Los derechos humanos son una serie de prerrogativas que se sustentan en la dignidad humana. Su verdadera realización y respeto son imprescindibles para el desarrollo integral de la persona. Se trata de derechos que pertenecen a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todas las personas tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
En América Latina, los derechos humanos surgieron a fines de los años setenta, asociados al terrorismo de Estado en el marco de las dictaduras y gobiernos autoritarios de países como Brasil, Uruguay, Argentina, Perú y Chile. En este entorno, militares, paramilitares y agentes del Estado transgredían los derechos humanos de miles de personas. Entre estas violaciones podemos mencionar detenciones arbitrarias, prisión política, ejecuciones políticas, desapariciones, tortura y exilio.
Definitivamente, la situación de los derechos humanos en la región ha sido históricamente compleja y desafiante. Los conflictos políticos, sociales y económicos han dado lugar a la violación de estas prerrogativas en diversas formas.
Impunidad y abuso de poder
En la actualidad, la región enfrenta una constante lucha en materia de impunidad, abuso de poder, falta de acceso a la justicia y discriminación que sufren grupos vulnerables como las mujeres, las personas indígenas y los afrodescendientes. La violencia criminal y la inseguridad ciudadana son también temas preocupantes que impactan en los derechos humanos. América Latina y el Caribe es la región con la tasa anual de homicidios más alta del mundo. Durante este sexenio, en México, los delitos violentos han llegado a máximos históricos. Como mínimo se cometen 11 feminicidios al día. Y el presidente López Obrador, además de insistir en su absurda filosofía de «abrazos, no balazos» hacia los delincuentes, erróneamente le ha apostado a la militarización y reemplazado a policías civiles con soldados. Además, los delitos casi nunca se investigan y mucho menos se sanciona a los criminales.
Al respecto, es importante mencionar que el pasado 18 de abril fue un día histórico para México. Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon inconstitucional la militarización de la Guardia Nacional por violar el artículo 21 de nuestra carta magna. Este artículo prevé que la Guardia Nacional es un ente civil y su adscripción, sus acciones, planes y programas corresponden a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por tal motivo, la Corte invalidó el traslado y control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la SEDENA y ordenó su regreso a esta dependencia a más tardar el 1 de enero de 2024.
Desmantelamiento de la institucionalidad
Por otra parte, y haciendo referencia brevemente a otros países de la región, destaca el hecho de que en El Salvador, las medidas impuestas por el Gobierno en materia de seguridad y el acelerado desmantelamiento de las instituciones democráticas han ocasionado violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Y, en Haití, las pandillas son responsables de una gran cantidad de asesinatos, secuestros y violencia de género. Allí, además, el sistema de justicia es prácticamente inservible.
En Ecuador se está incrementando el número de homicidios y la violencia perpetrada por pandillas. Además, la sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles han permitido a las bandas delincuenciales reclutar nuevos miembros en ellas y asesinar a más de 400 personas detenidas, desde 2021.
Por otro lado, en Guatemala, el presidente obstaculiza los procesos judiciales por hechos de corrupción y otros delitos graves. Además impulsa procesos penales en contra de jueces, fiscales y periodistas independientes. En Argentina, el discurso en contra de jueces y la tardanza en su designación, además de la corrupción, han afectado gravemente el Estado de derecho. En Bolivia se impulsan cada vez con más frecuencia procesos penales por cuestiones políticas en contra de opositores.
Los deberes de los gobiernos
Los gobiernos tienen el deber y la obligación de enfrentar la crisis de derechos humanos que se vive en la región y luchar contra la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental. Al mismo tiempo, contrario a lo que sucede en países como México, los gobiernos deberían defender la democracia.
Algunos políticos utilizan la incapacidad de los gobernantes para enfrentar estos problemas como pretexto para defender acciones encaminadas a limitar los derechos humanos. Impulsan así a millones de personas a buscar nuevas oportunidades en el extranjero.
En América Latina casi un tercio de la población vive en la pobreza y más de una décima parte en pobreza extrema. Más de la mitad de los ingresos totales de la región van a parar al 20% más rico. El racismo estructural continúa presente. La pobreza y la desigualdad afectan en forma desproporcionada a mujeres, niños, niñas y personas indígenas. Esto ha llevado al surgimiento de importantes crisis migratorias.
Efectivamente, la migración es una característica importante en la región. Sin embargo, las personas que salen de sus países de origen en busca de una vida mejor se enfrentan a una realidad desgarradora sin ayuda humanitaria ni regulación jurídica, y marcada por la exclusión social y la xenofobia.
Millones de personas han migrado escapando de la violencia, la represión y la pobreza. A una gran cantidad de migrantes se les niega la posibilidad de buscar protección internacional y enfrentan obstáculos en su trayecto, como las devoluciones en las fronteras. Recordemos que el gobierno de Joe Biden, ha promovido la imposición de políticas migratorias agresivas lo que ha ocasionado que la crisis se incremente.
Tragedias con los migrantes
Al respecto, no puedo dejar de mencionar la tragedia ocurrida en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, en la que por negligencia criminal 40 personas migrantes originarias de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela perdieron la vida, pues se encontraban encerradas y nadie las dejó salir a pesar de que las llamas lo consumían todo. Fue un crimen de Estado.
Por ello exigí al secretario de Gobernación que asumiera diversos compromisos en relación con el caso. También denuncié lo sucedido, ante instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicité que emitieran las recomendaciones necesarias en materia de derechos humanos.
Finalmente, no debemos perder de vista que en Cuba, Nicaragua y Venezuela los regímenes opresivos no han dejado de cometer abusos terribles en contra de críticos y opositores para silenciarlos.
Resulta indispensable seguir trabajando para garantizar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en toda la región. Debemos promover la educación, la concientización y el diálogo constructivo entre los diferentes actores sociales y políticos. No podemos dejar de alzar la voz en favor de la democracia y el respeto hacia la división de poderes que últimamente han sido severamente lesionados. Debemos seguir manifestándonos contra los abusos de poder, la impunidad, el autoritarismo y la corrupción, antes de que sea demasiado tarde.
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