A 7.000 kilómetros de París, entre Brasil y Surinam, se extiende un territorio donde circula el euro, despegan cohetes espaciales, se aplican las leyes del Código Civil francés y la tensión política se intensifica. Es la Guayana Francesa, un departamento de ultramar de Francia donde el reclamo de mayor autonomía gana fuerza al calor del precedente abierto por Nueva Caledonia.
Tras las violentas protestas que en 2024 paralizaron Nueva Caledonia y generaron pérdidas por 2.000 millones de euros, el parlamento francés se apresta a aprobar una reforma constitucional que reconoce al archipiélago como un “Estado” dentro de la República. Aunque no implica independencia, el nuevo estatus permitirá a Nueva Caledonia ejercer competencias ampliadas y ser reconocida por la comunidad internacional, aunque sin ser independiente.
Independentistas lideran la autonomía
Este giro institucional es impulsado por la presión de los sectores independentistas. Ha generado demandas de autonomía en Guayana Francesa, donde se elige un parlamento local, con pocas competencias, y dos diputados y dos senadores para representar al territorio en el Parlamento francés.
El reclamo está encabezada por Gabriel Serville, presidente de la Asamblea Territorial desde 2021, y por el diputado Jean-Victor Castor, representante del territorio en la Asamblea Nacional francesa y miembro del partido independentista Mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale (MDES).
Aunque Serville proviene de la izquierda guayanesa, evita encasillar en categorías tradicionales al partido político que fundó en 2019, Péyi Guyane. Inspirado en el modelo organizativo de En Marche —la plataforma fundada por el presidente francés Emmanuel Macron—, Serville propone una estructura abierta, territorial y construida desde la sociedad civil. El partido se articula en torno al lema Panga, un acrónimo que remite a la frase “Compartamos el futuro de una Guayana Francesa amazónica”.
El pasado 5 de noviembre, mientras Emmanuel Macron participaba en la cumbre de líderes de la COP30 en Brasil, Serville alzó la voz en el XXI Congreso de las Regiones de Francia, celebrado en Versalles. Allí se pronunció con dureza: “Nos dicen que cuando una región gana, Francia gana. Pero también quisiera decir que cuando una región pierde, toda Francia pierde. La Guayana Francesa lleva al menos 70 años esperando beneficiarse de un marco institucional que se ajuste directamente a su realidad”.
Serville elevó el tono del reclamo y lanzó una advertencia directa al gobierno central: “He dado un ultimátum al Presidente de la República y hoy he informado a mis colegas Presidentes Regionales. Si, para el 31 de diciembre de 2025, el Presidente Macron no nos ofrece un compromiso firme con nuestro territorio, me reservo el derecho de convocar al Congreso de funcionarios electos de la Guayana Francesa para que adopte una resolución que me permita acudir a la ONU a solicitar que la Guayana Francesa sea reintegrada en la lista de territorios a descolonizar”, añadió.
El proyecto guyanés
Las limitaciones del parlamento local de Guayana están especificadas en el artículo 73 de la Constitución de Francia. Expresamente prohíbe todo lo relacionado a “la nacionalidad, los derechos civiles, las garantías de las libertades públicas, el estado y la capacidad de las personas, la organización de la justicia, el derecho penal, el procedimiento penal, la política exterior, la defensa, la seguridad y el orden públicos, la moneda, el crédito, las divisas, así como el derecho electoral”.
El proyecto de autonomía para Guayana, perfeccionado entre mayo de 2023 y abril de 2024 en tres congresos de funcionarios electos, propone la creación de un estatus sui generis similar al de Nueva Caledonia. Este nuevo marco institucional sería implementado mediante una ley orgánica consultada con la población local y permitiría a la futura comunidad ejercer “poder normativo autónomo” para promulgar leyes adaptadas a su realidad.
Entre las competencias a transferir, figuran la planificación regional, el transporte, la agricultura, la pesca y la gestión de recursos naturales, mientras que cooperación regional y seguridad se compartirían con el Estado francés. El plan también contempla la transferencia de tierras —más del 90% del territorio está en manos del Estado— y una reforma fiscal que duplicaría el presupuesto actual, estimado en 870 millones de euros. Guayana mantendría su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, preservando así el acceso a fondos europeos.
La posibilidad de que Guayana Francesa logre un cambio institucional en el corto plazo sigue siendo incierta. El presidente Emmanuel Macron ha dejado atrás su negativa a reformar la Constitución y propuso la creación de grupos de trabajo específicos para Martinica, Guayana y Guadalupe, con el objetivo de evaluar posibles reformas constitucionales. De todos modos, el camino hacia una transformación efectiva sigue siendo empinado.
“Emmanuel Macron ha abierto muy claramente la puerta a una enmienda constitucional sobre el tema”, aseguró Davy Rimane, diputado por Guayana Francesa. Sin embargo, el proceso requerirá discutir la propuesta, obtener el respaldo del parlamento local y, posteriormente, lograr su aprobación en el parlamento francés.
Economía y exclusión
El deseo de cambio político en Guayana se nutre de una realidad social marcada por la precariedad. Según el informe 2024 del Instituto de Emisión de los Departamentos de Ultramar, el 52% de los 292 mil habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza. La migración indocumentada y la minería ilegal de oro en la frontera con Brasil figuran entre los principales desafíos estructurales, mientras que las tasas de homicidios superan en diez veces el promedio de Francia.
Los residentes denuncian la insuficiencia de inversiones en infraestructura y en el sistema de salud. Salvo la carretera que conecta con la base espacial de Kourou —principal plataforma de lanzamiento de satélites y cohetes europeos—, prácticamente no existen vías de comunicación con el interior del país. Esta desconexión territorial se traduce en menor desarrollo y en una situación de aislamiento para sectores de la población.
El diputado Jean-Victor Castor estuvo al frente de una misión de investigación sobre el “desarrollo sostenible del territorio” y en noviembre del año pasado presentó conclusiones. El informe propone cinco áreas clave: reforzar la seguridad frente a la minería ilegal, nuevas infraestructuras y energías renovables, impulsar la agricultura local para mayor autonomía, mejorar la educación con más escuelas y personal, y ampliar el acceso a vivienda y salud. Todo ello bajo la premisa de adaptar las normas nacionales a las realidades guyanesas para una gestión más eficaz.
Territorios de ultramar
El pasado 14 de octubre, durante su discurso de política general ante el Parlamento, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, advirtió —en referencia a Nueva Caledonia— que “sería un error pensar que se trata de un caso aislado: la cuestión de los territorios de ultramar es igualmente urgente”. Al referirse a las demandas de cambios institucionales en Guayana, Martinica y Guadalupe, concluyó con una señal de respaldo: “Debemos apoyarlas”.
¿Está Francia preparada para concretar una reforma constitucional en el corto plazo, o seguirá calibrando el alcance del cambio?
