En las últimas décadas, América Latina ha consolidado su condición de región de origen, tránsito y destino de importantes flujos migratorios. Sin embargo, en este contexto emerge una aparente paradoja. Mientras una proporción creciente de latinoamericanos aspira a construir una vida en otro país, una parte considerable de la población expresa percepciones negativas sobre la inmigración.
Según la CEPAL, en 2024 aproximadamente 48,3 millones de personas nacidas en América Latina y el Caribe vivían fuera de sus países de origen. Asimismo, los datos del Barómetro de las Américas, del Informe sobre Democracia y Desarrollo del PNUD (2026), muestran que la proporción de latinoamericanos que manifestaba su intención de trasladarse al extranjero para vivir o trabajar durante los siguientes tres años pasó del 21% en 2004 al 32% en 2023. Los desplazamientos intrarregionales también han transformado el panorama migratorio. Casi siete millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas se encuentran en América Latina y el Caribe, junto con importantes flujos de población haitiana, nicaragüense, cubana y centroamericana, entre otros.
De todas formas, según Latinobarómetro 2024, el 51% de las personas encuestadas considera que la inmigración les perjudica, con porcentajes particularmente elevados en Perú y Ecuador (80%), Panamá (77%) y Colombia (76%).
Al mismo tiempo, las políticas migratorias restrictivas han adquirido mayor protagonismo en la región. En Chile, el Gobierno de José Antonio Kast ha intensificado los controles migratorios y las expulsiones de extranjeros. El presidente Abelardo de la Espriella en Colombia ordenó operativos para identificar y deportar tanto a extranjeros involucrados en delitos como a personas en situación migratoria irregular. En Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa informó de casi 19.000 operativos de control migratorio y más de 1.100 procedimientos de deportación iniciados entre enero y septiembre de 2026.
Aunque estas actuaciones responden a contextos distintos, ilustran el crecimiento de las políticas migratorias restrictivas en la política latinoamericana. Pero, ¿hasta qué punto reflejan las preferencias ciudadanas? ¿Existe realmente una demanda regional de mayor dureza migratoria?
Una región dividida frente a las deportaciones
Latinobarómetro 2026 aporta nuevos datos sobre este tema. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa que la deportación de inmigrantes indocumentados nunca se justifica y 10 que siempre se justifica, el promedio regional alcanza los 5,7 puntos. Se ubica ligeramente por encima del punto medio de la escala.
Sin embargo, las opiniones están lejos de ser uniformes. El 24% expresa bajos niveles de justificación (valores de 1 a 3), el 38% registra niveles elevados (7 a 10) y el 36% se sitúa en posiciones intermedias (4 a 6).
Cuando la pregunta se refiere específicamente a la deportación de inmigrantes indocumentados desde EEUU, el promedio regional desciende a 5,4 puntos. La proporción de encuestados que expresa bajos niveles de justificación aumenta del 24% al 29%. Quienes registran niveles elevados disminuyen del 38% al 35%. El 33% se sitúa en posiciones intermedias.
Es importante mencionar que justificar una deportación no equivale necesariamente a respaldar expulsiones masivas o indiscriminadas. La encuesta no permite conocer qué garantías jurídicas consideran necesarias los encuestados ni las circunstancias específicas en las que justificarían estas medidas.
Seguridad, empleo y percepciones
Las actitudes hacia la inmigración también están atravesadas por preocupaciones relacionadas con la seguridad y el empleo. Según Latinobarómetro 2024, el 51% considera que las personas migrantes aumentan la criminalidad y el 52% cree que compiten por los puestos de trabajo. Además, el 79% piensa que, cuando escasea el empleo, los empleadores deberían dar prioridad a los trabajadores nacionales.
Sin embargo, estas percepciones coexisten con valoraciones positivas. El 57% está de acuerdo con que los inmigrantes contribuyen al desarrollo económico. Asimismo, la proporción de quienes consideran que la inmigración perjudica a su país descendió del 58% en 2023 al 51% en 2024.
En conjunto, estos datos cuestionan una lectura exclusivamente favorable o desfavorable de la opinión pública sobre la migración. A escala regional, las preocupaciones sobre seguridad y empleo coexisten con el reconocimiento de las contribuciones económicas de las personas migrantes, aunque los resultados agregados no permiten saber cómo se combinan estas opiniones en cada persona.
También es fundamental distinguir las percepciones de los efectos reales de la migración. Que una parte de la población asocie inmigración y delincuencia no demuestra que exista una relación causal entre ambos fenómenos, ni que las deportaciones constituyan una respuesta eficaz frente a la inseguridad.
Cuando la irregularidad se confunde con criminalidad
Asociar la irregularidad migratoria con la delincuencia puede reforzar estereotipos y favorecer respuestas discriminatorias. La irregularidad, por sí misma, no equivale a criminalidad ni elimina los derechos de las personas migrantes o las obligaciones de protección del Estado.
Esta asociación resulta especialmente preocupante en una región históricamente marcada por elevados niveles de violencia. Los discursos que vinculan la migración con la criminalidad pueden contribuir a la estigmatización de las personas migrantes y favorecer un clima de hostilidad que incremente su exposición a la discriminación y a distintas formas de violencia. Por ello, la manera en que se construyen y utilizan estas categorías en el debate público no es una cuestión meramente discursiva. Puede tener consecuencias concretas para la seguridad y los derechos de las personas migrantes.
Además, la irregularidad migratoria no es una condición independiente de las decisiones estatales. Las posibilidades de obtener o mantener un estatus regular dependen también de los requisitos, mecanismos y restricciones establecidos por cada país. Según el PNUD (2026), América Latina implementó más de 90 procesos extraordinarios de regularización durante las últimas dos décadas. Aunque entre 2023 y 2025 se desaceleró la creación de nuevos mecanismos.
Colombia ilustra este retroceso. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) facilitó la regularización de cerca de dos millones de personas. Sin embargo, pese a la creación de mecanismos alternativos de regularización, estos han sido insuficientes. Más de 500.000 personas permanecen en situación migratoria irregular.
¿Qué significa realmente exigir mano dura?
Una media regional de 5,7 sobre 10 no equivale a un respaldo del 57% a las deportaciones, ni demuestra que exista una mayoría favorable a expulsiones masivas. Interpretar una puntuación promedio como un porcentaje de apoyo puede sobredimensionar las preferencias ciudadanas por medidas restrictivas. La cuestión, entonces, no es únicamente cuántos latinoamericanos justifican las deportaciones, sino qué entienden por ellas, bajo qué condiciones consideran legítima su aplicación y cómo se traducen esas preferencias en decisiones políticas.
Los datos disponibles muestran una ciudadanía dividida, con preocupaciones importantes sobre la inmigración, pero no permiten afirmar que exista una opinión pública regional inequívoca a favor de medidas restrictivas. Entre las preferencias ciudadanas y las decisiones gubernamentales existe un espacio de interpretación política que no debe confundirse con una demanda social homogénea.
Los Estados tienen facultades legítimas para regular el ingreso y la permanencia de las personas migrantes. Pero deben ejercerlas respetando el debido proceso y sus obligaciones internacionales, incluido el principio de no devolución. Además, el respaldo ciudadano a una medida no demuestra necesariamente su eficacia para resolver los problemas que motivan su adopción. En una región profundamente marcada por la movilidad humana, las políticas migratorias deben sustentarse en evidencia, atender problemas verificables y respetar los derechos de las personas en movilidad.
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