En los últimos años, una nueva corriente empezó a ganar terreno en el debate intelectual y político de Estados Unidos: el posliberalismo. Aún incipiente pero cada vez más influyente, busca dar solución a algunos desafíos de las democracias liberales contemporáneas.
Como respuesta a la polarización y a la guerra cultural de los últimos cincuenta años de la vida política estadounidense, un grupo de pensadores en filosofía política y teoría constitucional proponen un giro decisivo: dejar atrás el originalismo y la teoría de la constitución viviente. A su juicio, son la causa de la erosión política de la república americana, que tiene en la interpretación constitucional el principio y fundamento de su cultura política.
De la neutralidad al bien común
El originalismo y la teoría de la constitución viviente representan dos enfoques opuestos dentro del constitucionalismo estadounidense. Aunque ambos comparten el supuesto liberal de que el derecho debe operar bajo criterios de neutralidad. El originalismo sostiene que la Constitución debe interpretarse según el significado original que tenía en el momento de su redacción. Esto limita la función judicial a una aplicación estricta del texto y rechaza cualquier evolución interpretativa posterior. Por su parte, la teoría de la constitución viviente defiende que la Constitución es un texto dinámico cuyo sentido puede y debe adaptarse a los cambios culturales, sociales y políticos de cada época. De este modo, permite una lectura más flexible que incorpora nuevas concepciones de derechos y justicia.
Mientras el originalismo busca preservar el pasado, el constitucionalismo viviente pretende actualizar el pacto fundacional. Sin embargo, ambos enfoques comparten una comprensión del derecho como procedimiento antes que herramienta de ordenación sustantiva al bien.
Frente a esta limitación compartida, el postiberalismo irrumpe como una alternativa que rechaza la neutralidad moral del derecho y propone una recuperación del horizonte teleológico de la política. En lugar de reducir la Constitución a un texto fijo o a una adaptación constante, plantea interpretarla como un instrumento orientado activamente al bien común.
Constitucionalismo del bien común
El término posliberalismo se consolidó a partir de la publicación del libro Why Liberalism Failed (2018) de Patrick Deneen. Sus ideas se profundizaron en Regime Change (2023). Este planteo expone con agudeza las contradicciones internas del procedimentalismo liberal moderno. Según Deneen, este modo de interpretación de los textos fundamentales de la cultura política estadounidense ha sido predominante en los últimos años. En relación con este punto, para Deneen, la causa de la crisis social, política y espiritual profunda que atraviesa EEUU debe encontrarse en la exaltación del individuo autónomo, la erosión de los vínculos comunitarios, el desprecio por las tradiciones culturales y la instrumentalización del Estado con fines ideológicos. Superar esta crisis es necesario para garantizar la supervivencia de la sociedad estadounidense.
Este diagnóstico fue el punto de partida de un movimiento que comenzó a articularse con varios aportes intelectuales. El jurista Adrian Vermeule, en Common Good Constitutionalism. Toward a Postliberal Future (2022), y los politólogos Gladden Pappin —fundador del substrack The Postliberals (2021)— y Sohrab Ahmari, autor de Tyranny, Inc.: How Private Power Crushed American Liberty and What to Do About It (2023). Estos autores promueven una propuesta política posliberal. La denominan “common good conservatism” o “common good constitutionalism”.
Esta filosofía política y teoría constitucional tiene una profunda influencia de la tradición católica. Especialmente por el pensamiento político y jurídico de Santo Tomás de Aquino. Sostiene que el derecho no es simplemente un conjunto de reglas formales, sino una ordenación racional dirigida al bien común. En contraste con la neutralidad moral del liberalismo, el constitucionalismo del bien común afirma que el Estado tiene la responsabilidad de promover activamente ciertos fines sustantivos. Por ejemplo, el orden, la justicia, la paz y la promoción de la vida familiar y religiosa enraizados en la ley natural. Esta influencia católica se traduce en una concepción teleológica de la política y del derecho. La autoridad legítima se mide por su orientación al florecimiento integral de la persona humana dentro de una comunidad justa.
Hacia un nuevo rol del Estado
Desde esta perspectiva, se sostiene que el Estado debe dejar de ser un árbitro neutral entre intereses individuales para recuperar un rol activo en la promoción del bien común. Se rechaza el individualismo radical que caracteriza tanto al originalismo, como la doctrina de la constitución viva. En cambio, se reivindican principios clásicos de la tradición social católica. Como el orden, la virtud cívica, la familia, la religión y la comunidad, pilares necesarios para una sociedad sana. En ese sentido, la neutralidad moral del Estado no es posible ni deseable. El derecho debe estar orientado a fines sustantivos y no limitarse a garantizar procedimientos formales.
Esta posición genera polémicas. Críticos de izquierda acusan a este movimiento de autoritario por su aparente desprecio por el pluralismo y su cercanía con ideales confesionales. Algunos liberales conservadores, por su parte, temen que esta filosofía política sacrifique libertades fundamentales en nombre de un orden moral premoderno. Pero los posliberales replican que la supuesta neutralidad del liberalismo es una ficción: toda sociedad promueve ciertos valores, y la neutralidad es un ideal que funciona bien en la teoría, pero no en la práctica.
¿Qué vacíos viene a llenar el posliberalismo?
Más allá de estas controversias, el posliberalismo viene a mostrar algunos interrogantes planteados por la filosofía política contemporánea. ¿Puede una democracia sostenerse sin un fundamento moral compartido? ¿Qué relación existe entre religión y la plaza pública? ¿Cómo recuperar los vínculos comunitarios en sociedades fragmentadas? ¿Es sostenible un orden político fundado exclusivamente en la autonomía individual y la lógica del mercado?
Lejos de proponer un orden teocrático, estos autores apuestan por una política con raíces morales profundas, que reconozca que la sociedad no es una suma de intereses individuales, sino una comunidad moral que persigue el bien común.
No obstante, el posliberalismo aún enfrenta desafíos importantes. En primer lugar, no está claro hasta qué punto esta corriente puede traducirse en un programa político coherente ni si encontrará receptividad en sociedades democráticas y pluralistas que no comparten una única noción de bien. En segundo lugar, su éxito depende de su capacidad para no caer en tentaciones populistas o autoritarias que terminen por reproducir los mismos males que critica al usar la identidad religiosa como principio unificador de la cultura política.
Consideraciones finales
En definitiva, el posliberalismo no es simplemente una moda intelectual pasajera ni un gesto reaccionario frente a la modernidad política. Constituye, más bien, una tentativa seria de replantear los fundamentos morales del orden político en un momento de creciente escepticismo hacia las promesas del procedimentalismo liberal. Al cuestionar tanto el originalismo como la teoría de la constitución viviente, los posliberales abren un nuevo espacio de discusión. Un espacio donde el derecho no es neutro, la política no es solo gestión de intereses y el Estado no puede desentenderse de los fines sustantivos que orientan la vida común. Su desafío más profundo, sin embargo, radica en demostrar que es posible traducir esta visión en una práctica política y jurídica viable, capaz de articular unidad moral sin sofocar el pluralismo, y de promover el bien común sin imponer una ortodoxia cerrada.
En tiempos de fragmentación, desconfianza institucional y crisis de sentido, el posliberalismo ofrece una provocación: repensar la democracia no como un procedimiento vacío, sino como una empresa moral compartida. Que esta provocación se convierta en alternativa real dependerá de su capacidad para inspirar una política que, sin renunciar a la libertad, recupere su vocación de servicio a lo verdadero, lo justo y lo común.
