Los sucesos del 15 de enero de 2018 marcaron un antes y un después, aun en la intensa conflictividad política y la severa crisis venezolana. La muerte de Óscar Pérez mostró una crueldad inaudita, aun para el régimen de Maduro.
El 15 de enero de este nuevo año, en El Junquito, cerca de Caracas, fue baleado con saña inusitada Óscar Pérez, conocido en la prensa como el piloto rebelde que hace unos meses, en medio de las fuertes protestas que sacudieron Venezuela, sobrevoló el Tribunal Supremo con una pancarta que decía «350» en alusión al artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone que: «El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos».
El nombrado piloto, junto con otros compañeros de armas, entendía que el actual gobierno da motivos suficientes para invocar lo que esa norma expresa. A ese episodio acaecido en el Tribunal Supremo se suman otros, en que sustrajo armas de unidades militares.
No se trata aquí de defender o discutir sobre el proceder de Óscar Pérez y su grupo. Para algunos será un terrorista, para otros un rebelde, para otros un héroe y para otros nunca fue real sino un show prefabricado por el gobierno de Maduro que, al cercenar los espacios de libre opinión e información, ha generado una cultura del rumor y desinformación sumamente dañina y peligrosa. Se trata aquí de la prueba irrefutable de rendición que el propio Óscar Pérez dejó en más de una docena de videos publicados a través de su cuenta en Instagram @equilibriogv —y que hoy circulan en las redes por distintas plataformas— al mismo momento en que acaecían los hechos del 15 de enero. En dichos videos manifestaba su intención de entregarse, su interés en negociar. De hecho, en las redes circulan videos grabados presuntamente con teléfonos de los hoy occisos, en los que se escuchan las conversaciones y se alcanzan a ver imágenes de la negociación que se planteaba.
Una vez más, para bien o para mal, la falta de noticias oficiales oportunas hizo que los ciudadanos usaran las redes sociales como herramienta de empoderamiento, para dar a conocer los hechos. Los venezolanos fuimos testigos de lo que se ha calificado como una ejecución extrajudicial
La crueldad de un crimen de guerra —catalogado así por el Estatuto de Roma— se materializó antes nuestros ojos. Y como el horror no acaba, las denuncias públicas de sus propios familiares dan cuenta de la negativa de las autoridades a entregar el cuerpo y, posteriormente, de su entierro militarizado y restringido.
La crueldad, la violencia, la ausencia de Estado de derecho fueron extremadamente visibles y dolorosas. La gravedad de lo ocurrido, aunque de momento quede impune, debe ser conocida. Es imperativo que el mundo democrático no nos deje solos.
María Eugenia Contreras Duque | @marusi84
Venezolana. Abogada. Exrelatora de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (Venezuela). Aspirante docente en la Universidad Católica del Uruguay
