en esa lógica de sumar odio en absolutamente todo. En campaña, lo vimos con el tema de los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, que supuestamente comían gatos. Ante el debate de la inmigración, ese es su discurso. Eso es lo que hace Rusia.

Rusificación de EEUU

Ahora, como presidente, ¿también han identificado desinformaciones y campañas de propaganda tipo rusa en EEUU?

—Totalmente: el caso de la pelea entre la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca y un diputado francés sobre la Estatua de la Libertad. Ese es el típico movimiento que haría Putin. ¿Por qué la Casa Blanca va a pelearse con un diputado francés que no tiene casi relevancia? El diputado habla como el defensor de la democracia, de la fraternidad y la libertad, que es el símbolo de la estatua.  Entonces, toman este caso y lo hacen gigante para enfrentar a Europa. Otra situación: Trump quiere quitarle el caso al juez que emitió la orden para impedir que enviara los venezolanos a El Salvador.  Estamos viendo una rusificación de Estados Unidos.

¿Cómo llega este modelo Putin a Latinoamérica?

—Brasil es lo que he estudiado mejor. Putin es una persona idolatrada por todos lados de la política brasileña. La extrema izquierda ama a Putin porque es antiimperialista. Hay personas como el canciller, Marco Viera, o Marco Aurelio García, fundador del Partido de los Trabajadores PT —fallecido en 2017—,  para los que Putin es o era un protector del territorio en contra del yanquismo. Además, Lula y Putin se llevan bien. Lula lo invitó a Río de Janeiro ignorando la solicitud de arresto por Interpol en 2023. Por otro lado, el populismo y la extrema derecha ama Putin; antigay, es proarmas, es bélico, quiere matar a los traficantes. Toda esa lógica violenta de Putin cae muy bien a la extrema derecha brasileña. Y el centro no opina mucho, está más preocupado en estar en el poder.

Los tecno millonarios

¿Qué papel juegan los dueños de las redes sociales en el poder de la desinformación, el odio y la rusificación del mundo?

—Los tecno millonarios son el nuevo poder, algunos solo quieren más dinero, otros quieren poder político. Por ejemplo, Jeff Bezos quiere que le vaya bien Amazon, similar que los dueños de Google; es decir, no tienen la ansia de decidir sobre el planeta. Elon Musk y Mark  Zuckerberg, Tesla, X y Meta, están interesados en estar cerca del poder para poder controlar algún tipo de nivel político. Son peligrosísimos porque con tocar un botón pueden cambiar el planeta. Al alterar una coma en el algoritmo y cambian el tipo de información que tú recibes.

Ese poder lo demostró Zuckerberg con el giro que de las políticas de moderación de Meta. ¿Por qué cree que después de todas las inversiones y apoyo al proyecto contra la desinformación cambió sus posturas?

—El tipo entiende los aires y jugará conforme a ellos. Si sopla un viento fascista, pues se alineará al fascismo, si es liberal, se alineará al liberalismo. Los tecno millonarios saben ajustarse. Son empresarios, no son millonarios por nada, son inteligentes. Saben leer el contexto, lo que el poder decide y desea. Y juegan con eso. Ahora, lo que a nosotros nos toca es desarrollar una forma de escudo. ¿Cómo nos enfrentamos a la volatilidad de los tecnomillonarios, sus relaciones con el poder y sus intereses personales? ¿Cómo el planeta desarrolla esa capa de protección? Esto va desde la legislación hasta la educación, pasando por un montón de cosas. Pero va a tardar un montón.

Uno de los anuncios de Zuckerberg fue reemplazar los fact checkers por las notas comunitarias. ¿Qué tanto pueden ayudar a combatir la desinformación?

—Las notas comunitarias no funcionan basadas en lo que es verdadero y comprobable, sino en la idea de consenso. Si tú, yo y 80 personas más estamos de acuerdo con que el cielo es rosa, da igual que el cielo sea azul. El consenso es la verdad. Esto es inaceptable, el consenso generó el nazismo, el holocausto y  genera muchas cosas equivocadas. Ese es el motivo principal por el que las notas comunitarias son peligrosas y malas.

En Brasil, hice un estudio de las notas de comunitarias en portugués y solo un 8% de las notas propuestas por los editores efectivamente salen a la luz. Eso quiere decir que 92% han sido considerados inútiles o están, digamos, en el limbo esperando consenso. Las notas que salen a la luz son irrelevantes, como que Michael Jackson no ha muerto. Mientras tanto, las notas que están pendientes de aprobarse son notas que son sobre la eficacia de las vacunas. Con estas no hay consenso y  puede haber un juego de manipulación. El movimiento antivacunas está organizado dentro de notas comunitarias para impedir que esas notas salgan.

Desinformación e inteligencia artificial

El foro económico planteaba que la desinformación en el 2024, superaño electoral, era uno de los grandes riesgos para la democracia y más por la inteligencia  artificial.  ¿Qué tanto influyó en los procesos electorales y qué efecto tuvo en la democracia?

—Hay que tener muy en cuenta que  la decisión del voto se constituye por un montón de ingredientes, entre ellos la información. Ingredientes que van desde la educación, dónde vives, tu sexo, las emociones, tus intereses personales. Entonces, es muy difícil medir el impacto de la desinformación en el cambio del voto.

Pero la desinformación está presente, estará siempre. Es un juego político, eso ya es viejo y seguirá. ¿Qué es lo que tenemos? En el 2024, me asustó la posibilidad de desinformar con deepfakes, pero lo que terminó pasando me dejó más tranquila. Nosotros estábamos preparados para un 2024 lleno de IA, de que cambiaría todo. Si tú analizas todas las elecciones de 2024, no hubo ningún caso en el que las desinformaciones y la inteligencia artificial hayan sido definitivas o que hayan cambiado una elección. Ningún candidato que iba punteando una encuesta perdió por una desinformación.

¿Qué tanto se utilizó la IA en esas desinformaciones? ¿Identificaron la llegada masiva de deepfakes que se temía?

—Cuando hicimos un estudio en la API de Google, con todas las desinformaciones de 2024, el número de desinformaciones con IA no fue tanto. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Creo que ese año vimos un laboratorio de los desinformadores para identificar qué funcionaba y qué no. Por ejemplo, en EEUU las imágenes de Trump y los gatos, o las imágenes de propaganda de Milei como un león. Son pruebas para ver cómo reacciona la gente. En portugués se dice el balón (tubo) de ensayo. Esto quiere decir  que vamos a tener que seguir con nuestra angustia hasta los próximos años.

En el continente americano la libertad de prensa pasa por un momento crítico. A las amenazas y persecución de periodistas se suma la concentración de la prensa en pocos jugadores fuertes que ahogan o limitan severamente a los medios chicos o regionales. La incertidumbre asociada a la transición tecnológica y el creciente rol de las redes sociales no mejoran el panorama. Además, los regímenes autoritarios y la polarización de la sociedad constituyen un contexto desfavorable para un intercambio respetuoso de opiniones políticas, y animan a las personas a recluirse en la esfera privada.

Para la construcción de la democracia son indispensables los ciudadanos comprometidos no solamente con el voto, sino con la actividad política. “Es indispensable contar con sociedades informadas, que sean capaces de cuestionar y vigilar el actuar de sus gobernantes” escribe la periodista de investigación y documentalista Gloria Piña, de México. Piña se especializa en periodismo multiplataforma con enfoque en género, derechos humanos, migración, política y corrupción. Ha sido reconocida con premios como el Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos y el Premio Gabriel García Márquez.

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Piña concluye que resulta crucial “el papel de un periodismo libre, crítico e independiente. Es fundamental que los comunicadores asuman con responsabilidad su labor, ofreciendo un servicio público de información útil y veraz, que apueste por la ciudadanía y no por narrativas que solo benefician a los poderosos.”

Retroceso en Perú

También el vecino Perú experimenta un fuerte retroceso en materia de libertad de información. La periodista Mavila Huertas cita el informe de Reporteros Sin Fronteras que al cierre de 2024 constata un desplome de 48 puestos en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Huertas lideró programas políticos, fue conductora en Panamericana Televisión, dirigió documentales sobre la historia y patrimonio cultural peruano y moderó debates presidenciales. La autora explica que también la judicialización de la labor periodística y la transición digital afectan la labor periodística. La propia industria atraviesa un proceso de transformación hacia las plataformas digitales que en muchos casos ha golpeado económicamente a los medios.

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Además, recientemente hubo cambios sobre la legislación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Contiene elementos que podrían restringir indebidamente la libertad de asociación. Entre ellos, se encuentran la solicitud de requisitos administrativos desproporcionados y la necesidad de aprobación previa para los proyectos. Esto supone el control previo de actividades periodísticas.

Tensión en Argentina

La institucionalidad democrática atraviesa un período crítico por su debilidad y el descrédito por la difusión de noticias falsas y lentitud para encontrar soluciones urgentes a problemas agobiantes agravados por frecuentes hechos de corrupción.

El abogado y periodista argentino Diego Cabot, destaca que “la prensa y no la justicia ha sido la responsable de arrojar a la opinión pública los principales hechos de corrupción que se han conocido en los últimos tiempos”. Cabot se desempeña como Prosecretario de Redacción en el diario La Nación. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y posee posgrados en Flacso y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), institución en la que también ejerce como profesor en la Maestría en Periodismo. En 2024 participó en el Foro de Periodismo Democrático organizado por la KAS México

Analizando el caso de Argentina, Cabot subraya las desigualdades entre los grandes medios y los más chicos, en particular del interior de la república. Los medios más grandes de la Argentina tienen su camino en el periodismo pago (suscripciones y aporte de los lectores). Los medios del interior, que tienen aún una posibilidad publicitaria menor son prácticamente víctimas del sistema de la pauta pública.

Los desafíos no son distintos a los de otras épocas. La tensión entre el periodismo independiente y el poder nunca desapareció. Apenas cambia y muta, más o menos digital, más o menos agresiva. Y el periodismo debe prepararse una vez más para estar a la altura de semejante paradigma.

Ecuador, Chile y Colombia

En el Ecuador la inseguridad pasó a ser un factor de inseguridad y amenaza de la estabilidad. El periodista Milton Pérez destaca que la democracia se sostiene sobre pilares fundamentales: la libertad de prensa y el derecho a la información. En su actividad como productor ejecutivo de noticias, Pérez ha cubierto algunos de los eventos internacionales relevantes como la entrega del Canal de Panamá, la Guerra del Golfo, el terremoto en Haití. Entrevistó a figuras destacadas como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Condoleezza Rice y varios expresidentes de América Latina. Se lo considera un referente en el periodismo de investigación y la cobertura de asuntos internacionales. Pérez cita el informe de Insight Crime según el cual la tasa de homicidios en su país “en 2024 llegó a 38,8 por cada 100,000 habitantes y lo convierte en el país más violento de América Latina”.  

El chileno Tomás Mosciatti es abogado, comentarista político, locutor radial y presentador televisivo. Llama la atención sobre problemas de larga data no atendidos a tiempo. “Los grandes quiebres en los países comienzan cuando se manifiestan pequeños síntomas, a veces casi imperceptibles, que poco a poco crecen hasta hacerse evidentes», afirma. En el caso de Chile, el mercado de medios se concentró. Por lo que eso de “dejar actuar el mercado”, dice, comenzó a perder sentido en la ciudadanía. Y cuando a los mismos economistas que defendían ese principio se les pidió explicaciones, respondieron que el mercado chileno era muy pequeño para tolerar demasiados actores.

Ricardo Ospina es comunicador social y periodista especializado en periodismo de investigación. En particular, sigue los escándalos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos en Colombia. Ganó dos veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Según Ospina, la democracia está en riesgo ante el ascenso del populismo, el caldo de cultivo que conduce a regímenes autoritarios. América Latina y Colombia no son ajenos a ese fenómeno. Concluye que la innovación es clave para que el ejercicio del periodismo se mantenga como un pilar de la democracia. En ese sentido, promueve la unión de medios tradicionales con medios digitales para llegar a más personas con contenidos periodísticos bien elaborados. El fin es ofrecer suficientes elementos para la toma de decisiones en lo político, en lo económico y en lo social.

Defender a la prensa, defender la democracia

La libertad de prensa es ineludible para el funcionamiento de la democracia. Esta es desafiada por mecanismos de manipulación y noticias falsas en un contexto de debilidad institucional y una transición digital de recorrido incierto. La inseguridad que viven los periodistas a nivel personal afecta su independencia y capacidad de realizar su trabajo.

Es tarea de los demócratas defender la libertad de prensa tanto de las intromisiones desde el poder, como del mecanismo de manipulación y en particular la seguridad personal y laboral de los periodistas.

El 7 de abril de 2025, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió una orden o decisión (per curiam) respecto del recurso extraordinario interpuesto por el gobierno contra dos órdenes temporales de restricción dictadas por la Corte de Distrito de Columbia. Mediante las órdenes, se dispuso que no debía deportarse a ninguno de los cinco venezolanos demandantes, sujetos a deportación con base en la Ley de Enemigos Extranjeros (LEE) de 1798. Tampoco, gracias a una acción de clase provisionalmente certificada, a otros no ciudadanos que se hallaran bajo custodia de EEUU bajo la LEE.

En una de las órdenes de la Corte, se precisaba que no podían despegar aviones con personas deportadas en tales condiciones y que debían volver al país los que ya hubieran despegado.

El caso conocido por la Corte de Distrito tiene como trasfondo la deportación a El Salvador de más de doscientos venezolanos. Supuestamente, pertenecían al Tren de Aragua, grupo considerado organización terrorista internacional por el Departamento de Estado de EEUU. De acuerdo con un acto de Proclamación expedido por el presidente, Donald Trump, en el marco de la LEE, el grupo habría invadido a EEUU por voluntad del régimen venezolano.

La Suprema Corte decidió revocar las órdenes emitidas por la Corte de Distrito, justo cuando el procedimiento ante esta última Corte se encontraba en su fase conclusiva, con una audiencia de fondo ya fijada, para el día siguiente al del pronunciamiento de la Suprema Corte. Aquí comienzan los problemas que plantea la actuación de este alto tribunal.       

Alevosía en el gobierno

El gobierno federal preparó cuidadosamente la operación de expulsión masiva de estos venezolanos. El voto disidente de la jueza Sonia Sotomayor y de los otros jueces de la Suprema Corte que se adhirieron en todas sus partes, puso de manifiesto que, antes de que se hiciera pública la invocación de la LEE por Trump, que requiere publicidad indispensable para su aplicación, autoridades de seguridad habían comenzado a trasladar a migrantes venezolanos desde distintos centros de reclusión a lo largo del país hacia un centro de detención de Texas. Todo esto, sin que fueran puestos en conocimiento del objeto del traslado.

Ocurrió luego, durante su reclusión con fines de deportación. Fue el día anterior al previsto para efectuarla, sin que se les indicara el destino al que serían deportados. En una carrera motivada por el propósito de lograr hechos cumplidos antes de una reacción judicial, se dejó de lado el procedimiento migratorio ordinario y se realizaron coordinadamente los traslados.

La Suprema Corte no dijo nada en su decisión. También guardó silencio sobre una circunstancia inseparable de los hechos bajo análisis. Lo que estaba en discusión no era una simple orden de deportación, sino una orden de expulsión y traslado a El Salvador. Los afectados serían recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con riesgo de privación arbitraria de la libertad, torturas o perjuicios mayores contra los detenidos. El voto disidente insiste en este peligro de vulneración de derechos humanos. El antecedente de estas medidas es un acuerdo de recepción de migrantes con antecedentes penales, entre El Salvador y EEUU en febrero de este año.

¿Principios sin derechos?

La mayoría concurrente de la Suprema Corte evitó referirse a hechos que hubieran puesto de manifiesto las insuficiencias de su decisión. Anuló las órdenes provisionales que había emitido la Corte de Distrito. Sostuvo que, al haberse aplicado la LEE, la revisión judicial es limitada y las deportaciones correspondientes solo podían cuestionarse judicialmente. ¿Cómo?: mediante un habeas corpus, no siendo esta la vía procesal seguida ante la Corte de Distrito. Además, en habeas corpus la competencia territorial recae sobre un juez del lugar de la reclusión —Texas — y no el Distrito de Columbia.

Pese a anular tales órdenes, la Suprema Corte aseveró que los afectados por la aplicación de la LEE tienen derecho a revisión judicial mediante el habeas corpus, en lo concerniente a la constitucionalidad de la ley y a su correcta interpretación. Se declaró, asimismo, que los detenidos deben ser notificados oportunamente de que van a ser objeto de deportación de acuerdo con la LEE. Implica tiempo razonable y una forma adecuada, para permitir la presentación de habeas corpus antes de que ocurra la deportación.

Con estas salvedades sobre principios constitucionales, pudiera parecer que la resolución anulatoria de las órdenes provisionales atendió equilibradamente las posiciones enfrentadas. Prevalecieron los principios del debido proceso y la revisión judicial, mientras no objetó la invocación por el Gobierno Federal de la Ley de 1798. De hecho, tanto el Gobierno Federal como una organización de defensa de derechos civiles celebraron la decisión. Sin embargo, en una valoración de conjunto del pronunciamiento judicial, que considere su contexto y los hechos del caso, el balance no resulta positivo. 

Objeciones de la anulación

Es dudoso que el habeas corpus ofrezca suficientes posibilidades de revisión judicial ante detenciones y órdenes de deportación inscritas en la LEE. Las barreras idiomáticas y de acceso a la asistencia jurídica, en demandas interpuestas caso a caso, pueden ser un obstáculo. Contrasta, por ejemplo, con las acciones de clase de alcance federal. Existe el peligro, además, de que se escoja el lugar de detención para deportación en función de la postura ya conocida de un juez o una corte de la localidad sobre los temas migratorios.  

Por otro lado, el mensaje institucional implícito de la Suprema Corte en su decisión del 7 de abril es que Trump puede continuar su política de expulsar migrantes venezolanos con apoyo de la LEE. Esto no guarda relación con la posible actuación criminal de miembros del Tren de Aragua. Encubre, en realidad, una expulsión colectiva de extranjeros internacionalmente proscrita por la ausencia de individualización en cuanto a la supuesta conducta delictiva perpetrada. También se respaldó tácitamente la implementación del acuerdo destinado a lograr el traslado de tales migrantes al CECOT. Claro, sin garantías de ningún tipo para sus derechos y sometidos a una privación de libertad que resulta arbitraria, al no estar subordinada al desarrollo de un proceso penal ante juez competente ni al cumplimiento de una condena.

También es objetable la falta de consideración de la Suprema Corte sobre la situación de los migrantes beneficiados por la protección provisional otorgada por la Corte de Distrito. Podía ser confirmada y precisada si se hubiera permitido la celebración de la audiencia final y emisión de la sentencia en la Corte de Circuito. Al adoptarse la decisión de la Suprema Corte, ya se había producido la expulsión a El Salvador. La interposición del habeas corpus, a fin de impedir la deportación, ya no era una opción.

La Suprema Corte ni siquiera ponderó que los traslados y privaciones de libertad para las deportaciones se realizaron antes de proclamarse pública la LEE. Por lo que no es sostenible que la revisión judicial era limitada y estaba circunscrita a las competencias de habeas corpus, como aludió la decisión. La actuación oportuna de la Corte de Distrito de Columbia impidió que fuera mayor el número de los deportados a El Salvador para ser recluidos en el CECOT. Pese a que se estima que no hubo pleno cumplimiento de lo ordenado.

Papel de la judicatura ordinaria

Con todo, pueden cifrarse esperanzas en las cortes ordinarias. Por ejemplo, instadas por organizaciones de defensa de derechos de los migrantes, como lo demuestra la orden temporal de suspender deportaciones dictada el 9 de abril por la Corte de Distrito de Colorado, suscrita por un juez nominado en su día por Trump, en beneficio de los individuos accionantes, ahora vía habeas corpus, y de otros venezolanos recluidos en el Centro de Detención de El Valle con miras a su deportación con base en la LEE. El proceso sigue su curso y puede dar lugar a un examen de constitucionalidad. Y, eventualmente, a una nueva intervención de la Suprema Corte, en la que esta se vea obligada a abordar lo que inicialmente eludió. Pueden iniciarse también procesos por desacato a órdenes dictadas.

El 19 de abril, se emitió una orden por la Suprema Corte ante la solicitud de una medida judicial de emergencia frente al riesgo de la inmediata deportación de venezolanos sin proporcionar las debidas garantías, en un caso que cursa ante cortes del Quinto Circuito judicial. Ojalá esto conduzca a una rectificación o clarificación. Mucho está en juego en términos de Estado de derecho y de derechos humanos. Deben ser respetados por EEUU y El Salvador, como también en Venezuela.

El caso de un salvadoreño deportado por error a El Salvador y detenido en el CECOT extremó las tensiones. Ante esto, conviene recordar que no toca a los jueces facilitar salidas honrosas al gobierno por hechos antijurídicos que este pretende hacer irreversibles. La Justicia debe resguardar con efectividad los derechos frente al abuso de poder.

Donald Trump cumplió cien días como presidente de Estados Unidos. Pero la experiencia vivida parece haber durado 1.460 días, el equivalente a un período completo. Esta percepción tiene sentido si se considera que, entre el 20 de enero y el 24 de abril de su segunda administración firmó 139 órdenes ejecutivas, 37 memorandos y fue protagonista de 39 proclamaciones. Un ritmo frenético que proyecta la imagen de un poder de mando imponente desde la Casa Blanca.

Todo esto, además, como un influencer en redes sociales. The Economist contabilizó el equivalente a unas 4.150 palabras semanales en su red social Truth Social y en X, según un artículo del 24 de abril. Si mantiene este ritmo, al final del mandato, habrá superado el volumen de palabras de la obra En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Se trata de un estilo de comunicación presidencial sin mediaciones institucionales, cara a cara con el pueblo virtual.

Popularidad en descenso

La saturación y el salto constante de un tema a otro hacen casi imposible realizar un seguimiento meditado de un conjunto de reformas que tensionan el papel del Estado y las políticas sociales (cuyas raíces se remontan al New Deal y al proyecto de la Gran Sociedad), mientras impulsan un giro copernicano en política exterior.

Los ciudadanos estadounidenses ya tienen una impresión clara sobre el talante de su 47.º presidente en el manejo de la cosa pública. En ese sentido, una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos, publicada el domingo 27, muestra que el 39 % de los adultos estadounidenses aprueba la gestión de Trump. El 55 % que la desaprueba; un 44% de ellos la desaprueba firmemente. En febrero, esas cifras fueron del 45 % positivas y del 53 % negativas.

Probablemente, lo más impactante para el líder republicano sea que representa el índice de aprobación más bajo que el de cualquier presidente anterior al cumplirse cien días de su primer o segundo mandato.

El gato y el láser

Debe reconocerse el esfuerzo periodístico por hacer comprensibles estos procesos. Pero los medios no pueden evitar que una opinión pública desbordada caiga en la trampa de la superficialidad. Cada nueva acción reemplaza rápidamente a la anterior en la atención, dejando escaso margen para reflexionar sobre el verdadero significado de cada reforma trumpista.

El decano de la Escuela de Periodismo de Columbia, Jelani Cobb, en un conversatorio reciente organizado por el Instituto Reuters, comparó ese fenómeno con el juego del gato y el puntero láser. El gato se siente atraído por el movimiento rápido y errático del punto de luz, que nunca logra alcanzar. De manera similar, al enfocar su atención en una acción de Trump, los medios se ven impulsados a centrarse en otra y luego en otra. Un ciclo incesante.

El periodo de cien días es breve para medir resultados. Pero suficiente para lanzar todas las antiguas certezas en una licuadora, como escribió Mark Leonard del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. ¿Qué certezas? Las que cimentaron a Occidente y establecieron a EEUU como su faro.

Las reformas abarcan temas complejos y diversos. Como el Estado federal, la educación, la energía y el medio ambiente, la salud, la inmigración, la policía y la justicia penal, la tecnología, el comercio y los aranceles. No todos son igual de controversiales ni fáciles de evaluar en menos de cuatro meses de gobierno. Pero, además, se presentan con una forma controvertida de ejercer el arte del buen gobierno. Se acerca más a la de un rey que emite edictos que a la de un jefe de Estado republicano que propone leyes al Congreso.

Resuelto “el primer día”

Durante la campaña electoral, Trump afirmó más de medio centenar de veces que pondría fin a la guerra rusa contra Ucrania el “primer día” de su Presidencia.

Sin embargo, no ocurrió. Su enfoque incluía dejar de apoyar a Ucrania como lo había hecho el gobierno demócrata de Joe Biden. En los hechos, terminó debilitando la defensa militar de Kiev. La escandalosa  y fallida reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sentado prácticamente en el banco de los acusados, fue un espectáculo deplorable. La aparente condescendencia de Trump hacia el tirano ruso, Vladimir Putin (a quien le cede la derecha en quedarse con territorios del Este y Sureste de Ucrania en un eventual acuerdo de paz) hizo el resto para frustrar cualquier alto el fuego. Mientras, Rusia redobla sus ataques contra el país invadido.

No logró resolver el conflicto en sus primeras 24 horas en la Casa Blanca, como había prometido. Con cien días de gobierno, lejos de avizorarse una salida digna, el escenario parece cada vez más favorable para Rusia. Si fuera por Putin, se quedaría con todo el país invadido.

¿Habrá un cambio a partir de la sorpresiva reunión de Trump y Zelenski en la Basílica Vaticana en el funeral del Papa Francisco? Las fotos históricas que captaron el momento podrían sugerir un atisbo de esperanza. Pero, con un Trump impredecible, nunca se sabrá hasta que finalmente ocurra.

President Trump sat down to meet privately with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in St. Peter’s Basilica in Vatican City this morning. pic.twitter.com/QChPiZRKzM

— The White House (@WhiteHouse) April 26, 2025

“Nos besan el trasero”

Un cuestionario con una pregunta concreta sobre la imposición de aranceles a medio mundo, probablemente haría dudar a más de uno. Los vaivenes del presidente en esta cuestión, por ahora, se cristalizaron en impuestos aduaneros del 10 % a todos los países que le venden bienes y en tasas adicionales de hasta el 145 % a productos chinos. Se trata de un instrumento de protección económica. La Casa Blanca cree posible el renacer del cinturón del óxido y la creación de empleo en la otrora poderosa industria manufacturera. Aunque, en realidad, el área perdió peso frente al sector servicios, especialmente los tecnológicos de Silicon Valley, donde EEUU tiene claras ventajas comparativas.

Trump construyó un relato romántico, animado por el voluntarismo que, a la larga, podría volver como un bumerán contra la propia población que busca proteger. Hay coincidencia en que este proteccionismo mercantilista provocará una caída del nivel de actividad, presiones inflacionarias y serias dificultades para atraer inversiones ya afianzadas en el exterior por el funcionamiento de las cadenas de valor del comercio mundial. Son capitales que, además, en caso de llegar, demorarán mucho tiempo en madurar, probablemente cuando Trump ya esté lejos de la Casa Blanca.

Adiós multilateralismo

Muchas veces queda relegado el potencial efecto pernicioso de los aranceles, tanto en su fondo como en su forma, desde el punto de vista político. El comercio, como ya advertía Kant, es una poderosa herramienta para la paz y el entendimiento entre las naciones. Las relaciones comerciales no solo fomentan el crecimiento económico, sino que también abren canales de diálogo político y diplomático, además de afianzar alianzas naturales. Pues bien, Trump fracturó todo eso: no solo recurrió a una medida extemporánea, sino que lo hizo de manera unilateral, debilitando la arquitectura multilateral. Estropeó parte de una construcción que, si bien necesita reformas, sigue siendo uno de los mejores caminos para promover el desarrollo económico y la estabilidad política internacional, entre los países donde existen posibilidades reales de entendimiento mutuo.

En este contexto, la actitud desafiante de Trump, al imponer la barrera proteccionista, avivó aún más un incendio de proporciones considerables. “Estos países que nos están llamando, nos besan el trasero”, declaró este mes durante una conferencia partidaria, refiriéndose a la Unión Europea, México y Canadá, que adoptaron una postura negociadora con la administración republicana.

La motosierra federal

El elevado gasto federal fue una de las prioridades de Trump desde su campaña electoral, visto como un lastre para la economía. En términos generales, esta postura es coherente con cierta tradición republicana. Su exponente más reciente fue Ronald Reagan, que implementó un plan para reducir el peso del Estado.

Pero probablemente a Reagan le llamaría la atención la forma en que su colega Trump impulsa un severo ajuste, orientado a recortar alrededor de dos billones de dólares en dos grandes frentes. Por un lado, busca reducir la burocracia para bajar el gasto público y reconfigurar el Estado federal. Según su visión, contraria a la llamada cultura woke y a otros enfoques, deben eliminarse las políticas climáticas o las migraciones. Por otro lado, busca hacerlo a través de una suerte de organización tercerizada: el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Es liderado por Elon Musk, que desembarcó con más de 60 expertos informáticos. Además, parece inspirado en las tácticas que aplicó en la reestructuración de Twitter (rebautizada X).

Desde su despacho en la Casa Blanca, el hombre más rico del mundo y principal donante individual de la campaña de Trump (con casi 290 millones de dólares), accedió de forma directa y privilegiada a agencias y oficinas gubernamentales. Logró desentrañar su funcionamiento para iniciar su desmantelamiento.

El papel de Elon Musk

La velocidad y fuerza con que Musk encaró la tarea, en una línea muy similar a la de su jefe Trump, obnubiló el resultado concreto de la ofensiva con motosierra. El recorte llegó a U$D 150 mil millones, muy por debajo de su objetivo original. El propietario de X sufre un desgaste por enfrentamientos con figuras como Marco Rubio (secretario de Estado), Scott Bessent (Tesoro), Sean P. Duffy (Transporte) y el asesor económico Peter Navarro.

Una investigación de Washington Post encontró un amplio apoyo oficial al combate a la burocracia federal, pero no la forma agresiva y sobre todo antojadiza con que Musk lideró el plan de ajuste. Parece que su estadía en la Casa Blanca será breve. En apariencia, se atribuye al mal desempeño de Tesla, cuyas ganancias en el primer trimestre de 2025 disminuyeron 71%, en comparación al mismo período del año anterior. “Probablemente en el próximo mes, mi asignación de tiempo a la DOGE disminuirá significativamente», anunció el martes 22 de abril al conocerse el desastroso resultado de una de sus compañía estrella. En parte, pudo haber ocurrido por su estrecho vínculo con Trump y su apoyo a grupos de extrema derecha en Europa.

¿Caza de brujas?

La beligerancia de la administración republicana contra los migrantes es comparable al macartismo en términos de estigmatización y del uso del aparato estatal para perseguir a grupos definidos como “amenazas internas”.

Desde el mismo 20 de enero, a golpe de órdenes ejecutivas, el mandatario estadounidense declaró la emergencia nacional en la frontera Sur. Otorgó amplias facultades a las autoridades federales de inmigración para detectar a extranjeros indocumentados. Incluso en lugares hasta ahora considerados sensibles, como iglesias, escuelas y sus alrededores. Crece además el temor de que estas medidas puedan extenderse a pacientes en hospitales, un espacio históricamente protegido.

En total, la administración Trump tomó 175 medidas para implementar la política antiinmigración hasta el 22 de abril, según un conteo del Instituto de Política Migratoria (MPI, por su sigla en inglés). Para implementar la política de mano dura, se creó un nuevo cargo en la Casa Blanca: director ejecutivo asociado de Operaciones de Cumplimiento y Remoción de la Casa Blanca, ocupado por Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”.

A la revocación de programas humanitarios reconocidos como CBP One, el Estatus de Protección Temporal y otros similares, la Casa Blanca sumó un decreto que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Constitución. Aunque su implementación está detenida por fallos judiciales que la Corte Suprema revisará el próximo mes.

Lucha contra los migrantes

La acción represiva más impactante es la ejecución de vuelos de deportación de inmigrantes indocumentados a sus países de origen. Las imágenes de estos deportados, circularon por todo el mundo y provocaron protestas en América Latina debido a las condiciones de los traslados y a la dudosa legalidad de los procedimientos. Para cumplir con su prédica antiinmigrante, la administración acudió a las Fuerzas Armadas, agencias y bases de datos federales, y a las fuerzas del orden, estatales y locales. Incluso se amparó en leyes pensadas para tiempos de guerra.

Un reciente análisis del MPI, una organización sin fines de lucro con sede en Washington D.C., indicó que los arrestos por inmigración aumentaron “significativamente”. Pero, el ritmo de las deportaciones sigue siendo insuficiente para cumplir con la ambiciosa meta del gobierno de expulsar a un millón de inmigrantes indocumentados. Con base a información oficial, estima que este año se podría alcanzar  aproximadamente a medio millón de personas. La cifra es menor a las 685.000 deportaciones registradas en el año fiscal 2024 bajo la presidencia de Joe Biden. Representa la mitad de la meta de los inmigrantes sin papeles que pretende expulsar la Casa Blanca para este año, de un universo aproximado de 11 millones.

En la reducción del ingreso de inmigrantes puede decirse que la campaña de Trump fue exitosa, al menos en términos de sus propios objetivos. En marzo, por ejemplo, la Patrulla Fronteriza detectó unos 7.000 intentos de ingreso por la frontera con México, donde están apostados unos 10.000 soldados. Se trata de la cifra más baja, por lo menos, desde el año 2000.

Pasando raya

En las elecciones presidenciales de noviembre pasado, Trump convenció a una amplia mayoría de estadounidenses de que su predicamento, Make America Great Again, merecía una segunda oportunidad. Una bandera que ondea con un nacionalismo incompatible con el liberalismo, con el «America First!» que significa que EEUU tiene todo el derecho del mundo a priorizar sus intereses por encima del de los demás.

Aunque el éxito o fracaso de una gestión se aprecia al final del mandato, la receta con la firma de Trump no está dando los resultados prometidos a los cien días de iniciar su revancha.

El Partido Liberal venció en las elecciones parlamentarias en Canadá, bajo el liderazgo de Mark Carney, luego de vivenciar una campaña y jornada electoral marcada por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la soberanía de Canadá. 

Con 43,5% de los votos, Carney —político de 60 años, que, sin ocupar antes un cargo electivo, asumió como primer ministro hace un mes para reemplazar a Justin Trudeau— se impuso a su principal opositor del Partido Conservador, Pierre Polievre, que recibió 41,4% de apoyo. 

De todos modos, Carney no alcanzó la mayoría parlamentaria de 172 escaños. Según los resultados preliminares del instituto electoral canadiense, los liberales lideran con 168 escaños, seguidos por el Partido Conservador con 144, el Bloque Quebequés con 23, NDP con 7, y un escaño del Partido Verde.

Impacto del factor Trump

La votación se desarrolló en el nuevo contexto de la guerra comercial iniciada por Trump y sus amenazas de anexionar a Canadá. De hecho, el presidente estadounidense reafirmó su provocación sobre la soberanía del país durante la jornada electoral. “Elijan al hombre que tiene la fuerza y la sabiduría para reducir sus impuestos a la mitad, aumentar su poder militar, de forma gratuita, al nivel más alto del Mundo; hacer que su Automóvil, Acero, Aluminio, Madera, Energía, y todos los demás negocios, se CUADRUPLIQUEN en tamaño, CON CERO ARANCELES O IMPUESTOS, si Canadá se convierte en el apreciado 51º Estado de los Estados Unidos de América”, publicó ayer en su red Truth Social.

La guerra comercial y las amenazas a la soberanía canadiense se instalaron en los temas de la campaña electoral. Algunos medios incluso constatan testimonios de electores que, con la intención de votar por el cambio, apoyaron a Carney por su postura en el enfrentamiento contra Trump. 

Durante meses, los conservadores lideraron las encuestas con hasta 25 puntos de ventaja sobre los liberales. Contra lo woke, la cooperación internacional —como la Unrwa—, los llamados impuestos de carbono y un foco en problemas internos, como vivienda, economía y migración, Poilievre parecía encaminarse a ser el próximo primer ministro con su agenda conservadora.

Sin embargo, Carney reforzó su discurso en respuesta a las medidas arancelarias y amenazas de Trump. Dirigió los bancos centrales de Canadá y Reino Unido e hizo campaña asegurando que su experiencia en los medios financieros lo posicionaban como buen líder para defender a Canadá en la guerra arancelaria. A la par, se observó un cambio en los sondeos de opinión pública. 

Aliados internacionales

En las últimas horas de la jornada electoral, Carney se refirió a la “nueva realidad” con EEUU y defendió la independencia canadiense. “Nuestra antigua relación con Estados Unidos, una relación basada en una integración cada vez mayor, se acabó”, dijo en Ottawa. “Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro país. No son amenazas vanas. El presidente Trump está tratando de doblegarnos para que Estados Unidos pueda ser nuestro dueño. Eso nunca sucederá”, remató.

En este marco, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, expresó en X que espera “construir una alianza aún más fuerte y más justa” con Canadá. Con un tono similar, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a Carney por su victoria electoral. Expresó que el vínculo entre Europa y Canadá “se está haciendo más fuerte”.

Congratulations to @MarkJCarney and the Liberal Party on their election victory.

The bond between Europe and Canada is strong — and growing stronger.

I look forward to working closely together, both bilaterally and within the G7.

We'll defend our shared democratic values,…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 29, 2025

Elecciones anticipadas

El 6 de enero de 2025, con señales de popularidad en decadencia y presiones internas, el exprimer ministro Justin Trudeau anunció su renuncia luego de una década en el poder. Carney lo sustituyó como ministro interino y en marzo anunció la jornada de elecciones anticipadas que, en realidad, estaban fijadas para el 20 de octubre. 

El sistema electoral canadiense, inspirado en el británico, se basa en un esquema parlamentario llamado first-past-the-post. Los electores no eligen directamente al primer ministro, escogen a los miembros del parlamento. El candidato con más votos en su distrito, aún sin mayoría absoluta, gana el escaño. De este modo, el partido con más representantes electos queda favorecido para formar el gobierno.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos con propiedades únicas que, en últimas décadas, cobraron protagonismo por su impacto en la geopolítica. Aunque su descubrimiento no es reciente, su importancia geoestratégica se disparó con el desarrollo acelerado de tecnologías avanzadas y la transición energética global.

A diferencia de otros minerales cuya producción está relativamente diversificada, las tierras raras dependen de una geografía limitada y de una capacidad tecnológica de refinamiento altamente especializada, dominada actualmente por China.

¿Cuáles son estos elementos? Los nombres no resultarán familiares: Lantano (La), Cerio (Ce), Praseodimio (Pr), Neodimio (Nd), Prometio (Pm), Samario (Sm), Europio (Eu), Gadolinio (Gd), Terbio (Tb), Disprosio (Dy), Holmio (Ho), Erbio (Er), Tulio (Tm), Iterbio (Yb), Lutecio (Lu), Escandio (Sc) e Itrio (Y).

Tecnología y desorden global

El nuevo protagonismo de las tierras raras debe entenderse en el marco de tres grandes transformaciones del sistema internacional. Estos son: la aceleración tecnológica, el desorden global creciente y la intensificación de la rivalidad estratégica entre potencias. En este escenario, el control de recursos críticos se ha convertido en una prioridad nacional, tanto para sostener la competitividad económica como para garantizar la seguridad y autonomía estratégica. 

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La definición de qué constituye un mineral crítico depende de cada país y sus prioridades tecnológicas, industriales o militares. Así, aunque el litio, el grafito, el níquel y el cobalto no pertenecen al grupo de tierras raras, su rol en la transición energética los convierte en minerales igualmente vitales. Todos estos recursos resultan esenciales debido a su papel en tecnologías de punta: desde turbinas eólicas, autos eléctricos y teléfonos inteligentes hasta sistemas de defensa, satélites, misiles guiados y computación avanzada como la inteligencia artificial.

Precios bajos como estrategia

La competencia por estos materiales es tan estratégica como la carrera por el conocimiento o control territorial. En este terreno, China logró consolidar una ventaja estructural. No solo concentra entre el 60% y 70% de la producción global de tierras raras. También controla cerca del 90% de su procesamiento. Esta posición no es fruto del azar, sino el resultado de una política industrial sostenida que priorizó la captura de eslabones de alto valor agregado y el dominio de tecnologías emergentes.

A lo largo del tiempo, China mantuvo los precios artificialmente bajos, una táctica que desincentiva la competencia internacional y refuerza su posición hegemónica en el sector. A ello se suma su participación directa en proyectos mineros en Asia, África y América Latina, lo que le permite ejercer un control geográfico ampliado sobre las principales rutas de suministro a nivel global.

Esta concentración representa una vulnerabilidad estructural para Occidente, especialmente para Estados Unidos, que externalizó parte significativa de sus capacidades productivas a China en las últimas décadas. Este escenario despertó preocupaciones crecientes en Washington, motivando una agenda activa para asegurar fuentes alternativas de abastecimiento.

No es casual, por ejemplo, el renovado interés estratégico sobre regiones como Groenlandia, Canadá y, en menor medida, América Latina, así como el reposicionamiento de prioridades en el conflicto de Ucrania y el tan discutido acuerdo propuesto por la administración de Donald Trump, que plantea garantizarle a Estados Unidos el acceso preferencial a ese 5% de las reservas mundiales de materias primas críticas que posee el territorio ucraniano a cambio de garantías de seguridad.

Vulnerabilidades: concentración y ambiente

La cadena de suministro de tierras raras está marcada por una doble fragilidad. Por un lado, la concentración geográfica de la producción y el refinado. Por otro, las barreras económicas y ambientales para desarrollar capacidades alternativas. Extraer tierras raras no es solo costoso, sino contaminante. Estos minerales suelen encontrarse junto a elementos radiactivos como el torio y el uranio, y su separación exige el uso de productos químicos tóxicos.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), entre 2015 y 2023 la demanda global de tierras raras magnéticas casi se duplicó. Se prevé que la demanda en 2040 podría ser entre tres y siete veces superior a la actual. A pesar de que la AIE considera que el riesgo de déficit de tierras raras es menor que el de otros metales —como el cobre o el litio—, alertó sobre la “extrema concentración geográfica” de los proyectos actuales y futuros de extracción y refinamiento.

En paralelo, existen obstáculos ambientales y sociales que complejizan la expansión de la extracción. Algunos países europeos, como España, poseen reservas de tierras raras, pero las restricciones ambientales impiden su explotación debido al uso de químicos tóxicos y la posible contaminación radiactiva asociada. Esta paradoja —tener los recursos, pero no poder extraerlos— profundiza la dependencia hacia regiones con regulaciones más laxas o gobernanza más débil.

América Latina y lo geoestratégico

La región latinoamericana dispone de un gran potencial para la exploración y aprovechamiento de tierras raras. Si bien estos elementos están distribuidos de manera desigual en el planeta, Brasil se posiciona como el tercer país con mayores reservas a nivel mundial, lo que lo convierte en un actor relevante en la reconfiguración de las cadenas de suministro globales. Además, la presencia de otros minerales críticos —como el litio en Argentina, Bolivia y Chile— refuerza el valor estratégico de la región frente a la creciente demanda global de insumos para tecnologías limpias y digitales.

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A pesar del potencial, el desarrollo de proyectos extractivos en Brasil no ha avanzado al ritmo que exige el mercado internacional. Mientras tanto, otros países de la región han comenzado a posicionarse. Chile cuenta con iniciativas de exploración en curso, y República Dominicana ha creado recientemente la empresa pública Minera Dominicana S.A. con el objetivo de fomentar la exploración y explotación de minerales estratégicos.

Incentivo económico

La posibilidad de integrarse a las cadenas globales de suministro representa un incentivo importante para las economías latinoamericanas, muchas de las cuales han profundizado su orientación hacia modelos extractivistas como vía principal para atraer inversión extranjera. Sin embargo, esta estrategia aún enfrenta serias limitaciones. Por un lado, la región arrastra una deuda pendiente en materia de regulación ambiental y social, necesaria para garantizar un desarrollo sostenible. Por otro, las restricciones tecnológicas y de infraestructura impiden, en muchos casos, avanzar hacia una participación más activa y soberana en los eslabones de mayor valor agregado de la cadena productiva.

América Latina, en este contexto, ocupa una posición ambigua. Posee un gran potencial como reservorio de minerales críticos, pero carece de una estrategia regional concertada que le permita capitalizar esa riqueza en términos de desarrollo, autonomía y sostenibilidad.

Aprovechar esta ventana de oportunidad exigirá fortalecer la gobernanza de los recursos naturales, avanzar en capacidades tecnológicas propias y establecer marcos regulatorios robustos que equilibren el aprovechamiento económico con la protección ambiental y el respeto a las comunidades locales. Integrarse de forma estratégica en las cadenas globales de suministro de minerales críticos será uno de los mayores desafíos de la región en un sistema internacional cada vez más competitivo, volátil y fragmentado.