El presidente Juan Guaidó ha planteado una consulta popular ante la conculcación de las elecciones legislativas: ¿se relanza la lucha democrática o se aferra a una última ilusión?
El sistema madurista ha impuesto, luego de años una agresiva represión y un poder judicial absolutamente parcializado, unas elecciones legislativas a su medida. Con una oposición suprimida y dividida, avanza hacia una mayoría absoluta en el Parlamento por medio de la cual formalizaría su pretensión de nueva normalidad, sin que esto recupere ninguna función efectiva para el Parlamento. Así, independientemente de la situación futura de la Asamblea Nacional, parece cerrarse el ciclo de promoción del cambio democrático iniciado con la importante victoria electoral opositora del año 2015.
¿Por qué decimos que se cierra un ciclo? Se ha argumentado que el contumaz autoritarismo electoral del sistema ha cancelado por muchos años toda posibilidad de avanzar en una restauración democrática por ese camino. Sin embargo, no se ha visto con suficientes ojos críticos la táctica dominante en estos dos años críticos.
El famoso lema del gobierno interino, liderado por el presidente Guaidó —«cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres»—, implicaba una dinámica clara: por medio de diversas presiones —la protesta interna y las presiones externas— la élite del sistema madurista se dividiría y, tras la expresión constitucional de la fuerza armada, entregaría el poder a la autoridad popular legítimamente expresada por el pueblo venezolano. Esto indica que la acción política del cambio, evidenciada abundantemente su validez y legitimidad a través del voto y la protesta, descansa no en decisiones propias sino ajenas: la decisión de otros Estados y la decisión de los militares venezolanos. Esto no ha ocurrido, y las premisas políticas que daban sustento a esta expectativa han cambiado: hasta los más contumaces críticos del chavismo reconocen resignadamente su resiliencia. Y la resignación es el primer paso para el olvido de aquello que no se desea enfrentar.
Consumadas las elecciones parlamentarias con la exclusión de la mayor parte de la oposición democrática, y con una menguada participación, el chavismo alcanzó cómodamente los dos tercios de los votos, anunciando el comienzo de una nueva era de «normalización» y «reinstitucionalización» en el país. El escollo de una Asamblea Nacional dominada por fuerzas políticas que pretenden un cambio de sistema había sido sobrepasado por el proceso de profundización autoritaria iniciado desde el ascenso de Nicolás Maduro al poder, y acelerado tras los avances de la oposición que tuvieron su punto culminante en la mayoría parlamentaria obtenida en 2015.
El ciclo de la lucha democrática venezolana entonces iniciado parece llegar a su fin. No porque no exista el deseo de los venezolanos hacia un cambio político, sino porque los fundamentos políticos de su legitimidad no pueden perpetuarse, material o intelectualmente. La elección del año 2015 no permanece flotando, suspendida a perpetuidad: el consenso en torno a su continuidad no se ha aclarado, y ese vértigo presenta una situación desesperada. La fórmula que ha planteado el gobierno interino y la Asamblea Nacional ante la conculcación electoral del pasado domingo 6 es la de una consulta popular, que en modo refrendario apela al criterio de los venezolanos sobre las siguientes cuestiones:
- ¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?
- ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?
- ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?
Se ha planteado que las respuestas a estas preguntas son evidentes. En cierto modo, esto es cierto: existe un amplio consenso opositor en torno a la necesidad del cambio político, que llevará a muchos a contestar afirmativamente. Sin embargo, las preguntas dejan por fuera cuestiones cruciales. ¿Cómo se puede alcanzar el cese de la usurpación? ¿Qué acciones precisas ha de organizar el liderazgo opositor? ¿Cómo se hace realidad una lista de deseos más allá de la voluntad de sus proponentes y de los millones que la apoyan? En ese sentido, puede que la consulta popular sea un plebiscito implícito a favor de la continuidad de una fórmula política, y con eso, crucialmente, la continuación de un liderazgo político determinado.
Las interrogantes son abrumadoras. Sin abordar el problema de consenso jurídico o político sobre la aplicabilidad de la propuesta de continuidad administrativa de la Asamblea Nacional, o el debate sobre el destino y funcionamiento material del gobierno interino, las limitaciones prácticas y de efectividad de este, ya evidentes. Lo cierto es que, si estas discusiones no son saldadas, las carencias concretas de la actual táctica se harán más abrumadoras. Y, en la crisis de confianza derivada del actual desencanto, apostar todo —como siempre, todo— a un gesto de difícil verificación y de aplicabilidad casi imposible, sin proporcionar claramente una revisión realista de las capacidades y los diagnósticos, es convertir a la voluntad de los ciudadanos en un fetiche.
Esta es una circunstancia trágica: la política ha sido reprimida por la voraz acción estatal, lo que nos deja estupefactos y anclados en un acaso. Como ha dicho la Conferencia Episcopal Venezolana —cuya voz autorizada no ha dejado de señalar el oprobio oficial—, declarar intenciones y omisiones no es suficiente. No es suficiente para los cientos de parlamentarios se enfrentan a la terrible amenaza del presidio o el exilio indefinido en el futuro cercano. No es suficiente para miles de militantes de partidos y activistas de organizaciones sociales que ven su actividad interna minimizada. No es suficiente para los ciudadanos que trabajan alrededor del mundo en nombre del gobierno interino y a favor de los millones de compatriotas expelidos en la diáspora global, que desde un siempre difícil exilio están a la expectativa de un cambio interno. No es suficiente para los aliados globales de la causa democrática. No es suficiente para el liderazgo democrático venezolano, y su referente principal, ciudadano Juan Guaidó. Y puede evidenciarse que no es suficiente para los millones de venezolanos que se pueden hacer irreversiblemente indiferentes a su destino político.
El debate, claro está, no es entre resignación y negación. No se puede pretender que hacer política sea asumir resignadamente que Venezuela no puede cambiar, que la legitimidad democrática es un lujo y que, quizás, el abuso de poder nos termine siendo llevadero. No puede tratarse tampoco de negar la desconexión entre las premisas tácticas y los resultados, e insistir tozudamente en ello. De lo que se trata es de evaluar con qué fortalezas y potencialidades se cuenta efectivamente, para a partir de allí reconstruir una base de crecimiento hacia la transformación democrática. Tal como tocó hacerlo en la primera mitad del siglo XX, con avances prometedores y terribles retrocesos, sí.
¿A qué fortalezas y potencialidades nos referimos? Como fortaleza podemos admitir que, a pesar de todas las decepciones, animosidades y desconfianzas internas, la abrumadora mayoría de los sectores democráticos aspira a un cambio político, cuya jefatura puede discutirse pero cuya forma es clara: un retorno a la democracia pluralista. También contamos con una sociedad mucho más compleja, que desea abrumadoramente vivir en libertad. Hay oportunidades de encauzar esta aspiración en organización y crecimiento, desde la base social, desde los partidos y más allá de estos. Políticamente, en elecciones locales, revocatorios, petitorios públicos de referendo. Socialmente, en la reconstrucción de la confianza interna entre los distintos grupos, organizaciones y personalidades, con lo cual podemos colaborar todos pero cuya iniciativa descansa en la rectificación de quienes son los referentes principales de la aspiración ciudadana de un cambio.
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