Compromisos incumplidos, poca transparencia y desconfianza fueron los detonantes. El 16 de noviembre de 2022, Bolivia debía llevar adelante esta encuesta nacional como cada diez años y, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), todo estaba listo para que así fuera, pero no sucedió. La manifestación popular desencadenó niveles altos de violencia, pérdidas económicas y una polarización aguda que apenas se adormeció con la promulgación de la Ley del Censo por el presidente Luis Arce.
La región de Santa Cruz, en el oriente del país, se puso sobre los hombros el rechazo a la sorpresiva propuesta del gobierno de postergar la consulta —por razones técnicas— para abril de 2024, dos años después de lo previsto. «Quiero dejar claramente señalado que este equipo de profesionales es el que garantiza el censo». Así sentenció en junio de este año el director del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, Humberto Arandia, su conformidad con un proceso que no resultó como se anunciaba.
Y aunque el gobierno justificó con varios factores externos la postergación, resulta hasta inexplicable cómo una instancia que debe ser la encargada de dar la mayor certeza a la población terminó siendo la más cuestionada.
El pedido de fondo, más allá de que el censo se realice antes, es asegurar la distribución de escaños en el Legislativo y recursos para que sean la base de las elecciones generales de 2025.
El rumbo de Santa Cruz
A pesar del desgaste de la medida extrema, se fortaleció un contrapoder. Sin embargo, no alcanzó para despertar reflexiones de gobernanza, sino que chocó con el muro de un discurso presidencial desgastado y con una visión unívoca que revalorizó a los movimientos sociales como motores del desarrollo cruceño.
Desde la visión de la socióloga Ana Carola Traverso, hay una contradicción relacionada con la propuesta ideológica y el tipo de desarrollo específico, entre el «proyecto que tiene el Estado boliviano para Santa Cruz con el proyecto que esta región tiene para sí misma».
Pero, ¿hacia dónde va realmente Santa Cruz? ¿Quiénes podrían liderar este proyecto?
Durante el paro, la figura del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo fue determinante y cuestionada. Esta instancia surgió para exigir al Gobierno central la realización del censo en 2023 y transparencia en el proceso. Fue conformada por el Comité Cívico de Santa Cruz y varias instituciones de todo el país.
Discusión sobre la fecha del censo
Aunque la consigna es que en estos movimientos no se define claramente un liderazgo, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, quien mantiene detención domiciliaria por un caso de incumplimiento de deberes, se mostró como la imagen política activa, junto al rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
Pero, en el camino, no todas las decisiones del Comité fueron las esperadas o encontraron respaldo, y tal vez la más difícil haya sido admitir que la fecha del censo —por la que tanta resistencia habían pedido a los cruceños— ya no era técnicamente posible en 2023.
¿Un fracaso? Las derrotas políticas no tienen una medida estandarizada, aunque la mejor forma de entender el impacto sea la frustración y mayor desconfianza de quienes estuvieron de pie 36 días esperando algo que nunca llegó o no llegó como les habían prometido. Al final, la apuesta al desgaste y la dilación, que parece haber sido estrategia del Gobierno, funcionó.
Revisar la futura relación política entre Santa Cruz y el Estado fue la propuesta que surgió en el cabildo y que ya empieza a generar debate sobre el federalismo.
Bastión opositor
Históricamente, quienes pusieron en jaque a los gobernantes bolivianos estaban en el occidente del país, incluso el alcalde de la ciudad de El Alto, Fanor Nava Santiesteban (2005-2010) dijo que «para arrancar algo del Estado hay que estar en El Alto. Es el cancerbero del proceso de cambio».
La manifestación en Santa Cruz ha demostrado que el protagonismo popular también puede estar en el oriente, porque nuevos clivajes se están configurando. Además de la importante migración de occidente, empresarios estiman que su contribución a las arcas públicas bordeará el 50 % del total del país, gracias al desarrollo de la agroindustria, agroenergía, ganadería, minería, construcción, servicios financieros, startups y transporte.
¿Podrá Santa Cruz reducir el centralismo de La Paz y, entre otras cosas, definir los temas de agenda país en el futuro? ¿Este es el camino? Algunos dirían que la resistencia de este paro ya lo logró.
Sin embargo, en una Bolivia tan diversa no se puede esperar que la respuesta a una crisis sea homogénea. Siempre hay cabida para las contradicciones, el descontento y otras rebeliones, incluso dentro de los mismos partidos.
¿Reconfigurar la política boliviana?
Ya no hay nada que esconder. Varios representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) han evidenciado la fractura al interior del partido oficialista y definido su camino: Luis Arce o Evo Morales.
El conflicto por el censo fue la excusa para sacar a luz la reconfiguración del MAS hacia las elecciones generales de 2025. Pero las disputas encarnizadas de poder vienen de mucho antes. Entre arcistas y evistas, como se conoce a las dos corrientes, se han lanzado acusaciones. Esta comprenden corrupción, protección al narcotráfico, traición y un señalamiento claro del expresidente Morales sobre un plan negro en su contra.
Desde la dirigencia del MAS se apunta a que el actual presidente Luis Arce, junto al vicepresidente David Choquehuanca, están preparando su participación en los próximos comicios con una nueva sigla, consolidando así la división del partido.
Manejo político
El manejo del poder político y estatal que recae en Arce no está en sintonía con el manejo y respaldo social que fue la fortaleza de Morales durante los más de 14 años de gestión. Y eso le ha dificultado encontrar soluciones en consenso. Más bien lo ha alejado de regiones estratégicas como Santa Cruz, que se estima sería clave para el escenario electoral del Bicentenario.
El conflicto del censo terminó de probar que la oposición más fuerte del MAS es el mismo MAS. Esto quedó plenamente establecido en la propia voz del presidente Luis Arce, cuando dijo que dentro de su propio partido hay quienes buscan verlo fracasar. Declaraciones que surgieron luego de que Evo Morales, acusara al gobierno de «traición» por haber pactado con la derecha cruceña para aprobar la ley.
Comunidad Ciudadana y Creemos, fuerzas políticas de oposición en Bolivia, tampoco han mostrado la solidez que requería esta crisis institucional y política en Santa Cruz. Aunque en un punto casi de no retorno se debieron asumir consensos y sacar adelante la ley.
Oposición sin rumbo claro
Luego del conflicto poselectoral de 2019, uno de los mayores reproches a la oposición boliviana fue la dispersión de proyectos que impidió hacerle frente a un sólido Movimiento Al Socialismo en ese entonces. Y aunque ahora la realidad del partido liderado por Morales es diferente, la oposición no muestra claridad en el rumbo que tomará.
Las fisuras y contradicciones entre legisladores en Bolivia se han hecho más evidentes durante el proceso de debate. Ser de la misma bancada opositora no es suficiente para unificar criterios y canalizar salidas porque al final surgen más posturas disonantes de las que se pensaba.
Hay aprendizajes de este conflicto que aún no se comprenden en su dimensión total, debido las connotaciones, que fueron más grandes que la protesta callejera. Tal vez porque hay más conciencia de un sistema fallido y de la pérdida de legitimidad institucional, porque los compromisos de palabra de los políticos nos son suficientes o porque aún pesa la crisis no resuelta de 2019.
Entender hacia dónde va Bolivia implica creer en la capacidad de la democracia para seguir conversando, discutiendo y ojalá coincidiendo más allá de lo que ofrezca la clase política. Está en la naturaleza del ciudadano el esfuerzo colectivo cuando hay convicción, hartazgo o deseos de cambio. Y esto se puede traducir en actos concretos y necesarios como la vigilancia del próximo censo 2024.
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