El plebiscito sobre la paz en Colombia, gestionado en La Habana, abre las puertas para una nueva discusión política en que la prioridad debe ser defender el crecimiento en democracia.
Durante medio siglo, la vida institucional colombiana ha vivido una especie de existencia dual. Siendo Colombia una vieja democracia que rara vez sufrió los estragos de una dictadura militar, la continuidad política de sus instituciones liberales no logró avanzar al grado en que lo demandaban sus crecientes contradicciones sociales, hasta que estallaron en una violencia sistémica. Cuando reventó la primera gran crisis moderna de violencia de masas en Colombia, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, se abrió un compás que sacudiría este país durante casi siete décadas.
Los increíbles efectos corruptores de la violencia reverberaron a lo largo de la sociedad colombiana, dejando marcas que parecían imborrables: la aparición de la radicalización ideológica, la organización de diversos frentes guerrilleros y paramilitares, la guerra total en algunas partes del territorio, los asesinatos políticos, las violaciones de los derechos humanos, la marcialización de la república, el auge continental del narcotráfico para financiar el mundo de las armas ilícitas… Sin embargo, la secuela más grave fue la siega de vidas, los millares de muertos y millones de desplazados.
«Orden y Justicia», reza el lema del escudo de armas colombiano. Las FARC habían pretendido hacer justicia con su lucha, pero así también el Estado colombiano pretendía restablecer el orden. Ninguna negociación es perfecta, pero precisamente se alcanza cuando elude la victoria. Los abortados procesos de acuerdo de los presidentes Betancur, Gaviria y Pastrana; los limitados éxitos militares de los presidentes Turbay, Barco y Uribe, legaron una experiencia que ha de haber tenido muy en cuenta el Dr. Santos, con un audaz propósito que puede llegar a coronar este anhelo histórico.
Esto es así porque también Colombia ha cambiado: la sociedad y la vieja elite colombiana no son la indiferente o celosa estirpe que se aferraba a los viejos usos políticos y económicos. Enfrentarse con la violencia histórica y las desigualdades en país profundo ha implicado también avanzar en las mejoras institucionales, el progreso de los derechos humanos, la apertura y el impulso económico. La guerra ha servido para que Colombia se piense y repiense a sí misma, abonando —en surcos de dolores— la ruta a un progreso más igualitario y de exigencia democrática.
Permanecen dudas, que las libertades permiten debatir abiertamente. No son los escépticos radicales obnubilados, sino patriotas con un natural escepticismo ante las consecuencias imprevistas. ¿Cuál será la resolución de los otros frentes guerrilleros? ¿Qué pasará con el narcotráfico? ¿Cuáles serán las derivaciones en los países vecinos? ¿Qué habrá de la justicia ante los abusos? Seamos optimistas ante las oportunidades que la opinión pública neogranadina se da a sí misma y apoyemos este esfuerzo.
No podemos asegurar que la propuesta de paz firmada por el Estado colombiano y ratificada hace poco por el Directorio de las FARC sea el fin de la guerra. Pero un eventual fracaso del plebiscito puede recrudecer un conflicto que ya no tiene razón de continuar.
Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Doctor en Ciencias Políticas. Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas
