Caracas, la ciudad a la que la crisis económica fue acostumbrando a quedarse sola cada vez más temprano, experimenta en las últimas semanas las consecuencias de la incertidumbre política.
Las rejas de los negocios comienzan a cerrarse a las 4.00 pm. Nadie lo ha ordenado, no existen eventos de orden público que ameriten esta acción. Es simple precaución.
La mayoría de los trabajadores deben regresar a sus hogares en zonas populares de la ciudad y la caída de la noche es sinónimo de enfrentamientos y represión.
Según el último balance de las organizaciones no gubernamentales que hacen seguimientos al respeto a los derechos humanos, entre el 21 y el 28 de enero se han contabilizado 40 asesinatos y 976 detenciones en todo el país. Entre los detenidos, se encuentran al menos 80 niños y adolescentes. Todos con medidas privativas de libertad.
No se sabe si las detenciones son consecuencia de las últimas protestas contra Maduro o constituyen ajustes de cuentas por los eventos de 2017. Lo que si queda claro es el patrón de las detenciones a menores de edad. En su mayoría pertenecen a familias que participan activamente en la política.
«¿Quién es Juan Guaidó?». La pregunta se repite constantemente esta semana. La respuesta es complicada de difundir. La mayoría de los espacios radiales del país que aún son críticos a Nicolás Maduro no se han logrado escuchar en los últimos días. La orden (no escrita) de la autoridad de telecomunicaciones del gobierno de Maduro sugiere y exhorta a no analizar los eventos de la actual coyuntura política. También se exige no mencionar los argumentos que llevaron a Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, a juramentarse como presidente encargado de la República. Quien difunda la información se expone a provocar el cierre del circuito radial en donde trabaja.
Entonces son escasos los espacios en donde se menciona que el presidente de la Asamblea Nacional se juramentó como presidente encargado de la República.
Una postura similar mantienen los únicos dos periódicos nacionales que aún circulan y las tres televisoras de señal abierta del país. Entender el día a día para los ciudadanos es cada vez más complicado.
Cadenas de audio en WhatsApp, reportes informativos en las esquinas, intentos de replicar un noticiero de televisión en el transporte público, boca a boca y redes sociales son los mecanismos para que la gente trate de entender lo que ocurre.
El último video viral es el de la jueza Ediluh Guedez, con el cargo de juez primero de control del estado Yaracuy, en el que reconoce haber dictado privativa de libertad a 11 adolescentes coaccionada por las amenazas de muerte que recibió de los militares venezolanos.
Sin embargo, el video se acumula entre los muchos que circulan sobre torturas y actuaciones extrajudiciales. Para el ciudadano es imposible consumir y digerir tanta información, que se confunde en la mayoría de los casos con datos falsos, exagerados o simplemente rumores.
«Esto es un golpe de Estado. Guaidó se autojuramentó». La hegemonía comunicacional del gobierno de Maduro avanza cada día. Ningún canal de televisión en señal abierta transmitió el cabildo abierto en donde Guaidó se juramentó como presidente. La tesis del golpe de Estado se repite constantemente en los medios oficiales y privados. Una argumentación diferente está limitada cada día a menos espacios.
Pero los ciudadanos deben lidiar con otros problemas. La inflación diaria alcanza al 5% y cada vez es más evidente la diferencia social entre quienes tienen acceso a divisas y aquellos que para sobrevivir dependen de los bolívares que ganan y de los alimentos subsidiados por el gobierno de Maduro.
Si se quiere decir que en Venezuela está en normalidad, la ciudad aún ofrece espacios para sustentar esa tesis. Restaurantes y lugares de vida nocturna que subsisten para la clase social que tiene acceso a divisas son el mejor ejemplo para demostrar que nada ocurre en el país. Bodegones con productos importados en donde la moneda de uso común es el dólar describen un país en donde todo funciona.
La «normalidad» incluso es impuesta, so pena de cárcel. Antes de la final de beisbol profesional entre los equipos Leones del Caracas y Cardenales de Lara, los jugadores de los Leones decidieron no salir al campo en protesta por los fallecimientos y detenciones en las actividades conmemorativas del 23 de enero. Pero luego de tres horas, el encuentro finalmente se jugó: si los jugadores no salían al terreno de juego, serían encarcelados. Nunca se precisó el delito que se les imputaría, pero la amenaza fue suficientemente creíble para los peloteros.
Este hecho refleja muy bien lo que ocurre en Venezuela. No se trató de un rumor, ni de informaciones interesadas. El propio Maduro reconoció en una alocución el lunes 28 de enero que su Gobierno tuvo que intervenir para evitar que se boicoteara el beisbol profesional.
¿A cuanto está el dólar en el mercado negro? Es la pregunta que domina las conversaciones. Incluso, es más importante que el debate jurídico y constitucional sobre las acciones de Guaidó. ¿Se juramentó o se autoproclamó presidente? El debate en medios internacionales y entre abogados constitucionalistas pasa desapercibido en esta coyuntura, o queda reducido a los ciudadanos que consumen información a través de Twitter, Facebook o Instagram.
Si el bloqueo a los canales digitales lo permite, los ciudadanos podrán escuchar al constitucionalista José Ignacio Hernández explicar que «de acuerdo a la Constitución, no es posible hablar de autoproclamación en este caso». Según Hernández, autoproclamación sería «cuando una persona asume el ejercicio de determinado cargo por su propia voluntad, sin contar con la autoridad legal para actuar de esa manera. En otras palabras: cuando toma el poder por sus propias manos y no en virtud de un título jurídico legítimo». Según Hernández, la juramentación de Guaidó está fundamentada en el texto constitucional, especialmente en el artículo 233 de la Carta Magna de 1999: «El presidente encargado lo dijo así textualmente: juro para formalmente asumir las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres». Sin embargo, es difícil que la opinión de Hernández pueda sea leída, escuchada o vista por la mayoría de los ciudadanos.
La vida de los venezolanos sigue a pesar de la represión y la incertidumbre. La programación en los medios oficiales demuestra que nada es diferente a los últimos cuatro años, aunque la realidad comienza a alcanzarlos.
A través de los canales digitales Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, advierte: «Me preocupa que una parte importante de la población no entienda lo que está por venir si este conflicto político no se resuelve rápido y las implicaciones que tiene que, por ejemplo, prácticamente el régimen de Maduro está bloqueado en Estados Unidos».
Pocos ciudadanos entienden la gravedad de lo que ocurre. Sobrevivir en un país con limitaciones importantes de alimentos y medicina es la prioridad para la mayoría.
Abundan teorías de lo que podrá suceder en los próximos días. La mayoría son impulsadas por el desconocimiento. Sin embargo, al día de hoy está claro que Maduro desea negociar concesiones políticas y económicas, pero no su permanencia en el poder. Esa es su respuesta a la actual coyuntura. La única certeza que tienen los venezolanos es que es importante llegar a sus hogares temprano porque esta noche habrá más represión y mañana será otro día para lidiar con la hiperinflación.
