A partir del mes de abril Nicaragua vive una revolución pacífica en la cual el estandarte principal ha sido la unidad azul y blanca. La indignación y la ira al ver cómo la dictadura reprime y asesina al pueblo que se manifiesta desarmado ante la violación a sus derechos han activado el levantamiento de tranques, barricadas y paros ciudadanos con desobediencia civil en diversas partes del territorio nacional.
Multitudinaria marcha de la sociedad civil en Managua, 9 mayo 2018 | Foto: Jorge Mejía Peralta, vía Flickr
Desde los barrios, comarcas, comunidades rurales, urbanas, indígenas y afrodescendientes ha florecido la visión de nación, esa donde solo el pueblo salva al pueblo, que exige la participación de todos los sectores y la resistencia colectiva sin claudicar, demandando justicia y la democratización del país.
Con más de 130 muertos, centenares de heridos y reos políticos en menos de dos meses, según informes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, las organizaciones de sociedad civil, coalición de estudiantes, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, tenemos el gran reto de lograr una verdadera articulación que en conjunto pueda concertar una propuesta de democratización desde las bases sociales, adecuada a la realidad nicaragüense.
El papel criminal que ha jugado el régimen, asesinando a decenas de hombres y mujeres —la mayoría de ellos jóvenes y niños—, asediando, reprimiendo y persiguiendo al pueblo, no ha tenido más que un objetivo: infundir pánico en la población para que esta no se organice, no se movilice y no logre articular la demanda de sus derechos. Pero, muy por el contrario, la gente ha perdido el miedo y sigue firme en las calles denunciando los abusos que este sistema ha ejecutado en todo este tiempo y cómo ha venido durante once años reformando y acomodando las leyes junto con la Constitución Política a favor del sistema autoritario que impuso desde el 2006.
Cabe mencionar que todos estos actos los ha ejecutado la Policía Nacional. bajo el mando del presidente de la República, como jefe supremo de este órgano, como lo establece el artículo 1 de la ley 872 («Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la policía nacional»). Viola así la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios de Ginebra y otros convenios internacionales que tutelan los derechos humanos.
Esta insurrección pacifica de todo un pueblo que exige justicia está por encima de la tiranía, no posee distingo de raza, género o edad, ni oportunismos antagónicos, de los cuales históricamente estamos cansados. Solo tiene dos objetivos: justicia y democratización. Establecer un verdadero Estado de derecho en que los poderes del Estado sean independientes y la corrupción se combata con justicia, donde se pueda ejercer el derecho al voto escogiendo con libertad y transparencia el gobierno que decidamos tener.
Las y los ciudadanos demandamos al gobierno que permita la presencia el Alto Comisionado de los Derechos Humanos para que se investiguen a profundidad todos los crímenes y se le dé respuesta al pueblo. A la vez, pedimos a toda la comunidad internacional que siga apoyando a un pueblo que clama justica, para que Nicaragua vuelva a ser una república.
La impunidad ya no debe ser el pan de cada día para cada una de las familias de los asesinados, activistas defensores de derechos humanos y demás victimas que han sobrevivido a secuestros, torturas, masacres y detenciones ilegales y sin fundamentos para desvirtuar la lucha.
Las y los jóvenes nicaragüenses le hemos dicho sí a la democracia y no a la dictadura, en rebelión al régimen. Cada uno desde sus posibilidades, e incluso traspasando estas, en muchos casos hasta dar la vida, como en el caso de Alvarito Conrado y demás niños asesinados.
En este período de revolución cívica es clave poder lograr cambios sin llenarse las manos de sangre, por la vía pacífica que ha marcado historias a nivel mundial y que permitirá la refundación del Estado de Nicaragua, con su historia singular que trascenderá a toda América Latina.