Los días 2 y 3 de febrero de 1989 marcaron un hito histórico en el Paraguay con la caída del régimen presidido por Alfredo Stroessner.
El dictador paraguayo Alfredo Stroessner
Durante más de 35 años, Stroessner fue amo y señor de la vida política, social y económica del Paraguay. Fue una dictadura con apariencia democrática, solo en algunas formalidades, pero que respondía a la granítica trilogía partido, gobierno y fuerzas armadas que reprimió sin contemplaciones cualquier intento libertario u opinión divergente a los objetivos del gobernante.
Fue un ciclo oscuro que, aprovechando los tiempos de la doctrina regional de la seguridad nacional, coincidente con la guerra fría de la mitad del siglo pasado, impulsó regímenes militares en gran parte del continente. Estos impusieron similares condiciones de autoritarismo, desprecio de los derechos humanos elementales y la proscripción de las fuerzas políticas que se resistían a cumplir las reglas convenientes al poder de turno.
En ese clima transcurrieron los 35 años de Stroessner. El no te metás era la consigna para aquellos que deseaban no ver interrumpidas sus libertades o suspendidos sus derechos básicos. El miedo instalado era la herramienta de dominación y un sistema educativo que ignoraba o desalentaba el pensamiento crítico era el pilar de una tiranía que desconocía el Estado de derecho y sometía a sus designios a los demás poderes del Estado.
La cultura autoritaria, que responde a una matriz proveniente del fondo de nuestra historia, se desarrolló entonces de un modo exponencial. Este es probablemente el peor legado que nos dejó la dictadura. Cruzó transversalmente todos los segmentos de la sociedad, desde los más humildes hasta los más poderosos, y eso facilitó la perduración del sistema. Hasta nuestros días no pocos rasgos de esa cultura autoritaria siguen vigentes, e incluso reaparecen con más fuerza cuando el debate institucional apremia y exige soluciones republicanas y democráticas.
Si bien los acontecimientos de 1989 tienen más relación con un golpe palaciego vinculado a un choque de intereses que a un movimiento revolucionario transformador del sistema, no caben dudas de que existía en el corazón de la sociedad un hartazgo, que venía socavando la sostenibilidad del régimen, con la presión de algunos medios de comunicación y las luchas de estudiantes y de movimientos sociales y políticos. Pero también los conflictos internos habían deteriorado al régimen y, al final, estos encontraron el momento oportuno para derribarlo, con daños colaterales mínimos, si se tiene en cuenta que el control había sido ejercido hasta entonces de manera absoluta.
También contribuyó a un nuevo proceso paraguayo el resurgimiento democrático de la región, especialmente en los países vecinos, que generaron un ambiente propicio que, en primer lugar, obligó a Stroessner a admitir ciertas concesiones —inadmisibles años atrás— y a animar a las fuerzas políticas y sociales a la tarea de construir una alternativa válida que sustituyera a un sistema envejecido en la cronología y en las prácticas republicanas.
Así las cosas, se fue el dictador, sin pena ni gloria, prácticamente «pidiendo permiso» para refugiarse en el exilio eterno en el Brasil, porque no regresó nunca. Sus restos siguen enterrados en un cementerio de Brasilia, sin los destellos de aquellos 35 años, para recordarnos, una vez más, la transitoriedad del poder y de los dominios que le acompañan.
Muchos historiadores y analistas de la época afirman que no existió cambio en el país; que lo de 1989 fue un acto de gatopardismo para que continuaran las cosas por su mismo cauce, y que la administración del poder siguió con otros dueños, que presentaron una imagen renovada pero que, en el fondo, eran los mismos de siempre.
En parte existen razones para estos argumentos, mas también surgen efectos y gestos innovadores que pueden darnos otra perspectiva. En efecto, el general Andrés Rodríguez, consuegro de Stroessner y su inmediato reemplazante, promulgó su primera ley admitiendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la que fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional como un gesto diferencial con el pasado, en el que poca importancia se atribuyó a la dignidad humana. Se convocó en 1992 a una Convención Nacional Constituyente, en un proceso inédito de debate político e institucional, que arrojó como resultado la vigente Ley fundamental que, con más virtudes que defectos, puede considerarse la primera Constitución genuinamente democrática que ha tenido el Paraguay.
Se inició un largo trayecto de transición a la democracia, un periodo con claroscuros, con avances y retrocesos. Fundamentalmente, por las debilidades de un sistema de justicia que marcha muy lentamente hacia la independencia judicial y por su consecuencia inmediata, un endeble Estado de derecho que afecta a todos los sectores de la sociedad. Así y con este contexto, también es justo reconocer que este proceso de tres décadas es el más extenso en la historia política del país con vigencia plena de las libertades públicas, con alternancias en el poder sin traumas, hechos que ratifican el crecimiento de una democracia electoral que,con sus luces y sombras, condujo hasta ahora el sostenimiento constitucional de la República.
Pasaron treinta años y el Paraguay, en términos formales y en ciertos aspectos de fondo, ha cambiado. Se instaló un proceso democrático pero con escaso contenido social. El progreso y los estándares de modernidad han alcanzado a sectores minoritarios de la sociedad. Tenemos un país muy desigual dentro del continente más desigual del planeta. Además, seguimos fragmentando la sociedad, aprovechando las grandes falencias del sistema educativo, con posiciones que polarizan desde los extremos del pensamiento político, ignorando que, desde los inicios de la civilización occidental, gran parte de la verdad se construye desde la virtud del justo medio, con medidas que equilibren las mejores opciones de las diversas corrientes para aplicarlas a favor de una sociedad cansada de tanta confrontación estéril y sin resultados directos que la beneficien.