Las elecciones del 28 de julio en Venezuela son un parteaguas en materia de control electoral partidario. En un contexto de ausencia de Estado de Derecho y violación a los derechos humanos, la oposición logró quitar el miedo a miles de personas para integrarlos a los llamados comanditos. Estas personas se apersonaron en los casi 16 mil centros de votación para cuidar el voto.
No fue una tarea fácil. Por el contrario, debieron poner en juego su integridad física dado que los militares y “colectivos” afines al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) actuaron como una amenaza latente. Durante largas horas siguieron el desarrollo del proceso electoral para concluir su tarea con la obtención de las actas físicas de mesa que imprimía la máquina de votación.
Abundan las anécdotas acerca de cómo tuvieron que hacerlo. Algunas personas escondieron sus actas entre su ropa interior para evitar que se las quiten. Así la oposición se hizo de más del 83% de las actas. Ante la falta de información de la autoridad electoral pudo mostrarle al mundo los resultados de los comicios del 28 de julio. Hoy existe un consenso generalizado en la comunidad internacional democrática acerca del resultado favorable para Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. El oficialismo no pudo confrontar la documentación electoral que ofreció la oposición, validándose indirectamente estos resultados.
A pesar de toda la violencia institucional y la represión, con una persona en cada mesa de votación se obtuvo un conteo de votos paralelo al oficial. Se pudo hacer control electoral en un proceso que estuvo viciado en todo su ciclo. Es decir, en la etapa preelectoral, la jornada de votación y la etapa poselectoral.
Beneficios del control partidario
En este clima de polarización en aumento la institucionalidad electoral se ha resentido. Algunas de sus capacidades se han debilitado. Por ejemplo, al ofrecer resultados electorales fidedignos que sean, a su vez, aceptados sin objeciones. Ante ello: la recesión democrática que reflejan en los índices mundiales, ¿se vincula con el debilitamiento del control electoral partidario?
El control electoral partidario, en tanto control cruzado realizado de manera eficiente, es un instrumento que contribuye a disminuir los niveles de conflictividad al generar certidumbre entre los actores que compiten y confianza entre los electores. Por lo tanto, las autoridades electorales de América Latina deben, además de reforzar los controles propios, brindar todas las garantías y facilidades para que los partidos pueden ejercer esta tarea que tantos beneficios conlleva.
Cuando estudiamos el desarrollo de los procesos electorales en América Latina advertimos que en la etapa previa a la profesionalización de las autoridades electorales el control electoral era exclusivo de los partidos políticos que competían. Era una suerte de control cruzado que se realizaba en estas democracias incipientes o en construcción de principios del siglo XX. En estos sistemas de partidos la competencia era poco institucionalizada y se daba mayoritariamente entre dos partidos.
La demanda de contar con una autoridad electoral profesional surge ante el agotamiento de este sistema de control cruzado partidario. Generaba mucha desconfianza ciudadana y daba lugar a conflictos políticos permanentes, tensiones e inestabilidad política, cuando no golpes de Estado.
En definitiva, el control electoral partidario, por un lado, y la profesionalización electoral, por el otro, no deberían ser instancias excluyentes sino complementarias a los efectos de fortalecer la confianza en los procesos electorales.
Otros procesos electorales con control partidario en contextos democráticos en América Latina dejaron algunas dudas y mucha conflictividad.
Casos reales
El Salvador 2014. Fue una elección presidencial muy cuestionada. Se registró un llamativo aumento de la participación entre la primera y segunda vuelta. El candidato de izquierda, Sánchez Cerén, se impuso por menos de un 0,22% de los votos al candidato de derecha Norman Quijano; una diferencia de 6.364 votos sobre un total de casi 3 millones de votos emitidos. Al frente del Tribunal Electoral estaba Eugenio Chicas, un personaje muy vinculado al partido que resultó ganador. Por tal motivo fue centro de las críticas y las denuncias de ARENA, el partido derrotado. En el último bastión de los sistemas bipartidistas de América Latina, un partido fuerte, competitivo y movilizado no pudo lograr un buen control electoral de mesa de votación.
Ecuador 2021. En la primera vuelta presidencial se produjo un resultado muy cerrado entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez. Competían por acceder al segundo puesto. Se infería que el pase de cualquiera de ellos a la segunda vuelta implicaba un triunfo asegurado ante el candidato del expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz. Así ocurrió. La diferencia entre Lasso (19,74%) y Pérez (19,39%) fue de 32.115 votos en un total de 10.616.263. Hubo protestas por parte del partido que se quedó afuera de la segunda vuelta. Este prácticamente no ofreció documentación obtenida del control electoral partidario para avalar esas denuncias.
Perú 2021. En primera vuelta de las presidenciales ganó un candidato ignoto con los votos de una zona periférica, el departamento de Cajamarca. El trabajo de presencia partidaria en mesa de votación fue determinante. En la segunda vuelta ese trabajo de control de mesa se nacionalizó. Hizo valer su peso en el escrutinio final: una diferencia de 44.263 votos en favor del izquierdista Pedro Castillo (50,13%) sobre la candidata de derecha Keiko Fujimori (49,87%), sobre casi 18 millones de votos. Fujimori impugnó ante la Justicia Electoral 802 mesas, pero cayó en la nada. El sistema electoral peruano no contempla la revisión de votos. Se rige bajo la norma de “acta mata votos”. Por lo tanto, la posibilidad de “fraude en mesa” que se lleva a cabo manipulando o modificando actas podría ser factible. De allí la importancia del control electoral partidario.
Herramienta necesaria
En definitiva, los partidos políticos de Latinoamérica deben revisar y fortalecer el control electoral en mesa. Se torna trascendental en un contexto de recesión democrática y pérdida de confianza de la autoridad electoral. El caso Venezuela confirma que es posible hacerlo de modo eficiente aun en contextos restrictivos. Por último, corresponde realizar un llamado a las autoridades electorales de la región para que ofrezcan nuevos recursos, instrumentos y garantías a los partidos políticos para que puedan ejercer esta tarea de control electoral tan necesaria en los tiempos que corren.
