Aun con sondeos favorables y la infatigable voluntad de líderes, militantes y activistas, costaba avizorar la magnitud del triunfo opositor en las parlamentarias venezolanas. Pero la auspiciosa victoria sobre un gobierno autoritario plantea un escenario político inédito e incierto.
En la madrugada del lunes7 de diciembre, cuando la autoridad electoral declaró en su primer boletín que la Unidad Democrática —la coalición de partidos democráticos formada en 2009 para presentar una alternativa electoral nacional al gobierno chavista— había alcanzado casi una centena de diputados, que llegarían a la cifra de 112 curules, parecía haberse borrado para siempre el escepticismo de la base opositora más tradicional, herida por una miríada de derrotas importantes. La alianza había obtenido la mayoría calificada, lo que le otorga poderes plenos dentro del cuerpo legislativo. Nunca antes un Parlamento opositor enfrentaba a un presidente impopular.
Claro está, Venezuela tiene un sistema de gobierno presidencialista, y el control chavista sobre los otros poderes públicos podría limitar formalmente este logro. La reacción oficial, tras la aceptación de los resultados, ha sido retadora. Desde los medios públicos y las cadenas presidenciales han continuado las acusaciones esgrimidas hacia la oposición durante la campaña, denunciando supuestas compras de votos y enmarcando la crisis económica como sabotaje planeado por la oposición y agentes transnacionales. De manera inaudita, el presidente Maduro ha acusado al votante chavista de traición, y condicionado su desempeño futuro a la perdida mayoría, y esto se ha reflejado en el hostigamiento a críticos internos y a funcionarios públicos sospechosos de simpatías distintas al Partido Socialista. Pero lo más serio es la respuesta jurídico-política, que buscó neutralizar con nuevos magistrados en el Tribunal Supremo y transfirió competencias residuales del Parlamento a órganos del Ejecutivo, aprovechando la última semana de sesiones bajo control oficial. Sería deseable contar con la apertura del Ejecutivo nacional a un diálogo político y social tan amplio como se requiere, no solo en el interés de salvaguardar la estabilidad del país, pero de momento son escasas las voces que llaman a la autocrítica y a la revisión de su proyecto histórico.
Esta ausencia de propósitos de enmienda parece ser más calculada que desesperada. La expectativa chavista parece apuntar a un escenario de impasse político permanente, destinado a bloquear las iniciativas parlamentarias más resaltantes, y aprovechar el capital de opinión y las herramientas del poder para prevalecer en caso de un enfrentamiento electoral futuro, o incluso situaciones de violencia en incesante rumor. Provocar una crisis sistémica para, proyectando la responsabilidad de la profunda crisis económica en la Asamblea Nacional y en la oposición, derribar los últimos bastiones de la democracia representativa. Hacer, pues, la revolución de una vez por todas. Recordemos que pese a la crítica situación del país caribeño, un 40 % de los electores votó por la tarjeta del gobierno, y algunos analistas han observado que la oposición no creció tanto en votos como se abstuvo el votante chavista, ayudado por la sobrerrepresentación de la mayoría bajo el sistema electoral vigente.
Este cálculo, empero, descuenta dos hechos y una posibilidad: por un lado, la magnitud de la crisis económica, con el desplome del precio petrolero, la paralización industrial y una inflación que puede llegar a los cuatro dígitos en 2016, frente a la cual el gobierno se niega a actuar y que sólo puede acrecentar su impopularidad. Por otro, que el crecimiento de la Unidad Democrática tuvo lugar fuera de sus bastiones en el corredor norte-costero y en las grandes conurbaciones y ganó en 19 de las entidades federales y en la circunscripción indígena. Eso refleja un sólido sentimiento de cambio que la Unidad debe aprovechar con tino, evitando provocaciones y atajos, pero sin abandonar las herramientas que tiene constitucionalmente a mano, con la posibilidad de una creciente presión de los grupos sociales y las élites organizadas para un nuevo acuerdo nacional.
Sin duda, mucho dependerá de la acción del Ejecutivo. Pero la agenda parlamentaria de la Unidad, que puede desarrollarse sin cortapisas, incluye importantes medidas legislativas y de control que van más allá del interés político y en derechos humanos (como una amnistía), sino además leyes dirigidas a corregir las más importantes distorsiones económicas nacionales promoviendo la justicia social: desde el control del presupuesto y la fiscalización al Banco Central, las leyes en defensa de la industria nacional y la expansión de derechos de propiedad a comunidades populares y viviendas del interés social hoy en manos del Estado. Eso sin contar las atribuciones que tiene la mayoría calificada, y que los pronósticos más entusiastas no incluían en sus cálculos.
Pero el éxito de esta agenda no solo depende de circunstancias externas y formales, sino también de la cohesión de la alianza democrática, donde viejos resquemores derivados de la crisis de 2013-2014 salen a flote en medio del ánimo jubiloso. Confiemos en que las lecciones del pasado reciente hayan fortalecido lo esencial del cambio propuesto por la Unidad Democrática: fortalecer por medio de la acción concertada la democracia pluralista y el Estado de derecho, para así alcanzar una sociedad productiva, justa y próspera. Vaya cambio.
Guillermo Aveledo | @GTAveledo
