Crónica de una elección anulada

El pasado 20 de octubre, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia desplegó su decimoséptima misión de acompañamiento electoral para los comicios presidenciales y legislativos de Bolivia. Esto en el marco de uno de nuestros principales programas de acción, que nos ha llevado a procesos de 13 países en el hemisferio, convencidos de que, si bien la democracia es muchísimo más que elecciones, no puede haber democracia donde no hay elecciones creíbles. Sin embargo, llegamos a Santa Cruz de la Sierra en un contexto bastante deplorable, dado que la última vez que nos habíamos trasladado hacia allá en 2016, fue para el ignorado referendo de ese año sobre la reelección presidencial. En nuestro rol de observadores siempre partimos de una premisa cuestionadora hacia el poder, pero esto creció cuando, de por sí, ya este había mostrado desprecio hacia la voluntad popular y dejado claro que esta no sería una cita electoral protocolar.

Antes de que se emitiera el primer voto, las irregularidades y malas prácticas abundaban a plena vista. El abuso de los recursos públicos era la más notoria, con el candidato reeleccionista inaugurando obras después de cerrada la campaña. En lugar de una contienda entre opositores y oficialistas se tuvo una competencia contra el Estado mismo, completamente sometido por el Movimiento al Socialismo (MAS), que nunca tuvo interés por siquiera aparentar que había una mínima igualdad de condiciones.

A lo largo de cada una de nuestras reuniones con las candidaturas participantes, así como con la sociedad civil, la indignación era el factor común, acompañado de la impotencia acumulada por casi 14 años de normalización del descaro. No obstante, había también un sentimiento de esperanza por la posibilidad de replicar la base política que tan solo tres años antes había dicho elocuentemente que no.

Fue ese quizá el mayor de los errores cometidos por el ahora expresidente Evo Morales, quien no supo leer correctamente a la sociedad que gobernó por cerca de década y media. Este ya no era el país que le había dado 61% de los votos en 2014; más bien era el mismo que en 2016 le había dicho basta ya y que difícilmente aceptaría un nuevo desconocimiento o hurto electoral.

Muchas veces, el calor del presente hace que se olvide el pasado y, aparentemente, ninguno de los cortesanos presidenciales recordó que Bolivia cuenta con una larga tradición de gobiernos caídos —dos de ellos tan recientes como en 2003 y en 2005, que allanaron la coronación del MAS—. La cima del poder les hizo creer que eran inmunes a estos episodios y que algo tan escandaloso como paralizar el conteo de votos por 23 horas y de repente variar la tendencia para declararse ganadores no motivaría la movilización ciudadana en defensa de la democracia.

Evo Morales cayó por su soberbia, pero eso no es motivo de celebración, pues deja a un país traumatizado por un proceso burdamente fraudulento, cuando merecía una transición ordenada y pacífica. Eso es lo que están viendo sus vecinos en Argentina y Uruguay, el primero de estos siendo tan solo el cuarto presidente civil que pierde una reelección inmediata en la región y el segundo viendo el final de 15 años consecutivos de gobierno frenteamplista en una contienda sumamente cerrada.

Los bolivianos, en cambio, irán a elecciones repetidas con sabor agridulce por tratarse al mismo tiempo del freno a una maniobra dolosa que habría hecho naufragar de manera definitiva cualquier ilusión de institucionalidad republicana y de la trágica evidencia de hasta dónde llegarán ciertos gobernantes en busca de mantenerse al mando, con apoyo o sin él.

De todas formas, nuestra Red estará nuevamente acompañando el proceso, reiterando que este es un logro de la ciudadanía pero que la solidaridad internacional es fundamental y que la correcta reacción, tanto de la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea, significaron ayuda invaluable para dar a conocer las interioridades del intento de fraude.