La noticia de la semana en Venezuela ha sido la carta de Luis Almagro, secretario general de la OEA, al presidente Nicolás Maduro. La crispación revela un mar de fondo en la crisis del país suramericano.
Pese a las apariencias, las tribulaciones del gobierno venezolano pueden haber tenido un involuntario respiro en el comunicado oficial que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, enviara a Caracas, en las que criticó la dilación oficial en atender la solicitud de iniciar el proceso de consulta popular contra su gobierno, como lo permite la Constitución venezolana y como solicitaron millones de firmantes.
Almagro, veterano político y diplomático uruguayo, tenía fundados motivos para el tono escogido: no solo es cierto que los poderes públicos controlados por el chavismo han aumentado los requisitos para iniciar un referendo revocatorio, sino que él mismo ha sido el objeto de una pertinaz agresividad desde los medios oficiales venezolanos: desde caricaturas despectivas, insinuaciones en programas de propaganda, hasta insultos del presidente Maduro («gusano», «agente de la CIA»…) han sido la constante desde la campaña electoral parlamentaria del año 2015, ante la cual Almagro abogó por el respeto a los resultados. El secretario culminó su misiva diciendo que Maduro sería considerado un «dictadorzuelo» si seguía dando largas a la alternativa refrendaria. Las redes sociales en Venezuela estallaron en un aplauso catárquico, y los factores democráticos lo celebraron como la declaración de una verdad cada vez más evidente.
No es la primera vez que el gobierno socialista Venezuela ha acusado a la OEA de injerencista: los períodos de César Gaviria (quien pasó meses en Caracas arbitrando el diálogo entre gobierno y oposición hasta la celebración del controversial referendo revocatorio contra Hugo Chávez en 2004), y José Miguel Insulza (caracterizado por una postura distante frente a los avances autoritarios del chavismo) estuvieron llenos de reconvenciones del chavismo cuando se asomaba alguna consideración crítica. Pero es la primera vez que sectores de la oposición democrática local sienten que tienen audiencia en ese escenario, gracias a los cambios políticos en la región y el repliegue de la política exterior de Maduro dados sus déficits en autoridad, carisma y recursos en comparación con los del fallecido presidente Chávez. La Asamblea Nacional venezolana, con amplia mayoría de la coalición opositora, ha acordado solicitar al organismo interamericano la activación de la Carta Democrática para sancionar a Venezuela por los sucesivos abusos contra su autoridad y competencia constitucional.
Un observador casual podría inferir que es un mal momento para el gobierno chavista. El comunicado de Almagro coincide con múltiples reportajes en la prensa internacional sobre los estragos humanitarios y represión política de la crisis venezolana —incluyendo al People’s Daily de Beijing—, así como exhortaciones al diálogo gobierno-oposición de un comunicado conjunto de los ministros de relaciones exteriores de Argentina, Uruguay y Chile, así como del Departamento de Estado de EE. UU. y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Desde Brasil, parlamentarios han anunciado un voto favorable a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y el gobierno interino de Temer ha manifestado un cambio de la postura de Itamaratí hacia el gobierno de Caracas. Sin embargo, países como Colombia y México han mantenido una cautelosa distancia, o han elogiado los gestos vacíos hacia el diálogo que ha hecho Maduro, al propiciar la visita de los expresidentes de España, República Dominicana y Panamá, quienes expresaron preocupación por la intransigencia opositora.
Mientras esto sucede, el gobierno venezolano pregona en todos los escenarios que existe una campaña mediática e internacional, orquestada por los Estados Unidos, para barrer con la Revolución bolivariana, involucrada en la «guerra económica» y la subversión política de la derecha, causante oficial de la crisis petrolera, la carestía y los altos índices de inflación. Los politólogos Carlos Romero y Víctor Mijares, en reciente artículo, [1] han establecido sagazmente que una de las posibilidades en la crisis del chavismo es que una exclusión o una persecución del movimiento revolucionario podría transformarse propagandísticamente en la «realización de su meta-narrativa revolucionaria», que impone una política de conflicto existencial, de todo o nada.
Aunque esta exclusión conjurada sobre el chavismo no ocurre en la vida real, las coincidencias dan cuerpo a la victimización del gobierno revolucionario y autorizan su mayor radicalización: el Consejo Nacional Electoral ha postergado nuevamente el proceso de validación de firmas solicitando el referendo; las jornadas de protesta han sido reprimidas; la Asamblea Nacional es hostigada física y judicialmente; el gobierno ha activado comités colectivos paraestatales contra el comercio, y mata de mengua a las empresas venezolanas. Para colmo, obstruyó la visita del secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, P. R. Gallagher, siendo la Santa Sede el actor internacional más comprometido con una transición democrática. La autoridad moral y legitimidad democrática de los reclamos opositores y sociales no bastan para promover el cambio.
Así, dictadorzuelo puede ser una profecía, si no se evita a tiempo la profundización de la tragedia venezolana.
Guillermo Aveledo | @GTAveledo
Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas
[1] Carlos Romero y Víctor M. Mijares (2016). «From Chávez to Maduro: Continuity and Change in Venezuelan Foreign Policy», en Contexto Internacional, ‹https://dx.doi.org/10.1590/S0102-8529.2016380100005›.
