La situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo dramática. Mientras el régimen intenta lograr legitimidad a través de un controvertido acto electoral, se suman las evidencias de crímenes de lesa humanidad de larga data.
En Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad desde 2014 hasta la actualidad. No se trata de una afirmación hecha a la ligera, sino de la conclusión de un informe de más de 400 páginas, elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, establecida en la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en septiembre de 2019.
Durante varios meses, la Misión se dedicó a investigar casos de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En total, se estudiaron 223 casos en profundidad y se revisaron otros 2.891 para entender los patrones de las violaciones, que constituyeron ataques sistemáticos y generalizados contra ciertos sectores de la población. Si bien los integrantes de la Misión no pudieron viajar a Venezuela —porque el Gobierno no respondió a las solicitudes y por las restricciones de la pandemia—, el equipo realizó virtualmente 274 entrevistas a víctimas, abogados, familiares, representantes de la sociedad civil y exfuncionarios gubernamentales.
La debilidad institucional y la falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela ha sido terreno fértil para las violaciones a los derechos humanos. El informe de la Misión señala algunos ejemplos. Desde el año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia neutralizó todas las leyes y demás actos dictados por la Asamblea Nacional y asumió algunas funciones de ésta, cuando a partir de las elecciones de diciembre de 2015 pasó a estar integrada con mayoría opositora. Más tarde, en 2017, el Gobierno creó la Asamblea Nacional Constituyente, considerada inconstitucional e ilegítima por una buena parte de la comunidad internacional y varios expertos. Ayala Corao explica que hubo irregularidades en su conformación y elección. “La denominamos el Leviatán de la democracia porque se fue tragando a la Constitución y a la Asamblea Nacional, y empezó a funcionar como un poder legislativo paralelo. Destituyó a la Fiscal General y nombró a un nuevo Fiscal sin seguir los procedimientos. La promesa era que se elaboraría una nueva Constitución, pero hasta ahora no se conoce el primer artículo”, apunta el especialista.
En medio de este escenario, el poder Ejecutivo se ha ido consolidando con la declaración de más de 20 estados de excepción entre 2016 y 2020. Como explica el informe de la Misión, se trata de instrumentos que permiten limitar algunos derechos y que, además, se aprobaron sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución.
A eso habría que sumar las debilidades en el sistema de justicia. La elección de los magistrados del Tribunal Supremo ha estado sujeta a los vaivenes políticos, la mayoría de los jueces se nombran con carácter provisional, y se ha reportado que más de la mitad de los jueces están inscritos en el partido del gobierno. También hay jueces que son perseguidos por sus decisiones o que son objeto de presiones políticas. Pero, además, la Misión documentó casos en los que los integrantes del poder judicial también estuvieron involucrados directamente en las violaciones a los derechos humanos.
Acceda a la nota completa publicada por originalmente por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
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