Tras 18 meses de presidencia de Lenín Moreno, el país se parece cada vez menos a un Estado bolivariano. El actual presidente ha reformado el país a una velocidad impresionante.
Lenin Moreno no solo se arriesgó y rompió con la línea de gobierno de su predecesor autoritario de izquierda Rafael Correa, reinstaurando importantes derechos de libertad, sino que condujo al país lejos de los gremios bolivarianos y en dirección a la comunidad internacional. Los partidos políticos y la sociedad civil se enfrentan ahora a un nuevo desafío: utilizar el nuevo espacio ganado para poder desarrollar visiones de futuro perdurables y combatir así los intentos populistas.
El 22 de noviembre el presidente Lenín Moreno sorprendió al país una vez más. Dos días antes de que se cumplieran los 18 meses de su mandato, el mandatario le pidió a todo su gabinete que renunciara. Varias discusiones por el planeamiento del 2019, que incluía recortes en sectores estratégicos como la educación, sirven de contexto para esta petición. Según un informe oficial del gobierno, en las próximas semanas se sometería a los ministros a un proceso de evaluación, de cuyas consecuencias el pueblo será informado.
Este acontecimiento reciente no supone la primera sorpresa en el corto pero hasta ahora agitado mandato de Moreno. Sin embargo, los presagios para este gobierno eran todo, menos favorables. Moreno ganó la segunda vuelta electoral el 2 de abril de 2017, como candidato del régimen autoritario de izquierda. En su período como vicepresidente (2007-2017), Moreno se identificó claramente con la Revolución ciudadana. Después de una campaña electoral muy polarizada, el actual presidente obtuvo en la segunda vuelta (según datos oficiales) solamente el dos por ciento más de los votos que su oponente de centroderecha Guillermo Lasso.
Cuando Moreno asumió el poder, el 24 de abril de 2017, se encontró con un país fragmentado y una severa crisis de endeudamiento. Su prensa y sociedad civil se encontraban en gran parte en silencio, ya que habían sido objeto de múltiples ataques del Gobierno. Esto se debía a un Rafael Correa colérico, que reaccionaba a cualquier tipo de crítica acudiendo al acosamiento público, a la intimidación y la persecución. El aparato estatal de Ecuador estaba lleno de funcionarios leales al gobierno debido a su buena paga, por lo que el expresidente lo utilizaba para imponer sus intereses. Ecuador se había alineado con los Estados bolivarianos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La reelección directa de Correa era constitucionalmente imposible, por lo que el régimen apoyó a Moreno, muy querido entre el pueblo. Después de la victoria electoral de este, la gran pregunta empezó a ser si solamente serviría para ocupar el puesto hasta que Correa pudiera volver, o si, por el contrario, el nuevo presidente desarrollaría un perfil político propio.
La ruptura total con el pasado
Lenín Moreno respondió a esta pregunta más rápido de lo esperado. Luego de un par de meses de mandato rompió completamente con la línea política de Correa. El mayor desencadenante fue el descubrimiento de que Correa sistemáticamente había falsificado los saldos estatales, mejorándolos y escondiendo el verdadero estado de deuda del país, que superaba lo permitido por la Constitución, esto es, el 40 % del PBI. Moreno entonces acudió a la ofensiva y denunció públicamente la mentira de su predecesor. Después de esto, el entonces vicepresidente Jorge Glas acusó a Moreno de traición y fue consecuentemente despedido por este, quien aparte ordenó investigaciones en su contra por corrupción en el escándalo Odebrecht. Glas fue encontrado culpable y cumple desde diciembre de 2017 una pena de seis años en prisión. La justicia ecuatoriana también enjuició a otros altos cargos del régimen de Correa y condenó a varios de ellos.
El distanciamiento de Moreno del régimen de Correa tuvo dos etapas. En la primera, el gobierno ecuatoriano se concentró en la superación jurídica de la corrupción y el desmantelamiento de estructuras estratégicas del autocrático aparato estatal. Al mismo tiempo, Moreno empezó activamente a buscar el dialogo con distintos grupos sociales, como por ejemplo con los movimientos indígenas y los gremios de empresarios, que claramente se posicionaban de contra el régimen de Correa. En la segunda etapa, Moreno también se animó a reorientar las líneas de política fiscal y la política exterior. El referéndum del 4 de febrero de 2018 marcó la línea de separación entre las dos etapas. A través del referéndum Moreno pudo mover a dos tercios de la población a votar una serie de reformas constitucionales, entre ellas, anular la propuesta iniciada por Correa de permitir la reelección del presidente de manera ilimitada. De esta forma, el actual presidente le quitó formalmente a Correa la posibilidad de poder volver a candidatearse para el cargo de primer mandatario.
Al mismo tiempo se modificó completamente la estructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este cuerpo era, entre otras cosas, responsable de la designación de un gran número de funcionarios importantes (jueces constitucionales, defensores del Pueblo, Autoridad Electoral Nacional, etc.), y fue criticado durante mucho tiempo por la oposición por ser uno de los órganos que más utilizaba el régimen autoritario para llevar a cabo sus intereses. El resultado del referéndum permitió a Moreno proponerle al Parlamento miembros provisorios que ocuparan cargos en el CPCCS. Al «nuevo» CPCCS se le encargó investigar algunos nombramientos de cargos y hacerlos inválidos en caso de ser necesario. De esta manera se logró despolitizar a un importante órgano constitucional. A partir de la legitimidad que le proporcionó el referéndum, Moreno aprovechó para echar luz sobre distintas anclas del aparato estatal. Así fue como desintegró la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), que actuaba como una policía secreta personal del presidente. Siguiendo esta línea, también propuso un proyecto de ley para eliminar el polémico gremio de control de prensa llamado Superintendencia de la Información y Comunicación.
Salida del eje bolivariano
Sobre todo durante el primer año de gobierno, Moreno fue criticado por los opositores del régimen de Correa por no haber hecho ningún cambio fundamental en las políticas exterior, económica y financiera, a pesar de sostener un discurso moderado. Ambas carteras de valores fueron en un principio dirigidas por ministros que compartían las visiones del régimen de Correa.
Especialmente la primera ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Moreno, María Fernanda Espinoza, mantuvo al país en una dirección bolivariana y evitó la crítica pública al régimen venezolano de Nicolás Maduro. Sin embargo, tras la elección de Espinoza como presidenta de la Asamblea General de la ONU el 5 de junio de 2018, Moreno nombró al diplomático de carrera José Valencia para sustituirla como ministro de Relaciones Exteriores. Esta fue una señal política porque, bajo el régimen de Correa, el servicio diplomático había sido ocupado por un selecto grupo afín a la ideología del expresidente e importantes puestos de embajadores fueron dados más de una vez a familiares y amigos en lugar de diplomáticos.
Bajo la dirigencia de José Valencia, Ecuador se separó casi completamente del eje bolivariano. El país se retiró de la alianza ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), se distanció de la confederación sudamericana UNASUR, se unió al Grupo de Lima, que critica abiertamente el régimen de Maduro, y se convirtió en miembro asociado de la Alianza del Pacífico, que se identifica con el libre comercio. El 18 de octubre Ecuador expulsó al embajador venezolano. La razón principal de esto fueron las declaraciones del ministro de Comunicación de Venezuela, que dijo que Ecuador mentía respecto al número de refugiados venezolanos en el país, ya que daba cifras mayores a las reales. Según las estimaciones del Gobierno, tan solo en los primeros seis meses del 2018 alrededor de un millón de venezolanos llegaron a Ecuador, de los cuales un quinto ha permanecido en el país.
Mientras que Correa vigiló y realizó una supervisión pública de organizaciones extranjeras en su país, enfrentándose a organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas con una actitud despectiva, el gobierno de Moreno está buscando activamente la cooperación internacional. De esta forma el nuevo gobierno acabó con los grillos legales que se les habían impuesto a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales. Como ejemplo de esto sirve el hecho de que el presidente derogó los decretos 16 (2013) y 739 (2015), que le otorgaban al gobierno influencia de gran alcance en la labor de la sociedad civil y las organizaciones internacionales.
Un resultado de esta actitud más abierta frente a las organizaciones internacionales es la renovada cooperación entre la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y Ecuador. La organización de ayuda estatal estadounidense trabaja desde el 2018 nuevamente en Ecuador, después de abandonar el país en el 2014 debido a diferencias con Correa. Según el embajador estadounidense en Quito, Todd Chapman, las negociaciones para una reapertura de la oficina de USAID en el país han avanzado. En junio del 2018 Moreno recibió al vicepresidente estadounidense Mike Pence en el palacio presidencial de Quito. Ambos acordaron una mayor cooperación entre Estados Unidos y Ecuador en el área de seguridad, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En una reunión en noviembre de 2018 con el premio nobel Mario Vargas Llosa, uno de los críticos más importantes del populismo de izquierda latinoamericano, Moreno invitó a la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que preside Vargas Llosa, a trabajar en el país. Ecuador es una «tierra de libertades», afirmó el presidente.
Desde mayo de 2018 Richard Martínez, allegado al sector privado, es ministro de Economía y Finanzas. Mientras que el gobierno anterior huyó constantemente de la política de austeridad, sin reparar en gastos, Martínez cambió completamente el rumbo del ministerio. En agosto de 2018, el gobierno anunció un paquete de medidas destinado a reducir drásticamente el gasto público. Esta incluye un aumento de los impuestos sobre los minerales, una reducción del número de ministerios de 40 a 20, una reducción del número de instituciones públicas de 137 a 104, el cierre de embajadas y consulados, reformas administrativas en las empresas estatales, la abolición de los privilegios para empleados del Estado (automóviles de empresa, teléfonos móviles, etc.), así como también una fuerte orientación de las licitaciones públicas competitivas. También habla por sí solo el hecho de que Moreno, al presentar el proyecto de presupuesto para el 2019, no solo dijo que en 2018 en Ecuador se invirtieron 4000 millones de dólares, alcanzando la mayor tasa de inversión privada desde hace diez años, sino que también subrayó la importancia de los capitales privados para lograr «más posibilidades y más trabajo». En qué medida este cambio de rumbo ayudará a mejorar los problemas estructurales del país, todavía es incierto.
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Traducción: Aaron Lauterbach y Sofía Cerrillo, practicantes en la KAS, oficina Montevideo.
