El debate sobre la nueva relación que Centroamérica y la Unión Europea están construyendo procura contribuir a ubicar dicha relación en el contexto de la realidad de un siglo XXI, en el cual la globalización y la sociedad del conocimiento desafían a todos los países a escala mundial.

La actual relación de Centroamérica y Europa se basa en la que surgió a mediados de los ochenta, la cual evolucionó gradualmente a partir de la I Conferencia Ministerial entre ambas regiones, que tuvo lugar en 1984, en San José, Costa Rica. En esta Conferencia se fundó el llamado “Diálogo de San José”, por medio del cual la Unión Europea acompañó a la región durante todo lo que fue el proceso de pacificación de Centroamérica. Ello facilitó, por ejemplo, los aportes de cooperación no reembolsable que Centroamérica recibió de los europeos en los últimos veinte años, permitiéndole a la región desarrollar una serie de programas tanto a escala regional como a escala nacional, especialmente, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras.

El inicio de la negociación del Acuerdo de Asociación entre ambas regiones, en octubre de 2007, nuevamente en San José, Costa Rica, fue el paso para empezar a construir una nueva etapa. La meta es finalizar esta negociación en el transcurso del 2009. Cuando este Acuerdo entre en vigor, se consolidará la relación entre ambas regiones por medio de este.

Publicación: 2009

ISBN: 978-9968-512-06-0

Editorial: Lea

Autores: Doris Osterlof Obregón, Miguel Hakim Simón, Pedro Caldentey del Pozo y Stefan Meyer

A pesar de los avances realizados por diversos países para reducir o aliviar la pobreza en las últimas décadas, los resultados no siempre son satisfactorios. En algunos casos la pobreza se puede reducir como porcentaje de la población, pero puede aumentar en términos absolutos como consecuencia del crecimiento poblacional. En otros casos puede reducirse en términos relativos y absolutos, pero las sociedades se vuelven más exigentes en la urgencia de reducir o aliviar la pobreza. Con diversos énfasis en los países hay desencanto porque las fuerzas reductoras de la pobreza no cumplen su papel con fuerza y velocidad.

Por un lado, hay desencanto porque los mercados y el crecimiento económico no parecen efectivos en la reducción de la pobreza o no lo son con la velocidad e intensidad deseada. Por otro lado, hay críticas porque las políticas diseñadas por los Estados no hacen mucho por los pobres o no lo hacen tampoco con la velocidad e intensidad deseada. Costa Rica no es una excepción a este fenómeno. Por esta razón los autores, miembros de la Academia de Centroamérica, con el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer se han avocado al estudio de las políticas de combate a la pobreza en Costa Rica, tanto desde la perspectiva de un diagnóstico, como de la exploración de las posibilidades de encontrar líneas generales de mejoramiento de la eficacia de las políticas.

Publicación: 2010

ISBN: 978-9977-21-088-9

Autores: Víctor Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez

Editorial: Academia de Centroamérica

La formación ciudadana contribuye al desarrollo de capacidades para la vida en democracia, en la medida en que facilita la
construcción de nuevos espacios de trabajo conjunto entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. En estos espacios las voces ciudadanas cobran importancia, particularmente por su efecto transformador, como un aporte al logro de los objetivos de los programas gubernamentales.

Este ejercicio de construcción de la democracia permite que los ciudadanos puedan contribuir al mejoramiento de la gestión
pública; mediante el suministro útil de información para detectar situaciones de ineficiencia administrativa y de posibles hechos de corrupción.

Tal propósito requiere que los ciudadanos cuenten con conocimientos, valores, actitudes y habilidades para el ejercicio activo de la ciudadanía y de la democracia. Además, una verdadera democracia requiere de canales institucionales óptimos y permanentes que faciliten el diálogo entre los funcionarios públicos y los ciudadanos.

Estos canales deberán estar basados en las políticas institucionales, en la ética de los funcionarios públicos y en el
marco constitucional. En relación con las políticas institucionales, estas deben responder a un claro sentido de apertura y de relación con los ciudadanos y las ciudadanas, así como con sus organizaciones.

Además, deben establecer programas e iniciativas de trabajo conjunto orientadas a facilitar su participación en el mejoramiento de la gestión pública.

En relación con la ética de los funcionarios públicos, es necesario considerar que la institución pública representa una comunidad moral, en tanto que sus fines son legítimos y su sistema de valores normativos se muestran en la cultura organizacional, a través de procesos de diálogo en la construcción de acuerdos coherentes con las expectativas sociales.

En relación con el marco constitucional, reconocer desde la Constitución Política de la República de Costa Rica que es ésta
quien marca el camino de la sociedad y de las instituciones públicas a partir de los principios y valores razonables; los cuales son obligatorios en el cumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos. De esta forma se genera la legitimidad de los
principios que determinan el ejercicio, igualmente legítimo, de la democracia en las diversas relaciones sociales.

En concordancia con este enfoque, la Contraloría General de la República de Costa Rica ha construido este manual de herramientas para la participación y el control ciudadano basados en los conceptos básicos de democracia y organización del Estado, así como en las iniciativas desarrolladas por la entidad para vincular efectivamente a la ciudadanía a las labores de fiscalización que realiza.

Publicación: 2018

Autores: Martha Acosta Zúñiga, Silvia Solís Mora e Ileana González Chaverri

De acuerdo con los resultados más recientes del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con una puntuación de 22 sobre 100, Honduras destaca como uno de los países más corruptos del continente americano. Es superado únicamente por Nicaragua, Venezuela y Haití.

En contextos particulares, como es el caso hondureño, la corrupción no necesariamente se traduce en transgresiones evidentes a la ley ni en riesgos inmediatos ante la Justicia. A lo largo del tiempo, los grupos de poder han consolidado un sistema estatal que les permite instrumentalizar las leyes y moldear las instituciones para preservar sus intereses y garantizar su impunidad.

De este modo, la corrupción se configura como una práctica sistémica, culturalmente aceptada y revestida de una aparente legitimidad.

Redes de corrupción en Honduras

El estudio When Corruption Is the Operating System: The case of Honduras, de Sarah Chayes, expone con rigor las dinámicas de poder que operan a través de estructuras organizadas. La investigadora las denomina «redes cleptocráticas». Estas redes ejercen el control y la manipulación del sistema mediante la articulación de las élites políticas (partidos), los grupos económicos (empresarios), las fuerzas armadas y el crimen organizado. Esto da lugar a un proceso sistémico de captura del Estado hondureño.

Como resultado, Honduras se ha convertido en uno de los países más violentos del continente americano. Sus niveles de pobreza afectan aproximadamente el 65% de su población. Esta situación ha contribuido a la existencia de un persistente flujo de emigración irregular, principalmente hacia Estados Unidos, en busca de oportunidades de empleo y condiciones de vida más dignas. 

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Durante la campaña para llegar al poder, el actual gobierno prometió que establecería un modelo socialdemócrata. Pero en la práctica ha seguido las fórmulas populistas del modelo de socialismo del siglo XXI. Por eso, el país no ha logrado romper el patrón habitual de gobernanza. Lejos de mejorar la calidad de vida de la población, Honduras persiste entre los países con los niveles más bajos de desarrollo humano en el continente americano.

Democracia en Honduras

En la evaluación que presentó The Economist en 2024, el índice de democracia para Honduras fue de 4.98 sobre 10, en la posición 95 de 167. Debido a la falta de independencia de los poderes del Estado y a las debilidades de su sistema electoral, se sitúa en la categoría de regímenes híbridos. Es una forma de gobierno que combina elementos de sistemas democráticos y autoritarios para su funcionamiento.

La legislación hondureña establece que los procesos electorales deben celebrarse cada cuatro años. El ciclo electoral inicia con las elecciones primarias en marzo, seguidas por las elecciones generales en noviembre. El 2025 se perfila como un momento crucial para determinar la supervivencia o el hundimiento de este sistema democrático.

En un contexto de alta polarización social, con un Consejo Nacional Electoral carente de independencia institucional y una economía debilitada por la escasa inversión tanto nacional como extranjera, Honduras ha iniciado su periodo electoral en medio de un clima marcado por la inestabilidad y la confrontación.

Elecciones de 2025

En las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, participaron las tres principales fuerzas políticas del país: Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. Se caracterizaron por la vulneración de diversas garantías constitucionales. Hubo fallas logísticas durante la jornada electoral y un elevado nivel de abstención por parte de la ciudadanía.

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Según los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, 3,352,803 (57.2%) ciudadanos no se presentaron a ejercer su derecho al sufragio. Esta condición refleja una débil cultura democrática en el marco de las elecciones primarias. También, el creciente malestar de los hondureños hacia el sistema actual de partidos políticos y sus candidatos.

En este panorama, las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025, en las que se elegirá a las autoridades para la Presidencia de la República, alcaldías municipales, diputados al Congreso Nacional y diputados al Parlamento Centroamericano, se desarrollarán en un clima de tensión social, desconfianza, desinformación y disputas partidarias por el control del aparato estatal.

Qué está en juego

Este escenario, marcado por nuevos matices ideológicos y el avance de valores antidemocráticos, pone en riesgo la frágil democracia de la nación. Pero ¿qué está en disputa en el sistema democrático hondureño?

Por un lado, el partido oficialista tiene su legitimidad erosionada debido a su ineficiencia en el manejo del gasto público, la proliferación de nuevos casos de corrupción y la captura de instituciones públicas. También se lo ha señalado por vínculos entre su dirigencia y financiamiento ilícito proveniente del narcotráfico. Estas son condiciones que comprometen sus aspiraciones de triunfo en la contienda general.

En el otro extremo, el bipartidismo tradicional de derecha, deseoso de recuperar el poder, no representa una alternativa real de cambio. Más bien continuidad de un modelo que durante décadas consolidó un sistema democrático incapaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad, equidad y dignidad. Su legado, lejos de fortalecer las instituciones, facilitó la captura del Estado por medio de redes de corrupción, sentando las bases estructurales de la crisis que vive el país.

Ante este panorama, el país se encuentra ante un dilema crucial. Por un lado, existe la opción de profundizar el alineamiento con los postulados del socialismo del siglo XXI, lo que podría acelerar su transición hacía un régimen abiertamente autoritario. Por otro, permitir la alternancia en el poder mediante el retorno de las fuerzas tradicionales y perpetuar su condición de régimen híbrido para no socavar por completo su democracia.

En esencia, el sistema democrático hondureño se encuentra al borde del colapso. La clase política contemporánea no solamente ha fallado en demostrar su compromiso patriótico. También ha desconocido los principios y valores éticos que son vitales para construir un Estado de derecho al servicio de la ciudadanía y el bien común.

Aunque existe una preocupación por la ausencia de capacidad de la Unión Europea de asumir el vacío dejado por USAID en América Latina, esto no significa que no existan ventanas de oportunidades para fortalecer los lazos entre ambas regiones. En julio del 2023, por ejemplo, la Comisión Europea anunció una inversión de EUR$45,000MN para profundizar y fortalecer las relaciones entre ambos países. Según la CAF, Entre los temas de la agenda de cooperación, se mencionaron proyectos que “van desde la producción de hidrógeno limpio, materias primas críticas o la ampliación de la red de cableado de datos de alto rendimiento, hasta la producción de vacunas de ARNm más avanzadas”. De esta manera, se puede ver que la agenda de la Unión Europea en América Latina y el Caribe tiene como principales objetivos los siguientes temas: la lucha contra el cambio climático y el incentivo a las energías renovables, el fortalecimiento de los servicios digitales, la electromovilidad y asignación de un nuevo papel a los recursos naturales, mediante la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de la industria agrícola. No obstante, existen algunos obstáculos para que esta cooperación se profundice, de manera adecuada, los cuáles se mencionarán más adelante.

Vínculos comerciales y económicos existentes

Es importante mencionar que América Latina y el Caribe y la Unión Europea (UE) el tienen una relación estrecha entre sí. Según datos de la CAF, la UE es el tercer socio comercial más importante para la región, detrás de Estados Unidos y China. Aunado a esto, el viejo continente es la principal fuente de inversión extranjera directa, con un stock acumulado estimado en EUR800,000MN para el 2023. Para este entonces, las empresas europeas habían invertido más en América Latina y el Caribe que sus pares en China, Japón, Rusia e India juntos. Esto demuestra que las relaciones, actualmente, no solo están en un buen estado, sino que tiene un potencial de crecimiento importante.

Adicionalmente, en el 2022, según datos de la misma institución, el comercio total de mercancías entre la UE y América Latina y el Caribe fue de EUR$293,090MN, equivalente al 4.8% de las importaciones de afuera de la UE y al 5.8% del total de las exportaciones fuera de la UE. Además, entre 2013-2022, ha habido un aumento del 59% de importaciones y 37% de las exportaciones entre estas dos regiones, evidenciando un rápido incremento en las relaciones comerciales. Este ha sido también acompañado por una relación relativamente equilibrada, pues el superávit de la UE es solo de EUR$5,000MN, un valor mucho menor si se compara con Estados Unidos, quien en el 2023 tuvo un superávit comercial con la región de USD$27.15BN, y China, cuyo valor para el mismo año fue de USD$33BN. De esta manera, se puede apreciar que la Unión Europea tiene una legitimidad importante en su relación con América Latina y el Caribe, al ofrecer una relación comercial y económica más equilibrada que sus pares. Por este motivo, es importante analizar donde está enfocando los proyectos de inversión y cooperación en América Latina, antes de hablar de los retos que enfrenta esta relación.

Proyectos de América Latina en la agenda de inversiones por parte de la UE

Según datos de la CAF, y posterior a una mesa empresarial entre la UE y América Latina y el Caribe, cuya organización fue hecha por la CAF, la Comisión Europea y el BID, estos fueron algunas de las iniciativas señaladas para concretar la inversión europea. En Argentina, las inversiones serán hechas en proyectos de transmisión energética, programas de desarrollo rural, movilidad sostenible, transición energética – en especial en hidrógeno – al igual que en materias primas críticas, mejor manejo de residuos y apoyo a pequeñas y medianas empresas para la economía verde. El enfoque en Brasil será en proyectos de energía renovable, modernización de sistemas de saneamiento y agua, iniciativas a proteger bosques tropicales y apoyo a pequeñas y medianas empresas en tecnologías verdes. En Colombia, el enfoque será en economía sostenible, e-movilidad y en el esfuerzo para en 2026 llegar a un 85% de conectividad digital para la población del país.

Por su parte, en Costa Rica, el enfoque estará dirigido en proyectos de salud, e-movilidad y bonos verdes. En Panamá, la UE se enfocará en proyectos de energía en transición, la descarbonización del Canal, la transformación digital, y el sector biofarmacéutico y vacunas. La inversión en Uruguay estará dirigida a agua y saneamiento, impulso a la movilidad urbana eléctrica y producción de hidrógeno – H2. En Chile, similarmente, la UE se enfocará en producción de hidrógeno – H2 – transporte y producción de combustible neutro en carbono. Estas son solo algunas de las iniciativas de inversión por parte de la UE en América Latina y el Caribe anunciadas en el 2023. No obstante, es ahora importante señalar cuáles son las principales dificultades para que la relación entre las partes, no solo se profundice, sino también derive en resultados concretos.

Dificultades

En primer lugar, existe una falta de alineación de las necesidades y las soluciones entre las partes. Esto no solo dificulta los proyectos mencionados anteriormente, sino también aquellos dirigidos a apoyar la creación de empresas de innovación en América Latina y el Caribe. Según un informe, existe una desconexión importante entre los objetivos claros por parte de los actores del ecosistema de innovación y la compresión de lo que los empresarios pretender conseguir. Igualmente, el acceso limitado a las reuniones internacionales ha dificultado la creación de relaciones sostenibles y oportunidades de establecer contacto, lo cual afecta a las partes. Aunado a esto, la desconexión entre las preocupaciones y necesidades de las contrapartes potenciales deriva en soluciones menos significativas y eficaces, incapaces de abordar estas cuestiones con eficacia.

En segundo lugar, existe en América Latina y el Caribe una brecha de talento en temas como la sostenibilidad, la internacionalización de industrias, la industria digital, entre otras, que limitan el accionar y capacidad de innovación de la región. Por su parte, las barreras lingüísticas también han afectado la generación de asociaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe que puedan transferir este conocimiento.

En tercer lugar, la diferencia entre los marcos normativos de la UE, con un enfoque más preventivo y estructurado, y América Latina y el Caribe, mucho más flexibles para promover temas de innovación, y menos fijos a largo plazo, hacen que las inversiones, tanto en dinero y tiempo, puedan a veces ser exhaustivas.

Conclusión

Como se puede apreciar, la Unión Europea y América Latina y el Caribe tiene aún mucho potencial de crecimiento, no solo en temas económico y comerciales, sino también en temas de cooperación internacional. Adicionalmente, existe una clara intención por parte del viejo continente de aumentar sus niveles de cooperación, aun cuando esta no logre asumir el vacío de USAID. No obstante, es importante tener en cuenta que existen una serie de riesgos operativos que han afectado la eficacia y el nivel de cooperación e inversión entre las partes. De esta manera, si América Latina y el Caribe quieren aprovechar la inversión de la UE, deberán trabajar para disminuir estas dificultades, y otras que no se pudieron mencionar por temas de espacio, para consolidar una relación beneficiosa a futuro. De lo contrario, la UE podría perder su interés en la región, y América Latina y el Caribe perderían una oportunidad dorada para diversificar sus fuentes de cooperación internacional.

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¿Qué significa, hoy, ser de centroderecha en América Latina? En países de la región identificarse con esta corriente política es un gesto incómodo, estigmatizado.

Para entender más allá de la coyuntura, factores, conceptos e ideas que marcan el debate político, Diálogo Político presenta una nueva serie de episodios de Bajo la Lupa con entrevistas a protagonistas clave en el mapa político latinoamericano. Buscamos escuchar con atención a quienes influyen en el rumbo de la región.

[Lee también: Posliberalismo y democracia estadounidense: retorno al bien común]

En el primer episodio de Palabras Bajo la Lupa, entrevistamos a Diego Schalper, diputado chileno y exsecretario general de Renovación Nacional. Es un interlocutor clave para conversar sobre los dilemas de la derecha, en el auge de opciones más radicales, y el papel de las posiciones moderadas en la reconstrucción del pacto democrático.

Tándem

En los últimos años, Chile tuvo un giro notorio. Primero llegó la izquierda al gobierno, después tuvo lugar la convención Constituyente, enmarcada primero en la izquierda y luego en la derecha. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué se modificaron las preferencias electorales en Chile y se pasó de un entusiasmo inicial por la izquierda a una mayor apertura hacia la derecha?

—¿Cómo se produjo el estallido que vivimos en un país que supuestamente tenía los mejores indicadores macroeconómicos del continente? ¿Por qué salieron a marchar pacíficamente tres millones de personas? Esa clase media, a diferencia de los sectores vulnerables, es extremadamente exigente. Se daba cuenta que el proyecto país le había permitido niveles de libertad que sus padres no tenían, pero que las seguridades en salud, educación, jubilaciones, no les permitía a las personas ser auténticamente libres.

Creo que una lectura puramente centrada en la violencia y el estallido social es una lectura mezquina. Es real que ciertos sectores de izquierda quisieron instrumentalizarla. Pero lo que se produjo es un malestar irradiado de los segmentos medios, cansado de la desidia y del inmovilismo de las élites gobernantes.

En esa coyuntura, la derecha chilena no tuvo una caja de herramientas lo suficientemente sofisticada para hacerse cargo del problema. Caímos rendidos sin capacidad de contraponernos a la salida de la izquierda con su lógica de la Constitución que, como gran entelequia abstracta, viene a resolver la problemática de los segmentos medios. Se embarcaron en eso. Votaron mayoritariamente por el apruebo y se entusiasmaron con Gabriel Boric, probablemente porque la contraparte era José Antonio Kast, de los sectores más extremos, ortodoxos, en nuestro país. La única manera en que la izquierda radical puede acceder al poder es contraponiéndose con la derecha radical.

Cuando estos sectores radicalizados dijeron a la población que la solución a sus problemas era destruir el modelo de desarrollo chileno, dijeron: perdónenme, pero quiero reformas, no inventar el país de cero. Creo que por eso el 72% de los chilenos votaron en contra. En los segmentos medios y en las comunas populares el rechazo fue muy nítido. Ahí la izquierda radical se dio cuenta que su receta refundacional no tenía cabida.

La incompetencia del gobierno de Boric en manejo de seguridad, de migración y de economía, le da una oportunidad a los sectores más ortodoxos de la derecha de hacerse el segundo proyecto constitucional contrario. Es muy maximalista y Chile lo termina rechazando también. Chile parte en un periodo de mucha polarización. Llega al clímax en ambos extremos y finalmente termina rechazando las soluciones maximalistas.

Valores de centro

¿Qué puntos de contacto hay entre la centroderecha y la centroizquierda?

—Las sociedades se construyen entre los distintos y por lo tanto somos de lógicas de diálogo. Yo tengo la sensación que los sectores más radicales se creen portadores de una verdad absoluta, y por lo tanto se pretenden imponer. Cuando se lleva los radicalismos al extremo se da cuenta que eso sí es parte del inventario. En los tiempos que corren, la lógica de las redes sociales premia las posiciones más ortodoxas porque obtienen más respuesta por parte del algoritmo. Pero los sectores más radicales no viven como como dicen pensar. O sea, en su cotidianidad yo me imagino que no construyen las relaciones sobre la base de la ofensa y el insulto. Más bien, cuando se ponen el sombrero de la política entran en una especie de espiral de violencia que no creo que construya sociedad.

Entonces, con los sectores de centroizquierda posiblemente compartimos que la democracia no es un instrumento artificial, sino que es parte de nuestra manera de proceder. Que el diálogo y el debate de ideas tiene que darse en términos respetuosos y no contestatarios. Posiblemente tenemos miradas más moderadas y por lo tanto apostamos a construir mayoría.

Uno de los problemas que tenemos en el mundo es que se pretende imponer por la vía de la fuerza, de la presión social incluso, que una visión minoritaria predomine sobre otras. Eso no tiene sustento en el tiempo. No se puede construir sociedad anulando a aquel que piensa distinto. Ojo, no es contradictorio con tener una identidad clara. Uno puede tener una identidad muy clara y entender que entra en comunión con otros que piensan distinto.  

Desconexión con el pueblo

En ese sentido, cabe la pregunta sobre el radicalismo, sobre su vida diaria. ¿Cómo viven ese antagonismo extremo que plantean?

—Todo matiz de un tema se transforma en algo insoportable, y la vida en comunidad no se construye así. Por eso hay tanta virulencia y agresividad. Pero siento que, por lo menos en Chile, ya tocamos techo. La ciudadanía está buscando menos confrontación, menos maximalismo. Lo que chilenos están buscando es una cosa más bien moderada.

Las élites, las personas que están en posición de dirigir los países —políticos, la empresa, las comunicaciones que determinan el destino del país—se desconectan de la realidad social de la inmensa mayoría de los pueblos, y además aparecen líderes populistas que no menosprecian a ese pueblo, lo consideran y le dan salidas fáciles. Entonces también las élites tienen que hacer una autocrítica. Creo que la comodidad de los cargos internacionales, burocráticos, incluso de las academias, hizo que todas estas élites estén poco conectadas. Cuando veo a algunos que descalifican a la gente que votó por Donald Trump en Estados Unidos, más bien me haría la pregunta de por qué esas élites, probablemente preocupadas por temas muy cosmopolitas, dejaron de interpretar a esos pueblos. Y es porque se disociaron.

En eso, como centroderecha también hemos cometido errores que tenemos que revertir. Tenemos que defender aquellas cosas que son importantes porque, si no, aparecen visiones radicalizadas como alternativa ante nuestra desidia.

Debilidad de la izquierda

¿Qué dejó de interpretar bien el gobierno de izquierda actual en Chile?

—El gobierno de izquierda actual no dimensionó lo complejo que es para la clase media la mala situación económica, laboral y la dramática situación de inseguridad pública.

Tengo un profundo aprecio por los migrantes. De hecho, mi familia es migrante alemana. Pero, hoy día es un hecho que hay muchas personas que han ingresado al país por vías irregulares, que están sin capacidad de ser identificadas, que viven de una manera muy precaria y que además alteran de una manera muy elocuente la vida cotidiana. La izquierda chilena llegó hablando de que el derecho a migrar era un derecho humano y que por lo tanto poner límites a la migración ilegal era casi una cosa contraria a los derechos humanos. Llegó hablando de que carabineros abusaba del ejercicio de la fuerza. Nosotros, más bien, hemos dictado un proyecto de ley que supone que cuando un policía hace buen uso de la fuerza lo está haciendo en defensa del Estado de derecho.  

Creo que esa izquierda llegó con la idea de que el proyecto constitucional rechazado era ampliamente mayoritario. Y se dieron cuenta que podría ser mayoritario en sus planteles universitarios, en sus consejos generales de izquierda, pero que la inmensa mayoría de los chilenos quiere libertad, seguridades, desarrollo económico y paz social. Por lo tanto quiere a las fuerzas policiales empoderadas.

Reivindicar el centro

En América Latina, ser de derecha tiene una carga semántica negativa. ¿Hay una discusión de eso? Sobre una vara moral del espectro político y de lo que está bien o mal apoyar ideológicamente.

—Ante ese escenario, lo que tenemos que defender es qué significa ser de centroderecha. Qué significa desde el punto de vista de los valores, de las acciones políticas, de la manera en cómo nos relacionamos con las comunidades. Y demostrarle a la gente los hechos sin ningún tipo de pudor que son nuestras ideas las que sacan adelante a los países.

Yo observo cómo las ideas de la izquierda radical destruyeron países espectaculares, como Venezuela, Argentina. Uno podrá tener un juicio crítico de Javier Milei. Yo efectivamente no me siento interpretado en muchas cosas que él hace. Pero efectivamente el legado de la izquierda burocrática en Argentina era impactante. El nivel de sobredosis de Estado, el nivel de burocratización de la vida, el nivel de abuso de las personas.

Hay que ser capaces de construir ideas claras. Construir cuadros en los centros de formación, en las universidades, en los barrios. Después, estar dispuesto a pelear electoralmente aquellos lugares que puedan ser conflictivos. Y que hay que defender con mucha fuerza nuestras ideas.

Ofrecer alternativas viables

¿Cómo diferenciarse de la derecha más dura? Aquella que crece a fuerzas de espectáculo y promesas efectistas. Ustedes tienen un desafío muy importante frente a la ultraderecha chilena, una tendencia política mundial.

—Ese tipo de posiciones son muy efectistas, pero no efectivas. O sea, en el fondo, parecen resolver el problema, pero generan cosas que no son sostenibles en el tiempo. Tenemos que trabajar el doble. Siempre va a ser más fácil decir que se va a construir una macro cárcel en alguna parte. Probablemente eso no va a ser sostenible, por lo menos para nuestro país una cosa así no sería sostenible. Pero, ¿qué es lo que observa el ciudadano? ¿Y cuál es la alternativa?

Las centroderechas del continente debemos trabajar el doble y exigirnos llegar a esos sectores descontentos. No estamos llegando a los votos de la gente joven porque no estamos en sus espacios, no estamos en sus zonas de discusión ni en sus temas. Y claro, en ese escenario, las posturas más radicalizadas parecen muy atractivas, pero eso nos obliga a trabajar el doble. Nuestra tarea es demostrar que eso es muy fácil, pero que no va a resultar y demostrar a continuación un camino alternativo. En eso tenemos una tremenda oportunidad.

En España y en Alemania, las centroderechas con coraje, con entereza, con identidad, empiezan a ganar espacio en desmedro de los sectores más radicalizados. Es cierto que los sectores radicalizados crecen. Porque efectivamente la dinámica social contribuye. Pero si usted es capaz de ofrecer alternativas viables que den gobernabilidad y que resuelvan los problemas, a la largo usted se impone. El punto es que implica trabajar el doble.

Y en nuestro sector, mire lo que le voy a decir, que va a ser muy polémico, los partidos tradicionales de derecha también se burocratizaron. Y por lo tanto se acomodaron a su inercia, a su indolencia, y en eso tienen que haber cambios brutales en nuestra manera de proceder.

El economista austríaco Joseph Schumpeter, quien aportó el concepto de innovación a la literatura económica, definió la innovación como “la introducción de un bien (producto o servicio) nuevo para los consumidores o de mayor calidad que los anteriores, la introducción de nuevos métodos de producción para un sector de la industria, la apertura de nuevos mercados, el uso de nuevas fuentes de suministro, o la introducción de nuevas formas de competir que lleven a una redefinición de la industria” (Alejandro Olaya, 2008). Schumpeter popularizó la idea de “destrucción creativa”: la innovación acababa con viejas formas de hacer las cosas e introducía nuevos y superiores paradigmas, más productivos, eliminando los preexistentes en un constante proceso competitivo y creativo (Ferrás, 2014).

Para Michael Porter (1990), “las empresas consiguen ventajas competitivas a través de la innovación. Su aproximación a la innovación se realiza en sentido amplio, incluyendo nuevas tecnologías y maneras de hacer las cosas”.

Byrd (2013) define innovación como el acto (riesgo involucrado) de introducir algo nuevo (creatividad). Es decir, la capacidad de imaginar nuevas ideas o posibilidades, así como el coraje para conducir esa idea frente a la adversidad.

El acto de introducir algo nuevo que, por ejemplo, redefina una industria requiere de capacidades en las personas para identificar, crear y capturar valor. Para ello, es un emprendedor quien estratégicamente los ejecuta todos, a pesar de las limitaciones de su entorno y lo que le digan a favor o en contra (Isenberg, 2013). Esto significa que el emprendedor debe identificar una idea u oportunidad, crear o redefinir un nuevo producto o servicio, según el mercado objetivo y capturar valor (económico o social) con el modelo de negocio implementado. Además, se espera que el nuevo producto o servicio sea innovador, de alto impacto y sostenible en el tiempo.

Sin embargo, el término “emprendedor” es utilizado de forma muy amplia desde una persona que inicia un negocio de escala local por necesidad u oportunidad de mercado sin proyecciones de crecimiento en el corto y mediano plazo, hasta un negocio tecnológico basado en un problema global con una solución de escalamiento más allá de la frontera nacional.

Por su parte, el término startup o empresa emergente aplica a empresas de reciente creación. Normalmente, se refiere a aquellas fundadas por uno o varios emprendedores, sobre una base tecnológica, innovadora y con una capacidad de rápido crecimiento. Según Paul Graham, una startup es una empresa diseñada para crecer rápido apoyándose en la escalabilidad que ofrece el software, pero no lo considera imprescindible. Este crecimiento no se mide únicamente por el nivel de ingresos, también se utilizan otras medidas como el número de usuarios activos al mes o ingreso por usuario, entre otros.

Las startups desarrollan sus productos con menores inversiones y costes y a mayor rapidez que otras empresas, en ciclos de innovación más cortos. Su carácter innovador implica también una mayor incertidumbre y un índice más bajo de éxito que las empresas tradicionales. A modo de referencia y según un estudio (Startup Genome, 2019) realizado por investigadores de las universidades de Berkeley y Stanford que analizaron más de 3.200 startups, la tasa de fracaso de las startups es del 90 % al tercer año de vida y en el restante 10 % que sí tenían éxito también sufrían experiencias de crisis que las expusieron a la desaparición. Estos datos han venido siendo confirmados con leves diferencias estadísticas, por análisis posteriores de Bloomberg, Forbes o Kaufman Foundation (El Economista.es, 2019).

Publicación: 2022

Referirse a la seguridad directamente implica observar al Estado como proveedor de orden público y seguridad; pero no es una labor exclusiva del Poder Ejecutivo, también incluye el desempeño de la justicia, la fortaleza o debilidad de las instituciones, los niveles de desarrollo humano y la coherencia para abordar la desigualdad y la inequidad respecto a la ciudadanía y la población, porque no es un factor excluyente a quienes no son nacionales.

La pandemia que se manifestó en el país en marzo de 2020 representó un importante reto para el país, un proceso de aprendizaje, adecuación, y, sobre todo, la obligación de abocarse a lidiar con los efectos de la misma en plazo inmediato y con poca o nula preparación para el manejo de emergencias generalizadas.

Con el pasar de los meses, fue claro que la Pandemia COVID 19 había incidido en cada área de la cotidianeidad costarricense. Además, ha sido palpable que ha expuesto las limitaciones que tiene el país a todo nivel, y como suele suceder, la violencia estructural se ha ensañado con los grupos de población más vulnerables.

Observar los impactos de la pandemia en la seguridad puede plantearse desde la concepción de la seguridad humana o más vinculada a los elementos de la seguridad tradicional. En esta última acepción, más delimitada pero no exclusiva del comportamiento de la delincuencia común, de las violencias perceptibles y de la criminalidad organizada. De forma tal, que en el presente documento abordamos la información oficial disponible respecto al comportamiento de los efectos más evidentes de la inseguridad: homicidios, delitos y otras violencias, con el objetivo de dilucidar los impactos de la pandemia en la seguridad y, específicamente, en el crimen organizado.

El presente documento constituye un estudio preliminar sobre la incidencia de la pandemia en la seguridad. Si bien permite identificar algunos elementos que ciertamente se han modificado como resultado de la crisis sanitaria, abre un amplio panorama de otros de situaciones que deben ser analizadas con mayor profundidad, para tener una perspectiva comprensiva de tales incidencias.

Publicación: 2022

ISBN: 9789974866836

Autor: Ana Yancy Espinoza

El Grupo de Estudios sobre Justicia Constitucional y Derechos Humanos es una oportunidad de relacionar teoría con práctica gracias a la integración de académicos y profesores prestigiosos, así como operadores del derecho constitucional y de los derechos fundamentales, ya sea a través de la abogacía o en calidad de magistrados o funcionarios de órganos de jurisdicción constitucional de 11 países de Latinoamérica.

Esta segunda publicación del Grupo espera dar una mirada siempre práctica de los fallos más relevantes con la oportunidad de ser un termómetro de la situación en materia de jurisdicción constitucional en Latinoamérica, lo cual no ha sido una tarea fácil para el Grupo dado los importantes trabajos que se publican cada año sobre la labor de la justicia constitucional y de los derechos humanos en esta región, así que el presente trabajo dar testimonio sobre las formas en las que evoluciona la justicia constitucional y la protección efectiva de los derechos humanos.

Particular relevancia reviste para Guatemala, la participación en el Grupo de Estudios la participación de la Abogada y Letrada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Aylín Ordóñez Reyna, de quien se incluye en la publicación un artículo titulado «La jurisdicción constitucional en Guatemala. Defensa del orden constitucional y derechos humanos», en la cual se ha referido a cuatro sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad, haciendo a la vez una breve reseña de la creación y evolución de este tribunal en el tránsito de Guatemala hacia un gobierno democrático y respecto a sus facultades para conocer de acciones de inconstitucionalidad, amparo y exhibición personal.

La selección de los casos de análisis se realizan dentro del plazo de los últimos 25 años de labores de la Corte de Constitucionalidad, dentro de cuyo período este Tribunal ha emitido una amplia cantidad de sentencias, así que reconoce la autora que ha sido una tarea compleja seleccionar los mismos, por lo que su criterio ha sido identificar aquellos de especial trascendencia y relevancia para constituir un verdadero aporte a la jurisprudencia, en especial en materia de derechos humanos.

Publicación: 2011

A cargo de: Konrad Adenauer Stiftung y Centro de Derechos Humanos (Facultad de Derecho, Universidad de Chile)

Autores: César Landa, Leonardo Martins, José Antonio Rivera S, Humberto Antonio Sierra Porto, Gilbert Armijo, Aylín Ordóñez Reyna, Víctor Bazán, Claudio Nash R., Paz Irarrázabal G., Martín Risso Ferrand y Jesús M. Casal

Con esta entrega, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar y la Fundación Konrad Adenauer continúan con la divulgación de las propuestas y reflexión sobre política social; en este caso, las que fueron puestas en común durante el 3º y 4º Seminario Internacional de Política Social, realizados sucesivamente en 2009 y 2010.

El Seminario Internacional realizado en octubre de 2009 congregó a expertos en Desarrollo Territorial, con el fin de analizar las políticas sociales desde una perspectiva territorial, a través del estudio comparativo regional de los principales indicadores sociales, específicamente en la pobreza y desigualdad; así como también en la profundización sobre la concepción e implementación de las distintas políticas sociales.

En octubre de 2010 se realizó el 4º Seminario Internacional con el tema: Participación Ciudadana para el Desarrollo Territorial. Durante el encuentro, se dialogó acerca de las tendencias, experiencias y marcos institucionales para participación ciudadana en la gestión del desarrollo territorial, tomando en cuenta que las políticas sociales deben partir de las necesidades de los territorios.

La decisión de enfocar el 3º y 4º seminarios hacia el tema Desarrollo Territorial respondió al reto que actualmente enfrentan las políticas públicas, de articular la dimensión sectorial con la territorial; y particularmente, en el caso de las políticas sociales, es necesario contar con mecanismos que permitan una planificación y gestión pública que, sin descuidar las especificidades sectoriales, fortalezcan su pertinencia y sostenibilidad.

Esta publicación se suma a los aportes con los cuales las entidades organizadoras desean contribuir para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de un Estado que privilegie la justicia social, la cual es uno de los postulados estratégicos de la Economía Social de Mercado.

Publicación: 2011

ISBN: 978-9929-8122-0-8

Autores: Marcos Valdivia López, Rigoberto Quemé-Chay, Mario Sosa, Roberto Gutiérrez, Francisco Aguirre, Miguel von Hoegen, Amílcar Burg, Fernando Naranjo Lalama, Ana Victoria Peláez Ponce, Selvin García Velásquez, Ismael Merlos y Miguel Gómez

A cargo de: Konrad Adenauer Stiftung Guatemala y Universidad Rafael Landivar

El Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional fue creado en el marco de un convenio de cooperación entre el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer y el Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Göttingen (República Federal de Alemania). Este grupo, que trabaja conjuntamente desde enero del 2002, cuenta actualmente con miembros de doce países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y otros estudiosos de Alemania, España e Italia.

Su objetivo principal es el análisis, desde una perspectiva de derecho comparado, del proceso de ratificación e implementación del Estatuto de Roma, con especial atención en el ámbito latinoamericano. Otros temas de actualidad del derecho penal internacional también son objeto de estudio.

Los miembros se mantienen regularmente en contacto e informan cuatrimestralmente sobre el estado del proceso de implementación del Estatuto de Roma, así como sobre cualquier otro asunto de relevancia para el derecho penal internacional ocurrido en sus respectivos países

En esta obra presentamos los resultados de la segunda parte de la investigación del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional referida a la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos y el derecho penal internacional.

El libro se compone de dieciocho trabajos que analizan, principalmente, aspectos generales del sistema interamericano de protección de derechos humanos y la relación entre este sistema o la jurisprudencia de sus órganos de protección y el derecho penal (internacional), tanto sobre temas sustanciales como procesales. Algunos trabajos examinan aspectos del sistema europeo de protección de derechos humanos y la relación entre este sistema, el derecho penal internacional y el sistema interamericano.

Publicación: 2012

A cargo de: Konrad Adenauer Stiftung México e Instituto de Ciencias Criminales — Departamento
de Derecho Penal Extranjero e Internacional.

ISBN: 978-9974-8289-0-2

Autores: César Alfonso, Kai Ambos, María Laura Böhm, Alejandro Aponte Cardona, Dino Carlos Caro Coria, Alfredo Chirino Sánchez, Javier Dondé Matute, Emanuela Fronza, Pablo Galain Palermo, Ramiro J. García Falconí, Alicia Gil Gil, José Luis Guzmán Dalbora, Salvador Herencia Carrasco, Marcos Zilli, Fabíola Girão Monteconrado, Maria Thereza Rocha de Assis Moura, Ezequiel Malarino, Jaime E. Martínez Ventura, Juan Luis Modolell González, Daniel R. Pastor, Elizabeth Santalla Vargas y Salvador Herencia Carrasco

La comunicación política es más que un lindo eslogan de campaña. Los partidos políticos modernos están descubriendo que necesitan un canal constante de comunicación y relacionamiento con el ciudadano y sus correligionarios. Y para ello e imprescindible construir una estrategia comunicacional apoyada en una estructura mínima institucional. Partiendo de partidos con fundamento ideológico y programático, la comunicación partidaria no puede estar tercerizada en manos de un estratega que no comparta la visión de sociedad en la cual se fundamenta la acción del partido. La comunicación partidaria necesita estar anclada profundamente en nuestros principios y valores, además de responder a las reglas e instrumentos de la comunicación moderna. Por ello, este manual respira la convicción demócrata cristiana, en su enfoque, lenguaje y en las referencias al pensamiento político.

Queremos presentar un manual de comunicación para los partidos del centro humanista en Centroamérica –como herramienta de trabajo– alentándolos a invertir en la profesionalización de la comunicación política y de campaña. Lamentablemente no se ha visto un esfuerzo constante en la comunicación interna y externa más allá de las campañas electorales. Esto es un reto importante que hay que afrontar para poder contribuir a la formación de la voluntad ciudadana y el debate sobre la cosa pública. Este trabajo constante tendrá sus frutos cuando llegue el tiempo de la campaña electoral.

El manual hace énfasis en la creciente importancia de la ciberpolítica en la campaña. Especialmente en estructuras partidarias con tradiciones jerárquicas verticales cuesta que se establezca una lógica horizontal y en redes que refleje la nueva dinámica comunicacional.

Publicación: 2012

ISBN: 978-9929-561-75-5

Autores: Carmen Beatriz Fernández y Jorge Dell’ Oro

A cargo de: Konrad Adenauer Stiftung

Europa está atravesando una crisis. ¿O resulta más exacto hablar de una crisis del euro? Es más: ¿no será acaso una crisis de endeudamiento de la Unión Europea o de ciertos Estados miembros de la eurozona? La definición misma del fenómeno genera discrepancias. No sorprende, entonces, que el diagnóstico de los problemas tampoco concite consenso. La problemática de la deuda en estos países, ¿se remite a la crisis financiera y económica de los años 2007-2009? ¿O es la falta de competitividad de estos países la verdadera causa? ¿Acaso no tuvieron estos países siempre problemas para impulsar una política financiera consistente? Sea como fuere, para muchos la Unión Monetaria parece estar mal diseñada. El euro, ¿fue un error, como afirmara recientemente Roland Vaubel?

Ante tantas razones para explicar semejante miseria, el colorido ramillete de las soluciones debía refugiarse en propuestas de extrema: desde una división de la Unión Monetaria en dos zonas monetarias con un “euro del Norte” y un “euro del Sur” (Hans-Olaf Henkel), pasando por un Gobierno Económico (Merkel – Sarkozy) y un ministro Europeo de Hacienda (JeanClaude Trichet), hasta los Estados Unidos de Europa (Ursula von der Leyen) con un sofisticado sistema de compensaciones fiscales siguiendo el “modelo” alemán (Wolfgang Kirsch, DZ Bank), hay para todos los gustos. Naturalmente, cada tanto se deja traslucir también el impulso de castigar a pecadores y estafadores.

Considerando todas estas aristas del debate, no se puede menos que coincidir con la afirmación omnipresente de que Europa se encuentra en una encrucijada. Incluso las medidas que apenas apuntan a una solución de corto plazo pueden inducir una evolución en tal o cual sentido, en dirección a un aumento de los egoísmos nacionales en Europa o en dirección a un superestado europeo. En la práctica deben tenerse en cuenta los efectos colaterales no deseados de las soluciones elegidas. No pocas veces las buenas intenciones son enemigas de lo bueno. Incluso la imagen de la encrucijada es equívoca, si se la entiende como bifurcación en el sentido de The Economist: “Los jefes de Estado y de gobierno podrían girar hacia la izquierda o hacia la derecha, sostiene el semanario. Existiría el temor de que sigan derecho y se estrellen directamente contra la pared. La imagen se queda corta porque efectivamente existen más que dos caminos entre la recaída en egoísmos nacionales y el superestado europeo”.

Publicación: 2012

Autores: Lars P. Feld, Carlos J. García, Juan Luis Bour, Gabriel Sánchez, Marcelo Côrtes Neri, Luis Ignacio Román Morales, Anne Grüttner, Mercedes Potenze, María Aleu y Enrique San Miguel Pérez

A cargo de: Konrad Adenauer Stiftung

En las siguientes páginas encontrará la sistematización de los resultados de investigaciones realizadas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los cuales han sido insumo para el análisis y formulación de recomendaciones para abatir el lavado de dinero desde un enfoque regional.

El primer capítulo esboza un marco conceptual en el que se revisa la definición, las etapas que conlleva, las formas que se utilizan para la legitimación de capitales, los delitos predecesores al lavado de dinero, así como convenciones y declaraciones que en el plano internacional han desarrollado herramientas y procedimientos para su combate.

Un segundo capítulo hace reconocimiento a los esfuerzos de los países centroamericanos por actualizar su legislación interna, respondiendo a los compromisos asumidos al ratificar convenciones internacionales sobre Prevención del Lavado de Dinero y contra Financiamiento del Terrorismo (PLD/CFT), aunque también se muestran ejemplos que evidencian la disparidad respecto al alcance jurídico de su persecución penal. Este capítulo también muestra las dificultades que enfrenta, por su inexistencia o debilidad, la institucionalidad pública necesaria para investigar y perseguir los delitos, en el nivel nacional, y hacer la investigación e intercambio de información financiera, en el nivel regional. En especial destaca este capítulo al referirse a los efectos que el lavado de dinero produce en la región, en términos de pobreza, lento desarrollo, corrupción,
ingobernabilidad, distorsión del mercado.

Hacia la implementación de acciones para abatir el lavado de dinero es el título del tercer capítulo que formula propuestas de acción que incluyen el diseño de una estrategia regional contra el blanqueo de capitales, así como otras acciones puntuales para contribuir al abatimiento del lavado de dinero en Centroamérica, agrupadas en tres áreas estratégicas: a) prevención y detección; b) investigación, y c) juzgamiento. Adicionalmente se sugiere accionar en términos de fortalecer los sistemas electorales y de partidos políticos y políticas de transparencia y probidad en la gestión pública.

El cuarto capítulo señala conclusiones y recomendaciones, entre otras, orientadas a reafirmar la asociación que tiene el lavado de dinero con problemas de corrupción e impunidad en los Estados centroamericanos, afectando la convivencia democrática en un Estado de Derecho, así como su gobernabilidad y los índices de inseguridad.

Finalmente, encontrará en la sección de anexos un listado de normas y disposiciones que se ha desarrollado en cada país para combatir el lavado de dinero y otros activos.

Publicación: 2012

ISBN: 978-9929-587-74-8

Editores: Eduardo Stein, Annette Schwarzbauer y Lorena Escobar

A cargo de: Fundación Konrad Adenauer y Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia –laRED–

La coyuntura boliviana ha traído a la palestra pública la temática de la consulta previa para aquellas medidas que puedan afectar a las naciones y los pueblos indígena originario campesinos. Sin embargo, es importante establecer que dicha temática posee un amplio análisis en el derecho internacional, en especial a raíz de disposiciones normativas de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, o también por directrices de organismos multilaterales de financiamiento, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

No obstante, la normativa boliviana ratificó todos estos postulados internacionales no sólo en el texto constitucional, sino también en la normativa sectorial vigente; por lo tanto, se requiere el análisis de los actores que participan en este tipo de procesos, como lo son los gobiernos, las empresas y los pueblos indígenas, todos ellos con posiciones que parecen divergir, pero que pueden ser conciliadas a través del respeto a las normas y los derechos adquiridos con los criterios básicos de privilegiar el interés común y de desarrollo de la nación en su conjunto.

Esto obliga al establecimiento imprescindible de canales permanentes de coordinación, lo que no significa que todavía existan temáticas pendientes que deberán ser resueltas si se persigue el éxito de este tipo de procesos, más aun, cuando está de por medio un costo implícito en esta clase de consultas, que utilizan fondos estatales sin una necesaria y más científica valoración de la importancia, la materia, el tiempo y las verdaderas implicancias para el largo plazo y el bien común, que justifiquen el
financiamiento y el uso de recursos públicos.

Publicación: 2012

Autores: Vladimir Ameller/Diego Chávez (Bolivia), André Fernando (Brasil), Guillermo Padilla (Colombia), Guisela Mayén (Guatemala), Leticia Aparicio (México), Jorge Panay (Panamá) y Mirva Aranda (Perú)

A cargo de:

Fundación Konrad Adenauer (KAS) – Programa Regional de Participación
Política Indígena (PPI)

En los últimos años, una nueva corriente empezó a ganar terreno en el debate intelectual y político de Estados Unidos: el posliberalismo. Aún incipiente pero cada vez más influyente, busca dar solución a algunos desafíos de las democracias liberales contemporáneas.

Como respuesta a la polarización y a la guerra cultural de los últimos cincuenta años de la vida política estadounidense, un grupo de pensadores en filosofía política y teoría constitucional proponen un giro decisivo: dejar atrás el originalismo y la teoría de la constitución viviente. A su juicio, son la causa de la erosión política de la república americana, que tiene en la interpretación constitucional el principio y fundamento de su cultura política.

De la neutralidad al bien común

El originalismo y la teoría de la constitución viviente representan dos enfoques opuestos dentro del constitucionalismo estadounidense. Aunque ambos comparten el supuesto liberal de que el derecho debe operar bajo criterios de neutralidad. El originalismo sostiene que la Constitución debe interpretarse según el significado original que tenía en el momento de su redacción. Esto limita la función judicial a una aplicación estricta del texto y rechaza cualquier evolución interpretativa posterior. Por su parte, la teoría de la constitución viviente defiende que la Constitución es un texto dinámico cuyo sentido puede y debe adaptarse a los cambios culturales, sociales y políticos de cada época. De este modo, permite una lectura más flexible que incorpora nuevas concepciones de derechos y justicia.

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Mientras el originalismo busca preservar el pasado, el constitucionalismo viviente pretende actualizar el pacto fundacional. Sin embargo, ambos enfoques comparten una comprensión del derecho como procedimiento antes que herramienta de ordenación sustantiva al bien.

Frente a esta limitación compartida, el postiberalismo irrumpe como una alternativa que rechaza la neutralidad moral del derecho y propone una recuperación del horizonte teleológico de la política. En lugar de reducir la Constitución a un texto fijo o a una adaptación constante, plantea interpretarla como un instrumento orientado activamente al bien común.

Constitucionalismo del bien común

El término posliberalismo se consolidó a partir de la publicación del libro Why Liberalism Failed (2018) de Patrick Deneen. Sus ideas se profundizaron en Regime Change (2023). Este planteo expone con agudeza las contradicciones internas del procedimentalismo liberal moderno. Según Deneen, este modo de interpretación de los textos fundamentales de la cultura política estadounidense ha sido predominante en los últimos años. En relación con este punto, para Deneen, la causa de la crisis social, política y espiritual profunda que atraviesa EEUU debe encontrarse en la exaltación del individuo autónomo, la erosión de los vínculos comunitarios, el desprecio por las tradiciones culturales y la instrumentalización del Estado con fines ideológicos. Superar esta crisis es necesario para garantizar la supervivencia de la sociedad estadounidense.

Este diagnóstico fue el punto de partida de un movimiento que comenzó a articularse con varios aportes intelectuales. El jurista Adrian Vermeule, en Common Good Constitutionalism. Toward a Postliberal Future (2022), y los politólogos Gladden Pappin —fundador del substrack The Postliberals (2021)— y Sohrab Ahmari, autor de Tyranny, Inc.: How Private Power Crushed American Liberty and What to Do About It (2023). Estos autores promueven una propuesta política posliberal. La denominan “common good conservatism” o “common good constitutionalism”.

Esta filosofía política y teoría constitucional tiene una profunda influencia de la tradición católica. Especialmente por el pensamiento político y jurídico de Santo Tomás de Aquino. Sostiene que el derecho no es simplemente un conjunto de reglas formales, sino una ordenación racional dirigida al bien común. En contraste con la neutralidad moral del liberalismo, el constitucionalismo del bien común afirma que el Estado tiene la responsabilidad de promover activamente ciertos fines sustantivos. Por ejemplo, el orden, la justicia, la paz y la promoción de la vida familiar y religiosa enraizados en la ley natural. Esta influencia católica se traduce en una concepción teleológica de la política y del derecho. La autoridad legítima se mide por su orientación al florecimiento integral de la persona humana dentro de una comunidad justa.

Hacia un nuevo rol del Estado

Desde esta perspectiva, se sostiene que el Estado debe dejar de ser un árbitro neutral entre intereses individuales para recuperar un rol activo en la promoción del bien común. Se rechaza el individualismo radical que caracteriza tanto al originalismo, como la doctrina de la constitución viva. En cambio, se reivindican principios clásicos de la tradición social católica. Como el orden, la virtud cívica, la familia, la religión y la comunidad, pilares necesarios para una sociedad sana. En ese sentido, la neutralidad moral del Estado no es posible ni deseable. El derecho debe estar orientado a fines sustantivos y no limitarse a garantizar procedimientos formales.

Esta posición genera polémicas. Críticos de izquierda acusan a este movimiento de autoritario por su aparente desprecio por el pluralismo y su cercanía con ideales confesionales. Algunos liberales conservadores, por su parte, temen que esta filosofía política sacrifique libertades fundamentales en nombre de un orden moral premoderno. Pero los posliberales replican que la supuesta neutralidad del liberalismo es una ficción: toda sociedad promueve ciertos valores, y la neutralidad es un ideal que funciona bien en la teoría, pero no en la práctica.

¿Qué vacíos viene a llenar el posliberalismo?

Más allá de estas controversias, el posliberalismo viene a mostrar algunos interrogantes planteados por la filosofía política contemporánea. ¿Puede una democracia sostenerse sin un fundamento moral compartido? ¿Qué relación existe entre religión y la plaza pública? ¿Cómo recuperar los vínculos comunitarios en sociedades fragmentadas? ¿Es sostenible un orden político fundado exclusivamente en la autonomía individual y la lógica del mercado?

Lejos de proponer un orden teocrático, estos autores apuestan por una política con raíces morales profundas, que reconozca que la sociedad no es una suma de intereses individuales, sino una comunidad moral que persigue el bien común.

No obstante, el posliberalismo aún enfrenta desafíos importantes. En primer lugar, no está claro hasta qué punto esta corriente puede traducirse en un programa político coherente ni si encontrará receptividad en sociedades democráticas y pluralistas que no comparten una única noción de bien. En segundo lugar, su éxito depende de su capacidad para no caer en tentaciones populistas o autoritarias que terminen por reproducir los mismos males que critica al usar la identidad religiosa como principio unificador de la cultura política.

Consideraciones finales

En definitiva, el posliberalismo no es simplemente una moda intelectual pasajera ni un gesto reaccionario frente a la modernidad política. Constituye, más bien, una tentativa seria de replantear los fundamentos morales del orden político en un momento de creciente escepticismo hacia las promesas del procedimentalismo liberal. Al cuestionar tanto el originalismo como la teoría de la constitución viviente, los posliberales abren un nuevo espacio de discusión. Un espacio donde el derecho no es neutro, la política no es solo gestión de intereses y el Estado no puede desentenderse de los fines sustantivos que orientan la vida común. Su desafío más profundo, sin embargo, radica en demostrar que es posible traducir esta visión en una práctica política y jurídica viable, capaz de articular unidad moral sin sofocar el pluralismo, y de promover el bien común sin imponer una ortodoxia cerrada.

En tiempos de fragmentación, desconfianza institucional y crisis de sentido, el posliberalismo ofrece una provocación: repensar la democracia no como un procedimiento vacío, sino como una empresa moral compartida. Que esta provocación se convierta en alternativa real dependerá de su capacidad para inspirar una política que, sin renunciar a la libertad, recupere su vocación de servicio a lo verdadero, lo justo y lo común.

Juan Sebastián Chamorro recuerda los días áridos y polvorientos removidos con el tórrido verano en Nicaragua mientras acrecía la violencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La población exigía un cambio, pero fue reprimida sin vacilación en todo el país. Siete años después de la rebelión de abril y la masacre cometida el 30 de mayo de 2018, cuando Nicaragua conmemora el día de las madres, Chamorro rememora desde el exilio aquellos momentos como días de sangre, violencia y asesinatos.

Doctorado en Economía Agrícola por la Universidad de Wisconsin-Madison y con una maestría en Economía por la Universidad de Georgetown, Chamorro actualmente es profesor visitante en el Instituto Kellogg para Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame.

El economista, encarcelado durante veinte meses por ser precandidato presidencial y ayudar a las víctimas de la represión, no desperdicia oportunidad en el entorno académico para denunciar el ascenso de los autoritarismos y la persecución política en Centroamérica.

¿Hay una imagen que te acompañe a siete años de la rebelión de abril en Nicaragua?

—Lo que más recuerdo de esos días calientes, secos, con mucho polvo, terminando el verano de 2018 es mucha sangre, mucha violencia y muchos asesinatos.

Me tocó presenciarlo de una manera muy dramática porque en la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) hicimos un fondo de emergencia para las víctimas, de los que estaban llegando heridos a los tres hospitales de Managua. Al mismo tiempo recuerdo que había una enorme algarabía. Particularmente entre las manifestaciones ciudadanas y en las marchas de apoyo a la Iglesia católica y un mar de gente en todas las ciudades de Nicaragua pidiendo un cambio.

Fue un momento en el que, a pesar de que el régimen estaba ya con la decisión de disparar a matar, todavía nosotros albergamos la esperanza del cambio. Y esa esperanza yo la he conservado.

La caída al precipicio

¿Pudieron dimensionar en qué momento esa deriva autoritaria iba en caída libre hasta desembocar en una tiranía?

—Al principio era difícil identificar un patrón. Sin embargo, en el diálogo nacional logramos que se invitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la primera reunión que tuvimos les entregué una lista con los nombres detallados y los expedientes médicos de los heridos que estábamos atendiendo. Esa fue la primera evidencia forense que recibieron en Nicaragua. Y ahí se empezó a montar este caso de un patrón que se repitió el 30 de mayo contra la marcha de las madres. El patrón es clarísimo: disparaban a la cabeza, al cuello y al pecho. Matar ya era una orden deliberada.

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Antes de 2018, Nicaragua era un país alejado de la violencia de los vecinos del triángulo norte centroamericano. Pero, ¿cuándo se quiebra esa imagen de país con seguridad ejemplar?

—Si bien no tenía ese nivel de violencia delincuencial, ese escenario hay que contrastarlo con la violencia institucional que caracteriza la historia de Nicaragua. O sea, nosotros tuvimos una guerra civil muy fuerte entre 1978 y 1979. Después otra guerra de 1981 a 1990 con miles de muertos y lesionados. Eso no puede quedar fuera de la ecuación, ¿no?

Y aunque probablemente el fin de la guerra civil contribuyó a que no se diera esa otra violencia delincuencial, ahí siempre estuvo el germen de la violencia institucional política de Ortega. Estos mismos excombatientes que ayudaron a Ortega en la guerra de los 80 se convirtieron en paramilitares que dispararon a civiles en 2018. Entonces, eso nos debe llevar a una reflexión sobre la importancia de la justicia en Centroamérica. Sobre la importancia de que se haga justicia para poner a los asesinos tras las rejas y que no se repita este patrón.

Lamentablemente en Nicaragua, sea por las buenas intenciones de los gobiernos que decretaron amnistías para darle vuelta a la página, nunca se buscó una justicia que lleve verdaderamente a los culpables a la cárcel.

Apoyo internacional

¿Es una lección aprendida?

—Sí, que tenemos que corregir. Y los perpetradores de esta violencia tienen que pagar por sus crímenes. Por eso es que en la oposición nicaragüense hacemos mucho énfasis en llevar causas como lo estábamos haciendo en distintas instancias.

En lo personal, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay otros esfuerzos, como en los tribunales en Argentina y los organismos internacionales para llevar a estos criminales efectivamente ante la justicia internacional. Si no se haces eso, no se rompe el ciclo de la violencia institucional política.

Siete años después de la rebelión, hay un reclamo: ¿por qué no hay una consolidación de todo el exilio nicaragüense así como se consolida Ortega y Murillo? ¿Parece que la vida continúa como si no ha pasado nada?

—En primer lugar, yo creo que el régimen no está como si no pasara nada, todo lo contrario. A Ortega y Murillo les duele lo que pasó en abril y por eso es que en las últimas semanas, a propósito del séptimo aniversario, han estado vociferando en contra del movimiento azul y blanco de una manera muy visceral. Lo tienen presente. Ahora quieren hacer el mes de la patria y feriados nacionales. Quieren borrar la historia y escribir su propia historia, que no va a ocurrir.

No es tan así, de que el régimen está en sus laureles. Cada vez está más aislado, está expuesto en el mismo sistema centroamericano, aislado en la Organización de Estados Americanos, se salió de la OEA precisamente por eso y es señalado en Naciones Unidas por sus delitos. El régimen está bastante desacreditado a nivel internacional y en un proceso de descomposición interna, echando preso a su propia gente.

El exilio

¿Y qué sucede con el rol del exilio nicaragüense?

—Con relación al esfuerzo unitario, yo siempre he reiterado que la oposición nicaragüense es diversísima. Tiene una enorme variedad de liderazgos que van desde estudiantes, campesinos, intelectuales, profesores universitarios, amas de casa, gente que le agarró este mar de azul y blanco y se incorporó a la lucha feminista, personas de distintas ideologías, una gran variedad de profesionales, funcionarios públicos, exsandinistas, excontras. Esa es la verdadera riqueza en un movimiento político que aglutina a toda la sociedad nicaragüense.

Yo siempre digo: no pensemos que la unidad es una sigla o alguien que instruya, o un mesías a seguir. Si hiciéramos eso, estaríamos perpetuando ese caudillismo contra el que estamos luchando.

Si realmente vamos a practicar la democracia es dentro de toda esta pluralidad, que debe ser resaltada. Pero no como división, sino resaltada como pluralidad, como el ejercicio democrático de tener un diálogo respetuoso entre todos los nicaragüenses con una verdadera unión de acciones específicas.

En la concertación democrática nicaragüense, que es la organización en la que estoy afiliado, hay gente de izquierda, de derechas, de centro, de distintos tipos de de pensamiento y nos une precisamente el hecho de que somos diferentes y eso está bien.

En este documento, se aborda la pertinencia de que el Estado Mexicano explore la posibilidad de incorporarse a esquemas de cooperación en seguridad y defensa internacionales, bajo la premisa de que estos mecanismos ofrecen un espacio estratégico para el mantenimiento y proyección del poder nacional. En un inicio, se abordan los principales cambios geopolíticos que explican el nuevo orden global -a la luz de un entendimiento sistémico hegemónico- y se explora cómo estos cambios impactan de manera directa en nuestro país.

En una segunda instancia, se señalan las razones tanto históricas como coyunturales que explican la indiferencia cultural mexicana hacia el escenario internacional, no sólo del grueso de su población sino también de su estamento político, y que termina por construir un ejercicio ambivalente de su política exterior.

El tercer elemento de este texto da cuenta de algunos ejemplos en los que dicha ambivalencia ha tenido lugar, permitiendo en algunos casos un correcto posicionamiento del interés nacional, o sirviendo de camisa
de fuerza, en otros.

Finalmente, el texto se adentra en la conveniencia de acercar al Estado Mexicano hacia la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), no como miembro activo sino como socio global, al tiempo de explicar los beneficios que esta figura ha significado para naciones hermanas como Colombia y próximamente para Argentina.

Publicación: 2024

A cargo de: The Institute for Strategy & Defense Research y Konrad Adenauer Stiftung

Autores: Isamar Quiroga y Christian J. Ehrlich

Los gobiernos locales en su condición de cercanía con la ciudadanía tienen la tarea de generar estrategias adecuadas para la atención de las necesidades ciudadanas, así como cimentar las bases para generar bien común y bienestar social. Dicha condición es imperativa, no solo por la cercanía, sino en aras de dar cabal cumplimiento a las funciones, concebidas constitucionalmente y con aquellas facultades específicas como la prestación de servicios públicos.

Sin embargo, el escenario político, económico y social contemporáneo exige también la capacidad de atención de manera inmediata a otras problemáticas y demandas de la ciudadanía dentro de su demarcación.

Los gobiernos subnacionales requieren instituciones que sean capaces de afrontar las problemáticas mediante acciones, políticas públicas y mecanismos eficientes; por tal motivo, el presente manual busca orientar las acciones gubernamentales para lograr una promoción del desarrollo humano sustentable.

El objetivo del manual «El ABC de la Gestión Energética y el Combate al Cambio Climático a nivel Subnacional» de la Fundación Konrad Adenauer es brindar una visión general del origen, integración y atribuciones de los gobiernos subnacionales hacia temáticas de gestión de la energía y de mitigación y adaptación al cambio climático, para que, el actuar de los servidores públicos se desarrolle conforme a los mejores prácticas nacionales e internacionales.

Publicación: 2024

A cargo de: Fundación Konrad Adenauer México

Autores: Pablo David Necoechea Porras y Eduardo Adrián Walsh Vargas

Esta investigación surge con el ánimo de aportar a esos debates actuales, pero sobre todo con la convicción de la importancia de promover la adopción de mecanismos adecuados de selección de altas autoridades judiciales. Concretamente, se pregunta cuáles son las características que deberían reunir dichos mecanismos de selección atendiendo a consideraciones normativas, conceptuales y contextuales.

Dicha investigación forma parte de la estrategia de proyectos “Sin justicia no hay democracia” de la Fundación Konrad Adenauer México, y en el marco de las actividades realizadas por dicha institución en relación con la reforma judicial en México.

Publicación: 2024

A cargo de: Dejusticia y Konrad Adenauer Stiftung

Autores: María Adelaida Ceballos Bedoya, Carolina Villadiego Burbano, Rodrigo Uprimny y Kelly Giraldo Viana

Si bien se han adoptado medidas de acción positiva y elementos de inclusión de la mujer en las prácticas empresariales, aún quedan tareas pendientes para lograr la igualdad en la participación laboral.

La subrepresentación de las mujeres en las empresas es cada vez más grave. En promedio, representan sólo el 36% de la fuerza laboral. Sin embargo, su participación se reduce al 12% en los departamentos competentes (general, financiero y jurídico) y al 4% en los departamentos generales.

Un estudio que analiza a las empresas registradas en las bolsas mexicanas de valores encontró que las políticas más implementadas son la capacitación continua en diversos temas como liderazgo o conciencia de género, protocolos de diversidad en equipos de trabajo y programas de liderazgo y crecimiento. Pero ¿son estas las pautas que necesitan las mujeres? ¿Por qué se eligieron estas pautas? ¿Cómo se pueden desarrollar estrategias más efectivas para integrar a las mujeres en las empresas?

Para responder a estas preguntas, la Fundación Konrad Adenauer (KAS) México, con el apoyo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), encuestó a personas de 13 empresas de diferentes tamaños y sectores e invitó a participar a mujeres en puestos de dirección media y alta.

Este artículo tiene como objetivo explorar los desafíos que enfrentan las empresas al diseñar e implementar políticas corporativas para atraer a más trabajadoras, particularmente en puestos de liderazgo. Esperamos que los resultados, conclusiones y recomendaciones presentados en este documento sean útiles para una amplia gama de sectores.

Publicación: 2023

A cargo de: Instituto mexicano para la competitividad México y Konrad Adenauer Stiftung

Autores: Sebastián Corona, Fernanda Garcia, Regina Garcia y Fátima Masse

Durante años el sistema de pensiones mexicano ha sido sujeto de reformas con el objetivo de balancear al menos tres objetivos de política pública. Primero, ampliar la cobertura y acceso al sistema de ahorro para el retiro. Segundo, mejorar la tasa de reemplazo de manera que los trabajadores tengan una pensión suficiente para cubrir sus necesidades durante su retiro. Tercero, disminuir presiones sobre las finanzas públicas para reducir el riesgo de insostenibilidad financiera de los subsistemas pensionarios basados en modelos no contributivos o de beneficio definido. Sin embargo, el sistema de pensiones aún requiere de reformas sustantivas si se desea lograr que más trabajadores tengan acceso al sistema de ahorro para el retiro y a una mejor jubilación.

Una política pública integral sobre el tema debe abordar diversas problemáticas para ampliar la cobertura, disminuir la presión sobre las finanzas públicas, mejorar la tasa de reemplazo, fomentar el ahorro voluntario para el retiro y regular la dinámica y competencia en el mercado de Afores. Sin embargo, no se puede reformar todo al mismo tiempo. En años recientes se han propuesto y, algunas veces, aprobado modificaciones que buscan resolver algunos de los mayores retos del sistema de ahorro para el retiro. Las siguientes olas de reformas al sistema de pensiones tendrán que ser estratégicas y priorizarse de acuerdo con su nivel de complejidad, impacto potencial y factibilidad política. ¿Por dónde comenzar a trazar una hoja de ruta de reformas al sistema de pensiones para los siguientes años?

Para responder esta pregunta, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) facilitó un taller de discusión estructurada con expertos en el tema de pensiones, en la que se conocieron e integraron las posturas de diferentes actores al respecto. En el proceso de selección de especialistas, el IMCO buscó a representantes de todos los sectores involucrados en el tema de pensiones con el fin de lograr un balance y una discusión plural. Previo a la ejecución del taller se entrevistó a 6 especialistas, y durante la discusión final participaron 14 especialistas provenientes del sector académico, financiero y la sociedad civil. En específico, participaron colaboradores de instituciones como el Banco Mundial, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la Asociación Mexicana de AFORES (Amafore) e Integralia, entre otras.

El objetivo de este proyecto -el cual fue ejecutado con el apoyo de la Konrad-Adenauer-Stiftung en México- es delinear y priorizar las reformas al sistema de pensiones necesarias dentro del siguiente lustro para mejorar su desempeño en beneficio de todos los trabajadores. En ese sentido, el presente documento muestra una explicación de los sistemas de pensiones en México, así como sus principales retos. Para cada reto identificado se ofrece un breve diagnóstico de la problemática y se abren preguntas para la discusión sobre posibles reformas para atenderlos.

Publicación: 2021

A cargo de: Instituto Mexicano para la Competitividad y Konrad Adenauer Stiftung

Durante siglos, los Estados han permanecido inmersos en la búsqueda de estrategias y políticas públicas que generen condiciones de desarrollo para la sociedad. En ocasiones, estos procesos se han caracterizado por el individualismo y la exclusión, lo que se traduce en la amplia brecha de desigualdad social y económica que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Esta falla sistémica ha propiciado la acumulación de riqueza en grupos y territorios privilegiados de la sociedad, segmentando a los pueblos entre ciudadanos de primera y segunda categoría sin respetar la dignidad de las personas.

Esta problemática se refleja en los altos niveles de migración irregular que atraviesa la sociedad contemporánea, donde las personas arriesgan sus vidas y las de sus familiares en el anhelo de lograr nuevas oportunidades de convivencia y prosperidad, en vista de que muchas veces no encuentran condiciones de dignidad, desarrollo y seguridad en sus propios territorios.

En el caso particular del continente americano, según cifras del Portal de Datos sobre Migración, alrededor de 50 millones de migrantes se encontraban en territorio estadounidense en 2020, y se estima que esta cifra ha aumentado debido a la crisis pospandemia y los conflictos políticos de los distintos países. La región experimenta el fenómeno de la migración de sur a norte, siendo Venezuela, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador los países con mayor número de solicitantes de asilo y refugio.

De manera individual, algunos Estados han comenzado a construir muros y vallas para repeler a los migrantes y limitar el ingreso a sus territorios. Sin embargo, la historia ha demostrado que aquellas personas que huyen del miedo y la desesperación se enfrentan a estos obstáculos sin importar las consecuencias. Aunque este viaje signifique la pérdida de sus vidas, salud e integridad.

Se necesita la unidad entre naciones para hacer posible el anhelo del Papa Francisco en la carta encíclica Fratelli Tutti: “Hay que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra”. Para alcanzar ese ideal es fundamental y necesario que las sociedades respeten la libertad, la democracia, el Estado de derecho y una economía al servicio de las personas.

Desde la Fundación Konrad Adenauer reafirmamos nuestro compromiso de continuar con la generación de estos espacios y alentar a la ciudadanía para el desarrollo de políticas públicas que dignifiquen y den estabilidad a las personas. El esfuerzo por construir una sociedad más justa y democrática requiere del trabajo en unidad para garantizar los derechos inalienables de las personas y su valor en la vida pública, social, económica y cultural.

Agradecemos a la Universidad Católica de Honduras “Nuestra Señora Reina de la Paz” por hacernos partícipes de estas importantes iniciativas que contribuyen a la formación, investigación y vinculación de los jóvenes hondureños. A los distinguidos participantes de la segunda promoción del Diplomado en Migración y Desarrollo les extendemos nuestras más sinceras muestras de agradecimiento por compartir sus investigaciones y acompañarnos en este proyecto.

El involucramiento ciudadano es vital para forjar un mundo con más y mejores oportunidades, en nuestra convicción, una sociedad con bienestar para todos.

Publicación: 2023

A cargo de: Universidad Católica de Honduras y Konrad Adenauer Stiftung

Editor responsable: Stefan Jost

La economía mundial se encuentra en un contexto de elevados niveles de incertidumbre. Por un lado, los factores relacionados con la pandemia, como el surgimiento de nuevas variantes del virus Covid-19 o de otros virus de alto contagio. Por otro, la crisis económica derivada, que ha dejado y continúa dejando secuelas, algunas transitorias, otras,
permanentes.

En el ámbito del comercio internacional, es posible observar los impactos que la pandemia tuvo en las cadenas de suministro en 2020, las cuales se vieron interrumpidas por las políticas de confinamiento implementadas por la mayoría de los gobiernos y por las medidas comerciales proteccionistas sobre productos médicos esenciales, resultando en una recesión mundial.

En 2021, con la gradual reapertura e inicio de la vacunación, se observa un impulso al consumo de bienes, al cual contribuyó un mayor ingreso disponible de los hogares debido a la política fiscal y monetaria expansiva. Sin embargo, el aumento de la demanda no fue suplido con el aumento equivalente en la producción. Además, ocurre un fuerte aumento en los costos de envío causado por los retrasos, la escasez de contenedores y la falta de personal en los puertos, complicando la logística y el comercio. La suma de todos estos factores ocasiona que a finales del año surjan presiones inflacionarias.

A este contexto, en 2022 se añade el conflicto entre Rusia y Ucrania, resultando en mayores riesgos para una economía mundial que aún no se ha recuperado por completo del impacto de la pandemia. Así, este año podrían empeorar tanto la inflación como el crecimiento, dado el incremento en los precios de variables clave como: alimentos, fertilizantes, minerales y energía. Se le añaden las fuertes medidas de restricción impuestas en China para contener el Covid-19, suspendiendo operaciones en puertos importantes para el comercio mundial; la desaceleración económica de Europa, por la cercanía al conflicto; y mayor incertidumbre en torno a la evolución del ritmo de crecimiento de Estados Unidos y
China.

Este artículo tiene como objetivo presentar un análisis de los aspectos que resultan en una combinación de riesgos para Centroamérica derivados eventos internacionales que están afectando la economía, a nivel mundial. Se presenta primero el contexto internacional, con énfasis en el crecimiento económico, el comercio y los precios de las materias primas, seguido de la situación macroeconómica de Centroamérica, para luego analizar dos factores relevantes de riesgo para la región. Por un lado, la evolución de los precios de los alimentos y su impacto en el ingreso y consumo en un contexto de inseguridad alimentaria. Por otro, la evolución en los precios del sector energético eleva las presiones inflacionarias que debilitan el poder adquisitivo y elevan los costos de producción.

Dadas las fuentes de vulnerabilidad presentadas, se analiza la dinámica de los distintos shocks externos que se están superponiendo actualmente. Se presentan escenarios de los posibles impactos a la región de Centroamérica, teniendo en cuenta las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en la última edición de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) de abril de 2022 y tomando en cuenta también la actualización del Banco Mundial Global Economic Prospects en junio (2022).

Publicación: 2023

Autor: Annalisa Tabarini

A cargo de: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y Fundación Konrad Adenauer Guatemala, Honduras y El Salvador