Durante las transiciones democráticas de la llamada tercera ola, América Latina vivió una revolución silenciosa pero trascendental: las transformación y empoderamiento del poder judicial. Desde los regímenes autoritarios del Cono Sur hasta los autoritarismos electorales de larga data, como el mexicano, las reformas judiciales de los años noventa buscaron crear contrapesos reales y fortalecer la independencia de los jueces.
Se crearon cortes constitucionales, se establecieron mecanismos de selección más técnicos y se amplió el control judicial sobre los actos del Ejecutivo y el Legislativo. Las y los jueces comenzaron a tener una voz en los debates públicos, definiendo el alcance de políticas de seguridad, programas sociales o decisiones sobre derechos humanos. Las cortes, tradicionalmente subordinadas al poder político, se convirtieron en una arena relevante para la defensa de la democracia y los derechos.
Este nuevo protagonismo generó, sin embargo, un efecto colateral: los tribunales comenzaron a incomodar a quienes ocupaban el poder. En una región donde los liderazgos fuertes han sido la norma, muchos presidentes no soportaron que sus decisiones fueran revisadas o declaradas inconstitucionales. A partir de entonces, se desencadenó un nuevo ciclo: el de los ataques y la captura política del poder judicial.
Erosión y captura: cuando el poder no tolera límites
Con discursos populistas que apelan a la voluntad del pueblo, líderes democráticamente electos han cuestionado la legitimidad democrática de los jueces y han promovido reformas que debilitan la independencia judicial. Su estrategia ha combinado ataques retóricos y ataques institucionales al poder judicial, particularmente, a las altas cortes.
Estos líderes con pocas credenciales democráticas primero lanzan ataques retóricos: los jueces son “corruptos”, “protectores de privilegios”, “la élite mejor pagada” o “enemigos del pueblo”. Critican y desacatan abiertamente las sentencias, alegando que los tribunales obstaculizan el mandato popular. Después, impulsan reformas institucionales para controlar la composición de las cortes o limitar sus competencias. En la última década los ataques del gobierno al poder judicial se han verificado en países como Argentina, Brasil, El Salvador, México, Nicaragua, Perú y más recientemente, en Costa Rica.
Un estudio de V-Dem hace un análisis comparativo de los ataques gubernamentales al sistema judicial. Los valores más cercanos al cero indican que los ataques eran diarios o con asiduidad semanal.
El Salvador: la purga institucional de Bukele
El caso salvadoreño refleja un proceso de ataques retóricos e institucionales con un ritmo acelerado. Desde su llegada al poder en 2019, Nayib Bukele convirtió a la Sala de lo Constitucional en su principal adversario. Los magistrados le pusieron límites a su política de seguridad, Plan Control Territorial, y anularon decretos de confinamiento por violar derechos fundamentales. Bukele respondió con desobediencia y ataques desde sus redes sociales, afirmando que los jueces protegían criminales.
En mayo de 2021, una vez que su partido Nuevas Ideas logró mayoría en el Congreso, el presidente ordenó la destitución de los magistrados de la Sala y del fiscal general, acabando con la independencia judicial. Los nuevos jueces, afines al Ejecutivo, no tardaron en fallar a favor del gobierno. Entre sus primeras decisiones estuvo habilitar la reelección presidencial consecutiva, pese a que la Constitución salvadoreña la prohíbe expresamente. Con ese movimiento, Bukele eliminó el principal contrapeso institucional de su mandato. Hoy El Salvador vive bajo un régimen de facto autoritario, donde el poder judicial funciona como un brazo del poder presidencial.
México: la reforma que desmantela la independencia
Tras años de atacar a la Suprema Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró su sexenio con una reforma constitucional que reconfiguró por completo el sistema judicial mexicano. Aprobada en menos de 15 días por un Congreso dominado por su partido, Morena, la iniciativa eliminó la carrera judicial, destituyó a más 1600 personas juzgadoras, disolvió la independencia judicial instaurando la elección popular de todos los jueces del país, incluidos los ministros de la Corte.
El argumento: “democratizar” la justicia. Pero en realidad el cambio concentra el poder en manos del Ejecutivo y los partidos. La elección judicial se convirtió en la primera elección no democrática de México después de la transición, pues el partido en el gobierno movilizó su estructura para inducir el voto y logró colocar a sus leales en los cargos de las más altas cortes, incluidas la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.
Perú: entre el asedio y la captura
En Perú, el deterioro del poder judicial es más complejo. Proviene tanto del Ejecutivo como del Congreso como entidades separadas y no controladas por un solo partido. Durante el gobierno de Pedro Castillo, la narrativa oficial acusaba al poder judicial de “mafia” y de actuar contra el pueblo. Cada vez que un juez o fiscal investigaba actos de corrupción, el presidente respondía con acusaciones de persecución política. Al mismo tiempo, el Congreso inició su propio proceso de captura institucional. Desde 2020 busca debilitar a la Junta Nacional de Justicia, órgano encargado de nombrar y evaluar a jueces y fiscales. En 2024, destituyó a dos de sus miembros, afectando su funcionamiento, y propuso reemplazarla por una entidad dependiente del Legislativo.
En 2022, los congresistas completaron la captura del Tribunal Constitucional, al nombrar a seis de sus siete integrantes en un proceso carente de transparencia. Desde entonces, el Tribunal ha emitido sentencias alineadas con las preferencias políticas del Congreso: ha debilitado el control judicial sobre funcionarios y avalado decisiones que concentran poder en el Legislativo.
Costa Rica: ataques inéditos al poder judicial
Incluso en democracias consolidadas como Costa Rica, el poder judicial no está a salvo. Desde la llegada de Rodrigo Chaves en 2022, el Poder Judicial costarricense es objeto de ataques desde el Ejecutivo y violencia del crimen organizado. Según el Quinto Informe Estado de la Justicia, se trata de un hecho sin precedentes en la historia política: el presidente y sus colaboradores han usado el pódium presidencial para atacar, deslegitimar y subvertir la independencia al poder judicial.
Esta ofensiva ha generado un debilitamiento claro en la separación de poderes. Aunque Costa Rica aún goza de niveles de democracia relativamente altos en el ámbito regional, este nuevo escenario se suma a otros en la región en donde se han ya verificado regresiones democráticas usando el mismo manual de ataque a las cortes.
Resiliencia en Brasil
A pesar de este panorama sombrío, existen ejemplos en la región que muestran que la independencia judicial puede resistir, incluso en contextos de alta polarización. En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, el Supremo Tribunal Federal (STF) fue blanco de ataques constantes. El expresidente promovió juicios políticos contra magistrados y alentó campañas de desinformación para desacreditar al tribunal. Sin embargo, la respuesta del STF fue firme.
Lejos de ceder, el STF defendió las instituciones. Por ejemplo, tras los ataques del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, la Corte condenó los hechos como un intento de golpe de Estado. El caso de Brasil demuestra que la fortaleza institucional y el compromiso con principios democráticos son condiciones necesarias para independencia judicial.
Entre la resiliencia y la captura judicial
La historia reciente de América Latina muestra que la erosión democrática rara vez ocurre de forma súbita. Empieza con ataques retóricos —con la descalificación del juez incómodo o del tribunal que limita al gobernante— y avanza con reformas que parecen técnicas y democráticas, pero que concentran el poder y silencian las voces críticas.
Las democracias latinoamericanas enfrentan hoy una prueba crucial: proteger a sus tribunales de los proyectos de captura que buscan subordinar la justicia al poder político. La resiliencia judicial, como muestra el caso de Brasil, es posible. Pero depende no solo de los jueces, sino también de una sociedad civil que entienda que sin justicia independiente y asertiva no hay democracia posible.
